De los 36 trabajadores que crearon un sindicato, la empresa ya despidió a 18, entre ellos a toda su junta directiva. A los demás los llamó a descargos y los tiene en lista de espera para ser también despedidos, en abierto desconocimiento de la ley que sobre derecho de asociación y libertad sindical rige en Colombia.
Este flagrante atropello ocurre en la Central Cooperativa de Servicios Funerarios de Cartagena, Cartafun, y los trabajadores despedidos hacen parte de Sintracartafun, sindicato de base creado en marzo de este año, filial de la CTC; como lo es Actifun, sindicato de industria, al que también, en doble afiliación, pertenecen los despedidos.
Rúgero Pérez, vicepresidente de la subdirectiva de la CTC en Bolívar, informó que estos trabajadores venían siendo objeto de acoso y persecución desde el mismo momento en que crearon el sindicato y presentaron pliego de peticiones para mejorar las condiciones laborales que les ofrece la cooperativa, de cuya junta directiva, irónicamente, hacen parte personas que en el pasado fueron dirigentes sindicales. Como quien dice: no hay cuña que más apriete que la del propio palo.
Para proceder a los recientes despidos la empresa no respetó el fuero de la junta directiva del sindicato, ni el fuero circunstancial del resto de afiliados, ya que el conflicto laboral se encuentra en tribunal de arbitramento tras la
negativa la empresa a negociar el pliego petitorio presentado por el sindicato. Es más, la representante legal de ésta, Clara Puerta, se ha negado a asistir a las dos citaciones que le ha hecho la oficina regional del Ministerio de Trabajo.
La razón puntual aducida para el despido, fueron las acciones de protesta que los trabajadores sindicalizados realizaron para denunciar públicamente su situación, como pega de carteles y mítines informativos, lo cual, según la empresa, está prohibido. Despidió a una señora que tiene 62 años de edad y está en retén social; a Heidi San Juan, una joven en embarazo; y a un trabajador con 32 años de servicio en la empresa.
Una queja mayor de los trabajadores es la deuda que la empresa tiene con ellos por pago acumulado de horas extras. A muchos les debe más de $5 millones, dice Rúgero Pérez, y como una forma de presión antisindical ofreció pagarles la deuda a cambio de que renunciaran al sindicato; y eso que no toda la deuda, la mitad no más, oferta que algunos decidieron aceptar.
Antes de la creación del sindicato, la cooperativa Cartafun tenía 90 trabajadores en varias sedes y salas de velación. Ahora tiene 18 menos: los que despidió, pero a éstos no los ha reemplazado y sus funciones las repartió entre quienes quedaron, obviamente con sobrecarga laboral y dificultades para cumplir sus metas de rendimiento.
“Mientras el gobierno habla de paz y de respeto al libre derecho de asociación, esta empresa hace cosas como estas, dejan mucho que desear”, agregó Pérez.
Por su parte Jorge Rivera Tejada, abogado director del Centro de Atención Laboral de Cartagena, que está asesorando a los trabajadores en sus legítimos reclamos, dijo que la conducta de los directivos de la empresa, aparte de la violación de derechos laborales, configura violación del artículo 200 del Código Penal, porque es clara y deliberada la intención acabar con la organización sindical.