Trabajadoras domésticas afro y las agendas públicas

Por Teresa Aristizábal S.

Área temática Mujer Trabajadora ENS

La democracia es un sistema de gobierno mediante el cual las personas eligen periódicamente a sus representantes y éstos a su vez resuelven, con los recursos del Estado, las necesidades de la ciudadanía, garantizando que los diversos grupos de interés estén representados en los órganos de decisión. Por tanto, la participación política de los grupos étnicos y culturales es una condición de la democracia.

Las mujeres afrocolombianas constituyen uno de estos grupos, que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos padecen una situación particularmente crítica en Colombia, al ser víctimas de múltiples formas de discriminación por causa de su raza, etnia y por el hecho de ser mujeres. Además se les han limitado las posibilidades de ejercer y gozar de su particular cosmovisión, sus tradiciones y su cultura, factor este que no se visibiliza en las políticas públicas del país.

La realidad de las mujeres negras es variada y compleja, dependiendo de dónde se ubiquen territorialmente, de su historia. No es lo mismo la historia de una mujer negra que ha sido víctima de procesos de esclavitud y colonización, que la de una mujer africana que no lo ha sido. Por otro lado, el mismo mestizaje introduce otros elementos culturales que les son propios y que además están en proceso constante cambio.

La transformación de esta realidad demanda la implementación eficaz y efectiva de una política pública con enfoque diferencial, fundamentada en el reconocimiento y la participación adecuada de las mujeres afrocolombianas. En este sentido éstas deben trazar unas agendas ciudadanas en la perspectiva de negociar y exigir mejores condiciones y oportunidades desde sus intereses como mujeres trabajadoras, negras, y organizadas.

Ahora bien, ¿cuántas personas se auto-reconocen como negras, o mulatas, afrocolombianas, afrodescendientes? Esta pregunta no se hace en los censos de población que realiza el DANE y otras dependencia del nivel municipal, debido a que existen múltiples obstáculos que impiden que la población negra se reconozca como tal: obstáculos que tiene que ver con preconcepciones de quienes aplican la encuesta, y con el hecho de que la misma población no quiere ser reconocida como negra, por los prejuicios culturales estigmatizantes y de exclusión.

Algo se ha avanzado en este sentido, sin embargo persisten problemas de identificación y representatividad de las herramientas de recolección de datos. De acuerdo con el DANE, en 2005 el 50,3% de la población negra-afro del país es mujeres, es decir 2´168.082 de personas. De ellas el 21,9% estaba en situación de desplazamiento. Bogotá es un gran centro de acogida, albergaba aquel año a 53.123 mujeres, seguida por Medellín con 52.456, y Santa Marta con 42.328.

En esta ciudad hay 218.068 personas afrodescendientes, un 10% del total de la población, y entre ellas el 55.3% son mujeres, que en su mayoría trabajan en el sector informal de la economía en condiciones precarias, y un porcentaje alto en el servicio doméstico.

Y según la investigación que adelantó en 2010 la Alcaldía de Medellín y la Corporación Convivamos (“Condiciones de vida de la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal en Medellín”), en esta ciudad hay 218.068 personas afrodescendientes, un 10% del total de la población, y entre ellas el 55.3% son mujeres, que en su mayoría trabajan en el sector informal de la economía en condiciones precarias, y un porcentaje alto en el servicio doméstico.

Para empezar a revertir esta situación se necesita que más mujeres negras trabajadoras ocupen espacios de toma de decisión y de poder; que lideren juntas de acción comunal y juntas administradoras locales; se requieren más concejalas, diputadas, y ojalá senadoras, congresistas, ministras, que impongan su voz decidida en los temas que les incumben y que afectan sus oportunidades de desarrollo. Asimismo, se requiere que ocupen más espacios organizativos, incluidos los sindicatos.

Infortunadamente la Ley 581 de 2000, conocida como Ley de cuotas, que dispone que el 30% de los altos cargos públicos sean ejercidos por mujeres, no garantiza la inclusión de mujeres negras e indígenas en dichos cargos.

Hoy muchos programas dirigidos a las mujeres negras son coordinados por mujeres y hombres mestizos y blancos, lo que no se corresponde con una verdadera política de inclusión, ya que dichos programas deben estar liderados por mujeres negras que se han venido cualificando y están suficientemente capacitadas. Incluso en las últimas elecciones para el congreso por la circunscripción de negritudes, salió electa una representante que no es afrodescendiente.

Otra pregunta es: ¿cómo se garantiza que los intereses estratégicos de las mujeres negras organizadas en sindicatos sean incluidos en las Agendas? Es un interrogante que solo hasta ahora empieza a hacerse notorio, especialmente a partir de la creación del sindicato de mujeres negras afrodescendientes de Medellín: UTRASD, en el que el 80% de sus integrantes son de origen afro.

UTRASD plantea preguntas concretas respecto a la llamada economía del cuidado y el lugar que en ella ocupan las mujeres negras trabajadoras domesticas, desde una perspectiva de género y de derechos humanos, especialmente los derechos a la libre asociación y participación real y efectiva de las mujeres en los espacios de poder.

Mujeres como las que hoy conforman el sindicato UTRASD contribuyen a la construcción de un país con equidad, sin exclusión, sin discriminación y con justicia social, y a que les concedamos el lugar que les corresponde como ciudadanas de primera categoría.

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