En carta enviada al Presidente Iván Duque, fechada en Bruselas este 4 de junio, el Parlamento Europeo se sumó a las voces y mensajes de inquietud y preocupación por la situación de los derechos humanos en Colombia, la misma que han venido denunciando desde meses y años atrás sectores políticos, organizaciones sociales y personalidades relevantes, tanto nacionales como extranjeras.
En su carta al presidente de Colombia, los eurodiputados que la firman, 28 en total, menciona los seguimientos efectuados por el Ejército Nacional a 130 personas, por lo menos, entre ellas periodistas, investigadoras, abogadas y defensoras de derechos humanos. Alude en especial el seguimiento al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), y a los jueces de las altas cortes y miembros de partidos políticos de la oposición.
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En su misiva al Presidente Duque, los eurodiputados también expresan su preocupación por el hecho de que el conflicto armado, persistente en los territorios, siga causando desplazamiento forzado, asesinatos selectivos, masacres, presuntas ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual.
Señala como especialmente preocupante que sigan existiendo directivas internas en el ejercito que ponen a la población civil en riesgo de ser víctima del conflicto armado y de nuevas ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas en Colombia “falsos positivos”. Lo que genera “serias inquietudes con respecto las políticas de defensa y doctrinas militares que existen dentro de sectores de la Fuerza Pública colombiana”, afirma el documento.
En ese sentido, los eurodiputados replican el pronunciamiento de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia, en el que se resalta que la inteligencia militar debe usarse para proteger los derechos humanos y no para su vulneración.
“Estas actuaciones afectan gravemente el orden constitucional y democrático en el país y más en un contexto de altísima militarización de los territorios y en medio de una pandemia mundial”, recalcan en su misiva los parlamentarios europeos.
Subrayan que entre enero y marzo de 2020, antes del confinamiento obligado por la pandemia del Covid-19, hubo 62 asesinatos de personas defensoras de derechos. Pero lo más grave es que durante el confinamiento ha aumentado el riesgo para ellas y para los líderes sociales y sus familias, toda vez que son fácilmente ubicables por sus victimarios.
Puntualizan en la situación dramática de derechos humanos en el departamento del Cauca, donde los criminales se han ensañado. A este respecto, en la carta al Presidente los parlamentarios europeos expresan:
“Nos han llegado denuncias de ataques, e incluso de dos masacres, de familias de líderes sociales en el Cauca. Ante esto, nos preocupan las afirmaciones de las organizaciones de derechos humanos respecto a que la respuesta del Estado ha sido insuficiente y que en algunos casos incluso se les han disminuido las medidas de protección estatales”.
Asimismo, consideran que declaraciones como las formuladas por la Ministra de Interior, Alicia Arango, en las que equipara los asesinatos de personas defensoras con robos de celulares, ponen en duda la intención del Gobierno de actuar de forma contundente para prevenir nuevos asesinatos.
Como también ven preocupante las declaraciones de algunos gobernantes locales y voces desde el Centro Democrático, partido del Gobierno, que han solicitado reubicar recursos para la implementación del Acuerdo de Paz y destinarlos a medidas contra el Covid19.
“Desde el Parlamento Europeo nos preocupa que los fondos destinados para la Paz sean utilizados con otros fines… En la construcción de paz, la apertura democrática y la actividad con garantías a las personas defensoras de los Derechos Humanos y de las y los líderes sociales y políticos, es más que nunca necesaria”, resaltan los eurodiputados firmantes de la carta al Presidente Duque.
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Finalmente, recalcan su solidaridad con el pueblo colombiano en este momento de incertidumbre global, y llaman al gobierno Duque a que todas las medidas de prevención contra la pandemia y sus acciones posteriores, se lleven a cabo en el total respeto de los derechos humanos y de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y de construcción de paz.
“Confiamos también, señor Presidente, que Usted como máximo comandante de la Fuerza Pública, tomará todas las acciones necesarias para esclarecer esta lamentable situación, sancionar a los máximos responsables de estos delitos y garantizar la no repetición de estos hechos”, concluye el documento.
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