El sindicalismo debe involucrarse de manera decidida en la implementación del Acuerdo de Paz. Opinión.

José Luciano Sanín V. Socio de la ENS. Asesor Corporación Viva la Ciudadanía

El papel de las organizaciones sindicales en la implementación del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el gobierno y las FARC, es tema que aún no se ha terminado de analizar y mucho menos decidir. En mi opinión, el sindicalismo debería involucrarse de manera resuelta en esta implementación, una oportunidad única para crecer y ganar incidencia en el país. Debe usar todos los espacios, mecanismos y temas del Acuerdo Final como una oportunidad para crecer y fortalecer las organizaciones sindicales.

José Luciano Sanín Vásquéz

Es importante señalar que no se trata de otra agenda. Se trata de temas que han estado y hacen parte de la actual agenda del sindicalismo, y que pueden logarse sí se articulan acciones para impulsarlos. Algunos de esos temas son los siguientes:

1- Formalización laboral y seguridad social para los trabajadores rurales (punto 1.3.3.5 del Acuerdo), un tema en el que el sindicalismo debería incidir para que los 5 millones de trabajadores rurales puedan organizarse y mejorar sus condiciones de trabajo. El Acuerdo también abarca asuntos más allá de la política laboral del agro, como las políticas de salud y de educación rurales, las cuales interpelan directamente a organizaciones sindicales. Fecode, por ejemplo, deberá tener fuerte incidencia en el asunto de la educación, así como Anthoc y Sindess deberán formular apreciaciones sobre la política pública de salud en el campo.

2- Garantías para los movimientos y organizaciones sociales (punto 2.2.1). Este punto ordena la expedición de una ley estatutaria que establezca las garantías para las organizaciones sociales del país, previo proceso de consulta y participación. Para las organizaciones sindicales estas garantías son los derechos que permiten el ejercicio de la libertad sindical: asociación, negociación colectiva, huelga, consulta y protección contra actos de injerencia y discriminación antisindical.

3- Garantías para la movilización y la protesta pacífica (punto 2.2.2). Busca revisar y reformar la normatividad (Código de Policía, Ley de Seguridad Ciudadana, etc.) y fijar las garantías para el ejercicio del derecho a la protesta y a la movilización social, las cuales han sido criminalizadas y limitadas en nuestro país.

4- Cultura de convivencia, tolerancia y la no estigmatización (punto 2.2.4). Es obvia la importancia de este tema para el sindicalismo, dada la extendida cultura antisindical de nuestro país. Es imprescindible que empecemos a desmontarla con la formación en ciudadanía laboral en todos los niveles de la educación, y con amplias campañas de promoción del derecho de asociación.

5- Acceso a medios de comunicación (punto 2.3.8). Establece que deberán ampliarse las posibilidades de acceso de las organizaciones políticas y sociales a los medios de comunicación. Prevé incluso la creación de un canal de televisión para que partidos políticos y organizaciones sociales puedan difundir sus ideas y concepciones del mundo. Es muy importante que las organizaciones sindicales busquen ser parte de una política pública que fomente el acceso a los medios de comunicación.

6- Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (punto 5.1.1). En las últimas cuatro décadas el sindicalismo ha sostenido una disputa política acerca de la naturaleza e impacto de la violencia antisindical. La respuesta del Estado a las tesis que formula el sindicalismo, es que esa violencia ha sido casual, consecuencia de la guerra. Será en la Comisión de la Verdad en donde se establezca el carácter antisindical, sistemático de esta violencia, sus lógicas, sus beneficiarios y sus víctimas.

7- Reparación Colectiva (punto 5.1.3.3). Durante varios años el sindicalismo ha reclamado que se establezca una política de reparación para las organizaciones sindicales afectadas en su existencia y funcionamiento con ocasión del conflicto. Logró que, en el marco de la Ley de Víctimas (1448 de 2011), se estableciera una instancia de alto nivel para negociar dicha política. Ahora, con los compromisos del Acuerdo Final de Paz, podría avanzarse en la definición de un marco amplio de reparación de las organizaciones sindicales.

8- Acceso a la Justicia para los Trabajadores. La consolidación de la paz requerirá de una amplia reforma a la administración de justicia. Será vital que las organizaciones sindicales puedan plantear en ella temas específicos que mejoren el acceso a la justicia para los trabajadores. Hacen falta más inspectores y jueces laborales, es necesario mejorar el trámite de las acciones laborales, por ejemplo con acciones de grupo. Los trabajadores requieren de una defensoría pública, y debería mejorarse y fortalecerse la conciliación laboral extrajudicial.

9- El tratamiento y solución de los conflictos laborales. La construcción de la paz pasa, sin duda, por un rediseño de los mecanismos y procedimientos para abordar los conflictos en todos los ámbitos de la sociedad. En el ámbito del trabajo será necesario repensar los conflictos laborales, porque los mecanismos que hoy existen, más que resolverlos, generan más conflictos, tensionan y deterioran las relaciones laborales. Crear, por ejemplo, un instituto de carácter público dedicado a la promoción del diálogo, a formar conciliadores y árbitros. Diseñar un modelo de negociación colectiva multinivel, y establecer mecanismos de participación y consulta de los trabajadores en la empresa. Podrían ser temas de una agenda que ayude a modernizar las relaciones laborales.

10- Como parte de la sociedad, y por su naturaleza de actor social y político, al sindicalismo le interesa participar en la implementación de las reformas que el Acuerdo Final tiene previstas en materia de desarrollo rural, reforma política, derechos de las víctimas, etc.

Para el sindicalismo, como para todos los actores sociales y políticos que luchan por la ampliación de la democracia y las garantías de derechos en nuestro país, una efectiva implementación del Acuerdo Final y avances sustanciales en los diálogos entre el ELN y el Gobierno Nacional, resultan fundamentales para avanzar en varios temas de su agenda, así como para construir mejores condiciones políticas que permitan un efectivo ejercicio de la libertad sindical y trabajo decente para todas las personas que viven de su trabajo.

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