El negocio de las pensiones y el coco del “hueco pensional”. Opinión.

Por Héctor Vásquez F. Analista de la ENS.

$215.3 billones era la suma total que en el mes de agosto de 2017 tenían ahorrados los trabajadores afiliados a las 4 empresas que gestionan el negocio de los fondos privados de pensiones. Este ahorro le pertenece a 14.6 millones de afiliados, de los cuales el 52.06% son afiliados activos y el 39.72% afiliados cotizantes[1].

Fuente: Superfinanciera.

El cuadro anterior muestra lo rentable que es este negocio: el año pasado, las 4 empresas que lo controlan se ganaron $712 mil millones, y hasta agosto de este año las ganancias acumuladas sumaban casi $600 mil millones. Es un negocio de cuasi monopolio, además, pues dos empresas: Protección y Porvenir, controlan la mayor parte de los afiliados y el 85.67% de las ganancias. Estas empresas pertenecen a los dos grupos económicos más influyentes del país: Porvenir, que es del Grupo AVAL, de Sarmiento Angulo, dueño también de El Tiempo; y Protección, que pertenece al GEA, grupo empresarial antioqueño, dueño también de Bancolombia y Suramericana.

Cuando Eduardo Lora y Santiago Montenegro afirman que “los ricos son los principales beneficiados de Colpensiones”, omiten decir que el modelo de sistema pensional que tenemos beneficia mucho más a los ricos que controlan este negocio, y que son estos ricos los que quieren quedarse con todo, dejando que Colpensiones únicamente maneje los BEPS, que es un sistema de ahorro completamente marginal. El año pasado Colpensiones acumuló $5.3 billones, que fueron los aportes de 6´438.868 afiliados, el 33.8% de ellos eran cotizantes. Si los fondos privados afiliaran también los afiliados de Colpensiones y sumaran sus aportes, el negocio daría una utilidad superior al billón de pesos. A esto es a lo que apuntan.

El famoso “hueco pensional” con el que tratan de asustar al país, tiene su origen en la reforma de 1993 (Ley 100). Esta creó un sistema pensional cuyo propósito era acabar con el sistema público de pensiones y fortalecer el negocio del sector financiero. La ley 100 le dejó a Colpensiones los afiliados más antiguos del sistema pensional, y al Estado la responsabilidad de pagar las generosas pensiones que el clientelismo de los partidos liberal y conservador le habían ofrecido a su caudal electoral de empleados públicos. Mientras tanto, la publicidad engañosa de los fondos privados y la presión de muchas empresas se encargaron de hacer el resto. Del total de cotizantes activos al sistema, hoy Colpensiones sólo afilia al 25.6%, pero tiene que pagar el 95% del total de las mesadas pensionales: $38 billones en 2016[2].

Además del impacto negativo que la reforma del 93 ha tenido sobre el presupuesto nacional, el impacto más grave ha sido sobre la sostenibilidad del Fondo de Reservas Pensionales, que a diciembre 31 de 2016 tendría un valor de $263 billones, según se indica en los estados financieros de Colpensiones[3]; fondo que no se tiene, que es una deuda, lo que obliga al Estado a transferirle a Colpensiones del presupuesto nacional una suma muy significativa para el pago de las mesadas pensionales, que en el 2016 ascendió a $10.3 billones.

Es evidente que los ingresos actuales de Colpensiones no permiten en ningún sentido una estrategia financiera para cubrir en el futuro esta deuda. Y la razón está en que la plata para cubrirla, con sus incrementos futuros, la tienen los fondos privados: $215.3 billones, el 82% del total del cálculo actuarial del Fondo de Reserva Pensional. Lo más grave es que el manejo de este “hueco” les permite a los fondos privados contar con recurso que les deja una utilidad enorme, como la que señalamos al comienzo, recurso que en un 40% lo utiliza el Estado, pero en calidad de deuda.

La alternativa no es acabar con Colpensiones, como lo proponen los economistas al servicio del sector financiero, sino restituir como un bien público los recursos del ahorro pensional que hoy maneja el sector financiero, para dedicarlos a garantizar el pago de la deuda pensional, liberando así recursos del presupuesto nacional para atender necesidades de las poblaciones más vulnerables. Asunto distinto es el tipo de régimen pensional que necesita el país, que tiene que tener como objetivo principal la protección de ingresos de toda la población adulta mayor, independiente de lugar que haya ocupado en el mercado de trabajo.

[1] La categoría de cotizante identifica al afiliado que efectivamente cotiza en cada mes por remuneraciones devengadas el mes anterior; los afiliados Activos son aquellos que cotizaron alguna vez durante los últimos seis (6) meses.

[2] Del total de pensionados, (2,206,223), el 55.75% corresponden a Colpensiones,  5% a los fondos privados, el 14.5% al Fondo de pensiones públicas, FOPEP, el 18.15% a los regímenes exceptuados del magisterio, la policía y las FFAA, y el 6.6% de otras entidades estatales, algunas de ellas ya liquidadas como los ferrocarriles nacionales, Adpostal, Caja Agraria Foncolpuertos, Incora y el ISS.

[3] Nota 4 Estados financieros pensión de vejez, pag. 70.