Casos Sintrasema Amagá y Sutimac Puerto Nare, dos sindicatos que la violencia marchitó

Históricamente los índices de violencia antisindical en Antioquia han sido los más altos del país. Según estudios de la ENS, de todas las agresiones contra sindicalistas registradas en el país entre 1977 y 2014 (homicidios, amenazas, secuestros, desapariciones etc.) el 33,7% ocurrieron en Antioquia. Y más grave aún: el 45,8%de homicidios de sindicalistas.

Y en el contexto de ese tenebroso panorama emergen dos casos emblemáticos: los sindicatos Sintrasema seccional Amagá y Sutimac subdirectiva Puerto Nare, víctimas de una arremetida brutal que no tuvo otro objetivo distinto que acabarlos, exterminarlos, objetivo que en el caso de Sintrasema Amagá se cumplió.

Caso Sintrasema Amagá: el paramilitarismo pudo más

Una de las aristas que en las últimas décadas tuvo la violencia ejercida contra los sindicatos en Antioquia, quizás la más trágica y desafortunada, fue la alianza de los empleadores con grupos paramilitares, con el objetivo de acabar las organizaciones de trabajadores, o por lo menos maniatarlas, impedirles su función.

Fue ese el caso ocurrido en Amagá, municipio ubicado en el suroeste de Antioquia, donde la administración municipal, en cabeza del alcalde William Muriel, se alió con el Bloque Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia, liderado por Efraín Mendoza, con el objetivo de exterminar la subdirectiva Amagá del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Municipios de Antioquia.

Gracias a la labor del sindicato, los funcionarios de la Administración Municipal de Amagá habían  logrado buenas condiciones de trabajo, principalmente en lo relacionado con estabilidad laboral, beneficios económicos legales y extralegales, auxilios educativos para sus hijos, y actividades recreativas para el grupo familiar. Ante lo cual entre la dirigencia municipal se decía que el sindicato era como un “cáncer”, que estaba acabando con el presupuesto municipal.

Tales logros y reivindicaciones laborales comenzaron a desvanecerse el 4 de diciembre de 2001, fecha la totalidad de la junta directiva de Sintrasema Amagá fue retenida en masa por el Jefe de Obras, Mario Palacios, quien en un vehículo de propiedad del Municipio los condujo a Minas, un corregimiento que para esa época era reconocido como territorio dominado por uno de los principales focos del paramilitarismo en el suroeste antioqueño.

En la plaza pública del citado corregimiento los 12 dirigentes sindicales fueron recibidos por Efraín Mendoza, comandante del Bloque Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien ordenó su encierro en el sitio donde antes funcionaba la inspección de policía. Y como si se tratara de un ajusticiamiento los enfilaron contra una pared rodeados de hombres armados, mientras Mendoza les decía: “El que nada debe, nada teme. ¿Qué es un sindicato? ¿Qué es un fuero sindical? ¿Para qué un fuero sindical? A mí no me gustan mucho los sindicatos porque acaban con las empresas, y porque los trabajadores son unos zánganos.

Después de su arenga intimidatoria el comandante Mendoza los dejó ir de regreso a Amagá. Pero al día siguiente el presidente de Sintrasema Amagá recibió una llamada de los paramilitares, que lo conminaban a presentar la renuncia suya y la del resto de los integrantes de la junta directiva del sindicato. Además ese mismo día del secuestro colectivo a la esposa de uno de los directivos la llamaron para intimidarla.

Ante semejante acto de intimidación se convocó a una asamblea de los trabajadores afiliados al sindicato, en la que se definió que no había garantías para salvaguardar sus vidas ni la existencia del sindicato, y por tanto no les quedaba más alternativa que renunciar al fuero sindical. Así que ese mismo día el presidente del sindicato se dirigió al corregimiento de Minas a presentar el documento que daba cuenta de la renuncia de la junta directiva; cita que el directivo recordará toda su vida por la manera infame como fue humillado.

En efecto, fue sometido a tratos degradantes, agresiones físicas y psicológicas, amarrado de pies y manos en presencia de la comunidad, le pusieron sobre su cabeza un arma de fuego, le vendaron los ojos y para comprobar si veía hicieron que se diera un fuerte golpe en la cabeza, y por último lo metieron en un cajón de madera.

Se liquida el sindicato

Lo sucedido marcó el final del proyecto colectivo Sintrasema Amagá. Porque al día siguiente, el 6 de diciembre, los integrantes del sindicato fueron convocados a la última asamblea, en la que éstos acordaron renunciar al sindicato, esta vez con el aval del alcalde William Muriel y la representante de la oficina del trabajo. Fueron 36 renuncias en total en un lapso de pocas semanas.

El camino para aplicar la Ley 617, de ajuste fiscal, a cuya aplicación el sindicato se había opuesto, quedó despejado. Tal ajuste se hizo bajo los criterios estimados por la administración municipal, que fundamentalmente se traducían en la intención de acabar con el sindicato. Incluso fue de conocimiento público que los paramilitares, en cabeza de Efraín Mendoza, recibieron una suma de dinero de la Administración Municipal como contraprestación a su trabajo de presión y violencia contra los sindicalistas afiliados a Sintrasema Amagá. De acuerdo con los testimonios recopilados, se presume que les entregaron 5 millones de pesos.

Aun así todos los funcionarios de la Administración continuaron asistiendo a sus puestos de trabajo. Por ejemplo, el presidente del sindicato continuó con sus tareas en la limpieza de las calles del municipio, pero en zozobra permanente, pues todo el tiempo se sentía intimidado por la presencia de hombres armados a su alrededor. Hasta que los paramilitares le dieron la orden expresa de abandonar el municipio, ya que era considerado persona no grata.

“No lo queremos ver, si no se va ya sabe lo que le pasa. Primero empiezo por los hijos, segundo le doy a su señora y por último le doy a usted, para que sepa qué es esto”, le dijo la persona que le dio la orden de partir. Así que, sin más opciones presentó su carta de renuncia como trabajador del municipio el 21 de diciembre de 2001. Además, la directiva central de Sintrasema gestionó su exilio para proteger su vida. Pero él no lo aceptó, no quiso apartarse de su esposa y sus hijos. En un primer momento salió desplazado hacia otro municipio, después regresó a Amagá y optó por encerrarse en su propia residencia alrededor de un año. 

Entre tanto, las amenazas contra los demás directivos sindicales siguieron al orden del día, extensivas a sus familiares. El 16 de diciembre de 2001 los paramilitares amenazaron a uno de los dirigentes que se negaba a renunciar a su empleo. El mensaje que le dejaron con su padre, un señor de avanzada edad, fue el siguiente: “Dígale a su hijo que tiene plazo hasta el 20 de diciembre para que renuncie, o si no el 31 hacemos el muñeco con él”. Tal amenaza  repercutió en la salud del padre del dirigente sindical, quien tuvo que ser llevado de inmediato a un centro hospitalario por una afección cardiaca.

Sintrasema Amagá aparece registrado como sindicato, pero es una organización sin vida. Inclusive las autoridades locales actuales continúan mostrando rechazo frente a la organización sindical y las justas reivindicaciones de las víctimas. “El alcalde en este momento no quiere saber nada que esté a favor de nosotros en este proceso, los concejales tampoco”, dice un exdirectivo de Sintrasema Amagá que pidió omitir su nombre.

El aniquilamiento de Sintrasema fue aprovechado por las posteriores administraciones para imponer nuevos modelos en las relaciones laborales. En adelante la vinculación laboral se hizo mediante cooperativas de trabajo asociado, que vulneran derechos y precarizan las condiciones de trabajo. Hoy en Amagá prevalece la tercerización laboral en la administración municipal.

Caso Sutimac Puerto Nare: itinerario de un plan de exterminio

Otro caso emblemático que muestra la fuerte persecución contra el sindicalismo en Antioquia, es el del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción, Sutimac subdirectiva Puerto Nare. Durante años la persecución fue intensa y el asesinato de varios de sus cuadros directivos lo  debilitaron y lo dejaron a punto de liquidarse.

En este caso también el sindicato enfrentó la persecución por parte de organismos del Estado, directivas empresariales y grupos ilegales, con el fin de que dejara de hacer lo que le correspondía: propender por el bienestar de las y los trabajadores y de las comunidades donde tenía asiento la empresa.

Sutimac es un sindicato antiguo. Tiene sus orígenes en los años 40 del siglo pasado, cuando el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán ayudó a la organización de los trabajadores de la Empresa Cementos Nare, con sede en el Corregimiento La Sierra, municipio de Puerto Nare, Magdalena Medio Antioqueño.

Pero fue en 1972 cuando Sutimac se constituyó como sindicato de industria y empezó su activismo sindical y político, en estrecha relación con las luchas populares, y con notoria influencia del Partido Comunista. El auge de la actividad sindical y la acción comunitario, así como el aumento de la movilización obrera, a finales de los años 70 y comienzos de los 80 desataron las primeras manifestaciones de violencia por parte de las fuerzas del Estado, mediante amenazas, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales.

Julio César Uribe fue uno de los  primeros líderes de Sutimac. Algunos de sus compañeros lo recuerdan como un político y sindicalista pragmático, de una gran oratoria y poder de convencimiento, sustentado en su gran preparación política y académica, más allá de que nunca obtuvo un título universitario. Su activismo contribuyó a que las movilizaciones sindicales aumentaran, y también a que la fuerza pública pusiera en él la mira.

“En el año 72 fue la huelga más brava, inclusive la empresa Cementos Nare llevó el ejército. Todo el mundo decía que el objetivo era traer a Julio César detenido.  Según dijeron los trabajadores, él se quitó la camisa, se las tiró de frente y les decía: aquí estoy, si me van a disparar dispárenme, pero yo soy el responsable. Y esa vez no se lo llevaron porque el que iba dirigiendo el ejército era hijo de un obrero de Cementos Nare”, recuerda la esposa de Uribe.

Sería capturado después, el 13 de mayo de 1972, en una batida realizada por el ejército en Puerto Berrio, sin que el sindicato pudiera hacer nada para impedir que Uribe fuera entregado a la Justicia Penal Militar, que primero lo recluyó en el Batallón Bomboná  y  después en las dependencias del DAS en Medellín, donde estuvo 9 días retenido. Se explicó que su detención obedecía a la acusación del alcalde de Puerto Nare de promover la huelga  y perjudicar económicamente a la empresa Cementos Nare. Gracias a la intervención del Gobernador de Antioquia de entonces, Uribe fue dejado en libertad.

Por otra parte, en varias ocasiones el ejército intentó tomarse las instalaciones de la empresa cementera, pero desistió ante la presión del sindicato. Sin embargo, el nivel de confrontación no era tan extremo en aquel momento en comparación con lo que se vivió durante la segunda mitad de la década de los 80, cuando se hizo más patente el despliegue de la muerte y del terror como estrategia de disuasión contra Sutimac.

La muerte intimida

Desde 1983 se advertía de la presencia de cadáveres que bajaban por el río Magdalena. También arribaron los paramilitares al corregimiento La Sierra, y se autoproclamaron como los representantes de las “fuerzas vivas” de la región. Incluso se convirtieron en reguladores de los conflictos laborales en la zona. Se escuchaban rumores de que vendría un baño de sangre contra el sindicato  Sutimac. Todo esto llevó a que el miedo se apoderara de los sindicalistas y pidieran protección, incluso le enviaron una carta al presidente de la República en la cual acusaban al Batallón Bárbula de las amenazas y las persecuciones.

Las autoridades no dieron respuesta a ninguna de las denuncias de los sindicalistas. Los miedos se hicieron concretaron en realidad el 8 de diciembre de 1986, día en que cayó asesinado Julio César Uribe. Fue el primero de 8 dirigentes sindicales de Puerto Nare asesinados en menos de dos años. Los otros fueron José Ignacio Bedoya, Jesús Antonio Molina, Pablo Emilio Córdoba, Héctor Julio Mejía, Gustavo de Jesús Callejas, Víctor Loaiza Londoño y León de Jesús Cardona. Varios de ellos, habían asumido el cargo de presidente luego del asesinato de Julio César.

Días antes de que lo mataran, Jesús Antonio Molina le había manifestado a su familia el temor por el incremento de las amenazas que constantemente llegaban a la sede sindical por parte del MAS (Muerte a Secuestradores). En algunos panfletos aparecían los listados con los integrantes de la Junta Directiva de Sutimac, entre ellos el propio Molina. Su asesinato se produjo la noche del 9 de marzo de 1987 mientras atendía un bar de su propiedad. Tenía 26 años de edad.

El clima de terror fue provocando un lento repliegue de la organización sindical y la desarticulación de sus mecanismos de solidaridad. Se vio en el propio velorio del líder asesinado, al que, con la excepción de los familiares más cercanos, muy pocos se atrevieron a asistir, ante la presumible presencia de paramilitares en las exequias.

León de Jesús Cardona fue asesinado el 30 de agosto de 1988 por sicarios que le cerraron el paso al taxi en el cual se dirigía al centro de Medellín. Ese día Cardona había llegado a la ciudad en un vuelo desde Puerto Nare, acompañado de otros dirigentes sindicales, quienes en el aeropuerto Olaya Herrera tomaron distintas rutas porque tenían que hacer diligencias personales antes de encontrarse en el centro de la ciudad. Cardona había sido testigo directo del asesinato de Julio César Uribe. “Desde ese 8 de diciembre él empezó como a huir, no por malo sino a bregar a salvarse”, dice al respecto una familiar de la víctima.

De conformidad con las terribles secuelas de la violencia, que aniquilaban más y más vidas de sindicalistas, debilitaban y destruían el trabajo sindical de Sutimac en Puerto Nare, los paros por el derecho a la vida fueron cada vez más recurrentes.

La instauración del miedo y los escenarios de impunidad

Los hechos mencionados fueron articulando un escenario de impunidad total. Las denuncias ante la Fiscalía General no prosperaron. El dominio paramilitar de Ramón Isaza en el Magdalena Medio configuró un clima en el que las víctimas temían entablar cualquier tipo de denuncia ante la Fiscalía u otras instancias estatales. Y el hecho de que Puerto Boyacá se constituyera en un bastión del paramilitarismo, contribuyó a vetar la presencia de activistas provenientes de Puerto Nare, Caracolí y La Sierra.

Sindicalistas como Víctor Isaza y Lucio Serrano fueron desaparecidos, como también, el 4 de septiembre de 1988,  fue asesinado José Manuel Herrera, quien se destacó por su empeño para mejorar las condiciones de vida de sus compañeros, ubicados en la zona de Canteras, y por su militancia en el Partido Comunista y en la Unión Patriótica.

Casos similares fueron los de los activistas Gilberto Loreto y Albeiro Gómez, desaparecidos en el sector de canteras en el mes de febrero de 1991. Por su parte, Omar de Jesús Correa, dirigente de Sutimac, salió desplazado como consecuencia de la violencia y en el año 2002 fue desaparecido en Medellín.

Sin embargo, más allá de que la lucha de la organización sindical se vio fuertemente golpeada por los asesinatos de sus líderes, las reivindicaciones de Sutimac no se estancaron. Sin embargo, entre los trabajadores y los nuevos dirigentes el temor ante la arremetida paramilitar se hizo cada vez más latente, en virtud de los continuos asesinatos y el fortalecimiento de los mecanismos de espionaje que se fueron acentuando en la región.

La vigilancia y el recelo frente a la huelga activaron una serie de rumores respecto a los seguimientos perpetrados contra aquellos que deseaban tomar las banderas de los líderes asesinados años atrás: “Estaba el temor por reclamar, el temor por afiliarse a un sindicato, el temor por hacer parte de una directiva, el temor por tener que hacer una marcha, una protesta o una huelga, porque el enemigo nos iba a estar mirando e identificando: éste fue el que inició la protesta, éste fue quien incitó que hicieran el paro, éste es el que más reclama”, dice un exdirectivo de Sutimac.

Pese a las adversas circunstancias, la movilización se constituyó en un arma política en procura de evitar que los hechos de violencia cayeran en el olvido. Ello sucedió, por ejemplo, cuando en julio de 1992 fue asesinado Fabio de Jesús Giraldo García, Vicepresidente de Sutimac. El crimen ocurrió en Medellín, a escasas cuadras de la sede sindical de Fesutran, ubicada en el centro de la ciudad, atentado en el que resultó herido Albeiro Rúa, Secretario de propaganda de Sutimac. A raíz de este hecho se organizó un paro general indefinido para exigir garantías para el ejercicio sindical. En dicho paro participaron más de mil trabajadores de las plantas de cemento de La Sierra, Puerto Nare y las canteras de Caracolí.

Nuevo siglo, continúa el exterminio

Con la llegada del nuevo siglo arreciaron las incursiones de los grupos paramilitares, y desaparecieron algunas juntas directivas, como la del  sindicato de Caracolí. El 80 % de los trabajadores sindicalizados y dirigentes de la seccional de Sutimac en Caracolí se vio forzado a retirarse de la empresa y del sindicato. Incluso para salvaguardar sus vidas algunos de ellos debieron desplazarse a otros municipios y regiones.

El recrudecimiento de la violencia desencadenó la ulterior fusión entre la subdirectiva de Caracolí y la de Puerto Nare. Lo anterior se articulaba a una estrategia orientada a legitimar su accionar frente a los grupos armados,  ya que el sindicato fue obligado a declarar ante Ramón Isaza, jefe paramilitar del Magdalena Medio, su negativa a participar en la contienda política, tal como lo había venido realizado durante las últimas décadas.

Ese recrudecimiento de la violencia debilitó al sindicato y desmejoró las condiciones de vida de los trabajadores. Se cerró el hospital que ellos tenían a su disposición en el corregimiento La Sierra. Los barrios donde vivían muchos de los trabajadores fueron totalmente desocupados, y a partir del año 2000 no contaron más con casino, lugar donde comían y hacían sus reuniones. A lo que se sumó el cambio de las becas de educación, los auxilios económicos por matrimonio, fallecimiento de parientes del trabajador, compra de anteojos, entre otros, por la implementación de un fondo social que creó la compañía.

Todo ese debilitamiento llevó a que un paro realizado en el 2000 resultara fallido y los trabajadores perdieran una serie de beneficios convencionales. Por primera vez no hubo aumento salarial y la estabilidad laboral se vio fracturada porque la empresa empezó a vincular contratistas.

En el 2005 Cementos Argos cambia su razón social por Inversiones Argos S.A. y fusiona las 8 compañías productoras de cemento en Colombia bajo el nombre de Cementos Argos S.A. En ese momento, a partir de voluntades de las partes, se abrió un proceso de diálogo social que terminó a finales del 2006 con la fusión de las 8 convenciones colectivas en un solo estatuto laboral para toda la empresa, la vinculación del personal tercerizado, avances en derechos laborales, y un aumento de la tasa de sindicalización.

Posteriormente se firma una nueva convención colectiva que consolidó el proceso anterior. No obstante, después del 2008 el sindicato ve con preocupación el deterioro de las relaciones laborales, denuncia que se incumple la convención por parte de la empresa, ha vuelto a resurgir la tercerización laboral, se promueve un plan de beneficios para debilitar al sindicato, y existe un plan de marchitamiento de las plantas emblemáticas de Yumbo, Cairo en Santa Bárbara, Sabana Grande, San Gil y Puerto Nare, según declaraciones de las directivas de Sutimac consultadas por esta Agencia.

Afortunadamente hoy la violencia, los crímenes, las amenazas y hostigamientos en contra de los miembros del sindicato es parte de un pasado que ojalá no se repita jamás.