Venta de ISA: no son claras las razones del gobierno

En 10 años ISA ha repartido dividendos por $3.62 billones, de los cuales a la nación le ha correspondido el 51%, que es el porcentaje de propiedad que aun conservamos todos los colombianos y colombianas en esta empresa. Pero el actual gobierno ya anunció su intención de venderles a particulares esta participación, por lo que en adelante el país dejará de recibir este beneficio, y de paso la nación perderá el control de una actividad completamente estratégica para el país.

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ISA es la empresa más importante en materia de interconexión eléctrica, una función estratégica para los intereses del país. En 2018 fue la empresa con mayores ingresos,  y es la cuarta compañía más grande en el índice de acciones Colcap de Colombia. Según el Ministerio de Hacienda, el país podría recibir por la venta de su participación en ISA unos US$2.7 billones, cifra que representa apenas el 62% de la participación que la nación tiene en esta empresa, cuyos activos totales sumaban $44.93 billones en 2018.

ISA hunde sus raíces en todo el territorio nacional,  donde ha sido responsable de instalar toda la red para el transporte de energía. El éxito de sus operaciones en Colombia le permitió convertirse en un grupo empresarial multilatino, con inversiones en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Centro América, mediante la operación de 43 filiales y subsidiarias.

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En 2018 ISA obtuvo ingresos operacionales por $7.23 billones, 9.7% más que en 2017. El 76.8% de estos ingresos los produjo el negocio de la transmisión de energía, el 16.7% las concesiones viales, el 4.5% el negocio de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y el restante 2% la gestión de sistemas en tiempo real.

A continuación se presenta el detalle consolidados del año:

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ISA es una empresa de rendimientos extraordinarios. Sus costos de operación apenas le representan el 34.38% de los ingresos, lo que le deja una rentabilidad bruta del 65.61%. Sus gastos de administración son sólo el 10.28% de sus ingresos, lo que le deja una rentabilidad operacional del 59.1%[1]. Su EBITDA en 2018 fue de $4.81 billones, el 66.5% de los ingresos, lo que refleja su gran capacidad para generar utilidades, indicador que la hace enormemente atractiva para los inversionista. Su utilidad neta fue de $1.52 billones[2], el 21.1% de los ingresos.

Estas rentabilidades y beneficios le pertenecen hoy mayoritariamente a la nación, es decir, a todos los colombianos y colombianas, vía presupuesto nacional. Con la venta de la participación del 51% que la nación tiene en ISA, estas ganancias simplemente se privatizan. En este sentido la privatización de esta empresa significa fortalecimiento del capital privado a expensas del debilitamiento de la propiedad pública.

Las razones del gobierno de Duque para vender a ISA no son claras ni legítimas. Por un lado, está su interés en cubrir parte de los faltantes que le dejó al presupuesto nacional la rebaja de impuestos a los más ricos que se incluyó en la pasada reforma tributaria (o “ley de financiamiento”). Es decir, se sacrifica un bien público, estratégico, que además es rentable para el país, para cubrir los faltantes que le deja al país la aplicación de una política diseñada claramente para favorecer a unos pocos.

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La otra razón, que no es pública, pero que siempre ha estado en la base de las políticas de privatización de bienes públicos, es favorecer a los sectores más poderosos del país, o a las empresas transnacionales, que además son monopolios naturales, que ven en la inversión en empresas como ISA (o ISAGEN más recientemente) la oportunidad de invertir en negocios absolutamente rentables, en los que su inversión se recupera en pocos años. Mientras el país pierde recursos y soberanía.

Este tipo de iniciativas deberían resolverse mediante procedimientos democráticos. No puede ser que el capricho de un ministro de hacienda, que además ha dado suficientes muestras de poca transparencia y falta de ética en muchas de sus decisiones, sea el que termine decidiendo sobre temas que son del interés de toda la nación.

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La venta de ISA debería ser decidida mediante consulta pública, así como la venta de una parte de las acciones que la nación tiene en Ecopetrol, que este gobierno ya manifestó que quiere vender. Consultas como plebiscitos, u otros mecanismos de participación ciudadana, que permitan deliberar ampliamente sobre las ventajas y desventajas de este tipo de propuestas, sobre los destinos que tendrán estos recursos, así como de las alternativas posibles.

En este sentido es clave que los sindicatos, que en Colombia han sido de las pocas organizaciones sociales que se han movilizado por la defensa de la soberanía de la nación y del patrimonio público, se pongan a la cabeza en contra de la privatización de ISA. Una tarea que debería ser prioritaria para los sindicatos en ISA, que son los que más información tienen sobre esta empresa.

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[1] En ISA, los costos laborales totales representan apenas el 10.66% de los ingresos.

[2] La utilidad neta real de ISA en 2018, sumándole depreciaciones y amortizaciones, fue de  $2.1 billones, el 29.29% de los ingresos.

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