Al día de hoy un total de 6.609 personas han firmado la petición de apoyo a Carlos Castañeda Ravelo, presidente del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado (SUNET) y directivo de la Seccional Bogotá-Cundinamarca CUT, quien enfrenta una sanción de la Procuraduría General por ejercer el derecho de opinión y libertad sindical, sanción que tanto Castañeda Ravelo como el movimiento sindical que lo apoya, califican de “injusta y arbitraria”.
Se trata de la campaña LabourStart, que adelanta a nivel global la Federación Sindical Internacional de Servicios Públicos (ISP), con el propósito de que el mayor número de personas envíe una carta al Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, con el fin de que revise el caso de Castañeda Ravelo y declare prescrita la sanción de que fue objeto.
Las personas que quieran sumar su voz de apoyo a esta causa, pueden escribir de su puño y letra la carta al Procurador, o enviar la carta modelo que para tal fin se ha diseñado y que se descarga y envía desde el sitio:
https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=3577
La Secretaria General Mundial de la ISP, Rosa Pavanelli, encabezó la campaña y solicitó al Procurador Carrillo Flórez la prescripción de la sanción a Castañeda Ravelo. Asimismo, pidió a los afiliados a la ISP que se unan a la campaña LabourStart.
Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores, de la cual es filial la SUNET, sindicato que representa a más 6.600 empleados estatales, también suscribió una moción de apoyo a Castañeda Ravelo.
Un despido “arbitrario”
En el año 2006, Carlos Castañeda fue despedido e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos. El motivo: expresar, a nombre del sindicato Sintraestatales, el apoyo a la candidatura de Marcelo Torres al Senado de la República por el Polo Democrático Alternativo, y difundir el número de Torres en el tarjetón.
Tal actuación le valió a Carlos Castañeda que la Gobernación de Cundinamarca solicitara investigación disciplinaria bajo el cargo de participación indebida en política. El trámite se cursó en la Beneficencia de Cundinamarca, entidad en la que Castañeda laboraba, donde el proceso disciplinario estuvo latente por 4 años, al cabo de los cuales la Beneficencia consideró que no tenía competencia y lo remitió a la Procuraduría General, cuyo titular era Alejandro Ordoñez.
La Procuraduría decidió que la falta de Castañeda Ravelo era gravísima y entonces, en febrero de 2011, mediante un procedimiento verbal abreviado, lo sancionó con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años. Además, le ordenó a la Beneficencia iniciar trámite de levantamiento de su fuero sindical, proceso que llegó al Tribunal Superior de Bogotá.
Castañeda Ravelo demandó la decisión ante el Consejo de Estado, alegando en su defensa que la Procuraduría actuó arbitrariamente al señalar como falta gravísima el hecho de expresar una opinión política, desconociendo el Convenio 151 de la OIT, ratificado por el Estado colombiano, que en su artículo 9 dice: “Los empleados públicos, al igual que los demás trabajadores, gozarán de los derechos civiles y políticos esenciales para el ejercicio normal de la libertad sindical, a reserva solamente de las obligaciones que se deriven de su condición y de la naturaleza de sus funciones”.
Pero el Consejo de Estado desechó este argumento, le dio la razón a la Procuraduría y falló en contra del dirigente sindical, por lo que el proceso de levantamiento de su fuero continuó en el Tribunal Superior de Bogotá, despacho que para el próximo 9 de noviembre tiene prevista una audiencia para dictar fallo en primera instancia.
El hecho concreto es que la sanción que le impuso la Procuraduría a Castañeda Ravelo cumplió más de 5 año, y según la legislación las sanciones del ente estatal deben ejecutarse en los 5 años siguientes, porque si no, deben prescribir.
Así las cosas, el dirigente sindical solicitó al Procurador Carrillo Flórez que revise con detenimiento su caso, para que se ajuste a derecho la decisión sancionatoria que en su contra emitió la Procuraduría de Alejandro Ordoñez, que considera injusta y desproporcionada. O por lo menos que la declare prescrita por límite de tiempo.
Hasta el momento el Procurador Carrillo Flórez no se ha pronunciado, razón por la cual el movimiento sindical nacional e internacional ha arreciado su campaña en defensa de los derechos de Carlos Castañeda Ravelo.