Otro pulso, de los muchos que a diario se presentan en Colombia, entre trabajadores que al amparo de sus derechos buscan negociar colectivamente sus condiciones laborales, y empresas que con cualquier argumento, o ninguno, se niegan a hacerlo, se está presentando por estos días en la región petrolera de Barrancabermeja.
Desde la segunda semana de abril, o sea hace mes y medio, la Unión Sindical Obrera (USO) presentó sendos pliegos de peticiones a las empresas Unión Temporal Colviseg Sepecol y Ecodiesel Colombia, la primera contratista y la segunda filial de Ecopetrol. Pero hasta ahora ninguna de las dos ha aceptado sentarse a negociarlos, situación que ha generado el malestar de los trabajadores afectados, quienes, como reacción, han venido programando mítines y acciones de protesta, las cuales han contado con el acompañamiento solidario de otros sectores de la USO y la población barranqueña.
UT Colviseg Sepecol es una compañía de seguridad con la que Ecopetrol contrata el servicio de vigilancia a la infraestructura petrolera del Magdalena Medio. Cuenta con 1.200 trabajadores directos, 700 de ellos afiliados a la USO, sindicato que sólo ha tenido como respuesta la negativa de la empresa a sentarse a negociar el pliego, según lo dijo a esta agencia Edwin Palma Egea, presidente de la seccional de la USO en Barrancabermeja.
Pese a las normas colombianas y a los convenios de OIT que protegen la negociación colectiva, UT Colviseg Sepecol se niega a negociar porque no reconoce la legitimidad de la USO para representar a sus trabajadores, toda vez que su actividad —dice— es la vigilancia, y ésta no hace parte de las labores propias de la industria del petróleo; argumento que Palma
Edwin Palma Egea
Egea controvierte, ya que en anteriores oportunidades la USO, en representación de esos mismos trabajadores, firmó acuerdos laborales colectivos con UT Colviseg Sepecol. Y eso no es todo: desde hace varios años esta empresa descuenta por nómina la cuota sindical de los trabajadores, lo que de hecho obra como reconocimiento del sindicato.
“Es ilegal lo que hace esta empresa, pues entre otras cosas vulnera una sentencia de la Corte Constitucional de 2010 que dice que las empresas no se pueden negar a negociar pliegos de peticiones excusándose en discusiones jurídicas”, señaló el presidente de la USO Seccional Barranca, quien agregó que tampoco se trata de peticiones exorbitantes las que hacen estos trabajadores, sólo buscan mejoras en subsidios de vivienda y educación para sus hijos, lo mismo que más garantías sindicales.
Es de anotar que las condiciones laborales de los vigilantes de UT Colviseg Sepecol distan mucho de las que tienen los trabajadores directos de Ecopetrol, empresa que continúa desconociendo el Decreto 0284 de 1957 y la Resolución 644 de 1959, normas éstas que dictaminan que a los trabajadores de filiales y contratistas de Ecopetrol deben aplicarse las mismas condiciones laborales que tienen sus trabajadores directos.
Para presionar la negociación del pliego en UT Colviseg Sepecol, la USO viene adelantado movilizaciones y acciones de agitación en Barrancabermeja y otras localidades del Magdalena Medio. “El jueves de la semana pasada hicimos una marcha en el interior de la refinería y en un campo petrolero, y esperamos que al final de esta semana la comunidad de Barranca se movilice para apoyarnos en este conflicto”, puntualizó Edwin Palma Egea.
El caso Ecodiesel Colombia
Esta es una empresa que desde hace 5 años refina aceite de palma y produce biodiesel. En su planta de producción, ubicada en el interior de la refinería de Ecopetrol en Barranca, ocupa 80 trabajadores: 40 directos y 40 por bolsa de empleo. No es empresa contratista sino filial de Ecopetrol, toda vez que ésta tiene el 50% de su propiedad. El otro 50% pertenece a 7 empresas palmicultoras de los departamentos de Cesar y Santander.
Según el presidente de la USO en Barranca, son trabajadores que soportan unas condiciones bastante precarias, con jornadas laborales de 12 horas, un sistema de salud ocupacional que deja mucho que desear, y despidos injustificados, incluso cuando los trabajadores se enferman. Tanto así que con el pliego de peticiones que presentaron el 13 de abril lo que buscan es que la empresa les garantice lo de ley, o sea lo mínimo.
La USO denunció en su momento el despido de uno de los trabajadores negociadores, hecho que la empresa ha tomado como ejemplo para amenazar al resto. Por eso la USO ha pedido, sin éxito, la intervención del Ministerio de Trabajo y la Fiscalía, toda vez que el Código Penal castiga con prisión la violación del derecho de asociación, y negarse a negociar pliegos de peticiones lo es. Entre tanto la empresa aprovecha para dilatar y presionar a los trabajadores para que se desafilien del sindicato.