—Hay inquietud por la demora en la firma del Decreto—
El pasado 25 de mayo se logró un importante acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales del sector estatal, que representa un avance en el derecho de asociación y negociación colectiva de los empleados del Estado; un derecho consagrado en los Convenios 151 y 154 de la OIT, aprobados por las Leyes 411 de 1997 y 524 de 1999, pero que hasta ahora no han tenido ninguna aplicabilidad.
En el acuerdo, por parte del sindicalismo, participaron las 4 federaciones de trabajadores estatales: Fenaltrase (CUT), Unete y Utradec (CGT) y Fenaser (CTC), más la Internacional de Servicios Públicos (ISP), que también tiene asiento en el Comité Sectorial del Sector Público, escenario en el que durante más de tres meses se discutió y se logró consensuar el acuerdo, que quedó plasmado en un proyecto de Decreto para la firma del Presidente de la República, el cual reglamenta el Artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo y deroga el Decreto 535 de 2009.
Se trata de un Decreto que tendrá impacto positivo para los trabajadores estatales y sus organizaciones (de cada 100 sindicalizados en el país, 53 son del sector público) y beneficiará a unos 900 mil servidores del Estado, excepto los miembros de la policía y las fuerzas armadas. Además contribuirá a incrementar la cobertura de la negociación colectiva en Colombia, una de las más bajas del mundo, y obligará a los sindicatos estatales a fusionarse, o al menos a lograr mayor articulación en la negociación de sus pliegos; en un sector caracterizado por la proliferación y atomización sindical. Hoy en Colombia hay 513 sindicatos estatales, un número muy alto.
Sólo que ya ha pasado mes y medio y todavía el Presidente Santos no lo ha firmado, lo cual ha generado una natural inquietud y preocupación en el movimiento sindical. Incluso no faltan quienes ven el riesgo de que el Gobierno, después de presentar el proyecto de Decreto en la 100ª Conferencia de la OIT como un gran avance en negociación colectiva en el sector estatal, ahora quiera introducirle reformas que no fueron acordadas.
Sin embargo, en diálogo con la Agencia de Información de la ENS, el Viceministro de la Protección Social, Ricardo Echeverri, desestimó estos temores. Señaló que el Decreto consensuado ya tiene la firma del Ministro Mauricio Santa María y de la directora de la Función Pública. Aclaró que hay “unos temas menores” que están siendo revisados por la Secretaria Jurídica de la Presidencia, y confió en que muy pronto será firmado por el presidente Santos.
“Hay unos ajustes en términos jurídicos porque cada abogado redacta con su criterio el texto. Pero lo que me han informado es que está avanzando dentro de los tiempos normales de la agenda de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Hay unos temas del Decreto que se han discutido con Presidencia dentro del debate normal que tiene todo decreto, y que en este caso está relacionado con lo del Tribunal de Arbitramento”.
Asimismo, consultamos la visión que sobre el espíritu y las bondades del Decreto tienen los líderes de las federaciones sindicales y algunos sindicatos representativos del sector público, así como su opinión sobre la demora en su firma por parte del Gobierno:
William Reyes, presidente de Fenaltrase (CUT)
Fenaltrase, Federación que agremia 73 sindicatos y representa más de 50 mil afiliados, por boca de su presidente destacó como un avance el Decreto acordado con el Gobierno, porque recoge reivindicaciones que desde su nacimiento, hace 50 años, Fenaltrase ha reclamado en materia de estabilidad laboral y derecho de asociación y negociación colectiva de los servidores públicos.
“Hemos luchado por impulsar la aplicación de los Convenios 151 y 154 de la OIT, que ya están integrados al bloque constitucional del país. Pero nada hemos ganado con eso porque los gobiernos no los han querido aplicar. Ahora tenemos un Decreto consensuado entre las federaciones de los trabajadores, los Ministerios de la Protección Social y de Hacienda y el Departamento de la Función Pública, que expresa la voluntad política de este gobierno para avanzar en el derecho de negociación colectiva; una voluntad que sin embargo tiene que convertirse en acto administrativo con la firma del Decreto. Pero inexplicablemente éste todavía no se ha firmado. Entendemos que tal vez el gobierno está esperando hacer un acto protocolario para firmarlo, cuando lo pudo hacer el mismo día que lo concertamos. En ese momento estaba próxima la 100ª Conferencia de la OIT, a donde se llevó para mostrarlo como un avance del Gobierno. Pero más que mostrar el Decreto lo que queremos es que se haga efectivo”.
Francisco Maltés. Responsable de Asuntos Estatales de la CUT
“El Acuerdo logrado, que esperamos que el gobierno cumpla a cabalidad, es un avance para el movimiento sindical estatal, toda vez que permite el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos. Introduce cambios sustanciales al Decreto 535, y le quita a las entidades públicas el poder de decisión que tienen en algunos aspectos. No hay restricción a ninguna petición de los empleados públicos en la negociación, y los desacuerdos serán dirimidos por un Tribunal de Arbitramento, constituido por un vocero de los trabajadores, otro de los nominadores y un tercero de común acuerdo. Será éste quien en últimas decida sobre los puntos en los que no hubo acuerdo, y su decisión tiene carácter obligatorio para las partes. Significa esto que el Tribunal de Arbitramento puede quitarle algunas facultades a los nominadores estatales, y ese elemento lo diferencia sustancialmente del Decreto del 535, donde el poder de decisión siempre recae en los negociadores del empleador”.
Sobre la demora en la firma del Decreto por parte del Presidente Santos, Maltés señaló:
“Lo que observamos es que en el Ministerio de Hacienda pude haber un temor a perder la capacidad de maniobra que siempre ha tenido, lo mismo que las secretarías de hacienda en las regiones, que son quienes terminan definiendo qué acuerdos laborales se hacen o no, con base en lo que se ha llamado la ‘dictadura fiscal’. Nos encontramos en una disputa entre quienes consideran que la dictadura fiscal debe mantenerse vigente, y quienes aspiramos a que haya plena negociación en el sector público”.
Juan Diego Gómez, vocero de la ISP
Es coordinador de la Federación Internacional de Servicios Públicos (ISP), entidad que tiene asiento en el Comité Sectorial de Sector Público y por tanto también participó en la concertación del Decreto. Opinó:
“Aunque no es le texto que quisiéramos para regular todo lo referente a la negociación colectiva, sí es un paso de avance para los trabajadores estatales en términos de derechos. Es coherente con los convenios 151 y 154 de la OIT, y marca una gran diferencia con el Decreto 535 del gobierno Uribe, que más que propiciar, impedía el desarrollo de la negociación. Su objetivo era regular la concertación, no la negociación, y entre ambos términos hay una gran diferencia. Ahora, si lo miramos con relación a las condiciones de negociación pública en Europa y otros países desarrollados, diría que todavía no está a su altura. Pero en el contexto latinoamericano sí se pone a la altura de los países más avanzados como Argentina, Brasil, y mejora con respecto a otros países”.
Gómez también destacó que en la discusión del Decreto la “bancada” sindical haya mantenido un alto espíritu unitario y presentado propuestas de manera unificada, lo que demuestra que “cuando los intereses de los trabajadores se ponen por encima de las diferencias de las organizaciones sindicales, los resultados son diferentes”.
Pero el asunto no es sólo acordar un texto que reglamente la negociación. El vocero de la ISP señaló que más importante es convertir el acuerdo en una política pública, no sólo por parte del Gobierno central sino también de los alcaldes, gobernadores, gerentes de las empresas públicas, entidades donde por años ha prevalecido una cultura antisindical que ha impedido la aplicación de los convenios de la OIT.
Y sobre el hecho que el Decreto todavía no haya sido firmado, dijo: “Lo que conocimos es que el Ministerio de Hacienda ha puesto reparos al texto concertado, y es un poco extraño porque este Ministerio y demás entidades del Gobierno tuvieron representantes permanentes en la discusión del texto acordado, acuerdo que se logró antes del viaje de la delegación del Gobierno a la Conferencia de la OIT. No quisiéramos pensar que otra vez haya sido una estrategia del gobierno para utilizarlo en su favor en la OIT y después dejarlo en el limbo. Pensamos que los reparos del Minhacienda a lo mejor no van a influir en el espíritu y contendido fundamental del acuerdo”.
Ricardo Díaz Rodríguez, presidente de Unete (CGT)
Esta Federación congrega 56 sindicatos del sector público y representa cerca de 40 mil trabajadores. Su presidente, Ricardo Díez, evaluó así la importancia del Decreto:
“Es de trascendencia estratégica, implica un salto de calidad del movimiento sindical del sector público. Corrige el Decreto 535, que supuestamente era de negociación colectiva pero era un remedo de derecho de petición. Como elementos progresistas, establece quiénes son competentes para la negociación colectiva, qué tipo de funcionarios son empleados públicos y los procedimientos y términos de negociación”.
En cuanto al largo tiempo que ha pasado sin ser ratificado por el gobierno, señaló: “Tenemos información de que el Decreto está atrancado en el Ministerio de Hacienda, donde tiene algunas dificultades de orden fiscal. También se ha planteado un cambio que tiene que ver con el Tribunal de Arbitramento. Parece que la modificación va en el sentido de que el tercer miembro de este Tribunal no sea de la lista de la Corte Suprema sino que lo defina el Ministerio de la Protección Social. Es una modificación sustancial pero todavía no oficial. Insistimos en que salga de acuerdo con lo pactado, sin embargo no hacemos de eso un problema, es para conversarlo”.
Jorge Peña. Presidente de Fenaser (CTC)
Es la única Federación de sindicatos estatales de la CTC, con 42 sindicatos y cerca de 12 mil trabajadores afiliados en el país. Opinó sobre el acuerdo:
“No es lo mejor, pero es un avance muy significativo comparado con el Decreto 535, que lo prohibía todo. Este nuevo Decreto al menos permite la negociación colectiva y es coherente con el procedimiento de ésta, tiene unos términos y unas instancias de conciliación en el caso de que las partes no lleguen a ningún acuerdo. Si queda como lo consensuamos, es algo muy positivo para los trabajadores estatales”.
Sobre la demora de la firma del Decreto por parte del Gobierno, dijo:
“El problema fue que hicimos el acuerdo antes de la Conferencia de la OIT. El Gobierno fue allá a mostrar el acuerdo como un avance, pero esta es la hora que no se ha firmado. Sabemos que el Gobierno lo está estudiando para hacerle modificaciones, pero la percepción que tengo, y ojalá me equivoque, es que puede pasar lo mismo que con el Decreto 535, cuya versión final salió totalmente contraria a la que habíamos consensuado. Enviamos una carta al gobierno preguntando por qué no se ha firmado, y no nos han contestado. Ahora, si le cambian puntos sustanciales, no nos quedará otra que la protesta y la denuncia”.
Humberto Correa Gómez. Vicepresidente Utradec (CGT)
Utradec es una Federación con 30 años de existencia que hoy cuenta con 37 mil afiliados en 78 sindicatos. Su vicepresidente calificó así el acuerdo con el Gobierno:
“Indudablemente es un acuerdo importantísimo, una herramienta eficaz para desarrollar la negociación de los trabajadores oficiales y públicos. Lo veníamos peleando desde hace muchos años y por fin se dio. Venimos del Decreto 535 que habla de solicitudes respetuosas, y de la discrecionalidad del empleador para negociar, lo que se termina con el nuevo Decreto, que establece ya una negociación integral, que resulta fundamental para desarrollar el sindicalismo en el sector público”.
Y sobre el hecho de que el Decreto todavía no se haya firmado, señaló: “Sabemos que el Ministerio de Hacienda le ha hecho algunas objeciones, pero ya tiene el visto bueno del Ministerio de la Protección Social y de la Oficina Jurídica la Presidencia. Sé que Julio Roberto Gómez le envió una carta al presidente Santos manifestando su preocupación por la demora en la firma del documento. Y parece que el Presidente ya dio la orden de que se evacue rápido este tema porque es un acuerdo serio que se hizo con el movimiento sindical. Legalmente nosotros ya lo demos como un hecho, y sin modificaciones sustanciales de lo que ya está concertado”.
Carlos Castañeda. Presidente de Sintraestatales, sindicato CUT
Este sindicato tiene 2.800 afiliados en entidades de los municipios del país. Conjuntamente con Sinalserpub está en un proceso de unidad para formar un solo sindicato de rama para empleados públicos de la CUT. Su presidente opinó:
“El Decreto acordado representa un avance en varios aspectos importantes. En primer lugar permite abordar temas que con el Decreto 535 no se podían negociar. Borra el término concertación y lo pone en términos de negociación; introduce la posibilidad del Tribunal de Arbitramento para dirimir los desacuerdos entre las partes. A nosotros en principio no nos guste mucho el arbitramento, porque siempre lo mejor son los acuerdos directos. Tiene como debilidad que no menciona la huelga. Hubo consenso entre las organizaciones sindicales en que era complicado meter ese tema”.
Sobre las dificultades que tiene, señaló: “Esperamos que al Decreto no le cambien nada de su estructura sustancial, porque entonces estarían es desconociendo el acuerdo, y ese sería un mal precedente para todo lo demás. Si le hacen ajustes, que éstos sean puramente formales. Los analizaremos y sopesaremos en su justa medida”.
Germán García. Presidente de Sinalserpub, sindicato CUT
Este sindicato cuenta con 10 mil afiliados en 40 municipios de Colombia.
“Para nosotros todo lo que ayude a impulsar la negociación colectiva en el sector público es válido. No es que nos guste todo el Decreto, pero sí es un gran avance con respecto al 535. Por lo menos abre puertas y en algunos temas nos permite avanzar. Hemos socializado el tema con los trabajadores en los municipios, donde hay una gran expectativa y mucha gente espera que se firme. Su gran falencia es el tema de la huelga, porque uno no puede hablar de negociación colectiva sin considerar la posibilidad de la huelga, es como tener un carro sin combustible”.
Frente al retraso en la firma, declaró: “La talanquera está en el Ministerio de Hacienda, que todo lo que tenga que ver con cuestiones presupuestales lo vota en contra, y eso desarmaría el Decreto”.