20 notas publicó la AIL en abril, de las cuales, para efecto de este resumen, presentamos la reseña de las 5 más relevantes:
– Informe de la ENS sobre la coyuntura social y laboral de Colombia en 2017.
– La OCDE no se preocupa por suerte de trabajadores y sindicatos, dice CUT.
-Reforma laboral de Uribe le ha costado $28 billones a los trabajadores, dice exministra Clara López.
– Cae decreto que autorizaba tercerización laboral, un triunfo del sindicalismo.
– En peligro progresividad de acuerdos laborales en el sector público.
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30 de abril
Informe de la ENS sobre coyuntura social y laboral de Colombia en 2017
Como es habitual en la antesala del 1° de Mayo, la Escuela Nacional Sindical presentó su informe anual sobre la situación social y laboral del país, en este caso en 2017.
De este informe se concluye que poco cambian los indicadores, y el empleo de la gran mayoría de los 22 millones de colombianos que trabajan sigue siendo precario. Si bien algunos indicadores mejoraron levemente, como la informalidad laboral y el número de sindicalistas asesinados, no hay una mejora sustantiva en la calidad del trabajo.
El informe es una radiografía del país tras 8 años del gobierno Santos y a tres semanas de la primera vuelta de unas decisivas elecciones presidenciales, que han generado gran expectativa en el mundo sindical y organizaciones sociales.
Puede descargar el resúmen del informe: Resumen Informe Coyuntura 2018
Estas son algunas cifras y datos extractados del informe sobre el 2017:
– El estancamiento de la economía colombiana se tradujo en más desempleo. Su tasa fue 9,4%, por encima de la tasa promedio de América Latina: 8,4%.
– El 66% de la población trabajadora carece de protección social completa. Solo el 38,6% cotiza al sistema pensional.
– La informalidad es alta y sostenida. Está en 65,9%, un punto menos que en 1916. Y ha crecido el número de trabajadores cuenta propia.
– La tasa de desempleo de jóvenes entre 14 y 28 años fue 16,1%, o sea 6,7 puntos porcentuales más que la tasa nacional. La tasa de los llamados Ninis: jóvenes que Ni trabajan, Ni estudian, Ni buscan trabajo, está en 20,8%.
– Persiste la exclusión y discriminación de género. La tasa de desempleo de las mujeres está 5 puntos por encima de la de los hombres, y la diferencia salarial entre hombres y mujeres es de 19 puntos.
– La tasa de sindicalización se mantiene muy baja: 4.6%, a pesar de los esfuerzos del sindicalismo, y el 80% de los sindicatos tienen menos de 100 afiliados.
– Se registraron 22 homicidios de sindicalistas, 16 atentados, 135 amenazas, 25 hostigamientos y 9 detenciones arbitrarias. 82,5% de los casos en general fueron contra líderes sindicales. La impunidad se mantiene en 95%.
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10 de abril
“OCDE no se preocupa por suerte de trabajadores y sindicatos”, dice presidente de la CUT
El Comité de Empleo y de Asuntos Sociales de la OCDE dio concepto favorable” de Colombia en materia laboral, un paso que lo acerca a su ingreso a este exclusivo club de países de las “buenas prácticas”.
La CUT ha sido una las organizaciones que más se ha opuesto al ingreso de Colombia a la OCDE, respaldada por las otras centrales sindicales: CGT y CTC, y por el sindicalismo internacional. Ha hecho denuncias ante distintas instancias sobre la realidad de Colombia en materia laboral, en la que no se caracteriza precisamente por sus buenas prácticas.
Pero la OCDE hizo caso omiso de esas denuncias y calificó positivamente a Colombia, que ahora solo le queda pasar la aprobación del Comité de Comercio para obtener el ingreso.
Puedes leer: La adhesión de Colombia a la OCDE: una equivocación. Informe especial
“Demuestra que la OCDE, el llamado club de los ricos y de buenas prácticas, no es exclusivamente de ricos ni de buenas prácticas. Va a aceptar el ingreso de Colombia con todas sus malas prácticas”, señaló Diógenes Orjuela, encargado de asuntos internacionales de la CUT.
Agregó que la OCDE no es más que un instrumento de Estados Unidos y las potencias europeas en la puja por el control de los mercados, el control político y el control económico.
Indicó, además, que la sumisión de gobiernos a las políticas norteamericanas, como Colombia, lleva a que los intereses del país y de los trabajadores resulten finalmente perjudicados con el ingreso a la OCDE.
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27 de abril
Reforma laboral de Uribe le ha salido muy cara a los trabajadores, dice exministra Clara López
Con motivo de la celebración del Día del Trabajo, entrevistamos a Clara López Obregón, quien hasta hace un año fue Ministra de Trabajo, y hoy es fórmula vicepresidencial del candidato a la presidencia Humberto de la Calle.
La señora López participó en un foro sobre la agenda laboral y de diálogo social en los programas de los candidatos presidenciales, realizado en Cartagena, en el cual explicó las propuestas en el campo laboral del candidato De la Calle: defensa del trabajo decente, remuneración justa y en función de la productividad, formalización laboral a través de la formalización de las empresas, entre otras propuestas.
Y fustigó la Ley 789, la cual fue impulsada por el presidente Álvaro Uribe al principio de su gobierno; ley que disminuyó el pago de horas nocturnas y los dominicales, más otras medidas que afectaron duramente a los trabajadores, que en los 14 años que tiene esta ley han dejado de recibir $28 billones (9.7 mil millones de dólares), que se quedaron en los bolsillos de los empresarios, puntualizó.
Para la exministra Clara López esa ley se debe cambiar, volver al régimen de horas nocturnas y dominicales de antes. Recordó que ese fue un compromiso de campaña del Presidente Santos, y que como Ministra de Trabajo presentó un proyecto de ley al respecto, el cual se hundió en el Congreso de la República.
Intervención de Clara López durante foro que acompañó la ENS en Cartagena
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26 de abril
Cae el decreto que autorizaba tercerización laboral, triunfo del sindicalismo
El Gobierno Nacional derogó el decreto 583 de 2016, hecho que los trabajadores y sindicatos celebraron, ya que legalizaba la tercerización laboral en todos los escenarios, incluso en actividades misionales y permanentes.
Una derogatoria que llega tarde, pues desde el año pasado este decreto estaba congelado. El Consejo de Estado declaró la nulidad de algunos de sus numerales, solo faltaba que el Gobierno lo derogara.
Fabio Arias, Secretario General de la CUT, recordó que la CUT demandó su nulidad por considerar que iba en contravía de la jurisprudencia laboral, pues deslindaba la responsabilidad de las empresas en la relación laboral, dándoles vía libre para contratar todo tipo de actividades a través de SAS, cooperativas, fundaciones, sindicatos y otras formas de tercerización laboral.
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Por esas mismas razones lo demandó Acoset, el gremio de las empresas de servicio de empleo temporal, a las que este decreto prácticamente sacaba del mercado laboral.
Además, iba en contravía del Plan de Acción Laboral entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, en el marco del tratado de libre comercio.
Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, dijo que una nueva norma sobre tercerización debe ser acordada con los diferentes actores del mundo del trabajo, porque el 583 no fue concertado. Mencionó como hecho positivo que siga vigente y activa la Ley 1429, que restringe la tercerización en actividades permanentes y misionales.
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18 de abril
En peligro progresividad de acuerdos laborales en el sector público
Como una “nueva agresión”, que afecta a más de un millón de trabajadores del sector público, calificaron las federaciones sindicales de este sector la decisión del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) de eliminar la progresividad y continuidad de los acuerdos laborales.
El DAFP viene dando la directriz de que los acuerdos no tienen progresividad y continuidad, lo que quiere decir que los beneficios que logran los trabajadores fenecen cuando termina la vigencia del acuerdo. Se vuelve a arrancar de cero.
Para Francisco Maltés, responsable de asuntos estatales de la CUT, es un retroceso y un menoscabo de los derechos laborales en el sector público, amenaza beneficios adquiridos. Denunció que algunas entidades ya están aplicando la directiva de la DAFT, caso el Ideam, que anunció que los beneficios del acuerdo firmado desaparecerán y su negociación empezará de cero.
Las federaciones Fenaltrase, Fecotraservipublicos y UNETE, con el respaldo de las centrales CUT y CTC, emitieron un comunicado en el que defienden la progresividad de los acuerdos laborales como un principio fundamental del derecho. La decisión de la DAFP desconoce el acuerdo laboral estatal del año pasado, y la sentencia C-533 de la Corte Constitucional de 2012, así como algunas normas internacionales.
De ahí que las organizaciones sindicales consideran importante que en todas las negociaciones colectivas en curso incluya un artículo que diga: “Los derechos pactados en Acuerdo Colectivo tendrán prórroga, continuidad y progresividad y sólo podrán ser modificados por las propias partes mediante otro Acuerdo Colectivo”.
Con el gobierno Santos las federaciones sindicales han firmado tres acuerdos marco laborales, que benefician a cerca de 1´250.000 empleados públicos, pero una parte importante de ellos no se ha cumplido.
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