Cafesalud, la más grande EPS del país, y Esimed, su red de clínicas y hospitales, ya tienen nuevo dueño. Hoy miércoles fueron vendidas a Prestasalud, un consorcio integrado por 13 empresas prestadoras de salud (IPS), pese a que algunas de éstas han sido señaladas de actos de corrupción no suficientemente aclarados, y pese a los reparos de la Procuraduría General de la Nación en cuanto a la inexperiencia de Prestasalud en el campo del aseguramiento.
Con una oferta económica de $1.45 billones, el consorcio Prestasalud se impuso sobre la EPS Sanitas, la otra ofertante, filial de la organización internacional del mismo nombre, de capital mayoritariamente español, que solo ofreció $270.000 millones.
Con la adjudicación a Prestasalud, que empezaría a operar desde el 1° de agosto, el Gobierno espera solucionar los problemas de atención en salud, los cuales se han incrementado desde cuando Cafesalud quedó en manos del gobierno tras la liquidación de Saludcoop.
Pero el sindicato nacional de la salud, Sintrasaludcol, mayoritario en Cafesalud, no es nada optimista ni tiene positivas expectativas acerca de lo que el nuevo dueño pueda aportar, tanto en mejoría de la atención a los usuarios como en un trato más digno a los trabajadores. “Es prácticamente volver a los mismos, y seguramente con las mismas”, comentó a esta Agencia Luz Fanny Zambrano, la abogada y enfermera que preside a Sintrasaludcol.
Se refiere a los cuestionamientos a varias de las 13 IPS que conforman el consorcio Prestasalud. Una de ellas es Medplus, cuyo presidente, Jaime Barreros, tuvo acciones comerciales con Carlos Palacino, el presidente de la liquidada Saludcoop, investigado por la Fiscalía por el gran desfalco que se dio en esta entidad.
El otro cuestionamiento es sobre Enrique Vagas Lleras, hermano del exvicepresidente y candidato presidencial, Germán Vargas Lleras, integrante de la junta directiva de otra de las 13 empresas del consorcio, quien firmó cuantiosos contratos con el anterior interventor de Saludcoop y posteriormente administrador de Cafesalud. “Aunque no está probado, en los pasillos es voz populi que Enrique Vargas estuvo pendiente de que de ahí salieran recursos para la campaña presidencial de su hermano, y esa es una de las causas del desfalco”, aseguró la señora Zambrano.
La dirigente sindical también se refirió a los incumplimientos laborales de Mi IPS (antes Nuestra IPS), empresa que creó Carlos Palacino y que también hace parte del consorcio Prestasalud. Zambrano denunció que actualmente Mi IPS tiene sueldos atrasados a sus trabajadores, les debe el mes de abril y el pago de varios meses de la seguridad social.
Sobre la situación financiera de Cafesalud, confirmó que es grave. Es una EPS a la que el Gobierno le invirtió $200 mil millones del Fosyga para el pago de sus deudas a las IPS con las que contrata servicios, “pero lo que vimos fue un despilfarro total. En 5 años de intervención del Estado lo que hicieron fue duplicar las deudas de las IPS, que hoy ascienden a $1.3 billones, pero a eso no se le ha puesto atención”, indicó.
Un informe de la Contraloría confirma que, aparte de generar las pérdidas señaladas, la EPS reportó un incremento injustificado del 65 % en gastos operacionales, que superan los $120 mil millones. Después de que el Ministerio de Salud trasladara los 4,5 millones de afiliados de Saludcoop a Cafesalud, el patrimonio negativo quedó en $651.315 millones, cuando en 2013 éste era de $51.452 millones.
“Lo que vemos los trabajadores es que el Superintendente de Salud logró su cometido de sacar a Palacino del negocio y echarle toda el agua sucia solo a él. Pero él no actuó solo. Ahí hubo un concierto para delinquir, hay más personas detrás de eso”, aseguró la presidenta de Sintrasaludcol, para quien la corrupción es la que no ha permitido que el sistema de salud salga de la crisis.
Pero pese a las altas deudas que arrastra Cafesalud, sus más de 6 millones de afiliados generan un flujo de caja mensual cercano a los $440.000 millones, lo que la hizo atractiva para que Prestasalud y EPS Sanitas pujaran por su adquisición.
Situación de los trabajadores
“Se habla mucho de los usuarios de Cafesalud, del despilfarro de recursos, de las investigaciones judiciales contra los causantes del desfalco, pero el tema laboral en esta EPS no se toca”, se queja la señora Zambrano.
Reveló que de los 38 mil trabajadores que hacían parte del liquidado Grupo Empresarial Saludcoop, han desbandado 10 mil, por diferentes razones: cambios de empresa, despidos, liquidaciones forzosas o voluntarias, etc.
Aquí puedes leer el comunicado del Sintrasaludcol
Y actualmente hay unos 7 mil trabajadores en el “limbo”, esto porque pertenecían a ESP de segundo nivel que fueron liquidadas y no tuvieron recursos para responderles a estos trabajadores, que están en sus casas esperando que los llamen y que les paguen su liquidación. Además, llevan 10 meses sin afiliación al sistema de salud.
“Los empresarios de la salud se lucraron con los salarios y prestaciones de estos trabajadores y ahora los dejan en la calle. Y ni el Superintendente ni los Ministros de Salud y Trabajo dan cuanta de esa problemática”, denunció Luz Fanny Zambrano, quien tampoco cree que ello se vaya a solucionar con la venta de Cafesalud.
También manifestó su preocupación por el tema laboral en la EPS, ahora en manos del nuevo operador. Si bien la liquidadora de Saludcoop EPS, Ángela María Echeverri, aclaró que la planta de trabajadores de Cafesalud será asumida en las mismas condiciones por Prestasalud, el sindicato no esta tan seguro de que ello vaya a ser así.
“Nos dicen que se nos garantiza la continuidad de los contratos, pero Cafesalud es un emporio empresarial, la mayoría de los trabajadores no pertenecen a la EPS. Y si ésta no sigue contratando con las mismas empresas, pues todos esos trabajadores van a quedar en la calle”, señaló.
Con respecto al sindicato, denunció que desde hace 10 meses Cafesalud retiene los aportes sindicales de los trabajadores. “Les descuentan a los afiliados, pero no le giran a la organización, eso es un robo”, agregó. Por esa razón interpusieron acción de tutela, pero se encontraron con que el juez dictaminó que ese no es el recurso indicado, que debe ser por cobro jurídico.
Asimismo, exigen al Ministerio de Trabajo que resuelva las querellas que han tramitado desde hace 4 años por intermediación laboral ilegal, 155 en total; lo mismo que las quejas que han puesto por distintas violaciones a los derechos de los trabajadores. Algunas las han archivado porque liquidaron las empresas y otras porque el Ministerio no encontró mérito para tramitarlas.