Que el gobierno investigue y esclarezca lo que hay detrás de las amenazas contra integrantes de la directiva nacional y varias federaciones de la CGT, solicitó Percy Oyola, miembro del Comité Ejecutivo de esta central sindical y presidente de Utradec, una de las federaciones que aparece señalada como “objetivo militar” en el panfleto que el pasado viernes se recibió en la sede de la CGT, firmado por un supuesto comando urbano de las FARC; panfleto cuya autoría negó posteriormente esta organización subversiva, aduciendo que amenazar a dirigentes sociales y sindicales no hace parte de su política.
Esta aclaración —dijo Oyola— la reciben de manera positiva, pero no merma su preocupación porque ese tipo de amenazas “no se pueden tomar a la ligera”. Calificó como “preocupante” que ocurran en medio de las negociaciones de paz que se están dando en La Habana, y ad portas de la 102 Conferencia de la OIT que empieza mañana. Al tiempo que le solicitó a la Unidad de Protección del Ministerio del Interior que garantice esquemas de seguridad apropiados a las organizaciones y personas mencionadas en el panfleto.
Aparte de Julio Roberto Gómez, el panfleto profiere amenazas contra el vicepresidente de la CGT William Millán Monsalve, Miryan Luz Triana Alvis (secretaria general), Alex Iván Ortiz Bueno (de la subdirectiva de la CGT en Pacific Rubiales), Alberto Guzmán Gómez (Presidente de la subdirectiva Valle), Jaime Cortez Suárez y Nicolás Hernández, ambos dirigentes de Nuevo Liderazgo Campesino, una de las tres federaciones campesinas que tiene la CGT.
Oyola recordó lo ocurrido en el 2010 en Medellín, donde fue asesinado Germán Restrepo Maldonado, tesorero de la CGT Antioquia, “crimen que las investigaciones posteriores determinaron que fue de autoría de las FARC”, aseguró, y reclamó más eficacia de las autoridades en la investigación de este nuevo caso, pues las denuncias que la CGT instauró por amenazas similares no han tenido ningún avance.
Se refiere a lo ocurrido a principios de este año en la sede de la CGT en Apartadó, zona de Urabá, que fue pintada con siglas de las FARC y en un panfleto instaron a sus dirigentes a abandonar la región. También hace dos meses el presidente de la subdirectiva Atlántico, Armando de Oro, recibió una amenaza que incluía una bala y un sufragio con sangre. “Todo esto es muy desafortunado. Evidencia que los sindicalistas no disponemos de plenas garantías para el ejercicio de nuestra actividad”, dijo.
Y refiriéndose a los cuestionamientos que en el panfleto se hace a la política y algunas actuaciones de la CGT, Oyola señaló: “No es bueno, ni justo que por ser y pensar diferente a otras organizaciones sindicales del país, o por lo que sea, se nos estigmatice y asocie como responsable de acompañar las políticas del gobierno, lo cual carece de veracidad”.
Recordó que en enero pasado la CGT hizo una declaración pública de no respaldo a la reelección del presidente Santos, y que el hecho de no haber acompañado la manifestación del pasado 9 de abril no significa que la CGT esté en contra de los diálogos de paz de La Habana. Por el contrario, aspira a que estos diálogos fructifiquen y en el país haya paz con justicia social. También aclaró que los tres sindicatos campesinos afiliados a la CGT han expresado que las FARC no los representan en el tema agropecuario, sino que quieren ser escuchados por el gobierno más allá de lo que se haya negociado en La Habana.
“La CGT no es de ultra derecha, tampoco es de extrema izquierda, es una organización sindical democrática. Muchos de nosotros militamos en la izquierda democrática de este país. En mi caso, por ejemplo, soy miembro de la dirección distrital del movimiento Progresistas”, puntualizó el señor Oyola.
Se mostró asimismo preocupado porque los esquemas de seguridad de que disponen dejan mucho que desear, que las armas de los escoltas que les asignan no son las adecuadas y que los vehículos no ofrecen la seguridad requerida, e incluso el combustible que les dan no alcanza y el faltante lo tienen que aportar de su bolsillo.
Voces de rechazo del movimiento sindical
Sobre las amenazas a la CGT, Fabio Arias, fiscal nacional de la CUT, dijo:
“La CUT rechaza y condena ese tipo de amenazas. En un país con una historia tan larga de asesinatos y atentados, todas estas amenazas siempre hay que tenerlas en cuenta. Este año hemos recibido panfletos parecidos por parte de Los Rastrojos y Los Urabeños, con amenazas a varias subdirectivas y al Comité Ejecutivo Nacional de la CUT. No nos pusimos a discutir si eran apócrifos o no, y entablamos la denuncia, porque a nosotros no nos corresponde la investigación. Es el gobierno el que debe investigar y aclarar todas estas situaciones, y garantizar la integridad de los dirigentes sindicales amenazados”.
Por su parte, la CTC en un comunicado manifestó su solidaridad con la CGT y su rotundo rechazo a las agresiones y amenazas contra sus dirigentes. “Enfatizamos que ese es camino equivocado, porque lo que se necesita es un debate civilizado con respeto para las ideas divergentes y mucho más respeto para su integridad física”, dice en un aparte. Señala también la CTC que apoya irrestrictamente las conversaciones de paz de La Habana, y que le ha presentado al Gobierno Nacional sus peticiones sobre las reformas económicas laborales y sociales en beneficio de los trabajadores y trabajadoras y las minorías sociales.
La opinión de la ENS
Guillermo Correa Montoya, director general de la Escuela Nacional Sindical, resaltó el papel y liderazgo político de la CGT en el país. Destacó que esta central es una organización legitima que representa a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras colombianas, que le apuesta a la profundización de la democracia desde una perspectiva pluralista, incluyente, moderna y civilista.
En particular señaló que Julio Roberto Gómez es uno de los líderes sindicales más importantes y activos de América Latina, miembro del Consejo de Administración de la OIT, y su papel en la defensa de las libertades sindicales en Colombia no puede ser obstaculizado por intimidaciones o amenazas, que sólo buscan crear atmósferas desestabilizadoras para frenar o acabar con las reivindicaciones laborales y sindicales.
“La ENS condena enfáticamente estas amenazas, exige al gobierno una protección efectiva y una investigación rápida y eficaz. Nuestro grupo de trabajo envía toda su solidaridad y apoyo al valioso trabajo que todos los directivos y afiliados a la CGT realizan en defensa de las libertades sindicales en Colombia”, puntualizó Correa Montoya.