Desde el año 2011, Alex Fabián Espinosa Carvajalino quien era tesorero de Asonal Judicial y Coordinador de derechos humanos de la CUT subdirectiva Norte de Santander, venía denunciando amenazas en su contra. Sin embargo, tras solicitar protección, la respuesta por parte de la Unidad Nacional de Protección, (UNP) fue que el resultado del riesgo era ordinario, razón por la cual le fue negada la asignación de medidas que protegieran su vida y garantizaran la realización de su actividad sindical. Alex Fabián fue asesinado el 30 de mayo de 2015 en Cúcuta, Norte de Santander.
El anterior es uno de los relatos que trae el informe “Violencia antisindical, impunidad y protección a sindicalistas en Colombia, 2012 – 2017” presentado esta semana por la Escuela Nacional Sindical, (ENS). El documento da cuenta de las violaciones presentadas durante esos años, la impunidad y la falta de protección para con los sindicalistas.
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El documento dice que, a pesar de las numerosas recomendaciones de organismos internacionales, entre ellas la OIT o el PNUD y la OCDE, y a la ratificación de compromisos e implementación de algunas medidas por parte del Gobierno en el marco del Plan de Acción Laboral (PAL) suscrito con los EEUU y la Hoja de Ruta (Resolución 2628) acordada con la UE, el país tiene aún muchas tareas pendientes en el tema violencia antisindical y de medidas de medidas para garantizar los derechos laborales.
Según el informe, ha habido una disminución constante, pero lenta, en los últimos años en el tema de violencia, sin embargo, menciona que se han presentado alrededor de 2.220 violaciones a los derechos a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra sindicalistas en Colombia, de los cuales 143 han sido homicidios. El año anterior se presentaron 19.
En el país, según el documento de la ENS, las medidas de protección implementadas para defender la vida de los sindicalistas presentan falencias y carecen de articulación con una política pública de protección para los sindicalistas y sus organizaciones que aún no existe.
Los cambios implementados por el gobierno en las medidas para proteger a los sindicalistas mitigaron algunas falencias del programa de protección, pero no repercutieron en un cambio de fondo en su enfoque y en su funcionamiento, dice el estudio.
La impunidad es otro de los problemas que sigue aquejando al sindicalismo colombiano. Según el informe, en 2015, el 95% de los hechos delictivos contra los sindicalistas no tenía condenas. Aunque la cifra disminuyó en comparación con el 2010 cuando era del 98%, aún sigue siendo preocupante la situación.
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Para el informe, la ENS analizó 502 sentencias de las cuales 440 son condenatorias, esto es el 87%. Si bien hay condenas, el número de sentencias aún sigue siendo bajo en comparación con las cifras de violaciones.
El informe concluye que, “…para transformar la impunidad en justicia, verdad y reparación para las víctimas, es necesaria la adopción de medidas que no solo impliquen el fortalecimiento de la capacidad de la Fiscalía General de la Nación, sino la atención sobre nuevas metodologías de investigación”. Además, se debe tener interlocución con las víctimas y fortalecer un plan de acción que permita pasar de la emisión de algunas sentencias ocasionales a una política de investigación eficaz, de esclarecimiento de la verdad, así como la condena de los responsables y de acciones de prevención y alertas tempranas que eviten la ocurrencia de estos hechos.
Aquí tambien puedes descargar el informe: Violencia antisindical, impunidad y protección a sindicalistas en Colombia 2012-2017
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