No son las madres comunitarias, es el neoliberalismo y la corrupción los que harán inviable al Estado

Opinión de Carlos Julio Díaz L.
Director General ENS

Desde hace varios años la Corte Constitucional, en reiteradas sentencias y fallos, ha señalado la condición de ilegalidad laboral en que se encuentran más de un millón de trabajadores que prestan sus servicios al Estado por medio de contratistas, contratos administrativos de prestación de servicios y otras figuras de intermediación ilegal.

Las sentencias 614 del 2009 y 171 del 2012 de la Corte Constitucional, conminaron al Estado para que los trabajadores que desarrollan actividades misionales y permanentes sean vinculados de manera directa, e instaron a órganos de control como la Procuraduría para adelantar las acciones necesarias para que ello se garantice.

A finales del año pasado un fallo de la Corte Constitucional, ante una demanda de 106 madres comunitarias, ordenó al Estado y al ICBF pagar los salarios y demás prestaciones que se les adeudaban por sus servicios en el programa Hogares Comunitarios durante 10 años.

Para contribuir a la solución de esta problemática, el Congreso de la Republica tramitó una ley que reconoce como trabajadoras a las 60 mil madres comunitarias que trabajan en el programa Hogares Comunitarios y atienden a unos 800 mil menores de edad. El costo fiscal de esta ley que resuelve esta condición de ilegalidad es unos $769 mil millones.

Argumentando impacto fiscal, el Presidente Santos ha objetado esta Ley, que obliga a vincular a las madres comunitarias del ICBF como trabajadoras directas del Estado. Lo que deja claro que la estrategia de competitividad basada en el dumping social de mano de obra barata en el sector público y privado, es una política de Estado de profundo raigambre neoliberal.

Las leyes y reformas de ajuste fiscal que se ha aprobado en desarrollo de la agenda neoliberal de los últimos 25 años, apuntan a drásticos recortes en funcionamiento, y de manera particular en gastos de personal para garantizar los compromisos del sector público con el capital financiero especulativo.

Estas reformas obligaron a un brutal recorte de personal, tanto en las entidades territoriales como en las entidades públicas nacionales y en el gobierno central. No obstante, las necesidades mínimas de personal para atender la política social y de funcionamiento del Estado no desaparecieron, por lo que se debió recurrir a la contratación de nuevo personal, ya no de manera directa reflejado en los gastos de funcionamiento del Estado, sino de manera indirecta y en condiciones de alta precariedad, pero ya clasificados de manera imprecisa en el componente social del gasto público.

Esto ha garantizado que la cuarta parte del presupuesto de gasto público se destine hoy a atender el servicio de la deuda, unos $50 billones, dado que la deuda pública es negocio de la banca privada según la lógica neoliberal.

Pero no solamente la lógica especulativa del capital financiero devora una parte importante del presupuesto público, sino el desbordado crecimiento de la corrupción, que según cálculos de la procuraduría podría bordear los $40 billones. Agro Ingreso Seguro, Odebrecht, Reficar, los Nule, los fraudes de las EPS en el sistema de salud, son algunos casos recientes que nos muestran que la corrupción público-privada es otra de las plagas que carcome los cimientos de las finanzas de la Nación.

Pero las finanzas públicas tienen otra cara de la moneda donde también se presenta un gran deterioro del erario público: la evasión en el impuesto de renta y en el IVA bordea los $30 billones, según cálculos de la DIAN. Y a estas trampas que la empresa privada y las multinacionales le hacen al Estado, hay que sumarles las gabelas y beneficios que el sistema tributario les regala a los empresarios con las zonas francas, y otras exenciones descuentos y deducciones que podrían superar los $40 billones anuales.

Frente a este panorama de evasión, gabelas tributarias, corrupción y subordinación del presupuesto público a lógicas especulativas, el impacto fiscal que implica la vinculación de las Madres Comunitarias a la planta del ICBF de manera directa apenas representa el 0,4% de lo que deja de ingresar y malgasta el Estado por las causas señaladas.

Es muy mal mensaje que el Estado, que poco hace para resolver los problemas estructurales que debilitan la hacienda pública, pretenda ahora seguir alimentado estos agujeros negros con mayores impuestos a las capas medias y pobres de la sociedad, mientras por otra parte da continuidad a una política de ilegalidad laboral y maltrato a trabajadoras de sectores vulnerables que prestan un servicio sensible para el desarrollo económico y social del país.

En últimas, lo que quieren las Madres Comunitarias es que sea el ICBF quien las contrate directamente, y no unas intermediarias que se quedan con parte de la plata que les transfiere el Instituto por administración, y en no pocas oportunidades incluso con los salarios y los recursos destinados para la seguridad social. El argumento fiscal es bastante pobre por su bajo impacto, y además porque los recursos ya están presupuestados para la parte salarial, prestacional y de seguridad social.

¿Será posible que bajo este enfoque neoliberal y mezquino se puede construir una política pública de trabajo decente en el sector público, privado y rural como soporte de una paz estable y duradera?

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