Comunidad internacional sigue regañando a Duque por muerte de líderes sociales

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Ya son varias las cartas que la comunidad internacional ha enviado a Iván Duque mostrando su preocupación por la muerte y estigmatización de los líderes sociales. Esta vez fueron 94 congresistas estadounidenses que le enviaron una comunicación al Secretario de Estado Mike Pompeo para que pida explicaciones al gobierno colombiano.

Los legisladores estadounidenses le pidieron a su gobierno que presione a Duque para “que renueve sus compromisos de implementar los históricos acuerdos de paz de 2016 y proteger a los amenazados defensores de los derechos humanos de Colombia”. En la carta se muestran preocupados por los asesinatos y amenazas que se recrudecieron con el aislamiento para enfrentar el Coronavirus.

“Actualmente, Colombia es el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos. Más de 400 defensores de los derechos humanos han sido asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz, siendo esta una pérdida de líderes cívicos comprometidos y valientes que Colombia no puede permitirse”. Dice uno de los párrafos de la carta.

Los congresistas rechazan el fracaso del gobierno colombiano para llevar instituciones civiles a las zonas de conflicto. De la misma manera critican la lentitud para cumplir con el acuerdo de paz y hablan de la incapacidad del gobierno para prevenir y judicializar los ataques a los defensores de derechos humanos.

La carta pone como ejemplo el asesinato de Marco Rivadeneira el 19 de marzo en una vereda de Puerto Asís, Putumayo. Rivadeneira era un líder campesino que fue acribillado por tres hombres armados cuando dirigían una reunión donde se hablaba de sustitución voluntaria de cultivos.

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Las condiciones que piden los congresistas para el gobierno de Duque

En la carta, los legisladores de Estados Unidos le piden a su gobierno que le exijan a Duque el cumplimiento de las siguientes condiciones:

  • Mejore la protección de los defensores de los derechos humanos y de los líderes sociales, comenzando por la investigación eficaz de los ataques y amenazas en su contra, la identificación de quienes ordenaron estos delitos y la presentación pública de los resultados de estas investigaciones”.
  • Desarrolle una hoja de ruta de protección en consulta con los defensores del grupo de trabajo de garantías que incorpore los retos derivados de la pandemia, como la necesidad de equipos de bioseguridad.
  • Financie y aplique medidas de protección colectiva con enfoques diferenciales de género y étnico en consulta con las comunidades y por medio de la Unidad de Protección Nacional. Se deben garantizar las medidas colectivas acordadas con las autoridades de las comunidades afrodescendientes e indígenas. Se deben respetar los mecanismos de autoprotección de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otras zonas humanitarias similares, incluido el apoyo brindado por los acompañantes internacionales, incluso durante la pandemia.
  • Desmantele las redes de los sucesores de los paramilitares involucrados en el tráfico de drogas, ya que alimentan gran parte de la violencia ejercida contra los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales. El Gobierno debe cumplir su compromiso de convocar periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que fue creada por el Acuerdo con el objeto de desarrollar e implementar planes para desmantelar los grupos ilegales y proteger a las comunidades, los líderes sociales y los excombatientes.
  • De manera eficaz, investigue, judicialice y presente los resultados relacionados con estas redes paramilitares y delictivas a través de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Acogemos con agrado el nuevo acuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, que tiene por objeto capacitar a los fiscales y los investigadores para que aborden enérgicamente estos delitos contra los derechos humanos. Es fundamental que el Estado ponga fin a la impunidad de los asesinatos, las desapariciones, los ataques y las amenazas contra los defensores de los derechos humanos, los líderes sociales, los activistas por el derecho a la tierra y el medio ambiente, los periodistas, los sindicalistas y otros defensores.
  • Responsabilice prontamente a los miembros de la inteligencia del Ejército Nacional de Colombia, incluidos los más altos rangos, que dieron la orden y llevaron a cabo el perfilamiento e inteligencia masiva de 130 periodistas (incluidos periodistas estadounidenses), defensores de los derechos humanos, líderes políticos, y militares quienes han denunciado abusos. Estados Unidos también debe procurar que la cooperación de seguridad e inteligencia estadounidense no contribuya, apoye ni incite actos de inteligencia ilegal, ni ahora ni en el futuro.
  • Implemente decididamente el Acuerdo de Paz, lo que incluye financiar adecuadamente el sistema de justicia transicional, implementar plenamente el Capítulo Étnico, cumplir los compromisos relativos a la protección de los excombatientes y los proyectos productivos para que se reintegren a la vida civil, y honrar los compromisos de verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición para las víctimas del conflicto.

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Los congresistas instan a Pompeo para que exija a todas las agencias estadounidenses, el rechazo unánime a los asesinatos. También dicen que deben “presionar a la Administración Duque a que emprenda las acciones necesarias para identificar y judicializar a los autores intelectuales de estos delitos y desmantelar las estructuras delictivas que los protegen.”

Finalmente, los legisladores piden a su gobierno que continúe brindado ayuda a Colombia. Instan a la administración Trump a aprovechar las oportunidades del proceso de paz “para llevar a cabo la erradicación sostenible y duradera de los cultivos ilícitos actuando en colaboración con las comunidades a fin de sustituir la coca con medios de vida legales y desmantelar las redes de tráfico.”

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