Crecimiento económico sin trabajo decente. Informe Coyuntura Económica y Laboral en el 2013

(Versión completa)

Escuela Nacional Sindical

Abril de 2013.

 —Seguramente, a lo largo de su vida sacerdotal lo habrá venido a ver mucha gente desocupada. ¿Cuál es su experiencia? —Claro, mucha. Son gente que no se siente persona. Y que, por más que sus familias y sus amigos los ayuden, quieren trabajar, quieren ganarse el pan con el sudor de su frente. Es que, en última instancia, el trabajo unge de dignidad a una persona. La unción de dignidad no la otorga ni el abolengo, ni la formación familiar, ni la educación. La dignidad como tal sólo viene por el trabajo. Comemos lo que ganamos, mantenemos a nuestra familia con lo que ganamos. No interesa si es mucho o poco. Si es más, mejor. Podemos tener una fortuna, pero si no trabajamos, la dignidad se viene.(Jorge Bergoglio, sj.)

 Presentación

Durante 2012 se presentaron 290 acciones de movilización por parte de diversos colectivos de trabajadores a lo largo y ancho del país, 27.2% más que en el 2011.Marchas, mítines o plantones, bloqueos de vías, paros por conflictos colectivos, huelgas por negociaciones colectivas, jornadas de protesta, toma de instalaciones, huelgas de hambre, entre otras acciones, fueron las formas que asumió la protesta laboral durante 2012, movilizaciones que expresan el inconformismo creciente de numerosos colectivos de trabajadores y trabajadoras por las precarias condiciones laborales en que se encuentran, o por los efectos que en sus condiciones de vida y de trabajo tienen algunas de laspolíticas implementadas desde el Estado, o por losincumplimientos de obligaciones laborales por parte de los empleadores, o por procesos de reestructuración o reconversión que afectan derechos adquiridos; o  por violaciones a los derechos humanos laborales, entre otros los derechos de  libertad sindical.

Lo que expresa la creciente movilización social de los trabajadores y trabajadores en Colombia, es que estos no se sienten para nada incluidos en el crecimiento económico, que las condiciones del mercado de trabajo los condenan a una vida precaria que no les asegura condiciones de bienestar ni de estabilidad, que sus derechos no son reconocidos y que la incertidumbre permanente que tienen frente a sus condiciones de vida, antes que disminuir, se va a agravar hacia el futuro.

El informe que sigue, muestra cuáles son esas condiciones que hoy el modelo de desarrollo y las características del mercado de trabajo, le imponen a la mayoría de los trabajadores, y cómo los excluye del crecimiento económico y los condena a la precariedad y el porqué del creciente inconformismo laboral.

 

  1. Crecimiento económico y mercado de trabajo.

Colombia es la cuarta economía de América Latina, después de Brasil, México y Argentina, que son consideradas hoy en día como “economías emergentes”. Pero en condiciones laborales, Colombiamantiene indicadores que nos sitúan todavía como un “país del tercer mundo”, para utilizar una vieja terminología, abandonada hoy por causa de las modas que imponen los organismos que controlan el diseño económico global:

  • En el 2012, la tasa de desempleo fue del 10.4%, mientras que la tasa promedio para América Latina se situó en 6.5%.
  • La tasa de subempleo fue del 32%.
  • La tasa de informalidad fue del 68%,la cuarta más alta de toda la región, después de países como, Perú, Bolivia y Paraguay.
  • La tasa de desempleo juvenilde Colombia es del 19%,  y en América Latina, 14.3%
  • La tasa de desempleo de las mujeres en Colombia es del 13.7%, en tanto que en América Latina es del 7.7%

Y respecto del nivel de protección social, apenas el 36.2 de cada 100 trabajadores cuentan con una relativa protección social: 46 en salud, 40 en riesgos profesionales, 36 en cesantías y 31 en pensiones.

Aunque en los últimos años ha habido alguna mejora en alguno de estos estos indicadores, como el de tasa de desempleo, aún se mantienen en niveles altos, lo que indica que el modelo de desarrollo económico que tenemos no es generador de condiciones de Trabajo Decente, y que la gran mayoría de la población colombiana sigue excluida de los beneficios del crecimiento económico.

Como se ve en el cuadro, en el 2012 la economía Colombiana creció 4.0%, un resultado que estuvo por debajo del promedio del crecimiento del PIB entre 2002 y 2012, que fue del 4.5% y de las expectativas de los hacedores de política, que esperaban un crecimiento entre el 4.5% y el 4.8%, un resultado que reflejó la evolución negativa que respecto a 2011 presentaron la mayoría de las ramas de actividad económica, especialmente la minería, la construcción y la industria.

 Tabla 1: Comportamiento del PIB, por años y por sectores económicos.

Año PIB PIB por ramas de actividad 2011 2012
2002 2.5 Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 2.4 2.6
2003 3.9 Explotación de minas y canteras 14.4 5.9
2004 5.3 Industria manufacturera 5.0 -0.7
2005 4.7 Electricidad, gas de ciudad y agua 2.9 3.5
2006 6.7 Construcción 10.0 3.6
2007 6.9 Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 6.0 4.1
2008 3.5 Transporte, almacenamiento y comunicación 6.2 4.0
2009 1.7 Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y

servicios a las empresas

7.0 5.5
2010 4.0 Servicios sociales, comunales y personales 2.9 4.9
2011 6.6
2012 4.0
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

El impacto que el crecimiento económico tiene sobre el empleo y su calidad, está en relación con los sectores económicos que más están incidiendo en el PIB. Desde el lado de la oferta, los sectores que más crecieron fueron aquellos que menos incidencia tienen en el empleo total, como explotación de minas y canteras, que creció 5.9% en el 2012, pero que apenas genera 1.1 empleos de cada 100, seguido por los establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas, que crecieron 5.5%, un resultado soportado principalmente en la intermediación financiera, que apenas genera 1.3 empleo de cada 100.

En cambio, sectores claves para la generación de empleo y valor agregado, como el agropecuario y la industria manufacturera,que generan cada uno 17.5% y 12.8% del total del empleo, respectivamente, reportaron variaciones desconcertantes: el primero apenas creció 2.6%, (en este sector el trabajo informal tiene una incidencia del 90%); el segundo, presentó una variación negativade -0.7%.

Por el lado de la demanda, se destacaron los crecimientos de factores como las importaciones, 8.0%, (muchas de las cuales significan pérdidas de puestos de trabajo), las inversiones o formación bruta de capital, 5.7%, y las exportaciones, 5.3%. El consumo final, que incluye el de los hogares y el del gobierno, presentó una variación de 4.4%, con una menor incidencia del primero, que apenas creció 4.3%, (5.9% había sido su crecimiento en el 2011), en tanto que elconsumo del gobierno lo hizo en 5.14%.

En esto también se ve la incidencia del modelo de desarrollo, pues siendo el consumo de los hogares el factor que más pesa dentro del PIB, 65.4%, debería haber una estrategia explícita en fortalecer este factor, mejorando ingresos laborales y distribución del ingreso, para asegurar un mercado interno que jalone el crecimiento de la economía y en el que los factores externos tengan una menor incidencia sobre sus resultados, una orientación que entre otros, la formuló recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la que indicó que, a fin de garantizar un crecimiento sostenible e inclusivo a mediano plazo, debe hacerse frente, entre otros, al desafío de reducir la desigualdad de los ingresos.

Con respecto al último desafío, si bien el crecimiento económico ha contribuido a reducir losíndices de pobreza, esta reducción no se corresponde con los niveles de crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos años, y todavía se mantienen en niveles que resultan del todo intolerables: para el 2012, a nivel nacional, el porcentaje de personas en situación de pobreza era de 32,7%, y el de pobreza extrema del 10,4%, cifras que equivalen a 14.7 y 4.7 millones de personas, respectivamente, que viven en condiciones precarias y para las cuales, las nociones de libertad, igualdad y dignidad que promueve nuestra constitución política les resultan completamente ajenas.

Estos niveles apenas descendieron -1.4% y -0.2%, respectivamente, en contraste con un crecimiento de la economía del 4%, y están relacionados directamente con las condiciones precarias que la mayoría de los trabajadores colombianos tiene en el mercado de trabajo (60.8% en la informalidad), con los bajos ingresos laborales (el 55% percibe ingresos por debajo de 1 SMLV),por el poco sindicalismo que tenemos (menos del 5% es la tasa de sindicalización), y por la baja cobertura de la negociación colectiva (menos del 5% de los trabajadores se benefician de algún convenio colectivo de trabajo), factores que vamos a ilustrar más adelante.

Finalmente, en estos resultados incidió también el comportamiento del comercio exterior: en el 2012 el crecimiento de las exportaciones apenas fue del 5.7%, cuando en el 2011 había sido del 43%; las exportaciones mineras crecieron 8.1%, frente 43% del año anterior; las exportaciones manufactureras lo hicieron en apenas 3.2%, frente a 17.9% en el 2011. En este sentido, la evolución más positiva la presentaron las exportaciones del sector agropecuario, que crecieron 15.6%, muy superiores al 4.7% que habían tenido en 2011. Si bien, este menor resultado es explicable por el contexto de crisis económica que presentan mercados como los de los países industrializados de Estado Unidos y Europa, lo paradójico es que se dan cuando ya se han puesto en  funcionamiento 9 tratados de libre comercio, entre ellos el de Estado Unidos, que suponían nos iban a asegurar un mayor acceso a los mercados internacionales.

  1. Características generales del Mercado Laboral Colombiano 2012.

Según las estadísticas oficiales del DANE, Colombia tenía en 2012 una población de 45.2 millones de personas, de las cuales 35.7 millones (79.1%) estaban en edad de trabajar. De esta última, 23.1 millones (64.5%) hacían parte de la población económicamente activa (PEA), que es la que se encontraba en el mercado de trabajo como ocupados, así sea vendiendo minutos en la calle, o como trabajador familiar sin recibir remuneración, o simplemente desempleados.

Por su parte, la Tasa Global de Participación (TGP), continuó con su tendencia al alza, al ubicarse en 64.5%, 0.9 puntos porcentuales (pp) por encima a la registrada en 2011, lo que indica que cada vez hay más personas presionando un lugar en el mercado de trabajo, resultado a su vez de los bajos ingresos laborales y de las pocas oportunidades de educación con calidad que tiene la población joven de nuestro país.

La tasa de inactividad disminuyó 0.8 pp en 2012, ubicándose en35.5%, una disminución que se presentó principalmente entre los inactivos que se dedicaban a los oficios del hogar y entre los que se encontraban estudiando. Esta disminución tiene el efecto de incrementar la TGP, y es consecuencia también de los malos empleos y de los bajos ingresos que tiene la mayor parte de la población trabajadora colombiana, factores que empujan a nuevos miembros del hogar a buscarse un lugar en el mercado de trabajo con el fin de mejorar los ingreos del hogar.

 La tasa de ocupación viene manteniendo su tendencia al alza, al ubicarse en 57.8%, aumentando en 1 pp frente a 2011. En total, en el 2012 se encontraban ocupados 20.7 millones de personas, de los cuales, a nivel nacional 14.07 millones se encontraba trabajado en la economía informal (68%), y en las 13 áreas metropolitanas, 10.5 millones (51,1%). Adicionalmente, 7.48 millones se encontraban en condición de “sub empleo” (32.4%), indicador que expresa la inconformidad que las personas manifiestan con la calidad del empleo que tienen, bien sea por las condiciones inadecuadas de sus ingresos, o porque el empleo que tienen no se corresponde con las competencias que se tienen, o porque pudiendo trabajar jornadas completas, el empleo que se tiene apenas es parcial..

El desempleo en Colombia, aunque ha disminuido, sigue siendo muy superior a los demás países de la región. Para  2012, la tasa de desempleo se ubicó en 10.4%, disminuyendo marginalmente en 0.4 pp con respecto a 2011. En total se encontraban en el país, 2.394.000 de personas sin empleo, la mayoría de los cuales no tienen ninguna protección en sus ingresos, y si acaso, en materia de protección social, apenas acceden a la protección en salud vía SISBEN, o en condición de beneficiarios.

El 87.4% de los desempleados, 2.09 millones de personas, son trabajadores cesantes, es decir, personas que habían trabajado antes por lo menos durante dos semanas consecutivas. Las mayores pérdidas de empleo se presentaron en las actividades inmobiliarias, 9%, el sector de la construcción, 6.9%, y en la explotación de minas y canteras, 5.7%.

En relación con el desempleo urbano, la peor situación la tienen los más pobres, lo cual no es ninguna novedad, y particularmente los jóvenes. En efecto, los más pobres presentaron el año pasado un desempleo del 24.7% (quintil I), cifra similar a la del 2007 (25.6%), mucho mayor que los más ricos (5.3% en el quintil V). Los jóvenes pertenecientes al 20% más pobre de los hogares siguen siendo los más afectados. El desempleo de los situados entre 12 y 19 años es del 39.8% en las 13 ciudades (55.5% en Pereira; cerca del 45% en Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, Cali y Manizales). El de los situados entre 20-24 años es del 40,0% (supera el 50% en Pereira y Bucaramanga; está situado entre el 40% y el 45% en Manizales, Cali, Medellín y Bogotá).

Gráfico 1. Población ocupada por rama de actividad económica (%), 2012.

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE. 2012

En cuanto a participación del empleo, cuatro grandes ramas participan con el 76.0% del total de ocupados en el país, estas son: Comercio, hoteles y restaurantes, donde de cada 100 ocupados, 26.75 se encuentran en este sector; Servicios comunales, sociales y personales con el 19% de participación, Agricultura, caza y pesca con el 17.5% e Industria Manufacturera con el 12.8% de participación. Respecto de esta última rama, se encontró que si bien presentó una evolución positiva, tan solo generó 52.000 nuevos empleos en todo el 2012

Respecto a la posición ocupacional, se evidencia, al igual que en 2011, que los trabajadores por cuenta propia son los que más incidencia tienen en el empleo del país, al participar con el 42.9%, del total de ocupados, con un crecimiento del 1.7% con respecto a 2011. En esta categoría ocupacional la informalidad es del 80%, y resulta para muchas personas la única alternativa frente al desempleo y la pobreza, y frente a la ausencia de políticas públicas que protejan a los desempleados de la amenaza de verse reducidos a la condición de indigencia.

Gráfico 2. Población ocupada por posición ocupacional (%), 2012.

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE. 2012

La otra categoría con alta incidencia en la ocupación y con un crecimiento del 6.2% en el 2012, fue la del empleado particular, o trabajador asalariado, con una incidencia del 35.2% en el total de ocupados. Este crecimiento del trabajo asalariado en parte es consecuencia de la prohibición de subcontratar trabajadores a través de cooperativas de trabajo asociado, lo que obligó a muchas empresas a contratarlos directamente, o a través de SAS y de contratos sindicales, alternativas que en la práctica resultan en una trampa a la ley, pues en ambas figuras lo que ocurre es una transformación de las falsas cooperativas, en empresas de acciones simplificadas dedicadas a la intermediación laboral, o en falsos sindicatos a través de los cuales el contrato cooperativo se transforma en contrato sindical.

 2.1 Mano de obra sin educación: el común denominador

 Un factor que influye en el desarrollo y la competitividad del país, y que explica también los altísimos niveles de trabajo informal, son los bajos niveles de educación que presentan los trabajadores y trabajadoras colombianos. En el 2012, apenas el 10.2% de los ocupados tenía nivel de educación superior completa, y sólo el 24.4% la secundaria completa. El 46% de los ocupados manifestaron contar con niveles educativos incompletos, entre ellos primaria y secundaria incompletas, y los datos del DANE mostraron además, que un 4.9% de la población ocupada no contaba con ningún nivel educativo, lo que corresponde aproximadamente a 1.020.973 ocupados.

Gráfico 3. Población ocupada por niveles educativos (%), 2012.

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE. 2012

Esta situación es peor en el sector rural, pues el promedio de años de educación era tan sólo 4.7 años, en el 2012, un factor que necesariamente se tienen que reflejar, primero en la competitividad del sector, y segundo, en la calidad del empleo, como lo corrobora el trabajo del Banco de la República: (en el sector rural) “el empleo no asalariado, de muy baja calidad, ha venido elevándose desde finales del año 2008 y sólo ha dado signos de comenzar a ceder en 2012. Creció 3.4% 2011 y 2.0% en 2012. Se trata, sobre todo de su componente más precario de trabajadorpor cuenta propia (su ingreso medio es apenas 0.45 SML), que no han dejado de subir y de los ayudantes no remunerados (ingreso cero) que solo bajaron el año pasado. Este empleo, el no asalariado, representaba en octubre-diciembre últimos el 82.7% del empleo rural”.

2.2 ¿Ingresos de subsistencia?

 Cuando se analizan las cifras de ingresos laborales de la población ocupada que informa al DANE, las estadísticas no sorprenden, pues se sigue evidenciando la tendencia hacia la precariedad en las remuneraciones. Según la Encuesta Integrada de hogares del DANE, para el 2012, un 25.8% de los ocupados recibió entre medio y menos de un salario mínimo mensual legal vigente (smmlv), un 21.9% entre cero y menos de medio smmlv; el 22.7% obtuvo entre 1 y menos de 1.5 smmlv, para un 22.2% su remuneración se ubicó en el rango de 1.5 smmlv  en adelante y un preocupante 7.4% que reporta ingresos laborales de cero, cifra que corresponde, muy seguramente, a los trabajadores familiares sin remuneración y a los trabajadores sin remuneración en otras empresas.

 Tabla 2. Población ocupada según ingresos laborales (%) 2012.

Rangos de Ingresos laborales Total de ocupados Participación (%) Acumulado %
0.0 1.475.488 7.4 7.4
Entre 0 y menos 0.5 smmlv 4.371.820 21.9 29.3
Entre 0.5 y  menos 1 smmlv 5.136.904 25.8 55.1
Entre 1 y  menos 1.5 smmlv 4.518.711 22.7 77.8
1.5 smmlv y en adelante 4.421.261 22.2 100
Ingreso promedio 770.057
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE. 2012

Estos ingresos tan precarios, son peores entre la población joven (hasta 24 años), y entre las mujeres, los que en un 70.8% y un 61.42%, respectivamente, recibieron ingresos por debajo de 1SMLV.

Con respecto al 2011, la calidad de los ingresos laborales, antes que mejorar, empeoró, pues de acuerdo con la encuesta del DANE, se incrementó en 5.9 pp el porcentaje de la población que percibía ingresos por debajo de un salario mínimo, lo que indica que si bien la tasa de ocupación se incrementó, el desempleo se redujo y la economía creció 4 pp, esto no se tradujo ni en mejores empleos, ni una mejor distribución del ingreso.

Analizando los promedios de ingresos laborales por ramas de actividad económica la situación es aún más desconcertante. En la Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura el ingreso promedio no alcanza ni el salario mínimo llegando a sólo $448.736. Recordemos que de cada 100 ocupados, 17.5 hacen parte de esta rama, expuestos a recibir estos precarios ingresos.

La rama de actividad que presentó el mayor promedio de ingresos laborales y de años de educación fue la Intermediación financiera con $1.768.763 y 14.1 años respectivamente; segundo se ubicó el sector de Suministro de electricidad, gas y agua, con un promedio de ingresos de $1.266.309 y 11.6 años de educación. Sin embargo, de cada 100 ocupados, éstas ramas sólo contribuye con 1.3 y 0.5 ocupados en el total nacional, respectivamente, es decir son muy pocas las personas que pueden acceder a este tipo de remuneraciones.

Comercio, hoteles y restaurantes, rama de actividad que más ocupados agrupa, 27.5 de cada 100, terminó el año con un promedio de ingresos de tan sólo $649.040 y con 44 horas efectivas de trabajo. Por su parte, servicios comunales, sociales y personales, que participa con 19 de cada 100 ocupados, presentó ingresos por $1.025.361 y 39.7 horas efectivas. En este sector es en el que están ubicados los trabajadores del Estado

Otra rama que incide en el total de ocupados, la industria manufacturera con 12.8 por cada 100, registró un ingreso promedio de $753.058, incluso menor que el promedio de ingresos laborales del total nacional. La tabla siguiente muestra la información para todas las ramas.

Tabla 3. Promedio de ingresos laborales, horas efectivas y años de escolaridad según rama de actividad, 2012.

Rama de Actividad Ingresos laborales

promedios

Horas efectivas Años de educación
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 448.736 39.3 4.7
Explotación de minas y canteras 1.189.853 47.0 7.3
Industria Manufacturera 753.058 42.5 9.1
Suministro de Electricidad, Gas y Agua 1.266.309 46.1 11.6
Construcción 734.642 45.0 7.6
Comercio, hoteles y restaurantes 649.040 44.0 8.6
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 752.833 52.2 9.0
Intermediación financiera 1.768.763 42.4 14.1
Actividades Inmobiliarias 1.044.910 40.8 11.1
Servicios comunales, sociales y personales 1.025.361 39.7 11.2
Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE. 2012

2.3 El trabajo informal no cede y domina en la economía colombiana

 La tasa de informalidad permanece alta al punto que el 68% a nivel nacional y el 51.1% de la población que trabaja en las 13 áreas, se encontraba en esta condición.

Características del trabajo en la economía informal son los trabajos más precarios y menos productivos, la ausencia de ingresos fijos y suficientes con los cuales atender las necesidades personales y familiares, y la exclusión de la protección social. En su conjunto el 87.7% de los trabajadores y trabajadoras de la economía informal no tienen seguridad social (ni salud ni pensión).

Tabla 4. Población ocupada por ramas y niveles de trabajo informal

Rama de actividad  Ocupados Tasa de informalidad %
Ocupados total nacional 21.192.168 68,0 %
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 3.816.429 91.0
Construcción 1.283.689 73.4
Explotación de minas y canteras 186.112 59.4
Suministro de electricidad Gas y Agua 122.228 15.1
Industria manufacturera 2.739.800 62.3
Comercio, hoteles, restaurantes 5.706.038 78.4
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.664.677 66.3
Intermediación financiera 261.392 15.8
Actividades inmobiliarias 1.467.574 47.5
Servicios comunales, sociales y personales 3.934.197 46.8
Fuente: DANE. Cálculos SAMPL-DGPESF -MinTrabajo  Ramas de actividad: CIIU Revisión 3

Si el país privilegiara una política de fortalecimiento del mercado interno (que supone mejorar distribución del ingreso), el desarrollo de la infraestructura, el mejoramiento de la cobertura y calidad de la educación, en particular de la educación superior, los resultados del empleo y la estructura del mercado de trabajo serían otras, más acordes con la idea de una sociedad incluyente y democrática en los componentes social y económico.

2.4 Déficit de trabajo decente para las mujeres

La OIT ha definido el trabajo decente como el “trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social” (OIT, 1999a) . Desde esta perspectiva, las mujeres en Colombia no disfrutan de trabajo decente y el déficit del mismo es estructural, debido a que las mujeres tienen menos libertad para encontrar un trabajo acorde con su nivel de competencias, obtienen menos ingresos que los hombres y menos derechos laborales, tales como afiliación a pensiones y afiliación sindical.

Según los datos del DANE, en el 2012 había 22.9 millones de colombianas, de las cuales 18.3 millones se encontraban en edad de trabajar, lo que quiere decir, que  potencialmente, el 79,8% de las mujeres podían participar del mercado de trabajo, Sin embargo, sólo el 54,1% de ellas (9.9 millones) lo podían hacer efectivamente, ya sea que estuvieran trabajando, el 43.7%, o se hallaran en condición de desempleadas, el 13.7%. En cambio, los hombres tenían  una tasa  mayor de participación, 75,4%, y presentaban también una menor tasa de desempleo, 7.8%.

Tabla 5. Mujeres y hombres en el mercado de trabajo 2012.

Concepto total hombres mujeres
% población en edad de trabajar 79,1 78,3 79,8
TGP 64,5 75,4 54,1
TO 57,8 69,5 46,7
TD 10,4 7,8 13.7
T.D. Abierto 9,7 7,5 12,5
T.D. Oculto 0,7 0,3 1,2
Tasa de subempleo subjetivo 32,4 32,4 32,4
Tasa de trabajo informal* 51.1 47.8 54.9
Inactivos 12.690 4.301 8.390
Nivel de ingresos laborales promedio 841.133 665.036
Años de educación 8.2 9.3
*datos para 13 áreas metropolitanas

Fuente: DANE. Gran Encuesta Continua de Hogares. Promedio de los cuatro trimestres de 2012. Total nacional  (cálculos propios)

Esta discriminación que padecen las mujeres en el mercado de trabajo tiene que ver, en parte, con el hecho de que culturalmente sobre las mujeresdescansa la mayor responsabilidad de los trabajos del cuidado del hogar, como se ve en la tasa de inactividad, que es muchísimo mayor entre estas que entre los hombres, una “inactividad” que está dedicada principalmente a los oficios del hogar (59%);  o en el hecho de que mientras apenas 3.6% de los hombres están ocupados como trabajadores familiares sin remuneración, y sólo 0.3% como trabajadores domésticos, la participación de la mujeres en estas categorías ocupacionales sea del 8% en cada una de ellas.

Desde el punto de vista de la rama económica, las mujeres se concentran en comercio, hoteles y restaurantes, 33%, frente a un 22.3% de los hombres, y en el sector de servicios comunales, sociales y personales,  31.1%, frente a 10.4 de los hombres.

La mayor participación de las mujeres en estas actividades, asociadas al cuidado y al servicios de otros, lo que refleja es como la cultura patriarcal dominante traslada los estereotipos de la familia a la economía: las mujeres para servir a otros, la disponibilidad para el cuidado, también los salarios más bajos ya que se entiende que tales trabajos se derivan de un saber natural de las mujeres y que por tanto puede ser menos valorado económicamente.

Respecto del trabajo en la economía informal, que implica incertidumbre, precariedad en los ingresos y desprotección social, las mujeres también se encuentran en una peor situación que los hombres, con una tasa de informalidad para las 13 áreas metropolitanas del país del 54.9%, con un incremento de 0.5 pp en el último año, en tanto que el trabajo informal es menor entre los hombres, 47.8%, y disminuyó 0.5 pp con respecto a 2011.

Tabla 6. Ingresos laborales de hombres y mujeres

Total Mujeres Acumulado Hombres Acumulado
No informa 3,2 3.2 4,1 4.1
Personas que reportan ingresos laborales cero y trabajadores familiares sin remuneración 9,7 12.9 5,3 9.4
Rango entre cero y medio SMMLV 28,3 41.2 16,1 25.5
Rango entre medio y 1 SMMLV 23,4 64.6 25,8 51.3
Rango entre 1 y 1.5 SMMLV 17,4 82.0 25,0 76.3
Más de 1.5 SMMLV 18,0 100 23,7 100

Fuente: DANE. Gran Encuesta Continua de Hogares

En cuanto a los ingresos, el DANE reporta que en el 2012, el 38% de las mujeres ocupadas recibieron menos de medio salario SMMLV, siendo 653.606 más mujeres que hombres las que se encuentran en esta situación. Ahora, cuando los ingresos aumentan, es decir, a partir del rango entre medio y 1 SMMLV, la situación entre hombres y mujeres cambia. Según la tabla 9, los hombres que ganan más de medio SMMLV son 9.053 millones mientras que las mujeres son 5.023 millones.

2.4.1 Cambios legislativos y políticas gubernamentales

En los últimos años se aprobaron tres normas relacionadas con la equidad en el trabajo: La Ley de Economía del Cuidado en 2010, que obliga Estado registrar en sus cuentas el valor de los trabajos del cuidado, realizados principalmente por mujeres y que no es remunerado.

A fines de 2011 se aprobó la Ley de Igualdad Salarial, orientada a resolver la brecha de salarios entre hombres y mujeres que realizan la misma actividad o generan la misma productividad. En 2012 Colombia ratificó el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico, que introduce un marco regulatorio más garantista para las personas ocupadas en esta labor, en la que el 95% son mujeres. Y también el año pasado la sentencia T628 de la Corte Constitucional le ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pagar a las madres comunitarias al menos un salario mínimo legal y más recientemente se aprueba el decreto 2733 de 2012 que otorga beneficios tributarios a los empresarios que contraten mujeres víctimas de violencia.

2.5 Jóvenes y mercado de trabajo.

Tabla 7. Principales indicadores laborales población entre 14 a 26 años de edad, total nacional 2011-2012

CONCEPTO 2012 2011
% población en edad de trabajar 29,08 29,61
TGP 56,11 54,74
TO 45,47 43,85
TD 18,98 19,95
% Inactivos / PET 14 a 26 años 43,89 45,26
Población en edad de trabajar 3.5781,06 3.5247,95
Población en edad de trabajar de 14 a 26 años 10.405,67 10.436,02
Población económicamente activa 5.838,84 5712,16
Ocupados 4.731,55 4.575,87
Desocupados 1.107,30 1.136,29
Inactivos 4.566,83 4.723,86
Fuente: DANE. Cálculos propios. Tercer trimestre móvil.

En el 2012 había en Colombia 10.4 millones de jóvenes en edad de trabajar (entre 14 y 26 años), de los cuales el 45.47% figuraban como ocupados y el 18.98% se encontraban desempleados, una tasa de desempleo que es 8.58 pp por encima de la tasa de desempleo nacional.

Por posición ocupacional, el 47.1% eran empleados particulares, o trabajadores asalariados, y el 31.5% -es decir 1.492.000- estaban bajo la figura de cuenta propias – cifra que sigue siendo preocupante si se tiene en cuenta que la mayoría de estos se encuentran en la informalidad, con baja afiliación a la salud contributiva y sin realizar aportes a pensiones-; persisten ocupaciones como la de trabajador familiar sin remuneración -444.000 mil jóvenes- y el de empleado doméstico -146.000 personas-.

Con respecto a las ramas de la actividad económica donde se concentra la mayoría de la población entre los 14 y 26 años, se tiene que para 2012 –total nacional- el 28.9% se ubica en comercio, hoteles y restaurantes, y tal como se mostró anteriormente es donde se encuentran los niveles más altos de informalidad; seguido por la de agricultura, pesca y ganadería donde está un 18.1%; un 15.3% en servicios comunales, sociales y personales; un 13.4% en industria manufacturera; un 8.8% en transporte, almacenamiento y comunicaciones, y el porcentaje restante distribuido en las otras ramas.

La generación de más y mejores puestos de trabajo para los jóvenes se convierte en desafío, donde el ingreso a la vida laboral está marcado por altas tasas de informalidad, desocupación y desencanto. “No podemos prescindir del aporte de los jóvenes para construir sociedades prósperas e inclusivas en nuestra región. La generación de empleo juvenil no debe verse como la solución a un problema, sino como una manera de aprovechar una gran oportunidad para nuestros países. Ahora es el momento de asumir este desafío político”, nos lo recordaba la OIT.

La situación de desempleo es más grave para la población joven de los estratos más pobres de la población, como se ve en la tabla que sigue:

Tabla 8. Tasas de desempleo entre la población joven de los estratos más pobres de la población.

  Desempleo 12 – 19 años en el 20% más pobre de los hogares Desempleo 20 – 24 años en el 20% más pobre de los hogares
Pereira 55.5 54
Cúcuta 47 36
Bucaramanga 44 50
Medellín 43 42
Cali 43 45
Manizalez 45 46
Ibague 40 30
Villavicencio 37 35
Bogotá 35.5 42
Barranquilla 32.5 35
Pasto 32.5 28
Cartagena 26.5 31
Montería 25 37
13 ciudades 39.8 40
Fuente: DANE, encuestas de hogares; cálculos Banco República -Medellín. Quintiles promedio de las 13 ciudades

Resulta apenas “lógico”, que los altos niveles de violencia que presentan nuestras ciudades se presenten precisamente en aquellas barriadas donde habitan los estratos más pobres de la población. Para muchos jóvenes, hacerse a un ingreso y a un cierto reconocimiento social, no es posible a través del acceso a educación con calidad, ni a trabajo en condiciones de trabajo decentes, de los que están excluidos en su mayoría, sino a través de su vinculación a combos, pandillas y grupos armados (bacrím, autodefensas o guerrillas).

2.7 La protección social de los trabajadores y trabajadoras.

Tabla 8. La protección social de los trabajadores en Colombia.

  2011 2012 Variación pp
Total ocupados 100 100
Salud (régimen contributivo) 46.0 46.2 0.2
Riesgos profesionales 38.0 40.7 2.7
Pensiones 30,7 30,7 0
Cesantías (no incluye a los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro) 26.8 27.37 0.57
Promedio: 35.4 36.2 0.8
Fuente: DANE, FASECOLDA, SUPERFINANCIERA.

Como lo indica la tabla, en Colombia, apenas 36 de cada 100 trabajadores cuentan con protección social. La cobertura más alta se presenta en materia de salud (régimen contributivo), con una afiliación del 46.2%; le sigue la afiliación a riesgos profesionales, con el 40.7%, y la más baja en el régimen de cesantías, con el 27.37%.

Algunos de estos indicadores son claves en relación con la calidad del empleo que se tiene. Como el de afiliación a fondos de cesantías, que es un indicador de estabilidad en el trabajo, de continuidad de la relación laboral, y su baja cobertura lo que indica es que en Colombia los empleos se dan principalmente en la economía informal, y que el empleo formal y asalariado, es de muy corta duración, que existen altos niveles de rotación en los empleos, que se entra y se sale del mercado de trabajo con gran facilidad y que predominan los empleos precarios en cuanto a su duración

La baja cobertura de trabajadores afiliados cotizantes a pensiones, también es un indicador de la baja incidencia del empleo formal  asalariado, y especialmente de la forma como este tipo de relación laboral ha evolucionado: aumenta la población ocupada, baja la tasa de desempleo, pero los empleos que crea el crecimiento económico, no son empleos que representen Trabajo Decente en los términos en que la OIT concibe este concepto; trabajo productivo y no de mera sobrevivencia, trabajo con ingresos dignos, trabajo con libertad y con diálogos social.

2.8   La salud ocupacional de los trabajadores y trabajadoras.

2.8.1 La invisibilidad de la enfermedad laboral.

Figura 4.  Accidentalidad, Enfermedad y Muerte laboral en Colombia. 2007 – 2012

Fuente: Fasecolda. www.fasecolda.com.co

Las  enfermedades ocupacionales han aumentado consistentemente desde la promulgación de la ley 100. Al igual que el accidente de trabajo, la enfermedad ocupacional (EP) no ha disminuido, al contrario que, comparada con los índices de crecimiento de la afiliación, ha aumento en proporciones mucho más alta.  Mientras que la afiliación entre 2007 y 2011 aumentó en 1,78%, el aumento de la enfermedad laboral en este mismo periodo fue escandalosamente del 38% anualmente. Es decir  cada año se presentan 38% más enfermedades producto de la forma y de las condiciones de  trabajo.  Es así que en el año 2012 fueron calificadas más de 9.524 EP, reconociéndose 27 enfermedades laborales cada hora, cifras bastante alta para el promedio latinoamericano.

Si comparamos las tres contingencias por efectos de las condiciones de trabajo (es decir Accidente, enfermedad y muerte) se puede decir según la figura 4 que estas variables han aumentado sostenidamente, sin que se observe a mediano o corto plazo el mejoramiento de dicha situación, o su disminución y control.

En la Colombia olvidada se ha convertido el drama de las muertes en el trabajo, producido por los oficios peligrosos que existen y que se han venido agravando no solo por la naturaleza propia del objeto de trabajo, sino también por el deterioro de la calidad del trabajo y del empleo, por la expansión de trabajos en fuertes condiciones informales, que configuran la tesis sobre el déficit de trabajo decente que hoy existe, producto, entre muchas otras razones, por la exclusión económica y social que viven las trabajadoras y los trabajadores colombianos, quienes serían las y los actores naturales de las reivindicaciones de mejores condiciones laborales.

2.8.2 La mortalidad en el trabajo. El olvido y el drama de los oficios peligrosos y la muerte en el trabajo en Colombia

Esta evidencia de la extensión de formas precarias y peligrosas de trabajo, ha aumentado con el transcurso del tiempo después de la promulgación de la Ley 100, pero también cada vez es más desconocida por los sistemas mercantilizados de los seguros contra accidente y muerte laboral.  En el año 2012 se reconocieron 532 muertes por formas precarias de trabajo, pero si aceptamos las cifras de la OIT, que afirma que solo entre el 4 y 5% de las muertes y enfermedades en América Latina son reconocidas, esta situación podría presentarse mucho más peligrosa, puesto que entonces la presencia de muerte laboral, podría subir casi el 100%, es decir, más de 1.000 muertes anuales.  Las actividades inmobiliarias, (25%%) la construcción (13,7%), el transporte y la minería (12%) son los sectores y actividades económicas que ponen más muertes laborales.

 2.9 El trabajo infantil

En el 2012, había en el país 11 millones, 332 mil personas entre 5 y 17 años, 4.3% más que en el 2011. De esta población, se encontraba trabajando un total de un millón, 111 mil niños, cifra que no incluye a los niños y niñas que realizaban oficios en hogar por más de 15 horas a la semana. Esta cifra representa una disminución muy importante frente a 2011: -36.8%, una disminución que es consecuencia de las políticas que se impulsan desde los municipios para garantizar la permanencia de los niños y niñas en el sistema educativos, como la gratuidad de la educación y los comedores escolares; también consecuencia de las transferencias monetarias que el Estado hace a las familias y a los adultos mayores, transferencias que tanta molestia suscitan entre los ideólogos del neoliberalismo, no así aquellas que se dirigen al gran capital, como las exenciones tributarias.

 Tabla 10. Las estadísticas del trabajo infantil

SEXO Y EDAD Población de 5 a 17 años que trabaja TTI %
Total nacional 1.111 9.8
Según sexo:
Hombres 772 69,4
Mujeres 340 30,6
Según edad:
De 5 a 14 466 41,9
De 15 a 17 646 58,1
Horas trabajadas a la semana:
TOTAL 1.111 100
menos de 15 horas 483 43,5
de 15 a 29 horas 242 21,8
30 horas y más 386 34,8
Fuente: DANE – GEIH – Módulo de trabajo infantil 2012

De todas maneras, la tasa de trabajo infantil sigue siendo muy alta. 9.8%, o 15.2%, si incluimos a los niñas y niños que realizan oficios en el hogar por más de 15 horas semanales, la llamada tasa de trabajo infantil ampliada. Hace un año estos indicadores estaban en 13% el primero, y 15.4% el segundo, lo que indica que aún es muy fuerte la  necesidad que tienen los hogares, sobre todo en la zonas rurales, y entre los hogares más pobres, de vincular el trabajo de los niños al sostenimiento del hogar, aunque sea disfrazándolo de oficios, como lavar, cocinar, ayudar al cuidado de los enfermos y de los más niños, hacer mandados, labores de limpieza y mantenimiento de los hogares.

Estos indicadores son peores si se excluye a las cabeceras municipales: 17% y 24.2%, respectivamente, lo que  es consecuencia de la precariedad del empleo y de los ingresos, de los altos niveles de desempleo y de la desprotección que los desempleados tienen en relación con sus ingresos.

Como lo indica la tabla, las horas que los niños y niñas dedican al trabajo, necesariamente tienen que afectar negativamente el tiempo que requieren para su formación y educación, para el juego y para la socialización con otros niños y niñas y con sus comunidades, un fenómeno que posteriormente va a tener consecuencias sociales, de manera inmediata con la calidad de vida que tiene este segmento de la población colombiana, obligada a trabajar desde muy temprana edad; segundo, con los bajos niveles de educación que en general presenta la población trabajadora; tercero, con el fenómeno de la pobre cultura ciudadana y de participación que en general caracteriza nuestra sociedad; y, finalmente, con los altísimos niveles de violencia que tenemos, pues obligar a trabajar a los niños y niñas necesariamente crea una cultura de resentimiento que posteriormente se proyecta hacia los demás.

 Tabla 11. Trabajo infantil por ramas de actividad económica.

Total nacional 1.111 %
No informa 2 0,1
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 406 36,6
Industria manufacturera 161 14,5
Comercio, hoteles y restaurantes 337 30,4
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 61 5,5
Servicios, comunales, sociales y personales 79 7,1
Otras ramas* 65 5,9
Fuente: DANE – GEIH – Módulo de trabajo infantil 2012

 

La mayor proporción de niños y niñas trabajadores se concentra en el sector agropecuario, con el 36.6% del total, seguido de las actividades del comercio, hoteles y restaurantes, con el 30.4%, y la industria manufacturera, con el 14.5%.

 

Finalmente, el 47.9% de los niños y niñas que trabajan no reciben ninguna remuneración, entre ellos los trabajadores sin remuneración, que representan el 46.1% del total, lo que indica que aquí el trabajo de los niños y niñas es una labor complementaria, absolutamente necesaria cuando no se tiene la capacidad económica de contratar trabajadores remunerados para ayudar con la labores del hogar, o con las actividades económicas que en estos se realizan.

 

Tabla 12. Trabajo infantil y posición ocupacional

Total nacional 1.111 %
Sin remuneración o ganancia 532 47,9
Hasta 1/4 smmlv 275 24,8
Entre 1/4 y 1/2 smmlv 129 11,6
Más de 1/2 smmlv 162 14,5
No informa 13 1,2
Total nacional 1.111
Asalariados 310 27,9
Independientes 289 26,0
Trabajador sin remuneración 512 46,1
Fuente: DANE – GEIH – Módulo de trabajo infantil 2012

 

 

Como lo indica la tabla, el 36.4% de los niños y niñas que reciben remuneración tienen ingresos inferiores a medios smmlv y apenas un 14.5% reciben ingresos superiores a medios salario mínimo.

 

 

  1. Políticas públicas de formalización del empleo en Colombia.

 

A finales del año 2010 fue aprobada la ley de formalización y generación de empleo 1429, o también llamada de primer empleo, que introdujo beneficios disminuyendo los costos laborales durante los 4 primeros años de vida para las pequeñas empresas que se han constituido a partir de su promulgación, permitiéndoles pagar progresivamente los aportes parafiscales y las contribuciones al Fosyga y al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. El articulado contieneincentivos a la generación de empleo para jóvenes, población en situación de desplazamiento, en condición de discapacidad, mujeres mayores de 40 años que no hayan tenido un contrato de trabajo en los 12 meses anteriores a su vinculación, y/o personas cabeza de familia que estén en los niveles 1 y 2 del SISBEN.

 

Mauricio Santamaría, entonces Ministro de la Protección Social, argumentó ante los medios de comunicación que dicha iniciativa estaría encaminada a generar 2,5 millones de trabajos nuevos, formalizar 500.000 empleos en el país, y reducir la desocupación al 8%.Sin embargo, Ley 1429 / 2010 generó una situación ambigua. Mientras, por un lado, pretendía eliminar la tercerización a través de las cooperativas de trabajo asociado CTA´s, obligándolas solo a prestar solamente servicios temporales o parciales y no labores misionales y permanentes propias de las empresas, durante 2011 y 2012 proliferó el número Sociedades por Acciones simplificadas (SAS), antiguas CTA reconvertidas a SAS para seguir haciendo intermediación laboral, las que en el 2012, representaron el 91,9% del total de empresas creadas. Adicionalmente se promovieron 723 contratos sindicales, pactados con antiguas CTA reconvertidas esta vez en falsos sindicatos, manteniendo a través de estas figuras los altos índices de intermediación y precarización del empleo que caracteriza nuestro mercado de trabajo. Finalmente, las políticas públicas de formalización del empleo dejaron de lado el fenómeno de la informalidad en los sectores por cuenta propia, en el que trabaja el 43% de la población ocupada.

 

Adicionalmente, el gobierno nacional expidió la ley 1610, que modifico algunos trámites y competencias de los inspectores del trabajo, y además incluyó la posibilidad de promover acuerdos de formalización vinculantes, para que a través del dialogo se alcancen a formalizar empleos existentes. Esta, ley se reglamentó a través de la resolución 321 del 14 de febrero de 2013.

Los acuerdos formalización laboral están ligados a la voluntad de las empresas si son de manera preventiva, o a la correcta función de inspección y vigilancia del Ministerio del Trabajo. En este sentido, resulta ser una herramienta que correctamente aplicada puede ser muy importante, pero a condición de una eficiente labor de inspección e información y de una participación activa y real de sindicatos y trabajadores. Además requiere hacer un seguimiento y publicidad a los acuerdos, a fin de lograr que éstos alcancen lo prometido y  no sean utilizados como medio de discriminación antisindical.

El balance que hace el Ministerio de Trabajo, arroja que a diciembre de 2012 se había beneficiado de los artículos 4 y 50 de esta ley, 69.384 empresas, las que había generado 454.967 empleos cotizantes, y 15.439 pequeñas empresas beneficiadas de la progresividad del pago de parafiscales, con un resultado de 106.767 nuevos aportantes. Hasta junio de 2012, estas cifras incluían 289.331 jóvenes menores de 28 años.

 

Adicionalmente, el ministerio informaba también sobre la suscripción de 1.014 acuerdos de de formalización (algunos previos a la ley 1610 de 2013),que buscaban formalizar 14.302 empleos, una cifra bastante baja. En particular se informa que en el departamento del Valle, se firmaron acuerdos para formalizar 791 personas en puertos, y otro en el sector del azúcar, que incluía a 10.485 trabajadores, y otro más en el Meta, para el sector de la palma, que preveía formalizar 1.271 empleos. Este último acuerdo, no incluyó a los trabajadores del sector palmero en Puerto Wilches, que habían logrado que el ministerio del trabajo impusiera una multa multimillonaria a las empresas de este sector por subcontratación ilegal, una situación que les trajo como consecuencia la exclusión del trabajo a los trabajadores que participaron en la promoción de las acciones jurídicas para proteger sus derechos.

Sin embargo, al cruzar estos datos con los cotizantes activos al sistema pensional, que constituye el mejor indicador para medir la eficacia de la ley, nos damos cuenta que la realidad es muy diferente: en promedio, durante el 2012 los cotizantes a pensiones apenas crecieron en 216 mil personas, un 3.5% de incremento, no todos ellos como consecuencia de la aplicación de la ley. La diferencia entre los datos del ministerio y el total de los trabajadores cotizantes a pensiones, muy seguramente es el resultado del aprovechamiento oportunista y fraudulento que muchos empleadores hace de la ley, para aprovechar sus beneficios, así sea de manera transitoria, para luego volver a sus prácticas habituales de evasión o de elusión de la ley.

Tabla 9. Población afiliada cotizante pensiones, régimen de prima media y régimen de ahorro individual, promedio año (cifras en miles)

2009 2010 2011 2012
Población ocupada 18.420 19.213 20.019 20.694
Total afiliados cotizantes a pensiones 5.702 5.861 6.136 6.352
% Afiliados a pensiones sobre población ocupada 31,0% 30,5% 30,7% 30,7%
Fuente: SUPERFINANCIERA.

Adicionalmente, el mercado de trabajo colombiano se caracteriza por una gran inestabilidad y rotación del personal asalariado, que en el sector privado y en las cabeceras municipales es de 47%. Este porcentaje corresponde a ocupados que llevan en las empresas hasta un año o menos y resulta de medir la tasa bruta de enganches, que fue de 50% en el 2012, más la tasa bruta de desenganches, que fue de 43% y se divide entre dos. Según Hugo López, para los poco educados la rotación anual es de 51% y para los más educados de 41%.

  1. SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN COLOMBIA

Los estudios que sobre discapacidad se han realizado en el país, indican que, de acuerdo con el “censo 2005 del total de la población colombiana, el 6.3% tiene por lo menos una “limitación permanente”; es decir, aproximadamente 2 millones y medio de personas se encuentran en situación de discapacidad”. En este sentido, Colombia es el segundo país con mayor prevalencia de personas con discapacidad después de Brasil con un 14, 5% y seguido de Costa Rica con 5, 4%17.

Del total de personas en situación de discapacidad, el 71,2% presenta una limitación, el 14,5% dos limitaciones, el 5,7% tres limitaciones y el 8,7% tres o más limitaciones permanentes, como se evidencia en la siguiente gráfica.

El Censo 2005 reporta una prevalencia de limitaciones permanentes en los hombres, 6,5% y el 6,1% de las mujeres. Por otra parte, para marzo de 2010 el RLCPD contaba con 857.132 registros de personas con discapacidad a nivel nacional (aproximadamente el 33% del total de personas con discapacidad nacional según las cifras del Censo 2005),

Gráfica 5. Porcentaje de personas según el número de limitaciones permanentes.

Esta población es sujeto de una especial protección, otorgada por el constituyente y ampliamente desarrollada a nivel jurisprudencial y legal. Además, Colombia es parte de la convención que reconoce los derechos de las personas con discapacidad (CDPD), la que dispone en el art. 27 que “los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad  a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado, en entornos laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que  adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes,  incluida la promulgación de legislación…”

No obstante estos compromiso que ha contraído el Estado colombiano, la información disponible sobre las condiciones laborales de esta población son incompletas y no están actualizadas, un factor que al mismo tiempo es un reflejo de la voluntad política predomeinante para desarrollar políticas pública que promuevan los derechos humanos y laborales de los discapacitados en Colombia.

Al respecto, la información recolectada por el RLCPD, antes dependencia del DANE, transferido luego (2910) al Ministerio de la Protección Social, nos permite una aproximación a la situación laboral de esta población, como se observa en la tabla siguiente: hasta marzo de 2010,

 Tabla 10. Población discapacitada que tiene trabajo, busca trabajo y reciben pensión

  Total Trabajando

%

Buscando trabajo % Pensionado

%

Incapacitado permanente para trabajar – sin pensión

%

Antioquia 68.226 15,9 3,3 1,1 27,7
Cundinamarca 28.592 13,8 3,3 1,2 29,2
Amazonas 2.047 21,6 3,6 1,1 14,5
Caldas 15.245 15,9 2,6 1,8 30,8
Córdoba 23.892 8,7 3,2 0,2 46,4
Magdalena 14.847 11,4 4,5 0,3 29,4
Risaralda 17.320 22,6 4,4 2,8 18,8
Vaupés 160 26,2   1.8 2,5
Caquetá 9.933 22.5 5,5 0,2 27,3
Meta 7.772 16.2 5,6 0,2 30,4
San Andrés 1.177 13,8 1,1 10,2 12,5
Vichada 301 21,6 3,6 0,3 41,8
Arauca 3.787 13,2 4,3 0 27,7
Casanare 10.393 14,9 4,6 0,1 13,2
Guainía 176 29,5 2,3 2,2 16,0
Nariño 53.898 18,0 4,3 0,4 23,8
Santánder 42.528 15,7 3,0 0,7 38,0
Atlántico 20.615 8,6 5,3 1,9 29,2
Cauca 22.034 14,3 4,3 0,4 30,6
Guaviare 1.008 23,1 6,8 0 22,8
Norte de Santander 23.636 16,2 5,5 0,6 14,7
Sucre 23.190 11,1 3,8 0 17,8
Bolívar 20.815 12,5 4,2 0,5 12,4
Cesar 19.131 18,1 6,2 0,4 12,5
Huila 23.681 15,8 3,7 9,5 36,8
Putumayo 7.747 23,1 6,6 9,5 25,9
Tolima 33.358 12,7 3,9 0,5 39,5
Boyacá 24.187 11,3 3,0 0,4 32,9
Chocó 2.376 24,5 4,6 0,9 19,6
Guajira 11.498 18,1 7,5 0 18,8
Quindío 7.897 10,0 2,6 0,5 45,2
Valle 73.807 14,3 7,5 2,2 28,0
Suma y Promedios 615.274 16,6 4,3 1,6 25,5

Fuente: RLCPD, Ministerio de la Protección Social, marzo de 2010.

La tabla anterior nos da una idea aproximada de la situación laboral de los discapacitados en Colombia. De las 615.274 personas registradas en la encuesta del RLCPD de 2010, apenas el 16.6% se encontraban trabajando; el 4,3% buscaban un trabajo y sólo el 1.6% estaba pensionada.

El dato más preocupante es que, en promedio, el 25.5% de estas personas se encontraba en una situación de discapacidad permanente, y no recibía ninguna pensión, con la situación más grave en córdoba y el Vichada, donde más del 40% se encontraban en esta situación.

Sobre las condiciones de protección social que tienen las personas discapacitadas que se encuentran ocupadas, no existen datos precisos, pues la información es muy general: afiliados a salud, prevalece la afiliación al régimen subsidiado (72%)m y un 4% de la población en discapacidad no se encuentra afiliada al Sistema”. Los datos sobre afiliación al régimen contributivo no diferencian entre afiliados cotizantes y afiliados beneficiarios, una información clave para identificar cuántos de ellos están vinculados al mercado laboral en condiciones de trabajo decente.

Tampoco existe información a nivel nacional sobre las categorías ocupacionales que predominan en la población con discapacidad, pero los datos de Bogotá y Antioquia, nos permiten inferir algunas conclusiones. La primera es que predomina el trabajo por cuenta propia, el 48% en Bogotá y el 43% en Antioquia, categoría ocupacional  en la que el grado de informalidad es del 80% a nivel nacional.  En Bogotá los ubicados como empleados particulares o trabajadores asalariados, apenas son el 4.7% del total, y en Antioquia el  18.3%. En Bogotá, los discapacitados que figuran como empleados domésticos, representan el  10.7% del total, y en Antioquia el 4.7%.

Figura 6. Ingreso laborales de los trabajadores con discapacidad

 

Respecto a los ingresos percibidos por la población con discapacidad el grafico elaborado a partir de la información del RPLCPD, ministerio de salud año 2011, muestra que  más de la mitad de los casos, aproximadamente el 60%, no se percibe ingreso alguno.

No es casual, por tanto, que el 70% de las personas registradas como discapacitados pertenezcan a los estratos 1 y 2, y que menos del 1% sean de los estratos 5 y 6, según los datos del RLCDP.

4.1 Políticas públicas sobre discapacidad

En el 2007 se expidió la ley 1145 que organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y busca impulsar la formulación e implementación de la política pública en discapacidad, en forma coordinada entre las entidades públicas del orden nacional, regional y local, las organizaciones de personas con discapacidad y la sociedad civil, con el fin de promocionar y garantizar sus derechos fundamentales, en el marco de los derechos humanos.

Previamente, en 2004, se había diseñado el Plan Nacional de Intervención en Discapacidad (2004-2007),  en el que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Protección Social, buscaba el desarrollo de iniciativas territoriales mediante la ejecución de Planes de Acción, que sirvan como instrumentos de gestión de los programas y proyectos conducentes al mejoramiento de los servicios de promoción de entornos protectores y prevención de discapacidades, rehabilitación y equiparación de oportunidades para la población con discapacidad.

El objetivo del Plan Nacional de Intervención de Discapacidad 2004 – 2007 era el consolidar una política pública que permita construir una sociedad que, si bien considera la discapacidad como una situación que puede y debe prevenir, a su vez, respete y reconozca las diferencias que de ella se derivan, promoviendo que las personas con discapacidad, la familia, la comunidad y el Estado concurran y estén comprometidos en proveer las condiciones para lograr su máxima autonomía y participación en los espacios cotidianos y de vida ciudadana.

Los gobernadores y alcaldes deben liderar el Plan en sus territorios y en forma conjunta con todos los sectores en el marco de los Consejos de Política Social, para garantizar la atención armónica, a través de los diferentes actores que deben generar mecanismos de articulación, para posibilitar la atención integral de las personas en riesgo y/o con discapacidad.

No obstante existir mecanismos para la generación de políticas públicas departamentales y municipales para las personas con discapacidad, a la fecha, de los 32 departamentos que tiene Colombia, sólo 15 han avanzado en políticas públicas en discapacidad.

Recientemente se expidió la ley 1618 del 27 de febrero de 2013, denominada para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Esta ley establece entre varios temas, que todas las entidades territoriales deben incorporar en sus planes de desarrollo una política pública de discapacidad, y que en inserción laboral se otorgará preferencias en la adjudicación y celebración de contratos y, además, en el otorgamiento de créditos o subvenciones a los empleadores particulares cuya planta de trabajadores tenga mínimo 10 por ciento de personas con discapacidad.

Como se ve por los datos analizados anteriormente, aunque el gobierno nacional, los departamentos y municipios, están en la obligación de formular políticas públicas de inclusión y hacerles seguimiento acerca de su efectiva aplicación, a la fecha, se ha demostrado que las mismas se han quedado solo en formulaciones o no han existido en la realidad y que tampoco la mayoría de los empleadores han demostrado un real interés en implementarlas.

El derecho a la igualdad es un derecho humano fundamental consagrado en nuestra constitución política. Como se puede inferir de los datos anteriores, la población discapacitada del país no goza de manera real de este derecho, no sólo porque en su mayoría está excluida del derecho al trabajo, que es un derecho puente, que da acceso a otros derechos y permite vivir con dignidad y con autonomía, sino porque sus condiciones agregan un factor de mayor vulnerabilidad a los hogares de los que hacen parte, que mayoritariamente son hogares pobres. En este sentido, la sociedad colombiana entera tiene una deuda inmensa con esta población, deuda que debe pagarse a través de políticas públicas de inclusión, en salud, educación, trabajo y dotación de equipamento urbano y de espacios que les sean accesibles, pero fundamentalmente, a través del aseguramiento de un ingreso mínimo que los proteja de caer en la indigencia y les evite la humillante dependencia de otros, al menos en los que tienen que ver con la atención a sus necesidades básicas.

  1. Discriminación y Déficit de trabajo decente para los afrodescendientes en Colombia

El Censo de 2005 reporta que el total de la población que se identificó como afrocolombiano es el 10%. Sin embargo, diversas fuentes como Agudelo (sin año) señala que con base en trabajos de Urrea, Ramírez y Viáfara (2001) y de Barbary, Urrea (2004) se tiene que la población negra en Colombia está entre el 18% y 22%. Por su parte, Escobar (2005) afirma que este porcentaje es del orden del 26%, el cual es compartido por algunos movimientos afrocolombianos. Para algunos miembros del PCN este porcentaje es el 30%.

El 75% de los afrocolombianos  está  asentado en 7 departamentos: el  Valle del Cauca (25.3% de la población negra), Antioquia (13.8%), Bolívar (11.5%), Chocó (6.6%), Nariño (6.3%),  Cauca (5.9%) y Atlántico (5.3%).  Además, salvo Antioquia,  en estos departamentos la participación de la población afrocolombiana es muy superior    al promedio nacional, de manera que “… su connotación de una minoría étnica-racial para el total nacional pierde relevancia…”. Viáfara (2007).

La discriminación, desigualdad, exclusión y precarización laboral son el común denominador en la población afrodescendiente, situación que se expresa en los bajos niveles de ingresos percibidos y en la insatisfacción de necesidades básicas de esta población, que cada vez se ve más obligada a generar ingresos a partir de la informalidad, o mediante otras figuras de contratos precarizados, en donde se devengan salarios por debajo del mínimo legal y en donde la inestabilidad laboral son la regla general.

Adicionalmente,  Viáfara  encuentra que la categoría que más agrupa a la población afrodescendiente es  el autoempleo  (excluye patrón o empleador) con un 45% en los hombres y 39.3% para la mujeres (frente a un 39.3% en hombres y 33.8% de mujeres no afrocolombianos respectivamente).  Esto lo atribuye a menores opciones de acceder a empleos asalariados en el sector privado y  una mayor competencia por los empleos, que induce a que esta población acepte trabajos que generan menores ingresos y sin acceso a seguridad social.

Por otro lado tan solo el 6% de los afrocolombianos está en la categoría de patrón o empleador, frente al 9%  de los no afrocolombianos. Esto hace  pensar que  la población afrodescendiente tiene menores  posibilidades de acceso al mercado crediticio,  necesario para desarrollar actividades empresariales. Viáfara señala además que,  a nivel urbano,  los  hombres afrocolombianos  tienen  una mayor participación  en el sector primario (agropecuario, pesca) y en  construcción  que los no afrocolombianos (26.6% frente a 17.1%); en tanto las mujeres se desempeñan principalmente en el servicio doméstico. Cabe señalar tanto hombres como mujeres tienen una menor participación en  el sector de servicios financieros típicamente un sector de salarios elevados.

Estudios recientes muestran como este grupo poblacional presenta déficit en el cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad de trabajo decente y están en su mayoría vinculados a actividades que no sólo requieren de mayor esfuerzo físico, sino que son mal remunerados. Igualmente se muestra que los trabajadores tanto asalariados, independientes e informales, e incluso el trabajador infantil, se desempeñan principalmente como obreros y un porcentaje bastante alto de mujeres como empleadas domésticas. (Correa, 2011).

5.1 Análisis comparativo de las condiciones laborales de la población afrocolombiana en Cartagena, Buenaventura, Cali y Medellín.

5.1.1 Ingresos laborales

La regla general que se obtuvo con el estudio es que la población encuestada tiene ingresos bajos. La Figura 7 muestra como la mayor parte de los salarios se concentran en niveles entre menos de uno y dos  salarios mínimos mensuales. En primer lugar, el hecho de que exista alrededor de un 21% de asalariados con salarios inferiores a un mínimo legal en Buenaventura, Cali y Cartagena y 12,5% en Medellín  es preocupante, dado que su situación laboral exige, de acuerdo con la Ley, que ganen al menos un salario mínimo y porque no es un salario suficiente para llevar una vida digna.

En segundo lugar, una mayoría con salarios tan bajos (entre uno y dos salarios mínimos) puede ser indicador de varias cosas: la mayoría de los trabajadores tienen trabajos correspondientes a mano de obra no calificada y por lo tanto tienen un nivel educativo bajo, o simplemente solo pudieron emplearse en empresas que pagan salarios precarios. Cartagena es la ciudad con el porcentaje más alto de personas con salarios bajos mientras que Medellín muestra una población afro que se distribuye de manera más uniforme en las diferentes categorías salariales: un 40,6% recibe entre uno y dos salarios mínimos, un 31,3% entre dos y cuatro y un 15,6% más de cuatro.

Figura 7. Ingresos mensuales en salarios mínimos mensuales vigentes

 

5.1.2 Seguridad social de los trabajadores asalariados

La afiliación al sistema de protección social muestra grandes disparidades entre ciudades, pero lo que más llama la atención es que los mayores niveles de afiliación se registraron en Buenaventura mientras que en otras ciudades existen bajas tasas de afiliación en al menos una categoría: En Medellín solo un 40,6% de los trabajadores asalariados reportó estar afiliado a una ARP, en Cali un 73,8% está afiliado a un fondo de cesantías y en Cartagena se registraron las tasas más bajas de afiliación en todas las categorías: en salud, solo un 75%; en ARP y pensiones, un 61,7%; y en cesantías solo un 58,3% está afiliado a algún fondo (Figura8).

Figura 8.Tasa de afiliación de los trabajadores al régimen contributivo de salud y a una administradora de riesgos profesionales (ARP)  y afiliación a fondos de pensiones y cesantías

 

 

5.1.3 Diálogo social

Con excepción de Medellín, las ciudades estudiadas muestran una preocupante situación en cuanto a la posibilidad de los trabajadores asalariados de participar en espacios de discusión y concertación y de exigir y proteger sus derechos laborales. Al preguntarles si pertenecían a estos espacios en la empresa la respuesta mayoritaria fue un no: en Buenaventura un 59% no pertenece, en Cali un 70% y en Cartagena un 60%.

Aún más llamativas son las cifras de sindicalismo: la mayoría de los encuestados reportaron que en sus respectivas empresas no cuentan con la existencia de una organización sindical. Otro caso se da en Medellín donde solo el 21,9% de los asalariados reportó la inexistencia de una organización sindical en su empresa (ver Figura9).

Es importante resaltar que un trabajo decente debe proporcionar a los trabajadores la posibilidad de participar en espacios de discusión y concertación con los diferentes niveles de jerarquía en la empresa y por fuera de ellas, con los representantes de las ramas del poder (gobierno municipal, regional y nacional, legisladores, etc.). Un trabajador que no cuente con estos recursos porque su empresa se lo prohíbe o porque simplemente no existen, es un trabajador que se aleja de tener un trabajo decente.

Figura 9.Porcentaje de encuestados que no pertenecen a ningún espacio de concertación en su empresa y que reportaron no tener organizaciones sindicales en sus lugares de trabajo

5.1.4 Discriminación

Por último, un porcentaje importante de encuestados reportó haber sido víctima de discriminación laboral por su condición de afrocolombiano. Medellín es la ciudad más hostil para los afrocolombianos pues un 43,8% de los encuestados reportó haber vivido casos de discriminación; es seguida de lejos por Cali con un 19,4%, Buenaventura con un 17,9% y Cartagena con un 11,6%. Estas dos últimas ciudades llaman la atención pues son las que mayor porcentaje de población se autorreconoce como afrocolombiana (en Buenaventura el porcentaje es superior al 80%), por lo que se esperaría una mayor aceptación y respeto por las comunidades negras, pero este estudio muestra que un grado importante de discriminación aún existe, el menos desde la percepción de la gente.

Figura 10.Porcentaje de asalariados que reportaron haber sido víctimas de discriminación laboral

5.2 Trabajadores informales e independientes

Por su parte, los trabajadores informales encuestados dedican, en su mayoría, no más de 48 horas a la semana a su trabajo. Especialmente en Cali se encontró muy pocos casos de jornadas laborales excesivas: un 1,5%. En Buenaventura, Cartagena y Medellín la tasa de trabajadores informales que dedican más de 48 horas a la semana al trabajo es de alrededor 30% (ver Figura21).

Figura 21.  Horas trabajadas por semana

Este resultado llama la atención en tanto que, a priori, se esperaría que quienes más tienden a trabajar jornadas excesivas sean los trabajadores informales e independientes pues son más vulnerables que los trabajadores asalariados al no contar (en la mayoría de los casos) con los mecanismos de protección y control establecidos por la Ley laboral, o simplemente porque algunos, como los trabajadores por cuenta propia, son sus propios empleadores lo que los puede motivar a que trabajen más con el fin de obtener mayores ingresos.

Los ingresos de los encuestados son realmente bajos en las cuatro ciudades: la mayoría de ellos gana hasta un salario mínimo mensual mientras que otro tanto obtiene hasta dos salarios mínimos. Algunos trabajadores en Cali, Medellín y Buenaventura reportaron ganarse más de tres salarios mínimos. Cartagena y Cali lideran la lista de lugares en los que se pueden obtener ingresos más altos, en el primer caso se puede explicar por la presencia constante de turistas. Por su parte, Medellín y Buenaventura, a pesar de ser dos ciudades con tantas diferencias y dinámicas económicas tan distintas,  parecen ofrecer oportunidades similares para sus trabajadores informales al ser ambas las dos ciudades con una concentración mayor de los salarios de los trabajadores en niveles precarios (ver Figura 32).

Figura 32. Ingresos mensuales en salarios mínimos mensuales vigentes

5.2.1 Seguridad social trabajadores informales.

En términos de seguridad social la encuesta confirma una realidad que es ampliamente conocida: la tasa de afiliación al régimen contributivo como trabajadores cotizantes es baja: en Cartagena no se encontró ningún informal afiliado bajo esta figura, en Medellín solo un 6.25% cotiza al régimen contributivo de salud y, más allá de lo esperado en Cali y Buenaventura se encontraron tasas del 21.4% y del 16.8% respectivamente, de afiliados.

Un porcentaje importante de los trabajadores hacen parte del régimen subsidiado de salud, especialmente en Cartagena donde un 81,1% de los encuestados están afiliados. Otros trabajadores acceden al sistema de salud como beneficiarios de algún otro familiar cotizante en el régimen contributivo, destacándose Medellín como la ciudad en la que esta es la principal forma de afiliación con un 37,5% de casos registrados. Finalmente, hay que resaltar las altas tasas de no afiliados que va desde el 14% en Cali hasta el 38% en Medellín (ver Figura 4).

Figura 43.Tasa de afiliación de al sistema de seguridad social en salud

 

5.2.3 Diálogo social

La posibilidad de participar en espacios de discusión y concertación y de sindicalización de los empleados informales e independientes es muy baja y presenta aún más barreras que para los trabajadores asalariados. Por definición, los trabajadores informales e independientes son en la mayoría de los casos individuos atomizados que buscan individualmente su sustento (trabajadores ambulantes, por cuenta propia, pequeños comerciantes), trabajan en empresas muy pequeñas de pocos trabajadores (empresas formales de no más de cinco personas) o en el servicio doméstico (donde normalmente se admite un empleado).

Figura 54. Porcentaje de informales que participan en espacios de concertación

Por esto es de esperarse que no estén agremiados o vinculados a grupos que les permitan unir esfuerzos y tener poder de negociación para buscar beneficios y participación en el diálogo social del país. Al respecto, Cartagena registra la mayor tasa de participación con un 13,6% debido a que varios de los encuestados, trabajadores ambulantes, están vinculados a pequeñas asociaciones como “Asojugos”. En Medellín no existe ningún caso (ver Figura5).

 5.2.4 Discriminación

La percepción de discriminación no cambia significativamente de los asalariados a los informales. Un porcentaje similar de personas reportaron haber sido víctimas de discriminación laboral debido a su condición de afrocolombianos, siendo mayor la discriminación en las grandes ciudades: Cali con un 25.5% de los casos y Medellín con un 21.9%.

5.3Condiciones laborales y de discriminación de las mujeres afrocolombianas que trabajan en el servicio doméstico en Medellín

Las mujeres afrocolombianas trabajadoras del servicio domestico se autoreconocen en su gran mayoría como negras. El  52,4% de la población encuestada se  identificaron como mujeres negras, seguido de quienes se identificaron como afrocolombianas un 45,2%. Sólo el 2,4% de las mujeres mencionó ser mestiza como se muestra en el cuadro de caracterización racial.

Tabla 11.  Caracterización Racial

 Caracterización Racial

 

Participación
1. Negra 52,4%
4. Afrocolombiano(a) 45,2%
5. Otra, ¿Cuál? 2,4%
Total general 100,0%

 

5.3.1 Migración y nivel educativo,

Se encontró que las principales razones que han llevado a las mujeres afrocolombianas que hoy están en el trabajo doméstico a salir de sus lugares de origen hacia la ciudad de Medellín, es la falta de oportunidades laborales en un 57,1%; el desplazamiento forzado en un 23,8% y otras lo hacen para buscar  oportunidades para estudiar con un 7,1%. Otro porcentaje de mujeres correspondiente al 11,9%, manifestaron que su motivación fueron otras razones.

Esta categoría de migrante, que en las mujeres que se dedican al trabajo doméstico es del 64,3%, da cuenta de una problemática como es la creciente migración de la gente chocoana hacia la promesa de la ciudad de Medellín, mostrando que aún existen unos lazos de dependencia entre el departamento del Choco y Antioquia, “se encuentran hoy más ligados que nunca por una serie de vínculos económicos, políticos y sociales caracterizados por una relación jerárquica de dependencia y dominación” (Wade, 1987, p. 34).

Según datos de encuesta de calidad de vida 2011, de las 1510 mujeres afrodescendiente encuestadas 34,5% provienen de municipios del departamento de Antioquia y un 52,5% del Choco, de estas el 16,2% vinieron al municipio de Medellín en busca de oportunidades laborales.

La gran mayoría el 92,9%, de las mujeres afrocolombianas que laboran en el trabajo doméstico en la ciudad de Medellín, no se encuentran en la actualidad estudiando. Las causas corresponden en su gran mayoría a que son madres cabeza de familia que sostienen el hogar y sus salarios no alcanzan para invertir en educación, por otro lado tiene que ver con que el trabajo doméstico es una labor que requiere tanto esfuerzo físico y tiempo que impiden tener espacios libres para dedicarlos al estudio, aunque las mujeres a partir de las entrevistas manifestaron reconocer la necesidad de estudiar para mejorar las condiciones laborales, a su vez también afirman que esta clase de trabajo absorbe todo el tiempo y que la única forma de poder estudiar es si les resulta un trabajo con una empresa, en donde solo se trabajan 8 horas y se descansa los domingos.

Como se muestra en la información recolectada, en su mayoría las mujeres afrocolombianas que realizan trabajo doméstico presentan bajos niveles de formación académica, sin embargo un gran porcentaje correspondiente al 61,9%, les gustaría continuar sus estudios. Sólo un 16,7% responde que no le gustaría continuar estudiando para mejorar sus ingresos laborales y un 21,4% no sabe o no responde a la pregunta.

Gráfico7 . Le gustaría seguir estudiando

Los motivos por los cuales a las mujeres no les gustaría continuar estudiando, están relacionados con factores como: trabajan por días y salen muy tarde, salen muy cansadas del trabajo y tiene que realizar también las labores del hogar lo que hace que estén siempre muy cansada, no les dan permiso porque el estudio se cruza con sus horarios de trabajo, temor a perder el empleo.

 5.3.2 Condiciones laborales y de remuneración

La modalidad de contratación para el servicio doméstico que más sobre sale en la ciudad de Medellín es el trabajo por días, el 52,4% labora bajo esta modalidad; seguido de quienes trabajan interna en un 26,2%. El 21,4% de las mujeres trabajan en la modalidad de externas. Así pues en la actualidad la mayoría de las trabajadoras domésticas desarrollan su labor por días fenómeno abiertamente contrario a lo que pasaba en Colombia en los años 1988 y 1989, en donde el 60 % de las mujeres trabajaban como internas, el 32% eran externas y por días o con varios empleadores solo trabajaba el 8% de las mujeres. (Huyette, 1994: 275.)

Grafica 8. Modalidad de prestación del servicio

En cuanto a la jornada laboral de las mujeres que hacen trabajo doméstico y que laboran bajo la modalidad interna, se encontró que si bien se tiene estipulado que ésta no puede ser superior a 10 horas diarias de trabajo, el hecho de que no se vengan implementando las vistas de inspección por parte del Ministerio de Trabajo, ni se cuente con otros mecanismos de control que permitan realizar monitoreo al cumplimento de éstas. Como se muestra en este diagnóstico,  las mujeres afrocolombianas que realizan labores domésticas internas tienen jornadas de trabajo hasta de 18 horas diarias y las que trabajan por días y externas siempre trabajan más de la jornada máxima legal y no reciben ningún recargo adicional por horas de trabajo.

Al respecto se encontró que del 26,2% de las mujeres que dijeron trabajar como internas el 91.0% trabajan entre 10 y 18 horas diarias, mientras solo el 9,0% trabajan hasta 10 horas que es su jornada máxima legal.

Grafico 9. Horas laboradas en el día trabajadora interna

Del 21,4% de las trabajadoras externas encuestadas el 88.9% trabajan entre 9 y 10 horas diarias y el 11.1% trabaja 8 horas al día que corresponden a su jornada máxima legal.

En el caso de las trabajadoras por días tenemos que del 52,2% de las mujeres trabajan por días. El 18,2% trabajan entre 3 y 7 horas diarias, el 50.0% trabajan entre 8 y 10 horas y el 31,8% trabajan entre 11 y 14 horas al día.

Solo el 9,5% de las mujeres reciben alguna remuneración por trabajar horas extras y la inmensa mayoría el 90,5% no recibe ningún pago por este concepto.

El tipo de contrato más frecuente que se emplea para vincular laboralmente a una persona para la realización de labores domésticas es el verbal. Un porcentaje significativo de las mujeres afrocolombianas que trabajan en servicio doméstico lo hacen bajo esta modalidad con un 85,7%. El 11,9% las contratan por medio de un contrato escrito y un 2,4% no sabe bajo que modalidad se encuentra contratada.

Gráfica 10. Tipo de contrato

El promedio de ingresos mensuales de la mayoría de las mujeres que trabajan en el servicio doméstico en Medellín está por debajo del salario mínimo mensual legal vigente como se muestra en los datos. Se encontró que sólo un 11,9% gana más de 566.000 pesos mensuales. Otro grupo mayoritario de mujeres equivalente al 61,9% tiene ingresos mensuales entre $301.000 a $566.000, el 21,4% recibe entre $151.0000 y $300.000, las demás mujeres que se dedican a este labor tiene unos ingresos mensuales inferiores a ciento cincuenta mil pesos. El 85,7% de las mujeres encuestadas ganan menos del salario mínimo legal para el año 2012.

Gráfico 11.  Promedio de ingreso mensual

Por otro lado existe un bajo nivel de satisfacción con el empleo que tienen las mujeres que trabajan en servicios domésticos en la ciudad de Medellín, en tanto los ingresos percibidos por concepto de prestaciones sociales son irrisorios o no se las pagan. Al respecto el 47,6% recibe dinero con concepto de vacaciones, al 19,0% de las mujeres les pagan primas y solo el 33,3% recibe algún dinero por cesantías.

Gráfico 12.  Pago de prestaciones sociales

En esta misma línea, del 33.3% de las mujeres que les pagan cesantías, un porcentaje significativo del 64,3%, no está afiliada a ningún fondo de cesantías, no obstantes trabajan de forma permanente y continua con uno o más empleadores. Un 11,9% no sabe si está afiliada y solo el 23,8% de las mujeres se encuentran afiliadas algún fondo de cesantías.

5.3.3 Seguridad social integral

El 54.8% de las mujeres se encuentran por fuera del sistema de seguridad social en salud, mientras solo el 40.5% tienen alguna clase de aseguramiento en salud, de estas mujeres trabajadoras el 11,9% están en el régimen contributivo como beneficiarias, el 33,3% afiliadas como cotizantes y un significativo porcentaje se encuentran afiliadas al régimen subsidiado.

Gráfico 13.  Afiliación a salud

Otro factor alarmante frente a las condiciones laborales de las mujeres que trabajan en el servicio doméstico en Medellín, lo representa el bajo porcentaje (21,4%) de las mujeres están afiliadas a un fondo de pensiones. El 69,0% de las trabajadoras no están afiliadas el 9,5% no sabes si lo está.

Gráfico 14. Afiliación a pensiones

Si la afiliación a seguridad social en salud y pensiones es precaria la situación no varia en la afiliación a riesgos profesionales, al respecto se encontro que de las mujeres encuestadas solo el 14,3% se encuentra afiliada a riesgos profesionales, el 21,4% no sabe si lo esta y el 64,3% se encuentra con una total desprotección, situación que devela un claro incumplimiento de los empleadores que contratan estos servicios y que ante un eventual accidente la trabajadora quedaria sujeta a la exijencia de sus derechos por via judicial, instancia que sin lugar a duda no puede ser una solución en tanto los hogares no tienen suficiente dinero para asumir pensiones por invalidez.

Gráfico 15.  Afiliación a Riesgos Laborales

 

 5.3.4 Discriminación racial en el ámbito laboral

Se encontró que para el caso de las trabajadoras domésticas afrocolombianas, la exclusión social y la discriminación racial es un factor predominante, en este sentido un 54,8% de las mujeres dice haber sido víctima de discriminación por color  de piel en sus lugares de trabajo.

Grafico 16 Discriminación en el trabajo

Frente a experiencias que hoy continúan teniendo las empleadas del servicio doméstico en Medellín, afirman en un 92,9% que existe discriminación racial en la ciudad, en los espacios de trabajo y el 71,4% dijo conocer experiencias de mujeres que han sido víctimas de discriminación racial.

Gráfico 17.  Discriminación en espacios de trabajo.

 5.4 Políticas públicas para la población afrodescendiente, no reflejan cambios:

Cabe señalar que existen varios niveles  a través de los cuales se han formulado políticas públicas para esta minoría étnica. El primero es a través de la concertación en el Congreso a través de la  expedición  de leyes; el segundo  es  la formulación de políticas desde el gobierno central a través de programas gubernamentales especiales, los cuales son a nivel CONPES o  programas ministeriales específicos; y por último estarías los programas formulados por los  gobiernos  de los entes territoriales que por su amplia gama no discutiremos. En adelante, nos remitiremos a las políticas y programas desde 1990.

El Gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación ha formulado un conjunto de planes que benefician a las regiones con mayor población negra y en general a la población afrodescendiente consignados en los siguientes documentos CONPES  (DNP 2005 y Acción social 2008):

–   CONPES 2589 de 1992 “Plan Pacífico: Una  Nueva  Estrategia de  Desarrollo Sostenible para la Costa Pacífica Colombiana”

–   CONPES 2909 de 1997  “Programa de apoyo para el Desarrollo y reconocimiento Étnico de las Comunidades Negras”

–   CONPES 3058 de 1999 “Estrategia del gobierno Nacional para apoyar el Desarrollo del Departamento Archipiélago de san Andrés, Providencia y santa Catalina”

–   CONPES 3169 de 2002  “Política para la Población Afrocolombiana”  y su ampliación (CONPES 3180 de 2002)

–   CONPES 3310 de 2004 “Política De Acción Afirmativa para la Población Negra o Afrocolombiana”

–   CONPES 3410 de 2006 “Política de Estado para Mejorar las Condiciones de Vida de la Población de Buenaventura”

–   CONPES  3553  de 2008 “Política de Promoción Social y Económica para el Departamento de Chocó”

Recientemente se crea el plan de etnodesarrollo para las comunidades negras afrocolombianas 2011 -2014, el cual tiene una visión de corto, mediano y largo plazo; razón por la cual existen programas con metas e indicadores a su interior con grandes proyecciones hacia el futuro, sobre todo se busca  resolver graves situaciones de marginalidad, pobreza critica en las comunidades negras con alto índice NBI del 62,5% y 63% , así como también se busca generar oportunidades para mejorar la calidad de vida y la productividad, vinculando a los procesos de producción a esta comunidades que entre otras cosas como se demuestra en el documento temático del plan cuentan con grandes territorios con vocación productiva en lo agropecuario, forestal, minero-energético, ambiental y talento humano; capaz de impulsar el  desarrollo del país con la inversión de importantes recursos por parte del Estado Colombiano en sectores estratégicos para la economía nacional, regional y en especial para las propias comunidades negras, afrocolombianas,  raizales y palanqueras.

Por lo  anterior en este plan de desarrollo, a pesar de tener unos importantes programas asistencialistas, tiene un gran enfoque para dinamizar el desarrollo socioeconómico de las comunidades negras afrocolombianas, la cual coincide con la visión política del presidente Juan Manuel Santos, que se enmarca en su plan de desarrollo nacional: Hacia una Colombia pluriétnica y multicultural con prosperidad democrática, jalonado por las 5 locomotoras  (sector minero-energético, agropecuario, infraestructura de transporte,  vivienda y nuevos sectores de innovación), encuadradas en las políticas nacionales e internacionales, a su vez entroncadas e inmersas dentro de los Objetivos del Milenio; por esta razón en el plan de desarrollo de las comunidades negras afrocolombianas que para los 4 años tiene un presupuesto de inversión de dieciséis billones novecientos diez mil ciento veintisiete millones de pesos moneda corriente ($16.910.127.000.000), de la cualsuma, seis billones trescientos veintiocho mil ciento cincuenta y cuatro  millones (6.328.154.000.000) equivalente al 37.36% se destinan al eje de etnodesarrollo económico, con programas de vivienda, nuevos sectores basados en la innovación, programas y proyectos agropecuarios, pesqueros, mineros y energéticos, empleo.

Sin embargo a la fecha el gobierno Nacional no ha logrado crear unos verdaderos indicadores de medición a estas políticas públicas que nos permitan determinar los avances o logros que se han alcanzado con la implementación de las mismas, por el contrario si analizamos la situación actual de la población afrodescendientes con los recientes datos estadísticos encontramos que en la actualidad no obstante existir todas estas herramientas persisten en este grupo poblacional altos índices de pobreza, bajos niveles de escolaridad, precarización laboral y discriminación.

  1. Avances en los derechos de libertad sindical.

El nuevo gobierno ha permitido una mayor apertura hacia los derechos de libertad sindical, en parte como consecuencia de los compromisos que tuvo que asumir para que le aprobaran el TLC con los Estado Unidos y la Unión Europea, en parte porque sobre el país están puestos los reflectores de la comunidad internacional, por los graves problemas de violencia antisindical que ha presentado el país, en parte por las presiones que ha ejercido el sindicalismo nacional e internacional, en la OIT y en otros escenarios, y en parte como resultado del auge de la movilización social de los trabajadores.

Este contexto explica que se haya emitido el decreto 2019 de 2012, que, aun con limitaciones, le reconoce a los empleados públicos el derecho a la negociación colectiva, y a que en este proceso puedan participar las federaciones y confederaciones, una restricción que aún se mantiene para el resto de trabajadores.

Y explica también avances muy importantes en la sindicalización de los trabajadores, a través de la formación de nuevas organizaciones sindicales con un importante número de afiliados, como en los sectores del comercio (Carrefour y Sodimac), los servicios de telefonía (grupo CLARO), sector salud (Sintrasaludcoop), y en los sectores de la minería del carbón y del petróleo, gracias a la iniciativa de sindicatos como SINTRACARBÖN y la USO.

Sin embargo, la tasa de sindicalización en el país aún es muy baja, menos del 5%, de la población ocupada, y muy baja también la cobertura de la contratación colectiva, que apenas se da en el 4% de las empresas y beneficia sólo al 5% de los trabajadores con potencialidades de negociar sus condiciones de trabajo y empleo.

En el cuadro que sigue mostramos la evolución que ha tenido la contratación colectiva en Colombia. Prácticamente, no ha habido una evolución positiva de la negociación de convenciones colectivas, que son las que se hacen con trabajadores organizados en sindicatos y con una relativa autonomía para decidir los tema de la negociación y para incidir en sus resultados.

En cambio, se presenta un incremento significativo en los pactos colectivos, forma de negociación en la que los trabajadores no están organizados, y que generalmente  es utilizada por las empresas como estrategia antisindical y para mantener a los trabajadores bajo su completo control.

Tabla 12. Evolución de la contratación colectiva en Colombia.

Fuente: Ministerio de Trabajo

 

Y se presenta también un incremento extraordinario de los contratos sindicales, la mayoría de ellossector de la salud, donde falsas cooperativas de trabajo asociado, ante la prohibición de seguir haciendo labores de intermediación laboral, se mutaron a sindicatos, falsos sindicatos también, transformando el contrato cooperativo en contrato sindical. En esta forma de contrato colectivo, los trabajadores tampoco cuentan con la autonomía necesaria para negociar el contrato, menos en estos falsos sindicatos, pues los términos del contrato los redacta y los impone la empresa contratante, tal como ocurría con los contratos cooperativos.

En este sentido, podemos decir que el Diálogos Social, un componente clave de las sociedades democráticas, es en nuestro medio residual El dialogo social entendido como la posibilidad y necesidad de concertar posiciones entre diferentes actores sobre asuntos de interés colectivo, establece como principales mecanismos la negociación colectiva, la información, la consulta, la concertación,  y creación de escenarios de encuentro que permitan el debate sobre los diferentes asuntos de interés; esto es, políticas de toda índole, desde la más general hasta la particular, económica, de empleo, salarial, protección social, entre otras, las que carecerían de legitimidad para una democracia de no contar con mecanismos de diálogo social efectivos, que involucren y tengan en cuenta, los intereses de los diversos interlocutores sociales.

¿Pero por qué es tan residual el dialogo social en nuestro país?  Existen razones institucionales, técnicas culturales y políticas que lo explican.

  1. A) Institucionales

Aunque los escenarios de diálogo social son de rango constitucional, tienen un diseño incompleto y poco balanceado, pues no existen espacios sectoriales y locales que faciliten su desarrollo, y en el marco de la empresa la negociación colectiva, que es una de sus expresiones, tiene muy baja cobertura y autonomía. El convenio 135 de la OIT que ayudaría a promover el diálogo social en el ámbito de la empresa aún no ha sido ratificado.

  1. B) Técnicas

El dialogo social en Colombia carece de una agenda concertada, la información no tiene credibilidad en los actores, y se desarrolla sin ninguna clase de  método.

  1. C) Culturales

Tenemos una cultura de confrontación, una historia de fracasos, y una equivocada concepción de la concertación, que para algunos sectores se asimila a entrega y claudicación. El sindicalismo divide opinión, la confianza en las instituciones laborales es bastante baja, los sindicatos no creen en el gobierno y los empresarios, y estos a su vez no les tienen confianza a los dirigentes de las organizaciones de los trabajadores.

  1. D) Políticas

El ambiente político del país ha sido adverso al sindicato, la violencia ha cobrado la vida de casi tres mil sindicalistas desde 1986, la estigmatización de gobiernos y medios contra el sindicalismo ha sido persistente, a tal punto que ha creado un imaginario en los jóvenes sobre los sindicatos como enemigos de las empresas, responsables del cierre de éstas, y  aliados de la guerrilla. Por otra parte las 2/3 de los trabajadores no tienen derechos laborales, solo el 4% está afiliado a un sindicato, y el 95% se encuentra excluido de la negociación colectiva.

De acuerdo con la base de datos de la ENS la violencia contra el sindicalismo ha descendido en un 13.2%, y los asesinatos en un 33.3%, en el año 2012 con respecto al 2011. No obstante la violencia persiste y se focaliza en sectores que vienen presionando cambios en las políticas de contratación de las  empresas y de respeto al derecho de asociación.

6.1 Medidas legislativas y jurisprudenciales sobre libertad sindical

Durante 2012 se presentaron algunas medidas legislativas y jurisprudenciales respecto a la inspección laboral y a la protección de derechos de trabajadores en 2012.Además, el gobierno nacional firmó un convenio con la OIT que busca superar obstáculos normativos que aún subsisten frente a los derechos de libertad sindical, y la financiación para cumplir con algunos de las medidas del plan de acción Obama/Santos. También se expidieron algunas leyes para fortalecer el Ministerio del Trabajo, en especial la ley 1610, que modifico algunos trámites y competencias de los inspectores del trabajo..

La ley 1610 estableció un aumento significativo a las multas, hasta 5000 salarios mínimos, por violaciones en las condiciones de trabajo y el derecho de asociación, dió competencia para que inspectores puedan incluso cerrar las empresas donde se ponga en riesgo la salud de los trabajadores, entre otras medidas. Esta adquiere particular importancia ante la ausencia casi total de resultados en protección de libertades sindicales.

Después de observar los resultados sobre sanciones por violación a libertades sindicales de los últimos cuatro años, habrá que cambiar el dicho popular: “hecha la ley, no se necesita hacer trampa, simplemente no se aplica”, pues los resultados del ministerio del trabajo frente a la protección de los derechos de libertad sindical, evidencian que no se están aplicando las nuevas normas penales y laborales por parte de inspectores y fiscales, y que ni siquiera los sindicatos conocen de su existencia.

Tabla 12. Multas ejecutoriadas por año, sobre violaciones a libertades sindicales

Tipo de violación/ Año 2012 2011 2010 2009
Por violación a la convención colectiva 27 37 34 25
Negativa a negociar 4 7 6 0
Atentar contra la asociación sindical (incluyendo violación al fuero y persecución sindical) 5 8 6 6
Total 36 52 46 31

Fuentes: Boletín número 7 Ministerio del Trabajo enero 2013; información del Ministerio del Trabajo entregada a la ENS.

En el caso de la protección que los inspectores del trabajo deben ejercer sobre los derechos sindicales, el resultado es queen 4 años sólo se alcanzaron 165 resoluciones ejecutoriadas. Si se compara este resultado, con el número de sentencias que en promedio expedir un juzgado laboral de descongestión al mes (60), esto significa que el trabajo de 4 años de los inspectores laborales en materia de protección a las libertades sindicales, equivale a poco menos de tres meses de trabajo de dos funcionarios judiciales, una situación absolutamente insostenible y que nos muestra una primera grave situación: el sistema de inspección vigilancia y control del Ministerio del Trabajo, en la realidad no protege los derechos sindicales, dejando en la más absoluta impunidad las numerosas violaciones que en nuestro medio se cometen contra los derechos de libertas disndical.

Si comparamos las 17.346 investigaciones iniciadas, las 394.049 consultas realizadas y las 85.569 conciliaciones en las que participaron inspectores, encontramos que las resoluciones que pueden beneficiar o proteger a organizaciones sindicales equivalen al 0.32% de las actuaciones del ministerio para el año 2012, parece entonces que no es el enfoque ni el interés del Ministerio lograr una protección adecuada de las organizaciones sindicales.

 

Si las investigaciones administrativas no son una solución eficaz, las investigaciones penales por violación al artículo 200 ni siquiera han implicado una posibilidad. Desde que se aprobaron las leyes 1309 de 2009 y 1453 de 2011, no se tiene dato de algún empleador haya sido condenado por violación al derecho de asociación, de huelga, o los derechos concedidos por leyes laborales; tampoco por el uso discriminatorio y antisindical de pactos colectivos, por el contrario, las denuncias realizadas por organizaciones sindicales quedan archivadas por los fiscales o sus investigaciones no obtienen resultados.

  1. DINÁMICA DE LA MOVILIZACIÓN SINDICAL Y LABORAL COLOMBIANA 2012

 

 

Fuente: Sistema de Información en Dinámica Colectiva Sindical y Laboral, ENS

 

 

 

 

En el 2012, se consolido la tendencia ascendente de la protesta, que registró 290 acciones -representando  un incremento de más del 27%- cifra que le permitió un nuevo record histórico desde 1991.

 

Con relación a las formas de protesta, de nuevo se impusieron las jornadas o manifestaciones, seguidas por los ceses de actividades (paros y huelgas).  Consideradas individualmente primaron las marchas. Posteriormente: mítines o plantones, los bloqueos y los paros.

 

Si se observan los motivos de las acciones de movilización laboral y sindical, se reitera la tendencia de los últimos años, de ser las políticas generales o de Estado (económica, laboral, social y ambiental) las causantes principales del inconformismo y la protesta. Le siguen: el incumplimiento de obligaciones del empleador, reestructuración o reconversión, violación a derechos humanos, otros motivos y negociación del convenio colectivo laboral, en su orden.

 

En la cobertura territorial, predominaron de nuevo las acciones locales conel 80% del total; seguidas de las nacionales, departamentales y las  internacionales. Se ratifica con ello, la tendencia a la dispersión de la protesta. En lo que respecta a los departamentos, Cundinamarca y Valle encabezaran la protesta. En esta línea, sus respectivas capitales Bogotá y Cali, secundadas por Barranquilla, Medellín y Cartagena complementan la clasificación. Por regiones, se destacó la del Caribe.

En lo relativo a la procedencia de los trabajadores que protestaron, sobresale la participación mayoritaria de los “no sindicalizados”, con un 52% del total. A su vez, en los sindicalizados, primaron los sindicatos de industria, seguidos por los de gremio. De nuevo la CUT es la Central sindical más activa en la protesta; hubo un ligero repunte del Comando Nacional Unitario.

 

El promedio de acciones fue de más de 24 por mes, constituyéndose Marzo como el de mayor actividad y Septiembre el de menor registro.

 

Si se consideran las restricciones a la protesta,  intimidaciones y violencia física), la información disponible indica que se presentó en 104 de ellas. En la identificación de los presuntos responsables de la restricción, aparecen por parte de la Fuerza pública, el ESMAD, la policía nacional y el ejército. Los empresarios, a su vez, reportaron un aumento en las restricciones con respecto a 2011.

 

Teniendo en cuenta el sector económico en donde se efectuaron las protestas, nuevamente el del transporte volvió a predominar de manera muy holgada, se resalta la gran conflictividad en este sector. Luego se situaron: servicios sociales y de salud, educación, y minas y canteras, respectivamente.

 

Reseñando las entidades contra las que se dirige la acción, y agrupando las que integran el gobierno (municipal, central y departamental, en su orden de clasificación) fueron receptoras del 66% del total; el otro tercio fue contra las empresas. Entre estas últimas, se mantuvo la protesta contra las de origen multinacional, muchas de ellas por motivos ambientales, dentro de las cuales estuvieron vinculadas muchas comunidades afectadas.

 

En el espíritu ya comentado de ascenso de lucha, conflictividad permanente y déficit de derechos sociales, se resaltan muchas luchas contra la tercerización y precarización, destacándose la gran movilización de petroleros, judiciales, del transporte, trabajadores del sector de la palma, y los mineros, sectores que se ligaron a los tradicionales en la salud y la educación. Amerita comentar como un hecho plausible, a las mujeres madres comunitarias y de los jardines de la infancia, quienes reivindicaron sus derechos laborales, y ligado a ello, el papel social y altruista de su misión con la niñez más necesitada del país.

 

  1. La violencia contra sindicalistas aún es un tema del presente.

 

Durante el año 2012 continúan las violaciones a los derechos humanos de las y los sindicalistas, se presentaron 20 asesinatos, 11 eran activistas, es decir, que desempeñaban liderazgos en sus organizaciones sindicales y 5 eran directivos, es decir, que pertenecían a las juntas directivas de los sindicatos. Estas cifras se encuentran por encima del promedio histórico de los asesinatos de dirigentes sindicales, que ha sido del 25,0%, para el año 2012, estos casos corresponden a un 80,0%.

 

Tabla 13, Violaciones a la vida, libertad e integridad, cometidas contra sindicalistas  de 1 enero de 2011 a 31 diciembre de 2012

Tipo de violación 2011 2012 Variación
N° Casos % N° Casos % N° Casos %
Amenazas 542 75,2 431 68,9 -111 -20,5
Desplazamiento forzado 51 7,1 90 14,4 39 76,5
Asesinatos 30 4,2 20 3,2 -10 -33,3
Hostigamiento 61 8,4 49 7,8 -12 -19,7
Atentado con o sin lesiones 12 1,7 7 1,1 -5 -41,7
Detención arbitraria 16 2,2 20 3,2 4 25,0
Desaparición 3 0,4 5 0,8 2 66,7
Secuestro 3 0,4 0 0,0 -3 -100,0
Tortura 2 0,3 2 0,3 0 0,00
Allanamiento ilegal 1 0,1 2 0,3 1 100,0
Total general 721 100,0 626 100,0 -95 -13,2

Fuente: Sistema de Información en Derechos Humanos, SINDERH, ENS.

 

Esta situación se complejiza al observar el panorama general de la violencia antisindical en este último año, donde al menos 431 amenazas, 49 hechos de hostigamientos, 90 desplazamientos forzados, 20 detenciones arbitrarias, 7 atentados de muerte y 5 desapariciones forzadas entraron a engrosar la lista de violaciones contra la vida, libertad e integridad de las y los sindicalistas. Esto muestra que la violencia sigue siendo un eje articulador de las prácticas antisindicales, cuyos fines restrictivos al ejercicio de los derechos y las libertades sindicales limitan al movimiento sindical de las posibilidades de participación e incidencia y privan a la sociedad de tener el sindicalismo como un actor fundamental de la democracia.

 

Si bien con respecto al año anterior, se evidencia una disminución general de los hechos de violencia en un 13,2%, acentuada principalmente en los casos de amenazas, aún no existe un clima desprovisto de violencia y de respeto a los derechos humanos fundamentales, tal como lo sugiere la OIT para un ejercicio pleno de las actividades sindicales. Cabe señalar el aumento del 76,5% en los casos de desplazamiento forzado, y del 66,7% en los casos de desaparición forzada.

 

Permanece la tendencia que destaca los casos de violencia en los cuales no se conoce un presunto responsable, con un agravante y es que por encima del promedio histórico que se ha ubicado en el 60,0%, para el año 2012 este tipo de hechos representaron un 78,6%. Por otro lado, de las violaciones que se conoce un presunto responsable los paramilitares continuan siendo los principales victimarios en el 56,0% de los casos, seguidos de los organismos estatales con el 28,4%, luego por el empleador con un 7,5%, la guerrilla con el 4,5%, y la delincuencia común con el 3,7%.

 

Asimismo, en cuanto a la concentración de asesinatos de sindicalistas por rama de la actividad económica, sobresalen los sectores de la educación y la agricultura, con 4 casos respectivamente. Además, se observa una reactivación significativa de los asesinatos contra trabajadores de los sectores minero, salud y transporte.

 

Según el registro histórico, Valle ha sido el segundo departamento del país donde más violaciones  a la vida, la libertad y la integridad de los sindicalistas se han presentado. En el Valle del Cauca, el sindicalismo ha cumplido un papel clave en la defensa de lo público, la denuncia frente a la corrupción y la defensa del interés colectivo.Por esta razón, llama la atención que durante el 2012 este departamento encabece  la lista con cuatro asesinatos de sindicalistas, es decir, el 20,0% del total de los casos. Con una característica que reviste suma gravedad: todas las víctimas se desempeñaban como dirigentes sindicales.

 

Durante el 2012, se registraron al menos 180 violaciones a la vida, la libertad e integridad de las mujeres sindicalistas, entre ellas 128 amenazas, 42 desplazamientos forzados y un atentado con o sin lesiones. Pese a una disminución general del 10,9% en el conjunto de violaciones con relación al año anterior, se destaca la reactivación en los atentados con o sin lesiones con el caso de Osiris Fernández, dirigente sindical del sector de la salud en Barranquilla, Atlántico y el incremento del 50,0% en los desplazamientos forzados.

 

8.1 Las medidas adoptadas por el gobierno aún no muestran efectos sustanciales, relevantes y sostenibles

 

Durante los últimos dos años se han presentado esfuerzos políticos importantes en términos de la transformación del debate de la violencia contra sindicalistas y la adopción de algunas medidas para superar tal situación. El año 2012, muestra que estas variaciones continúan enmarcadas principalmente en la adopción del Plan de Acción en Derechos Laborales, acuerdo firmado por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en el marco de la implementación del TLC y en las continuas recomendaciones de organizaciones internacionales tales como el PNUD y la OIT. Sin embargo la violencia contra sindicalistas aún no es tema del pasado.

 

En el ámbito legislativo, algunos temas relevantes para el sindicalismo orientados a promover y exigir de los Derechos Humanos estuvieron relacionados con la implementación de la ley 1448 de 2011 o “Ley de Víctimas”, la reforma de la ley 975 de 2005 o “Ley de Justicia y Paz”, el Marco Legal para la Paz, el Fuero Penal Militar y la Reforma a la Justicia.

 

No obstante, a pesar de los esfuerzos existentes en términos del reconocimiento de la violencia antisindical, y de la adopción de catorce medidas enmarcadas en el plan de acción laboral, que han proyectado el avance en términos de protección e investigación, aún los resultados son parciales y no logran incidir en la formulación de políticas públicas, como una alternativa para construir transformaciones sustanciales, relevantes y sostenibles.

 

En este sentido, son necesarias la implementación de medidas en el camino de la superación, que deberían estar enfocadas a: i) la protección y la garantía a los derechos laborales y las libertades sindicales, ii) la investigación de los crímenes cometidos contra sindicalistas y iii) la reparación colectiva. Sin embargo, el hecho de que la violencia contra sindicalistas aún persista y que los índices de impunidad al respecto sigan superando el 90,0%, es señal de que las medidas implementadas hasta el momento no han sido concertadas con el sindicalismo, no han sido coherentes, ni eficaces y no se han orientado a los problemas sustanciales que subyacen a éstos fenómenos.

 

 

 

 

 

 

  1. Los indicadores del mercado de trabajo en Bogotá y Medellín.

 

Tabla 14. Principales indicadores mercado de trabajo Medellín y Bogotá 2011 – 2012

Nacional Bogotá Medellín y VA
2011 2012 2011 2012 2011 2012
% población en edad de trabajar 80,8 81,1 80,8 81,0 83,5 83,7
TGP 66,7 67,6 70,9 72,1 64,2 65,6
TO 59,1 60,1 64,2 65,2 56,3 57,5
TD 11,5 11,2 9,5 9,5 12,3 12,4
Tasa de subempleo subjetivo 30,1 30,7 34,1 34,1 29,2 31,8
Tasa de informalidad 68.0 51.4 47.0
Población inactiva 29,07 27,89 35,80 34,40

Fuente: DANE.

Comparada con el total nacional y con Bogotá, Medellín y el Valle de Aburrá presenta una tasa de desempleo mucho mayor, 1,2 y 2.9 pp, respectivamente, un indicador que prácticamente no varió en el último año, y eso que en esta región, la tasa de inactividad es mucho mayor, un indicador que incide positivamente en la tasa global de participación, situándola en un nivel menor, como se observa en el cuadro, lo que indica que en Medellín, la proporción de personas que presionan un lugar en el mercado de trabajo es menos que a nivel nacional y que en Bogotá.

En relación con el desempleo, la peor situación la tienen los más pobres, lo cual no es ninguna novedad, y particularmente los jóvenes. Los jóvenes pertenecientes al 20% más pobre de los hogares siguen siendo los más afectados. El desempleo de los situados entre 12 y 19 años es del 39.8% en las 13 ciudades y cerca del 45% en Medellín y también del 45% de los situados entre 20-24, el mismo índice que el de Bogotá.

 

Medellín y el Valle de Aburrá presenta una menor tasa de trabajo informal, medido en términos de protección social: 47%, frente una tasa del 51,4% en Bogotá y del 68% para todo el país.

Según Hugo López, “expresada como porcentaje de la población en edad laboral, la cifra agregada de desempleo e informalidad, que había caído en 2011, volvió a elevarse el año pasado, mostrando un comportamiento ascendente durante todo el año;

Tabla 15. Tasas de desempleo  e informalidad en Medellín y Bogotá 2011 – 2012

Ciudad Tasa de desempleo Tasa de informalidad
Mujeres Jóvenes  (14 a 26 años) Mujeres Jóvenes (14 a 26 años)
Total Nacional 11,90% 16,80% 68,80% 74,40%
13 Ciudades 11,50% 19,40% 58,70% 59,80%
Bogotá 8,90% 15,20% 54,90% 53,60%
Medellín 12,50% 21,60% 50,60% 56,40%

Fuente: DANE – GEIH. Cálculos SAMPL-DGPESF -MinTrabajo

Las mujeres y los jóvenes en Medellín presentan las condiciones laborales más precarias, comparadas con las del nivel nacional, las que se presentan en las 13 áreas metropolitanas y las de Bogotá.

La tasa de informalidad de las mujeres es menor en Medellín que la de Bogotá, no así la de los jóvenes, que es superior a la de Bogotá, pero inferior a la  nacional y a la de las 13 áreas.

Los jóvenes en Medellín están afectados, entonces por dos graves problemas: un alto nivel de desempleo y una alta informalidad laboral

Tabla 16. Ocupación por categoría ocupacional en Medellín y Bogotá 2011 – 2012

Nacional Bogotá Medellín y VA
Empleado particular 34,24 35,19 49,54 49,48 53,40 53,42
Empleado del gobierno 4,01 4,05 3,89 3,98 3,84 3,83
Empleado doméstico 3,48 3,53 3,83 3,74 3,54 3,49
Cuenta propia 43,63 42,92 35,04 35,01 32,31 32,20
Patrón o empleador 4,93 4,91 5,09 5,06 4,81 4,93
Trab familiar sin remuneración 4,86 4,89 2,19 2,32 1,70 1,71
Trabajador sin remuneración en otras empresas 0,59 0,61 0,25 0,24 0,19 0,19
Jornalero o Peón 4,11 3,78 0,02 0,02 0,10 0,10
Otro 0,13 0,13 0,16 0,15 0,12 0,12

Fuente: DANE

 

Medellín y el Valle de Aburrá, presenta una mayor proporción de trabajadores asalariados, o empleados particulares, el 43.4%, y una menor proporción de trabajadores por cuenta propia, lo cual es positivo, pues en esta categoría ocupacional, el trabajo informal y sin protección social se ubica en un 89%. También son menores la proporción de trabajadores cuya sola denominación refleja una alta precariedad laboral, como los trabajadores familiares sin remuneración y los trabajadores sin remuneración en otras empresas. Como se observa en el cuadro, en el último año, prácticamente no se presentaron variacions significativas en estas categorías ocupacionales.

Tabla 17. Ocupación por ramas de actividad en Medellín y Bogotá 2011 – 2012

Nacional Bogotá Medellín
No informa 0,02 0,03 0,03 0,05 0,02 0,02
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 18,15 17,50 0,69 0,72 0,85 0,83
Explotación de Minas y Canteras 1,22 1,14 0,45 0,39 0,11 0,16
Industria manufacturera 13,01 12,83 16,88 15,90 20,74 21,85
Suministro de Electricidad Gas y Agua 0,55 0,52 0,33 0,30 0,72 0,63
Construcción 5,72 6,00 6,09 6,20 6,42 6,82
Comercio, hoteles y restaurantes 26,40 26,75 28,27 28,69 29,82 28,97
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 8,29 8,31 9,32 9,55 8,41 8,35
Intermediación financiera 1,19 1,26 2,39 2,68 2,27 1,86
Actividades Inmobiliarias 6,51 6,70 12,79 12,76 9,40 9,58
Servicios, comunales, sociales y personales 18,95 18,96 22,75 22,75 21,23 20,93

Fuente: DANE

La mayor proporción de ocupados en Medellín y el Valle de Aburrá se ubican en las actividades del comercio,  hoteles y restaurantes, con el 28.97%, seguida de la ocupación en la industria manufacturera, con el 21.85%, y en las actividades de los servicios sociales, comunales y personales, con  el 20.93%.

En todo el país y en Bogotá, la ocupación en la industria disminuyó, no así en Medellín, donde creció 1.1 pp, lo que indica que la desaceleración que presentó este sector dentro del conjunto de la economía, excluyó a la industria ubicada en esta región del país.

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