¿Qué hay detrás de la agenda legislativa que propone beneficios laborales?

El autor da sus argumentos frente a la agenda legislativa que por estos días impulsa beneficios laborales para los trabajadores.

Por Carlos Julio Díaz Lotero-Analista laboral ENS

Una serie de proyectos de ley, con un supuesto propósito de beneficio a los trabajadores que se vienen tramitando en el Congreso de la Republica, han generado reacciones diversas en el campo sindical y un rechazo unánime en el empresariado.

Una de las iniciativas, que tiene su origen en el Senador Álvaro Uribe Vélez y en el partido de Gobierno Centro Democrático, crea la Prima para la canasta familiar, que beneficiaría a los trabajadores oficiales y del sector privado que devenguen hasta tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, con el fin de ayudar a  los gastos de la canasta familiar.

Otro proyecto de ley, igualmente promovido por Uribe y el Centro Democrático, busca reducir la jornada laboral de 48 horas semanales y la formalización del trabajo y la seguridad social por horas y por días. Según el Senador Uribe, “es una iniciativa que nace de la visible necesidad que han mostrado los trabajadores del país por contar tiempo extra en su vida personal, ya sea para invertirlo en su familia, educación u otras actividades ajenos a su ejercicio laboral.

Por su parte el Senador Richard Aguilar, de Cambio Radical, viene impulsando un proyecto de ley que impediría que un trabajador sea despedido si su pareja está desempleada. Según el Senador Aguilar, el propósito es proteger las familias salvaguardando el empleo de las personas que están velando económicamente por su hogar, proteger los derechos fundamentales de los niños, su formación integral y sustento necesarios

Estas propuestas, y de manera particular la de Prima para la canasta básica del Senador Uribe, han sido descalificadas por el empresariado y el gobierno en cabeza del Presidente Duque.

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El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, en la clausura de la Asamblea de esta agremiación realizada en Medellín los días 15 y 16 de agosto, dijo que es totalmente inconveniente afectar el mercado laboral con nuevas primas extraordinarias, lo que generará mayor desempleo, mayor informalidad y además se afectará la competitividad del país.

En el mismo evento el Presidente Duque respaldó al Presidente de la ANDI, al decir: «Yo comparto una cosa, doctor Bruce. La reflexión sobre el populismo y la demagogia. Los países no pueden dejarse llevar por la demagogia. La demagogia arruinó a Venezuela. Era el discurso facilista del pan para hoy, y hambre para mañana«.

Lo cierto es que los epítetos y calificativos no bajan de “irresponsabilidad fiscal”, “inconveniencia para el país”, “aumento del desempleo”, “aumento de la informalidad”, “pérdida de competitividad”, “populista”, “demagógica”. Además, según el Presidente Duque, parece tener un tufillo de castro-chavismo cuando dijo: “La demagogia arruinó a Venezuela”.El Presidente Duque utiliza epítetos como “populismo” y “demagogia”, para descalificar propuestas de carácter social. Populismo es una palabra que se utiliza con un sentido peyorativo para estigmatizar a gobiernos de izquierda o con algún enfoque social. Según el filósofo argentino José Pablo Feinman, fue creado al lado del término «demagogia», para justificar los golpes de Estado que se implementaron en América Latina y para promover  las políticas neoliberales actualmente en la región. Por tanto los movimientos sociales y el sindicalismo que se oponen al neoliberalismo pueden ser calificados como populistas. Y de la guerra de la palabra a la violencia física, en nuestro país el camino es muy corto.

Por principio, desde nuestra perspectiva uno no puede oponerse a reformas laborales que favorezcan a los trabajadores, y mucho más después de 30 años  de reformas laborales, legales e ilegales, regresivas. Pero no deja de ser sospechoso que un líder político que se ha caracterizado por haber impulsado reformas que han recortado derechos laborales, sindicales y sociales, como la ley 50 de 1990 y la ley 100 de 1993 siendo Senador, y la ley 789 del 2002 como presidente, hoy tenga un enfoque diferente.

Una prima adicional para trabajadores que ganen hasta tres salarios mínimos ayudaría a mejorar la capacidad de compra de una capa laboral empobrecida por las políticas neoliberales de flexibilización y precarización laboral, que se han aplicado en nuestro país desde inicios de la década de los 90.

La propuesta de reducción de la jornada laboral ha sido una reivindicación histórica del sindicalismo, desde las movilizaciones de Mayo de 1886 en Chicago, Estados Unidos, bajo la bandera de los tres ochos, que terminó en la condena a muerte de sus líderes después de un juicio ilegal, hecho que dio origen a la conmemoración del 1° de mayo. Bandera que sigue hoy más vigente que nunca, dada las transformaciones que se prevén en el mundo del trabajo por el impacto de la cuarta revolución industrial en la productividad y el crecimiento económico. 

No obstante, propuesta como la presentada por el Senador Uribe tiene un sesgo que recuerda los desgastados argumentos neoliberales de flexibilidad y precarización laboral en nuestro país, pregonando que las antiguas normas laborales lo que han hecho es generar más desempleo, “por lo que debe haber menos rigidez, menos impuestos, más facilidad para contratar y desvincular, mejor remuneración, más tiempo para el disfrute y la educación y total flexibilidad para el trabajo por días y por horas”.

Es una propuesta que combina la zanahoria con el garrote: mejor remuneración con la prima de canasta básica, pero menor jornada laboral con reducción de salarios; más facilidad para despedir reduciendo costos a los empresarios, y total flexibilidad para el trabajo por días y horas para implementar lo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo.

Es una propuesta que va más en la dirección de precarizar condiciones laborales para garantizar ingresos por debajo de salario mínimo (trabajo por días y por horas); por tanto su afiliación obligatoria al Piso de Protección Social de salud subsidiada en vez de régimen contributivo; Beneficios Económicos Periódicos en vez de pensiones; y seguros inclusivos en vez de afiliación al sistema de Riesgos Laborales.

Pero el vocero de la ANDI, Bruce Mac Master, no acepta ni un gramo de zanahoria, solo garrote para los trabajadores. En la reciente asamblea del gremio dijo que “entre los desafíos que tiene el país hacia adelante están el diseño de una reforma laboral para ganar competitividad y la lucha contra la pobreza”. En otras palabras, que hay que seguir empobreciendo a los trabajadores para luchar contra la pobreza.

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La forma escueta como se han presentado las propuestas: Prima para la canasta básica y Reducción de la jornada laboral para más tiempo con la familia, tienen un propósito de oportunismo político y coyuntura electoral. La idea es presentar a los candidatos del Centro Democrático como portadores de un gran sentido social, como una manera de capturar votos de incautos y despistados, que aun pululan por doquier. La propuesta del Senador Aguilar, de Cambio Radical, aparte no tener viabilidad política en el Congreso, busca de igual manera llamar la atención con propósitos electorales.

Más allá del lado oscuro de estas propuestas, una limitación que tienen es que la Prima extra y la reducción de la jornada laboral solo aplicarían al 35% de los trabajadores, porque en el país el 65% de éstos se encuentran en la informalidad. Es decir, para la mayoría de los trabajadores no tienen ningún significado.

Lo otro  es que en nuestro país existe la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, que es un espacio de origen constitucional en el que deben tramitarse estas propuestas antes de presentarse al Congreso de la República. De ahí que la forma como han tramitado estas reformas el Centro Democrático y Cambio Radical debilita el diálogo social y el tripartismo como mecanismos del sistema democrático participativo.

Si el gobierno y los empresarios no limitan su avaricia para permitir que transitemos a una sociedad más igualitaria, nuestro país no tendrá viabilidad. El diálogo social es un procedimiento que, si gana en transparencia y eficacia, nos puede ayudar al logro del trabajo decente, la equidad y la profundización de la democracia.

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