El Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los municipios del departamento de Antioquia –Sintraofan-, presentó, el pasado jueves 10 de octubre en Medellín, un informe a la Comisión de la Verdad y a la Jurisdicción Especial para la Paz. Con estos documentos esperan encontrar respuestas sobre las razones del asesinato de más de 40 sindicalistas de esta organización entre 1995 y 2005.
En el acto de entrega de los informes participaron alrededor de 150 personas, entre familiares, víctimas y trabajadores. De sus manos y voces entregaron el resultado del trabajo conjunto entre la organización sindical y el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos -GIDH-. Los informes fueron recibidos por el comisionado Carlos Beristain, el coordinador de la macro región de la Comisión de la Verdad, Max Yuri Gil y tres magistrados del tribunal para la paz de la JEP, encabezados por la abogada Reiner Jaramillo.
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«Sintraofan es una organización sindical que ha venido presentando su caso tratando que la memoria de los compañeros caídos en la lucha no siga en la impunidad”, manifestó Hernando Alberto Echeverri, representante de la organización, quien agregó que con este proceso de entrega se pretende visibilizar las afectaciones al sindicato, así como buscar justicia. Confían en que los mecanismos del sistema de justicia transicional les ayuden para estos propósitos ya que no encontraron resultados en la justicia ordinaria.
Las cifras de Sintraofan señalan algunas de las afectaciones que sufrió esta organización. El sindicato pasó de tener 1500 afiliados en el año 90 a sólo 293 trabajadores afiliados en 2004. El informe también presenta los casos sucedidos a lo largo y ancho del departamento de Antioquia, en múltiples municipios como lo son 5 casos en Chigorodó ,5 en Apartadó, 7 en Segovia, 4 en Pueblo Rico, 4 en Betania, 2 en Cocorná, 2 en El Santuario, 2 En Tarazá, 2 en Ciudad Boivar, 4 en Andes, 1 en Cisneros, 1 en Salgar y 1 en San Vicente de Ferrer.
Durante el acto también se presentó una “galería de la memoria” con fotografías de los sindicalistas asesinados. Estás imágenes estuvieron expuestas alrededor del auditorio de Sintraitabaco, lugar donde se realizó la entrega de los informes. Además estas imágenes eran acompañadas por luces que simbolizaban el legado de estos trabajadores. Este ambiente sirvió para acompañar las intervenciones de los sindicalistas y sus familiares sobre los múltiples hechos violentos y afectaciones como desplazamientos, retiros forzosos y amenazas, en contra de Sintraofan.
De igual manera fueron reiterados los llamados a la verdad y justicia sobre estos hechos. Uno de los hijos de los sindicalistas asesinados en el Urabá insistió en la necesidad de que se den garantías para que no se vuelvan a repetir este tipo de violencias en la región. «Por favor, 24 años han pasado, que no pase más tiempo para que nosotros seamos reparados, ya me mataron un hermano, como a mi papá en el 96, yo sé que si pasa más tiempo van a seguir pasando más cosas en Colombia, y yo como joven quiero conocer el futuro y no quiero que eso siga pasando», dijo.
Por su parte, Diana Gutiérrez, abogada del GIDH expuso que el 100 % de las ejecuciones extrajudiciales de los sindicalistas de esta organización se encuentran en la impunidad. “Los distintos procesos que se iniciaron de oficio o a petición de las víctimas ante las autoridades competentes no han arrojado ningún resultado ni han revertido los nocivos efectos que estos graves hechos causaron a los sindicalistas y sus familias, agregó.
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A su vez, la magistrada Reiner Jaramillo manifestó que: “Gracias a este informe que ustedes han entregado, la Justicia Especial para la Paz puede conocer los hechos que a juicios de ustedes, de las organizaciones y de las víctimas, configuran violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y crimines de guerra”. Agregó que la JEP entiende que tiene una obligación para investigar los graves hechos que acontecieron con los integrantes del sindicato, sus familias y la sociedad en general.
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