La propuesta de los Miembros del Congreso requerirá acciones
concretas para proteger derechos
Washington D.C. 17 de marzo de 2011. La iniciativa de seis miembros del Congreso estadounidense para establecer puntos de referencia sobre los derechos humanos que Colombia debería resolver antes de que el TLC entre EEUU y Colombia esté ratificado, es un desarrollo críticamente importante, dijo Human Rights Watch hoy.
En una carta y un memorándum enviados al Presidente Barack Obama al 17 de marzo de 2011, seis miembros de la Cámara de Representantes, liderados por los Representantes Jim McGovern, Demócrata por Massachusetts, y George Miller, Demócrata por California, plantearon las medidas que el gobierno colombiano debe tomar para reducir la violencia en contra de sindicalistas y mejorar las condiciones de derechos humanos en Colombia. Los representantes le pidieron a Obama que se abstenga de presentar el acuerdo a consideración del Congreso hasta que Colombia lleve a cabo aquellas medidas.
“Es crucial que Colombia reduzca los asesinatos y ataques contra sindicalistas y lleve a los responsables de estos crímenes a la justicia”, dijo José Miguel Vivanco, Director de los EEUU de Human Rights Watch. “Estos puntos de referencia incluyen pasos concretos y alcanzables que el gobierno Colombia debe tomar”.
Colombia es el líder mundial en violencia contra sindicalistas, con más de 2.800 asesinatos reportados desde 1986, de acuerdo con la Escuela Nacional Sindical (ENS), la organización no gubernamental líder en el seguimiento de derechos laborales. De acuerdo con las estadísticas de la ENS, después de bajar a 39 en 2007, el número de asesinatos de sindicalistas aumentó de nuevo, llegando a 51 en 2008, 47 en 2009, y 51 en 2010. Mientras que la mayoría de estos asesinatos nunca han sido investigados, existen evidencia considerable que las organizaciones paramilitares y sus grupos sucesores son responsables por una gran parte de estos crímenes.
Desde cuando asumió la Presidencia, en agosto de 2010, el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos ha dado pasos para enfocar problemas fundamentales de derechos humanos, los cuales incluyen la introducción de una legislación borrador para devolver la tierra robada a personas desplazadas. El compromiso público del gobierno de Santos de poner en marcha estrategias nuevas para enfrentar las amenazas de los grupos sucesores de los paramilitares, es motivo de esperanzas, dijo Human Rights Watch. No obstante, estos pasos aún no han sido implementados y enfrentan la oposición poderosa de los grupos armados y sus compinches políticos.
“Aunque la administración de Santos ha promovido iniciativas importantes sobre los derechos humanos, aún falta que las medidas sean implementadas, y los resultados están por verse”, dijo Vivanco.