Encuentro Nacional Estatal define esta semana pliego único que presentará al Gobierno

En aras de preparar el primer pulso que el sindicalismo estatal sostendrá con el Gobierno del Presidente Duque, se realizará el jueves y viernes de esta semana en Bogotá (7 y 8 de febrero) el XIII Encuentro Nacional Estatal, que congrega a dirigentes de la CUT, la CGT y CTC, y de las federaciones y sindicatos del sector público del orden nacional y territorial.

En el Encuentro, que tendrá lugar en la sede de la Escuela Superior de Administración Publica (sector del CAN), el sindicalismo estatal definirá las líneas del cuarto pliego nacional único que presentará al Gobierno Duque, y nombrará la comisión que lo negociará a partir del 26 de febrero; así como también marcará las líneas a seguir en la negociación de los pliegos sectoriales.

“Es necesario presentar un pliego unitario al Gobierno Nacional, que exprese las necesidades más apremiantes de los trabajadores estatales. De ahí la necesidad de la movilización de todos ellos, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito territorial”, dijo Francisco Maltés, quien orienta los asuntos estatales de la CUT.

El directivo sindical indicó que este pliego único ya se ha venido construyendo con los sindicatos y las federaciones que enfrentan de manera mancomunada el reto de la negociación de los pliegos estatales: Fecode, Fenaltrase, Fecotraservipublicos, Utradec y Únete.

Dijo Maltés que hay unos ejes sobre los cuales ya hay consenso, como que el Gobierno cumpla los acuerdos de negociaciones anteriores; que se amplíen las plantas de personal de las entidades estatales; y que se asegure el principio de progresividad, continuidad y no regresividad de los acuerdos, teniendo en cuenta los beneficios acordados históricamente y los protocolos internacionales sobre derechos económicos, sociales y políticos.

Coyuntura preocupante

Previo a este Encuentro Estatal, en un comunicado firmado por las tres centrales sindicales y las cinco federaciones sindicales estatales, éstas manifiestan su preocupación por lo que está propiciando en Colombia, la región y el mundo el fortalecimiento de los gobiernos de derecha y las propuestas de carácter nacionalista y xenófobo. A lo que se suma la guerra comercial entre Estados Unidos, China y la Unión Europea, “la que sin duda será desfavorable a los intereses de los trabajadores”.

Sobre la crítica situación en Venezuela, el comunicado señala que los trabajadores y el movimiento sindical, por principio, se oponen a la intervención de un Gobierno en otro país. “Creemos en la autodeterminación de los pueblos como único mecanismo legal y legítimo de resolución de sus conflictos”, añade.

Resalta la importancia del ascenso de la lucha social en Colombia, particularmente las movilizaciones de los estudiantes y ciudadanos en defensa de la educación pública y contra la corrupción enquistada en las fuerzas políticas y el Estado. Señala que, pese al asesinato sistemático de dirigentes sociales a lo largo del territorio nacional, la coyuntura política ha venido siendo favorable al movimiento social.

Sobre el atentado terrorista del ELN contra la Escuela de Cadetes General Santander, la declaración es de rechazo y condena. Se trata de una acción que por sus inmediatos efectos ha modificado la coyuntura política y debilitado la política de paz en favor del Gobierno, que la capitaliza para destapar su verdadera agenda de estímulo, fomento y patrocinio de la guerra. Con lo cual tapa la corrupción y presta oídos sordos al asesinato de dirigentes sociales; como también le sirve para justificar el incumplimiento los acuerdos de paz con las FARC, cuya principal expresión es el saboteo a la JEP.

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El panorama laboral

En el plano laboral, en su comunicado el sindicalismo estatal afirma que el Gobierno pretende una nueva reforma que flexibilice aún más las relaciones laborales, otorgándoles mayores gabelas a los empresarios. El Congreso Nacional ya aprobó una nefasta reforma tributaria que les concede gabelas a éstos mientras castiga el bolsillo de los sectores populares, afirma.

Señala que la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo pretende incluir veladamente una reforma laboral, disminuir los derechos de la protección social e inmiscuirse en la actividad sindical, sin presentar propuestas alternativas para solucionar el déficit de trabajo decente en Colombia.

Por otra parte, el sindicalismo estatal manifiesta su preocupación por el anunciado Programa de Renovación a la Administración Pública (PRAP Dos), que pretende reducir el tamaño del Estado y reducir sustancialmente los gastos de funcionamiento, lo que significaría liquidación de lo que aun sobrevive del patrimonio público, supresión de empleos, restricciones salariales, aumento de tercerización laboral y el desmonte de los derechos de asociación y negociación colectiva.

Al respecto, Francisco Maltés precisó que el presupuesto planteado por este Gobierno disminuye los gastos de funcionamiento en cerca de $12 billones: “El presidente Duque ha dicho que hay entidades con duplicidad y triplicidad de funciones, por lo que hay que reducir el tamaño del Estado. Eso indica que se viene algo parecido a lo que hubo en los 8 años del Gobierno Uribe, el PRAP Uno, en los que hubo 550 entidades fusionadas o  eliminadas, y se despidieron más de 50 mil trabajadores”.

Sobre la anunciada reforma pensional, Maltés señaló que su aplazamiento para el 2020 obedece a un cálculo político. “El Gobierno quiere evitar que en el próximo debate electoral del 27 de octubre los electores castiguen en las urnas a quienes apoyarían la nefasta reforma pensional que se viene”, agregó.

En realidad la reforma pensional, a juicio de Maltes, ya la han venido imponiendo. Señala que en su Plan de Desarrollo el Gobierno ha introducido de manera disfrazado elementos de reforma pensional, al plantear que los trabajadores del campo pueden ser contratados por días y jornal, y hacer aportes al sistema de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), lo que exonera a los patrones del pago de la seguridad social.

“Eso lo que implica es que no haya trabajo digno en el campo, que es el sector más necesitado de formalización laboral, dada la profunda inequidad que allí existe. Con contratos de apenas dos o tres días los campesinos no se podrán pensionar nunca”, subrayó Maltés.

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