La noticia sobre la condena a 9 años y medio al expresidente Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero, proferida por un juez de Brasil, opacó y puso en segundo plano otro hecho grave que simultáneamente se dio esta semana en ese país: la aprobación por parte del Senado de una reforma laboral calificada como “brutal y antiobrera”, ya que arrasa con muchos derechos laborales y representa un rudo golpe para los sindicatos.
Por 50 votos a favor, 26 en contra y una abstención, el plenario del Senado brasilero aprobó la reforma laboral que impulsó el presidente Michel Temer, la cual, entre otros efectos, destruye los convenios colectivos, debilita y liquida el poder de negociación de los sindicatos, agiliza los procesos de contratación y de despido de trabajadores, que era la mayor petición de los empresarios brasileños y los extranjeros que intentan hacer negocio en Brasil. Además, inventa la figura de empleo intermitente y, en contravía de lo que pasa en el mundo, sube la cantidad de horas de trabajo.
Para sacar adelante esta reforma laboral, Temer usó el poco capital político que le queda, también gravemente debilitado por escándalos de sobornos y corrupción, que podría determinar su destitución. Hoy solo tiene en las encuestas el 7% de popularidad. La presentó con el argumento de que es un ajuste necesario para recuperar la confianza de los mercados y generar empleos, en un país confrontado a una gran recesión y con 13,8 millones de desocupados, el 13,3% de la población activa.
Y lo logró. Tras largas y tortuosas votaciones entre el Senado y la Cámara de los Diputados la nueva ley laboral fue aprobada y ya solo espera la firma de Temer. Una ley bastante impopular, por cierto. Según una reciente encuesta de Datafolha, el 58% de los brasileños la rechaza.
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También, obviamente, es resistida por las centrales sindicales, según las cuales constituye un «retroceso social y un atentado contra derechos adquiridos por los trabajadores”; una ley que conducirá a la precarización del empleo para el solo beneficio de los patronos. Ya incluso están convocado para una huelga general de protesta.
Para el sindicalismo brasilero esta reforma laboral y la sentencia condenatoria de Lula da Silva son parte del mismo golpe: impedir que el Partido de los Trabajadores renazca y devolver a Brasil a los tiempos de la “esclavocracia”. Y a ellas se suma la reforma del régimen de pensiones, la cual está en trámite en la Cámara de Diputados, y supone otro duro golpe a los trabajadores en beneficio del sector financiero.
El senador Paulo Paim, ex secretario de la Central Única de los Trabajadores (CUT Brasil), afirmó que nunca había visto un gobierno “tan cruel con el pueblo”. Ni siquiera en la dictadura se atacó tanto la legislación laboral. Señaló que los grupos económicos que pusieron a Michel Temer en la presidencia pretenden por todos los medios acabar con el legado de la era Lula da Silva, cuando la desocupación era de solo 4,5%.
“Temer engaña al pueblo diciéndole que la flexibilización traerá trabajo, y no es así. Traerá más garantías para que el patrón lo pueda despedir. Hoy tenemos casi 14 millones de desocupados, a este paso en un tiempo tendremos 15”, dijo el ex secretario de la CUT Brasil. Y agregó: “Estamos frente a una canallada que afectará a 100 millones de trabajadores. Volveremos a una situación de total desprotección del trabajador, como antes de los años 40”.
Por su parte, Diana Assunção, dirigente del Movimiento Revolucionario de Trabajadores, afirmó que “la topadora de Temer y del Congreso Nacional tiene detrás el inmenso poder económico de los capitalistas, los mismos que los eligieron con coimas millonarias y mandan y desmandan en la política nacional”.
Pronosticó que no será en el Senado donde se decide la “pelea”, sino en las calles, en las fábricas. “Parando el transporte, la producción, la circulación de mercancías, somos imbatibles y podemos hacer valer nuestra fuerza. Es la única forma de enfrentar a los patrones”, señaló.
Los puntos relevantes de la reforma
El texto de la nueva ley modificó más de 100 puntos de la legislación laboral brasileña. Veamos algunos de los más relevantes:
Da valor legal a los acuerdos negociados por sectores o en las empresas, aunque no se ajusten a la normativa vigente. Lo que, de hecho, terminará con las negociaciones colectivas porque autoriza que lo negociado en un lugar de trabajo no respete lo que dice la ley. Supone, además, que la negociación entre patrón y trabajador es entre iguales, cuando en realidad el trabajador deberá estar dispuesto a ceder sus derechos si desea ser contratado, sobre todo en tiempos de crisis económica.
Así que, por fuera de la legislación vigente, se podrán pactar jornadas hasta de 12 horas con descansos de 36; las vacaciones anuales podrán ser divididas en tres partes; y se establece la negociación individual para trabajadores que ganen más de 11 mil reales. Asimismo, regula el trabajo desde el hogar y abre la posibilidad de negociar hasta el horario de almuerzo.
Otro punto bastante controversial de la nueva ley laboral, es que da permiso para tercerizar cualquier actividad de las empresas, lo que hasta ahora estaba prohibido para las actividades principales.
Autoriza la «jornada intermitente», con el pago de salarios sobre una base horaria o por jornada, y no mensual. Es decir, ofrece la posibilidad de burlar el salario mínimo con contratos de largo plazo, pero con remuneración por hora.
Las organizaciones de los trabajadores también se ven rudamente afectadas, toda vez que la nueva normativa elimina la cotización sindical obligatoria a los 17 mil sindicatos que hay en Brasil, medida que el movimiento sindical considera un ataque directo a sus organizaciones.
Reduce la responsabilidad del empleador ante el cumplimiento (y su costeo) de las normas de salud, seguridad e higiene. Es decir, el trabajador que sufra un accidente ahora estará más desprotegido, siendo que Brasil ya es uno de los campeones mundiales en accidentes de trabajo. Además, permite la reducción de las horas de descanso, ítem que deja de ser considerado parte de las normas de salud, seguridad e higiene.
Permite que las mujeres embarazadas puedan trabajar en ambientes insalubres, para lo cual basta con que la empresa presente un certificado médico.
La condena de Lula
La condena que en primera instancia el juez Sergio Moro profirió contra el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, es considerada por el movimiento sindical como parte de la contrarreforma social que impulsan las fuerzas de derecha en Brasil, pues deja al político más popular de la historia reciente de este país cerca de la inhabilitación política, cuando faltan solo 15 meses para las elecciones presidenciales.
Si se mantiene la condena en segunda instancia, Lula no podrá ser candidato en octubre de 2018 y Brasil podría seguir en manos de un gobierno que represente la constelación de poder formada por los bancos transnacionales, los grandes grupos nacionales de la industria y las finanzas, los oligopolios mediáticos, una parte del Poder Judicial y las aristocracias políticas con representación parlamentaria.
La última encuesta difundida el 26 de junio por Datafolha, informa que, si las elecciones fuesen ahora, Lula da Silva ganaría la primera vuelta con el 30%, frente al 16% del ultraderechista Jair Bolsonaro y el 15% de Marina Silva.
De ahí que la condena de Lula fue recibida como un bálsamo para los mercados brasileros. La bolsa del país repuntó un 1.57%, mientras que el real se apreció 1.42 frente al dólar.