La estructura ocupacional y el trabajo decente en Colombia

Por Héctor Vásquez Fernández
Analista Escuela Nacional Sindical

Colombia presentó en 2015 la tasa de desempleo más baja en 15 años: 8.9% promedio para todo el año, con el indicador más bajo en noviembre: 7.3%. Resultado que fue destacado por el presidente Santos al indicar que “contribuirá a favorecer a los más pobres y a fortalecer a la clase media”. Una declaración contradictoria con la política impuesta un mes atrás, cuando decretó un reajuste del salario mínimo que empobreció a los trabajadores de ingresos bajos, que son la mayoría, imponiéndoles un “incremento” del salario mínimo por debajo del IPC causado para la población de este tipo de ingresos.

Que baje la tasa de desempleo siempre será una buena noticia, sobre todo para quienes buscan desesperadamente un puesto en el mercado de trabajo y algún ingreso que les permita siquiera un mínimo de vida digna. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos siempre ante tales noticias es acerca de la calidad del empleo que se está generado, si efectivamente se trata de trabajos decentes, es decir, con protección social, estabilidad laboral, ingresos que permitan cubrir las necesidades básicas, y trabajos con derechos. Es decir, empleos que aseguren una vida con dignidad, que aseguren la autonomía personal, el desarrollo de los proyectos de vida que cada persona se propone; empleos en los que no seamos humillados ni sometidos a malos tratos.

Para responder a esta pregunta, una alternativa es esclarecer qué tanto se ha transformado la estructura ocupacional que caracteriza el mercado laboral colombiano, en la que predomina el autoempleo (trabajo por cuenta propia), y en la que una buena proporción de trabajadores ni siquiera recibe remuneración.

La siguiente tabla muestra que en un año prácticamente no hubo ninguna modificación en la estructura ocupacional del país, y las variaciones en 15 años no han sido para nada significativas:

Fuente: DANE.

Como se ve, de cada 100 trabajadores, un poco más de 42 son por cuenta propia; 38.36% son obreros y empleados particulares, 3.87% trabajan para el Estado (magisterio, ejército y policía, empleados públicos), 3.29% son trabajadoras domésticas, 3.17% son jornaleros o peones, y 4.64% son trabajadores que no reciben ninguna remuneración. Se trata de 1´021.202 personas que hacen parte de la población ocupada que, aunque no se las inventa el DANE, pues son resultado de acuerdos en la OIT, de todas maneras sirven para encubrir situaciones de precariedad y de desempleo.

Es claro que el trabajo por cuenta propia resulta dominante en el mercado laboral. Se trata de una categoría ocupacional que en la economía colombiana no es una alternativa de autonomía personal, producto de una buena formación académica, o de conocimientos y grandes experticias, o de acceso a recursos que te permitan montar un negocio y vivir de él, condiciones que aseguren trabajar en actividades no subordinadas a ningún patrón. El propio DANE en su informe sobre “Población ocupada total, formal e informal” (trimestre septiembre/noviembre, 23 ciudades, de 2015), indica que el 80.77% de los trabajadores por cuenta propia son informales.

Adicionalmente, según Fasecolda y la Superfinanciera, de cada 100 trabajadores afiliados a los sistemas de riesgos laborales y de pensiones, apenas el 5,26% y el 12%, respectivamente, son trabajadores independientes o por cuenta propia. Esto quiere decir que la inmensa mayoría de ellos no tienen ninguna protección en sus ingresos frente accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, invalidez y vejez.

Estos indicadores revelan que para la mayoría de estos trabajadores y trabajadoras, el trabajo por cuenta propia es un recurso de sobrevivencia y no de autonomía, pues no encuentran un lugar distinto en el trabajo formal que les asegure un trabajo decente, por lo que tienen que salir al rebusque ocupándose en cualquier trabajo que les permita acceder a algún ingreso. Recordemos que Colombia tiene un Estado social muy débil, que no les asegura a los desempleados ninguna protección en sus ingresos que los proteja de caer en la pobreza extrema o indigencia. De ahí que el autoempleo en cualquier actividad posible, y principalmente en el comercio informal, sea la alternativa más posible.

Se supone que los trabajadores asalariados dependientes deberían tener un trabajo que les asegure estabilidad laboral y protección social. Ocurre así con los trabajadores del Estado que tienen un vínculo legal y reglamentario, los denominados “empleados públicos” adscritos a la carrera administrativa, con los provisionales y con los trabajadores oficiales (trabajadores de obras y de mantenimiento en municipios, departamentos y otras instituciones del Estado), estos últimos “una especie en vías de extinción”, pues en todas partes los están acabando, remplazando sus funciones con trabajadores subcontratados o tercerizados. Sin embargo, en el Estado existe una enorme nómina paralela cuyo número no se ha podido establecer con precisión, que tienen un empleo precario, en el sentido de que se trata de trabajadores vinculados mediante contrato civil de prestación de servicios, sin estabilidad laboral alguna, pues su vinculación dura lo que dura el control del respectivo directorio político que los “recomienda” sobre la entidad que los contrata, aparte de que ellos mismos deben pagar su propia seguridad social. Es, en suma, son contratos que además encubren, o enmascaran, una verdadera relación laboral de subordinación.

Fuente: DANE, Fasecolda, Superfinanciera, Asocajas, FNH.

Si excluimos la protección social en salud, que con toda su precariedad es la más amplia, en promedio apenas el 38,8% de toda la población ocupada tiene acceso a la protección social. Lo que significa que el trabajo informal, medido desde la protección social, supera el 60% de la población ocupada total, con la situación más grave en materia de pensiones, pues a mediano y largo plazo nos vamos a encontrar con una población adulta que en su mayor parte no va a tener ningún ingreso que le asegure una vida con dignidad en su vejez. Hoy de cada 4 adultos mayores, apenas uno recibe pensión.

Como lo indica la tabla 2, la protección social de los trabajadores asalariados es mayor que la del promedio, aunque todavía la informalidad y la desprotección siguen siendo muy altas, sobre todo entre las trabajadoras domésticas (informalidad del 85%), y entre los peones y jornaleros (informalidad del 90%), entre otras razones por la debilidad del Estado, que en este terreno tiene el reto de seguir fortaleciendo el sistema de inspección del trabajo, principalmente en la mayoría de los municipios por fuera de las grandes ciudades, en los que muchos empleadores incumplen la ley porque están seguros que ninguna autoridad los va a vigilar y sancionar. Pero también por la debilidad de los sindicatos, pues donde los trabajadores están organizados los sindicatos tienen la capacidad de garantizar condiciones de trabajo decente.

Como vemos, en 15 años, con dos gobiernos de Uribe y uno y medio de Santos, con bonanzas de exportaciones de materias primas como petróleo, carbón, ferroníquel y oro, que nos permitieron tasas de crecimiento de la economía superiores al 4% promedio anual, esta estructura ocupacional no se modificó. Lo que indica que no hubo ninguna política para industrializar el país, ni para desarrollar y democratizar el campo, ni para mejorar cobertura y calidad de la educación, ni para desarrollar infraestructura. Mientras los sectores dominantes aprovechaban su control sobre el Estado para hacer negocios y acaparar rentas, la estructura del mercado de trabajo propia de un país atrasado apenas presentó leves modificaciones: se redujo 3 puntos porcentuales la categoría ocupacional “obrero, empleado del gobierno”, y dos puntos la categoría “trabajador familiar sin remuneración”, una disminución que muy seguramente permitió que creciera 6 puntos la categoría “obrero, empleado particular”, donde se ubican la mayoría de los trabajadores asalariados, mientras la categoría “trabajador por cuenta propia” mantuvo una posición hegemónica, incrementando incluso su participación en el total del empleo.

Esta problemática también la diagnosticó recientemente la OCDE, que con relación a las cifras de empleo señaló: “… sin embargo, debajo de estas cifras favorables se esconde un grave problema estructural de informalidad: 52% de la población trabaja por cuenta propia, comparado con 27% en México, 39% en Grecia y 17% en el promedio de países OCDE”. (Portafolio, enero 27 de 2016).