Los trabajadores sindicalizados de Bancamía, en conflicto laboral por la negativa del banco a negociar el pliego petitorio presentado por los sindicatos ACEB y Asefinco, hicieron una apuesta fuerte y osada: convocaron a todo el personal a votar por la huelga, a sabiendas de que entre ambos sindicatos apenas afilian la décima parte del total de empleados del banco.
La votación terminó ayer lunes y el resultado fue que 610 trabajadores votaron por la huelga, número que no es suficiente para decretarla, por lo que el conflicto lo deberá resolver un Tribunal de Arbitramento.
Sin embargo, para el presidente nacional de ACEB, Francisco Sánchez, el resultado se puede calificar como una derrota para la empresa, ya que pese a todas las trabas que puso para que la votación no se realizara, por la opción de la huelga votó el doble de los trabajadores afiliados a ambos sindicatos, que son 300, lo que mide el generalizado descontento del personal por las políticas laborales y salariales en Bancamía.
El pliego petitorio presentado por los sindicatos para negociar con a la empresa, cuya etapa de arreglo directo, con prórroga incluida, terminó el 11 de agosto, incluye un aumento salarial del 11%, teniendo en cuenta que, con relación a los otros bancos, Bancamía es, de lejos, el que paga los salarios más bajos y tiene los peores beneficios convencionales.
“La diferencia puede ser la misma que existe entre un almacén de gran superficie y una tienda de barrio”, señalo Francisco Sánchez, refiriéndose a la brecha salarial con las otras instituciones financieras del país. Se traga de un banco con capacidad económica limitada, orientado básicamente al microcrédito, que funciona con recursos del Fundéu, la fundación del BBVA de España.
“El país está al borde de la recesión porque hay poco consumo, y los bancos en general no están teniendo las utilidades de costumbre. Bancamía ganó $20 mil millones en 2016, que es poco, por eso no nos cabe en la cabeza que a dos altas funcionarias que se retiraron este año les hayan dado de bonificación por retiro $6.400 millones, o sea el 30% de la utilidad del año pasado. Un regalo que no tiene justificación, cuando a los trabajadores rasos nos ofrecen un pírrico aumento salarial del IPC más 0.8 puntos y pocos beneficios convencionales”, señaló el presidente de ACEB.
Sin embargo, el aumento salarial no es el principal escollo para lograr un acuerdo entre las partes. La mayor exigencia de los sindicatos tiene que ver con que la empresa deponga su actitud antisindical y respete el derecho de asociación.
“En este banco se considera casi un delito afiliarse al sindicato. Cada vez que un trabajador se afilia, el mundo se le vuelve al revés, porque de inmediato comienzan a citarlo a descargos. Si es un simple afiliado, corre el riesgo de que lo despidan; y si es directivo sindical, termina con levantamiento del fuero, lo que ya han hecho varias veces”, indicó Sánchez.
Mencionó el caso ocurrido en una sucursal de Cali, en la que los trabajadores tenían buen desempeño y cumplían las metas asignadas, pero cuando la gerencia se enteró de que se iban afiliar al sindicato, los despidió a todos. También está el caso de Alexander Toro, directivo de Asefinco, a quien la empresa inició proceso judicial de levantamiento del fuero, pero lo hizo de manera soterrada, sin notificarle a él ni al sindicato. Se vinieron a enterar por el fallo del juez, que afortunadamente salió a favor de Toro; fallo que la empresa ya apeló ante el Tribunal de Cundinamarca y espera que esta vez el juez falle a su favor y en contra de Toro.
Tal persecución antisindical explica la precaria membresía sindical al interior de Bancamía, tanto así que para proteger a los trabajadores de los despidos arbitrarios debieron crear Asefinco, un segundo sindicato que funciona bajo la orientación de ACEB, y apelar a la estrategia de la doble afiliación.
Mejor el tribunal que nada
Si bien ACEB y Asefinco no son partidarios de que un Tribunal de Arbitramento sea el que resuelva el conflicto en Bancamía, esta opción la ven como la menos mala, dada las condiciones que el banco pretende imponer en la mesa de negociaciones, que son inaceptables.
En efecto, quiere mantener las condiciones que les impone a los trabajadores para poder acceder a las bonificaciones y los beneficios pactado convencionalmente. Son tantas estas condiciones, que finalmente muy pocos reciben esos beneficios. Por ejemplo, si un trabajador solicita un crédito o un auxilio al que tiene derecho, debe someterse a la calificación de su jefe, que casi siempre lo califica mal y lo priva de sus derechos.
Lo otro es que a los trabajadores los engaña con el ofrecimiento de incentivos por colocación de productos. Para logar estos incentivos les pone condiciones que va cambiando arbitrariamente, hasta lograr que ninguno los reciba, no obstante alcanzar las metas originalmente designadas. Existen unos bonos por concepto de consecución de nuevos clientes, pero solo reconoce los casos exitosos, no los fallidos, que son muchos y requieren tanto trabajo como los exitosos.
“Todo eso es lo que queremos acabar en la nueva convención colectiva que firmemos, porque no creemos que el laudo arbitral le avale al banco esas arbitrariedades”, señaló Sánchez, quien confía en que el banco revalúe su posición y se vuelva a sentar con los sindicatos a buscarle un arreglo directo, distinto al Tribunal de Arbitramento.