La política laboral y el modelo sindical de Uribe y el Centro Democrático

Por Héctor Vásquez F.  Analista de la ENS

En una reciente reunión que el expresidente Álvaro Uribe sostuvo con un grupo de sindicalistas, planteó que a la “sociedad le va mejor cuando hay menos impuestos y más remuneración en favor de los trabajadores”[1].

Lo primero lo cumplió con creces durante su gobierno, otorgándole al capital toda clase de beneficios tributarios, como las numerosas exenciones que se le hicieron a distintos sectores patronales (ley 782/01), el descuento de los impuestos de hasta el 40% del valor de las inversiones en equipos y maquinarias (leyes 863 de 2003 y 1111 de 2006), la ampliación del número de zonas económicas especiales donde las empresas que se instalen pagan sólo la mitad de la tasa normal del impuesto de renta; la eliminación del 7% que tenían que pagar las multinacionales sobre las utilidades que sacaban del país (ley 1111 de 2006), etc.

Y lo de más remuneración en favor de los trabajadores, nunca lo hizo, ni siquiera lo intentó. Al contrario, ninguno como él ha hecho tantos esfuerzos e iniciativas para disminuir el ingreso de los trabajadores. Veamos algunas:

Con la ley 50 de 1990, de la que él fue inspirador y principal ponente, se eliminó el pago retroactivo de las cesantías, que constituían una fuente muy importante de ahorro para los trabajadores y una forma bastante eficaz de distribuir mejor la riqueza generada por el trabajo. Esta misma ley permitió que los empleadores vincularan trabajadores con contratos a término fijo de manera indefinida, una forma de contratación que impide que éstos puedan organizarse en sindicatos y otorga a los empleadores un poder enorme sobre los trabajadores.

Con la reforma al régimen pensional contenida en la ley 100 de 1993, de la cual Uribe fue también principal ponente, se aumentó dos años la edad para pensionarse, se incrementaron las semanas de cotización para acceder a este derecho (300 semanas), y se rebajó la mesada pensional. Antes era posible pensionarse hasta con el 90% del ingreso base de cotización. Después de la ley 100 el tope bajó hasta el 80%.

Con la reforma laboral plasmada en la Ley 789 de 2002, su primer año de gobierno, se disminuyó la remuneración que los trabajadores recibían por el trabajo entre las 6 y la 10 de la noche, y por el trabajo dominical y festivo. Con datos actualizados, unos 2.2 millones de trabajadoras formales que laboran después de las 6 de la tarde, y 1.9 millones que lo hacen domingos y festivos, han sufrido una reducción de su salario en 17.2% por la supresión del 35% del recargo nocturno, y en 5.8% por la disminución del 25% del pago en dominicales y festivos diurnos.

También durante su gobierno se les rebajaron los ingresos a los nuevos pensionados, aprobando una reforma que disminuyó de 14 a 13 las mesadas pensionales anuales.

Asimismo, opuso una feroz resistencia a los sindicatos y a sus posibilidades de fortalecerse. Durante su gobierno arreció la cultura y la violencia antisindical, la cual produjo miles de asesinatos, desapariciones y desplazamientos que acabaron con decenas de sindicatos; eliminó en la práctica el Ministerio del Trabajo al fusionarlo con el de Salud, y a los inspectores del trabajo los puso prácticamente al servicio de los empleadores, como lo indica el hecho de que negara la inscripción en el registro sindical a cerca de 300 nuevos sindicatos. Esto sin considerar que en el lenguaje del presidente Uribe las conquistas de los trabajadores comenzaron a calificarse como “gabelas” y “privilegios”, no como derechos.

Su último “regalo” a la clase trabajadora fue el cambio en la reglamentación del “contrato Sindical”, que destacó como un cambio de paradigma en oposición “al sindicalismo meramente reivindicativo, meramente político”, instando a trabajar por el concepto de sindicalismo gerencial, sindicalismo participativo. Quienes trabajan bajo esta modalidad, principalmente en las IPS del sector público, donde las falsas cooperativas de trabajo asociado fueron remplazadas por falsos sindicatos para continuar con la práctica de la tercerización ilegal, saben de qué trata el “contrato sindical”.

En el contrato sindical la empresa no tiene trabajadores, sino que estos los suministra un “sindicato”, con el que supuestamente “negocia” la empresa todas las condiciones de trabajo y de remuneración de esos trabajadores. Tal negociación la hace directamente con el presidente del “sindicato”, sin que los supuestos afiliados al mismo tengan incidencia, pues el gobierno de Uribe modificó la ley para que el presidente del sindicato, y no la asamblea general de éste, tenga esa facultad.

Revisando los archivos del Ministerio del Trabajo, encontramos numerosos ejemplos de contratos sindicales que muestran claramente que en ningún sentido se trata de una negociación colectiva auténtica, sino de una operación de intermediación laboral, en la que los trabajadores son considerados simple mercancía, imponiéndoles condiciones que en muchos casos están por debajo de los estándares laborales definidos por el Código Sustantivo del Trabajo.

Este tipo de intermediación laboral, a todas luces ilegal, ha resultado en una mayor precarización de las condiciones de trabajo y de remuneración de miles de trabajadoras. Así lo denunciaban los médicos contratados bajo esta modalidad por la IPS Universitaria, adscrita a la Universidad de Antioquia, según nota publicada por la Agencia de Información Laboral en febrero del año pasado. Estos son algunos apartes:

Néstor Morales, uno de los médicos denunciantes explicó que el personal que labora en la clínica León XIII viene tercerizado desde 2007, primero mediante cooperativas de trabajo asociado, que a partir de 2011 por contrato sindical. Cambio que fue coaccionado por la IPS Universitaria. “O nos pasábamos al sindicato o perdíamos el empleo, no tuvimos más alternativa”, dijo.

Para este médico, la vinculación por contrato sindical ha menoscabado más sus derechos y condiciones laborales. La mayor queja del personal médico de la León XIII –y en general de los médicos y paramédicos vinculados a clínicas donde las relaciones laborales se rigen por contrato sindical– es el retraso en el pago de salarios, de hasta 10 días. Algo que la IPS explica por problemas relacionados con la crisis de la salud. También denuncian irregularidades en el pago de cesantías, vacaciones y la seguridad social. El pago de ésta última lo tienen que hacer de su propio bolsillo.

Concluye que los médicos estaban mejor y tenían más derechos cuando hacían parte de la cooperativa de trabajo asociado. Por lo menos tenían auxilios de educación, bonos de alimentación y otras prebendas solidarias, que no tienen ahora con el contrato sindical, que tampoco cumple con las formalidades de un sindicato real, empezando porque no imparte cursos sobre sindicalismo ni realiza asambleas de afiliados o delegados. Tampoco es autónomo, pues todas las directrices se las dicta la IPS Universitaria.

Como siempre se ha dicho: a las personas no hay que juzgarlas por lo que dicen de sí mismas, sino por lo que realmente hacen. Y en este caso, los hechos indican que en vez de mejorar condiciones de trabajo y empleo y fortalecer al sindicalismo como instrumento esencial para construir democracia, la política laboral promovida por Uribe como senador y como gobernante ha apuntado a todo lo contrario. Su modelo de sindicato “gerencial y participativo” no ha sido más que un peligroso mecanismo de control de los trabajadores y de protección de los estrechos intereses patronales.