Sistema pensional: derechos o negocio

Imagen de referencia tomada de ElTiempo.com

El sistema pensional colombiano debería garantizar el derecho de todos a tener una vejez digna.

Por Héctor Vásquez Fernández. Analista ENS

$1.1 billones eran las utilidades netas que hasta noviembre de 2019 habían obtenido las 4 empresas que controlan los fondos privados de pensiones, 71.6% más que las obtenidas en todo el año 2018. Es además un negocio monopolizado por dos grupos. El 50.4% de las referidas utilidades corresponden a Porvenir, del Grupo Aval de Sarmiento Angulo; el 35.7% a Protección, del Grupo Empresarial Antioqueño (los dueños de las empresas Bancolombia, Suramericana, Argos y Nutresa, entre otras); y el 13.8% restante a las empresas Colfondos (7.6%) y Old Mutual (6.2%).

Como el país conoce, algunas de estas empresas apoyaron decididamente la campaña electoral del actual presidente Duque. Es el caso, por ejemplo, del Grupo Aval, propiedad de Sarmiento Angulo, que a través del Banco de Bogotá le prestó a la campaña presidencial de Duque $15.209 millones, cifra que representa el financiamiento del 66% del valor reportado por esta campaña. Adicionalmente, el partido Centro Democrático recibió de la organización Sarmiento Angulo donaciones por $2.400 millones, para financiar su actividad política.

Pues bien: estas empresas tienen un interés directo en que la próxima reforma pensional les garantice seguir manejando los ahorros pensionales de los actuales  6.509.788 afiliados cotizantes a los fondos privados, y en general de los 12.894.070 afiliados activos e inactivos que tiene el sistema de ahorro individual.

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Pero esa es su aspiración mínima. Está claro que los banqueros quieren quedarse con todo el negocio, como lo han expresado a través de Asofondos y ANIF, las entidades que promueven sus intereses. Su objetivo en la reforma que anuncian no puede ser otro que acabar con el régimen púbico de pensiones (régimen de prima media) y dejar que Colpensiones maneje únicamente los programas “Colombia Mayor” y “BEPS”.( Las propuestas de reforma pensional de estas entidades se pueden consultar en la “Revista Economía Colombiana”, edición 352 de abril y junio de 2018.)

El meollo de la reforma pensional es, finalmente, cuál interés va a predominar en la reforma pensional, si el de los banqueros o el de las trabajadoras y trabajadores colombianos

El meollo de la reforma pensional es, finalmente, cuál interés va a predominar en la reforma pensional, si el de los banqueros, que quieren seguir manejando los recursos del ahorro pensional e incrementar sus riquezas; o el de las trabajadoras y trabajadores colombianos que aspiran a que al final de su vida laboral pueden acceder a la protección de sus ingresos, a través de un sistema pensional que les asegure dignidad, autonomía y la capacidad de seguir interviniendo activamente en la vida social, cultural y política de sus comunidades. Un derecho que se le debe garantizar a toda la población mayor, no únicamente a los que tienen empleo estable.

Si los banqueros imponen su interés –riesgo del que estamos muy cerca dado el carácter corporativo del actual gobierno– los problemas del actual régimen pensional colombiano no sólo no se van a solucionar, sino que van a empeorar. El régimen pensional actual se diseñó, en primer lugar, para ofrecerle a los banqueros un negocio que antes de la ley 100 de 1993 no existía para ellos. Y en segundo lugar, para que únicamente se pensionen personas con alta estabilidad laboral, que puedan cotizar por lo menos 1.300 semanas en el régimen de prima media (25 años de trabajo continuo, sin interrupción en las cotizaciones), o 1.150 semanas en los fondos privados, o acumular en éstos un ahorro que permita financiar el 110% de un salario mínimo, ahorro que en la actualidad equivale a una suma cercana a $190 millones. O sea, un ahorro del que está muy lejos la mayoría de los trabajadores colombianos, que, si ganan un salario mínimo, su ahorro a pesos de hoy es apenas de $45 millones; y de $85 millones si el salario son dos mínimos.

De esa manera está excluida la mayor parte de la población trabajadora colombiana, pues cerca de la mitad son informales, no cotizan al sistema, o lo hacen esporádicamente. Y la otra mitad se debate entre trabajos estables e inestables, que les significan entrar y salir del mercado de trabajo, por lo que al final de su vida laboral la mayoría no va a contar con las semanas mínimas de cotización que les permitan acceder a la pensión.

Es lo que explica por qué de cada 4 afiliados que cumplen la edad en un fondo privado, únicamente a 1 se le reconoce efectivamente la pensión, situación que es de 1 de 2 en Colpensiones. Y lo que explica que apenas el 31% de los adultos mayores recibe pensión en Colombia. (Rodríguez Pantoja, José Luis. Análisis de algunas inequidades verticales y horizontales del Sistema General de Pensiones y sus efectos. Contraloría General de la República. Revista Economía Colombiana, edición 352de 2018, págs.,110 y 112.

Adicionalmente, quienes finalmente logran pensionarse en un fondo privado, se encuentran con la sorpresa de que su pensión está muy lejos de la expectativa que les vendieron. Apenas es de un salario mínimo, o en el mejor de los casos, el 32% del salario sobre el cual se cotizó en los últimos 10 años; factor este que está estimulando el traslado de miles de afiliados hacia Colpensiones, y de cientos de demandas por el engaño sufrido por los Fondos.

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El valor actual de los fondos privados asciende a $278 billones, suma que equivale al ahorro depositado por los afiliados a los fondos privados, más sus respectivos rendimientos. Aquí es, precisamente, donde está el negocio, como lo acaba de ratificar una investigación publicada esta semana por Bloomberg, que revela como Colombia puede tener los costos más altos del mundo para el manejo de los fondos de pensiones.

“Las administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) señala el informe Bloomberg– pueden cobrar en el país hasta el 3 o 4 por ciento anual en comisiones por invertir los ahorros de sus clientes. Según este portal financiero, gran parte de esas inversiones son en fondos pasivos que siguen, por ejemplo, índices de la bolsa de Nueva York, como el S&P 500. En Estados Unidos el costo promedio por administrar inversiones en fondos pasivos bajó al 0,15%, en Chile el promedio es 0,62%, mientras que en Colombia es 2%”.

El 40% de estos recursos han sido utilizados por el Ministerio de Hacienda bajo la forma de Títulos de Tesorería TES, bonos pensionales emitidos por la nación, y Títulos de Deuda Externa emitidos por la nación. Adicionalmente, como el régimen público de pensiones fue desfinanciado por la ley 100 de 1993, el Estado debe destinar cerca de $40 billones del presupuesto de la nación para financiar las pensiones del régimen de prima media, principalmente la de los empleados públicos pensionados. Esto porque la mayor parte de las pensiones reconocidas por Colpensiones que venían del antiguo Instituto de Seguros Sociales, son financiadas en su mayor parte con los aportes de los actuales afiliados al régimen de prima media.

Si la reforma de 1993 no le hubiera entregado los recursos del sistema pensional a los banqueros, habría recursos suficientes para financiar estas pensiones, y el Ministerio de Hacienda no tendría que recurrir a los créditos que le otorgan los fondos privados de pensiones, créditos que le permiten a los banqueros ganancias netas anuales cercanas al billón de pesos.

Así que la reforma pensional que necesita el país debe elegir entre favorecer el interés de los banqueros, trasladándoles rentas que el Estado podría manejar de manera directa; o reformar el sistema garantizando que su diseño se haga para favorecer los derechos de la población trabajadora que hoy está excluida del sistema pensional. El actual sistema pensiona a muy pocos y excluye a la mayoría de los trabajadores, pero les garantiza a los banqueros recursos que les dejan extraordinarias utilidades.

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¿Qué prevalecerá al final, cuando se haga la reforma? Va a depender de variables como la naturaleza democrática o corporativa del gobierno y su voluntad política; la naturaleza pluralista del Congreso, su autonomía y los intereses que allí prevalezcan; y la capacidad de los actores sociales para proponer, argumentar, movilizarse e incidir en la opinión y en los espacios donde finalmente se van a tomar estas decisiones.

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