A través de las medidas cautelares, la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP está garantizando la protección y preservación de lugares del territorio nacional en donde habría cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado.
Las medidas cautelares a cementerios y otras zonas son decretadas por la JEP para garantizar la protección, el cuidado y la preservación de cuerpos sin identificar que podrían estar relacionados con los de víctimas del conflicto armado y que esperan ser entregados dignamente a sus familiares.
Desde el 14 de septiembre de 2018, la JEP, a través de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, decidió estudiar la solicitud de medidas cautelares presentada por el Movice (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado) para proteger 16 lugares del país en donde se presume que habría cuerpos de víctimas de desaparición forzada: Medellín, Tarazá, Ituango, Valdivia, Cáceres, Yarumal, Nechí, Peque, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, Buriticá, Betulia y Puerto Berrío (Antioquia), La Victoria, Riosucio, La Dorada, Samaná y Norcasia (Caldas), Lebrija, San Vicente de Chucurí y Cimitarra (Santander), Aguachica (Cesar) y Sincelejo, Corozal, San Marcos y San Onofre (Sucre).
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Cumpliendo este propósito, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, como componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, trabajan de la mano en una mesa técnica que, desde el 2 de mayo de 2019, estudia las medidas cautelares en estas zonas
A continuación, se relaciona un resumen de cómo la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP avanza en las medidas cautelares para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en diferentes puntos del territorio colombiano:
– ANTIOQUIA1. Hidroituango: La JEP realizó el 8 y 9 de octubre de 2019 una audiencia pública de los municipios ubicados en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, que posteriormente, el 1 de noviembre de 2019, permitió que se decretara medida cautelar de protección sobre los cuerpos custodiados en el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia, al comprobarse que serían provenientes de los cementerios de Sabanalarga, Barbacoas y Peque, y del Jardín Cementerio ‘El Universal’ de Medellín, del que también se decretaron medidas cautelares, ya que allí se encontrarían los cuerpos de 140 personas no identificadas, víctimas de desaparición forzada. En el marco de estas medidas, la JEP abrió, el pasado 20 de agosto de 2020, un incidente de medidas correctivas contra el gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón López, por no entregar a la Jurisdicción los soportes en los que la empresa se basó para realizar el traslado administrativo de cuerpos inhumados en los cementerios de Barbacoas, La Fortuna y Orobajo (Antioquia), durante el proceso de construcción de Hidroituango. 2. Comuna 13: La JEP realizó el 17 y 18 de julio de 2019 una audiencia pública en Medellín para establecer si en esta comuna o sus alrededores existían cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el conflicto armado. Dicha audiencia permitió que la Sección de Ausencia de Reconocimiento ordenara, el 5 de septiembre de 2019, comenzar la inspección de La “Escombrera, con el fin de levantar registros fotográficos y recaudar material cartográfico de la zona delimitada por la Fiscalía. En el marco de estas medidas cautelares, la Sección le solicitó, el pasado 10 de agosto de 2020 a la Alcaldía Medellín apoyar la búsqueda de los familiares de las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 para que Medicina Legal, en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, puedan empezar a tomar las muestras de ADN. El material genético se cotejará inicialmente con 59 cuerpos recuperados del Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia. La JEP también ordenó, el pasado 11 de agosto de 2020, en un lapso de 120 días, buscar víctimas de desaparición forzada en dos zonas de la Escombrera en la Comuna 13: “Polígono Nuevo” y “zona de bajos cambios en la cobertura del suelo». Los lugares estarían ubicados cerca de una base paramilitar del Bloque Cacique Nutibara, que operó durante varios años en esta zona de Medellín. 3. Dabeiba: Atendiendo la solicitud del Movice, del 15 de agosto de 2019, la JEP incluyó en las medidas cautelares al municipio de Dabeiba (Antioquia), especialmente el cementerio Las Mercedes; el presbiteriano y el de la vereda el Salado. Además, del que está ubicado en el corregimiento Caparrucia y el de La Balsita. El 9 de diciembre de 2019 comenzó la labor de exhumación en el cementerio La Mercedes de Dabeiba. La diligencia, realizada en el marco del Caso 03 (“falsos positivos”) y del estudio de medidas cautelares, permitió la recuperación de 17 cuerpos. El 17 de febrero de 2020, la JEP entregó el primer cuerpo identificado a sus familiares. Se trataba de Edison Lexander Lezcano Hurtado. Igualmente, se realizó la segunda jornada de inspección y exhumación en Dabeiba. Se recuperaron 37 cuerpos del cementerio que presuntamente habrían sido presentadas de manera ilegítima como bajas en combate por parte de agentes del Estado, para un total de 54 cuerpos. Además, se hicieron 5 prospecciones en zona rural del municipio para fijar puntos donde habría restos de personas desaparecidas por las Farc. 4. Puerto Berrio: Este municipio fue incluido en el trámite de medidas cautelares el 15 de agosto de 2019, mediante el auto 029 del 15 de agosto de 2019, que ordenó agregar a los municipios de Samaná, Victoria, Norcasia, La Dorada en Caldas y Puerto Berrío en Antioquia. Al respecto, se le solicitó a la Fiscalía General de la Nación- Grube, informar las acciones puntuales de exhumación realizadas hasta la fecha en el municipio de Puerto Berrio y en los demás que son objeto de estas medidas. – SUCRE5. San Onofre: El 24 de mayo de 2019 la JEP le ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) inspeccionar los Cementerios Central y Rincón del Mar, ubicados en San Onofre. Igualmente, se convocó a una Audiencia Pública en Cartagena el 20 y 21 de noviembre de 2019 para conocer el estado de los cementerios de San Onofre, Rincón del Mar y las fincas La Alemania y El Palmar, en jurisdicción del departamento de Sucre donde habría cuerpos inhumados no reportados o no inventariados, que podrían corresponder a personas desaparecidas. Al respecto, la Sección de Ausencia de Reconocimiento ordenó medidas de protección restaurativas de protección. Entre ellas, se solicita realizar un estudio técnico para la construcción de un lugar para la memoria en San Onofre. Además, reconstruir el monumento de la memoria que había en la entrada de la Finca el Palmar.
– BOLÍVAR6. El Salado: El 26 de julio de 2020 inició el trámite de medidas cautelares para proteger el cementerio de El Salado, Carmen de Bolívar, atendiendo la solicitud de la Comisión Colombiana de Juristas. Una vez se levanten las restricciones que impone la emergencia sanitaria por el Covid-19, el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la UIA inspeccionará la zona para recuperar los cuerpos expuestos de quienes presuntamente fueron desaparecidas durante la masacre de El Salado (2000). – CESAR
7. El Copey: La JEP decretó, el 21 de abril de 2020, medidas cautelares de protección por 90 días para el Cementerio San Martín, denominado también “De los Pobres” en Aguachica (Cesar) y así evitar la pérdida parcial o total de cuerpos de personas no identificadas. Por eso, ordenó la suspensión de actividades de exhumación y traslado de cuerpos existentes en ese cementerio.
En el marco de las medidas cautelares provisionales decretadas en cementerio alterno de El Copey, la JEP ordenó, el 31 de julio de 2020, la suspensión inmediata de la manipulación, inhumación, exhumación y traslado de estructuras óseas existentes en el lote o cementerio alterno a este municipio de Cesar. – CALDAS8. Norcasia, Samaná y Victoria: La JEP ordenó que el partido político Farc aporte información sobre el paradero de posibles lugares de inhumación o destino de los cuerpos de personas desaparecidas en Norcasia, Samaná y Victoria por hechos que vinculan a los frentes 9 y 47 de las Farc-EP. Esto, en el marco de estudio de las medidas cautelares que evalúa la JEP en Caldas.
9. Riosucio y Supía: De acuerdo con la Sección de Ausencia de Reconocimiento, a través del auto AT055, del 13 de mayo de 2020, se investiga la ubicación de personas dadas por desaparecidas en el resguardo indígena de San Lorenzo, ubicado en los municipios de Riosucio y Supía. Hay una lista de por lo menos 50 personas pertenecientes al pueblo indígena Embéra Chamí de las que no se sabe su paradero. – CASANARE
10. Yopal: La JEP ordenó a la Alcaldía de Yopal, por un término de 6 meses, abstenerse de expedir licencias de urbanismo para obras civiles, de construcción o similares que impliquen cualquier tipo de afectación o modificación del antiguo cementerio de la capital del Casanare, en donde se presume la existencia de cuerpos de personas desaparecidas por el conflicto armado. Esto, en el marco de las medidas solicitadas por la Junta de Acción Comunal del Barrio la Esperanza de Yopal. – HUILA
11. Neiva: La JEP comenzó, el 4 de diciembre de 2019 el estudio de medidas cautelares para proteger el Cementerio Central de Neiva a partir de la solicitud hecha por la Alcaldia. En el lugar habría 300 cuerpos de personas no identificadas por hechos relacionados con el conflicto armado. También, el 22 de abril de 2020, vinculó a la Gobernación del Huila, Alcaldía y Diócesis de Neiva en el trámite de medidas cautelares sobre cementerio central de esa ciudad debido a que existe un proyecto de ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, que implicaría el traslado del Cementerio Central. A través de sus casos territoriales, la JEP también está investigando la desaparición forzada en el marco del conflicto armado, gracias a 23 informes que sobre estos hechos han entregado organizaciones de víctimas y entidades del Estado a la Sala de Reconocimiento y que están siendo procesados por el Grupo de Análisis e Información (GRAI):
- En el caso 02, que prioriza la situación territorial en Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño), se investigan más de 100 hechos relacionados con conductas de desaparición forzada, que representa para los pueblos étnicos diferentes tipos de afectaciones.
- En el caso 04, que investiga la situación territorial en la región de Urabá, la JEP ha identificado 69 casos de desaparición forzada asociados con otras conductas como homicidios selectivos, desplazamientos y reclutamiento.
- En el caso 05, que prioriza la situación territorial en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, se han identificado 35 hechos victimizantes de desaparición forzada. Para investigar estos hechos se ha solicitado información a la Fiscalía, la Unidad de Víctimas, las Personerías Municipales, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y se está preguntando en las 42 versiones voluntarias ordenadas dentro del caso la información que conozcan los comparecientes sobre ubicación de personas, cadáveres, fosas y cementerios.
* Este texto fue publicado originalmente en la página de la JEP, puede leer el texto aquí.
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