Instituciones fundamentales para la paz y la democracia redistributiva
Por Carlos Julio Díaz Lotero
Director General ENS
En el estudio que recientemente publicó la OCDE sobre el “mercado laboral y las políticas sociales en Colombia”, recomienda que los recursos provenientes del gobierno para los servicios provistos por las cajas de compensación familiar a personas no afiliadas, permitiría una reducción gradual de los aportes de los patronos a éstas.
Insiste pues la OCDE en la idea de que la empleabilidad se desarrolla a partir de la reducción de garantías y derechos laborales y sociales. Desconoce la OCDE que los aportes que las empresas hacen a las cajas de compensación familiar no son un impuesto, sino el componente social de los salarios que reciben los trabajadores. El hecho de que el Gobierno haya desnaturalizado la función misional de las Cajas, al cargarlas de responsabilidades que son propias del Gobierno, podría llevarnos a equivocadamente a pensar que los aportes se asimilan a un impuesto.
Por lo anterior es importante que precisemos para qué y cómo surgieron las Cajas de Compensación Familiar, su estado actual y la reorientación que debe dárseles.
Salario social con propósito redistributivo
El subsidio familiar es un ingreso de los trabajadores que tiene un claro propósito redistributivo. No es un impuesto, incluso no es un “aporte parafiscal”, es un pago salarial de naturaleza social.
El subsidio familiar y las Cajas de Compensación Familiar son instituciones que hacen parte de la política social del Estado que aún se mantiene, aunque en proceso de marchitamiento. En el contexto del post-acuerdo para la construcción de una paz sostenible, Instituciones como estas son más que necesarias, por lo que necesitamos un nuevo pacto social para reorientarlas y fortalecerlas.
Un poco de historia
El subsidio familiar aparece en Colombia como una prestación extralegal el 22 de febrero de 1949 en el marco de la convención colectiva entre la Empresa del Ferrocarril de Antioquia y sus trabajadores. En ese entonces, la decisión consistió en subsidiar a los trabajadores casados y con hijos hasta de 15 años de edad, con la suma de tres pesos mensuales por cada uno de ellos.
Cinco años después, en marzo de 1954, en el 5º Plénum Nacional de la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, en Medellín, la UTRAN (Unión de Trabajadores de Antioquia), que era la expresión regional de la UTC, propuso ampliar esta conquista sindical a todos los trabajadores colombianos bajo el concepto de salario social, que debía llevarse a la práctica en forma de un subsidio al trabajador con hijos, y debía recaudarse y pagarse a través de Cajas de Compensación. Esta iniciativa sindical, propuesta por el presidente de la UTRAN en ese entonces, Antonio Díaz García, fue acogida por los empresarios y seguidamente por el gobierno, como un instrumento para contrarrestar la inestabilidad monetaria de la época.
Así nació la primera Caja de Compensación Familiar, COMFAMA, como pionera del subsidio familiar en Colombia; subsidio que se instituyó como una prestación social denominada “salario social o familiar”, con un propósito redistributivo hacia los trabajadores de menores ingresos y con mayores necesidades.
En los años 70 las Cajas reorientan el sistema hacia la prestación de servicios sociales, como mercadeo, recreación y educación. Y según las necesidades regionales también incursionaron en salud, nutrición, vivienda, crédito, etc., servicios que se fueron abriendo a los no afiliados.
- La Ley 21 de 1982 precisó los alcances del subsidio familiar, cuyo objetivo fundamental es “aliviar las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad”. Y bajo ese precepto funcionan hasta principios de los años 90, cuando se inauguran las grandes reformas neoliberales. Entonces se empieza a descargar en la Cajas la responsabilidad del Estado en la financiación de la vivienda de interés social, mediante la asignación de subsidios tanto para la población afiliada al sistema como para la no afiliada.
- La Ley 10 de 1990, por su parte, establece en su artículo 24 que “podrán directamente o, en desarrollo de contratación o de asociación… prestar servicios de salud, y adelantar programas de nutrición para personas que no sean legalmente beneficiarias de sus servicios”.
- La Ley 100 de 1993 obliga a las Cajas a destinar del 5% al 10% de los recursos del subsidio familiar para financiar el régimen subsidiado de salud, y con la posibilidad de administrarlo de manera directa, con lo que las introducen en un negocio que afectaría la viabilidad de algunas de ellas.
- La Ley 633 del 2000 le cargó a las Cajas el cuidado de niños hasta 6 años de edad, por intermedio del Fondo para la Atención Integral de la Niñez y Jornada Escolar (FONIÑEZ), sean o no afiliados al subsidio familiar.
- La Ley 789 de 2002 les asigna nuevas competencias en materia de protección a los desempleados y a la niñez. Quedaron encargadas del Fondo para la Promoción del Empleo y la Protección del Desempleo (FONEDE), creado para atender el subsidio al desempleo.
Hoy, como máximo, las Cajas de Compensación Familiar destinan al subsidio monetario el 25% de los aportes del 4% que pagan las empresas como contribución parafiscal, generando grandes distorsiones en su función misional, como consecuencia de las políticas neoliberales de adelgazamiento del Estado.
Estos son los servicios y programas que desarrollan las cajas y que tiene en vía de extinción el subsidio monetario: subsidio en especie, salud, programas para adultos mayores y discapacitados, programas de bienestar y educación familiar, programas de nutrición, educación formal, formación para el trabajo, actividades culturales, guarderías, programas de vivienda, subsidios de vivienda, créditos de negocios y de consumo, recreación y turismo, administración de bibliotecas.
Problemas actuales de las Cajas
Desde nuestra perspectiva, los problemas que padecen actualmente las Cajas, y que se deben resolver, son los siguientes:
- Las Cajas se alejan cada vez más de la misión inicial de administrar el sistema de compensación familiar mediante la asignación del subsidio familiar en su modalidad monetaria. Si bien no nos oponemos a que puedan evolucionar en servicios complementarios, no compartimos que la política neoliberal le haya descargado responsabilidades propias del Estado.
- Existe el riesgo de desmonte de la contribución del 4% que hacen las empresas como parte del salario social que deben pagar al trabajador. Esto porque aún se promueven las fracasadas estrategias de competitividad basadas en la reducción de costos laborales.
- Salarios exorbitantes para la alta gerencia y un modelo de relaciones laborales con sesgo anti-sindical en la mayoría de las Cajas.
- Alta fragmentación en el sistema y competencia desleal para captar recursos y afiliar empresas.
- No definición de políticas y pautas de actuación para los representantes sindicales en los Consejos Directivos de las Cajas por parte de las Centrales Sindicales.
- Poca incidencia de las centrales en la designación de sus representantes en los Consejos Directivos, debido a la capacidad de maniobra de las Cajas en el Ministerio de Trabajo.
La compensación familiar en la agenda de la paz
Varias son las obligaciones del movimiento social de los trabajadores ante la proximidad de finalización del conflicto armado con las FARC, y la posibilidad de un proceso similar con el ELN. Estas son:
Garantizar que los acuerdos de La Habana se puedan desarrollar. Es el caso de la formalización laboral en el agro, y de manera particular lo que toca con los derechos a la verdad, justicia y reparación colectiva al sindicalismo por la política sistemática de violencia que la ha afectado en las últimas tres décadas.
Proponer y hacer realidad una agenda social, laboral y sindical que complemente los “faltantes” en los acuerdos de La Habana, para así transitar de una paz mínima que se desprende de los pactos con las FARC, hacia una paz máxima que solo se puede construir con la solución de los problemas estructurales que han condicionado el alto nivel de violencia que nos afecta.
Uno de los problemas estructurales que las políticas públicas neoliberales no logran resolver, son los altos niveles de desigualdad social por ingresos que se expresan en un GINI cercano al 0,54. Esta realidad nos obliga, no solo mantener sino a fortalecer el sistema de compensación familiar que administran las Cajas, por ser una política claramente redistributiva que de ampliarse incidirá en la reducción de la desigualdad social por ingresos.
Propuestas para fortalecer la compensación familiar
- Se necesita aumentar el subsidio monetario a los trabajadores de bajos ingresos, descargando de las Cajas las obligaciones legales que el Estado neoliberal le ha impuesto. Éstas no deben seguir incursionando en el negocio de la salud hacia donde las orientó la Ley 100 de 1993, pues ello ha puesto en riesgo su patrimonio y viabilidad; ni hacerle paralelismo al SENA en servicios de formación para el trabajo.
- Se debe continuar defendiendo la contribución del 4% de las nóminas de las empresas a las Cajas, no como un impuesto o para-impuesto, sino como un pago salarial de carácter social.
- Se debe reducir el número de Cajas existentes en el país para racionalizar gastos y construir una política salarial interna más equitativa, pues no puede ser que las Cajas pretendan aportar a la equidad social pero no se da ejemplo en casa.
- Aunque la Cajas son empresas sociales, no pueden utilizarse para negar los derechos de libertad sindical. Y de igual manera las organizaciones sindicales deben entender que su lógica de comportamiento no puede ser igual a una que se da en el marco de la relación clásica capital–trabajo.
- Las centrales sindicales deben asumir una actitud más comprometida frente a las Cajas, diseñando políticas sindicales en relación con el sistema de compensación familiar y el funcionamiento del mismo.
- El Gobierno debe respetar la autonomía de las Cajas en el desarrollo de su misión, y de las Centrales Sindicales en la designación de sus representantes en los Consejos Directivos.
- La política de formalización laboral en el sector público y privado no solo es parte de la agenda laboral y sindical por un Trabajo Decente, sino la mejor forma de fortalecer instituciones que ayudan a promover un modelo de desarrollo mucho más redistributivo.