El sindicalismo es fundamental para la promoción de la salud mental, dice la ONU

La historia lo demuestra que las relaciones de solidaridad, y en particular el derecho a la sindicalización para garantizar mejores salarios y condiciones de trabajo, son fundamentales para la promoción de la salud mental. Señala el último informe del Relator Especial para la salud de las Naciones Unidas, Dainius Pūras, publicado esta semana.

El informe, titulado Sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, afirma que la configuración del mercado de trabajo afecta las relaciones personales, tanto en lo familiar como en el cuidado de niños y mayores. Así que la manera como se organiza el trabajo tiene profundas y duraderas repercusiones sociales y psicológicas.

Ver informe del Relator Especial de la ONU: http://bit.ly/2Xyo7g4

Entre las medidas aconsejadas para combatir las enfermedades mentales, el Relator Especial para la Salud de la ONU subraya aquellas orientadas a combatir la desigualdad y la discriminación. “Serían la mejor vacuna contra las enfermedades mentales y sería mucho mejor que el uso excesivo de medicación psicotrópica que tenemos en la actualidad”, afirma.

Esto lo ejemplifica con lo que está ocurriendo con la prescripción de antidepresivos, que ha aumentado en todo el mundo en los últimos años. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 2000 y 2016 en Estados Unidos se pasó de 75 dosis diarias por cada mil personas, a dosis de 125, es decir, 66% más. En Reino Unido igual: aumento el 168%; y en España el incremento fue del 167,7%. 

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Explica cómo las políticas que siguieron a la crisis financiera de 2008 han acentuado la desigualdad y han sido perjudiciales para la salud mental: “Las medidas de austeridad no contribuyen de manera positiva a la salud mental. La gente se siente insegura, con ansiedad, no gozan de un bienestar emocional debido a esta situación de inseguridad”, agrega. 

En su informe el Relator Especial destaca la importancia del entorno social, psicosocial, político, económico y físico a la hora de gozar de una buena salud mental, y subraya la obligación de los Estados de establecer medidas que garanticen el respeto de los derechos humanos y propicien la vinculación social como alternativa al modelo biomédico para la prevención de los problemas de salud mental.

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“La explicación de las desigualdades en materia de salud mental va mucho más allá de lo biológico y lo individual, se extiende a lo social, lo económico y lo político. La vida de las personas se ve a menudo limitada por leyes y estructuras de gobierno y poder no equitativas, así como por políticas que estratifican a la sociedad, lo que afecta profundamente a las relaciones humanas y a la forma en que las personas actúan a lo largo de sus vidas”, afirma el Informe de la ONU.

También recuerda que ya el Plan de Acción Integral de la OMS sobre Salud Mental 2013-2020 incluía entre sus 5 objetivos claves en la promoción de la salud mental mediante actuaciones sobre los determinantes sociales, que no se llevaron a la práctica.

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En otro aparte lanza una alerta al señalar que los avances en la materia, se ven amenazados por un movimiento creciente de poderosos grupos de interés mundiales, que se oponen a los principios universales de derechos humanos.

El trabajo y la salud mental

En el capítulo 3 del informe del Relator Especial, en el aparte que trata sobre la vida adulta y la vida laboral, se lee: “El modo en que se organiza el trabajo tiene profundas y duraderas repercusiones sociales y psicológicas. Los cambios globales en las condiciones y patrones y la intensidad y distribución del trabajo, afectan en gran medida a las relaciones: a la vida familiar, al cuidado de los niños, al envejecimiento y a la estructura social de comunidades enteras”.

Muchos estudios vinculan el estrés psicosocial asociado al trabajo, las finanzas y el cuidado de los hijos, con las tensiones en las relaciones cercanas. Las políticas de protección social más esperanzadoras son las que adoptan un enfoque más integrado y multigeneracional, y reconocen que los ingresos son solo una de las muchas necesidades humanas.

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La historia demuestra que la mejora de las condiciones del mercado laboral formal e informal, al igual que el aumento de la rendición de cuentas de los empleadores, dependen de la libertad de asociación o afiliación sindical. Porque la garantía de mejores salarios y condiciones y dignidad en el trabajo, son fundamentales para la promoción de la salud mental.

Preocupa –agrega el informe– que la mala salud mental sea una amenaza para la productividad económica, y que las soluciones consistan fundamentalmente en recuperar la fuerza de trabajo. El hincapié que se hace en los problemas de salud mental  considerados una carga, y el llamamiento a reducir las deficiencias en el tratamiento y a lograr que las personas afectadas por esos problemas regresen al trabajo, se mencionan cada vez más al justificar, desde el punto de vista económico, la necesidad de dar prioridad a los problemas de salud mental en todo el mundo.

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El Relator Especial dice que si bien las políticas y los servicios de salud mental deben ocuparse de los derechos de todas las personas, es obligatorio incluir a quienes están más rezagados, o sea personas que sufran discriminación o discapacidades psicosociales, intelectuales y cognitivas, independientemente de que hagan parte o no de la fuerza de trabajo.

La mejora de la productividad económica no debería ser la razón principal para invertir en salud mental y bienestar, dice el informe. La prioridad absoluta debe ser la promoción y protección de los derechos humanos que puedan transformar realmente la sociedad. Es preciso que la atención de las inversiones de capital y la salud mental en el mundo se centre en desvincular la salud mental de la productividad. El concepto de bienestar como activo económico responde a un enfoque selectivo del derecho a la salud, y no puede considerarse compatible con un enfoque de la salud mental basado en los derechos, puntualiza el informe de la ONU.

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