Los auxilios que da el estado se parecen más a limosnas que se le arrojan a la gente para que no se muera de hambre.
Por Héctor Vásquez Fernández. Analista ENS.
$1.9 billones es todo el esfuerzo del Gobierno Nacional para atender las necesidades de los hogares que, por causa del confinamiento, se quedaron sin ingresos, subsidios que van para aproximadamente 4´783.664 hogares, la mitad inscritos en el programa “Familias en acción”, y la otra mitad para hogares de bajos ingresos que están por fuera de este programa. Subsidios que incluyen también a 1´700.000 adultos mayores del programa “Colombia mayor” que no están pensionados, y a 204.309 jóvenes del programa “Jóvenes en acción.
Veámoslo discriminado en el siguiente cuadro:
$1.9 billones para repartir en una población de por lo menos 17´690.400 personas, teniendo en cuenta que los hogares en Colombia se integran en promedio por 3.3 personas. Lo que quiere decir que, si estos auxilios se van a entregar por una sola vez, en promedio los hogares recibirán $107.072 por persona. Si es por 2 meses, $53.536. Y si es por 3 meses, $35.681 por persona. En el caso de los Adultos mayores, lo que hizo el Gobierno fue adelantarles tres auxilios, de $80.000 cada uno; y en el caso de los Jóvenes en acción este auxilio es por una sola vez.
Falta ver la efectividad en la entrega de estos auxilios, pues como se ha puesto de presente con la base de datos mediante la cual Planeación Nacional identificó los hogares para entregar el auxilio solidario, éstas se encuentran llenas de inconsistencias y problemas. Un fenómeno que no es para nada casual, pues estas bases de datos han sido diseñadas y elaboradas por gobiernos apoyados por partidos corruptos y clientelistas, que las utilizan para corromper a los electores y favorecer a sus clientelas políticas.
De cualquier manera, sea para un mes, para dos o tres, estos auxilios resultan completamente insuficientes, y se parecen más a limosnas que se le arrojan a la gente para que no se muera de hambre. Razón por la cual se alientan campañas para que las personas por su propia cuenta hagan aportes para la compra y entrega de mercados a los hogares más pobres, a los cuales los subsidios del Gobierno ni siquiera les alcanza para pagar los servicios públicos.
Para ilustrar, baste comparar estas cifras con el valor de las líneas de pobreza monetaria y de pobreza monetaria extrema (indigencia), que ha elaborado el DANE: “La línea de pobreza es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes y servicios (alimentarios y no alimentarios) en un área geográfica determinada. En 2018, la línea de pobreza a nivel nacional fue de $257.433. La línea de pobreza extrema es el costo mensual mínimo, por persona, necesario para adquirir únicamente una canasta de bienes alimentarios. Los datos que elabora el DANE, indicaban que, en 2018, la línea de pobreza extrema (o indigencia), estaba en $117.605 por persona a nivel nacional”. (DANE, Boletín técnico. Pobreza monetaria en Colombia, 2.018).
Como se puede ver, el subsidio del Gobierno por persona no llega siquiera al valor de la línea de indigencia. Y lo que es más grave: estos recursos ya estaban en el presupuesto nacional, por lo que el esfuerzo del Gobierno para garantizar el derecho al mínimo vital durante pandemias no sólo es ridículo, sino que deja por fuera a miles de hogares y a millones de personas que no clasifican en el SISBEN 1 y 2.
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Por su parte, la intervención del gobierno para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas no sólo es mínima, sino que el acceso a ella resulta prácticamente imposible para la mayoría de este tipo de empresas. Que hacen parte de un sector que representa más del 90% de todo el aparato productivo nacional, genera el 35% del PIB y el 80% del empleo de toda Colombia, según informes del DANE.
Estas empresas tienen la posibilidad de acceder a líneas de crédito que, con recursos de Bancoldex y de Finagro, ha dispuesto el Gobierno por una suma que hasta ahora es de $1.2 billones, recursos que también son para las grandes empresas. El problema es que estos créditos no los otorga el Gobierno de manera directa, como debería ser, por ejemplo, a través de Banco Agrario, sino que lo hace a través de los bancos y demás entidades financieras del sector privado, con las mismas tasas de interés “ofrecida por el intermediario financiero en condiciones normales de mercado”, como lo dice un comunicado de Presidencia de la República, con una disminución del 2% en esta tasa, y con un respaldo del Gobierno del 90% sobre el valor de estas deudas.
Y aquí están los problemas de este programa. Primero, se le está trasladando una renta a los banqueros que estos no necesitan para nada. Sus utilidades netas en 2019 sumaron $19 billones, pues el Gobierno les entrega $1.2 billones a una tasa igual al DTF (3.75%), y estos la prestan a tasas del 16% al 18% por lo menos, una ganancia para estos “pobres” de por lo menos 12 puntos porcentuales en cada crédito.
Segundo, los créditos se están quedando en las grandes empresas, que tienen toda la capacidad para influir sobre los bancos. Al contrario de lo que ocurre con la mayoría de las MYPIMES, que, por no contar con estas capacidades (ni contactos, ni historial crediticio, ni activos suficientes) están siendo rechazados sistemáticamente, tal como se ha conocido por los medios, con historias muchas veces dramáticas.
La revista Semana, por ejemplo, lo ilustraba de esta manera: “… los pequeños empresarios están sintiendo que estas ayudas se están quedando en el papel y no se están llevando a la acción. Parece que aún en momentos de crisis, las micro y pequeñas empresas siguen teniendo problemas para acceder al sector financiero tradicional y lo más angustiante, a los recursos brindados por el Gobierno para apoyarlos. Dada la emergencia por el coronavirus, varias de estas empresas están entrando en un colapso total pues muchas dependen del día a día y no cuentan con liquidez suficiente para sobrevivir por al menos unos quince días. Esto lleva a pensar que en los próximos días el país verá un centenar de pymes cerrando. Y esto es preocupante, si se tiene en cuenta que más del 80% de la generación de empleo en el país está en manos de las micro, pequeñas y medianas empresas”.
Adicionalmente, los principales bancos del país pertenecen a grandes grupos económicos, como ocurre con Bancolombia, que hace parte del Grupo Empresarial Antioqueño, o de los bancos del Grupo AVAL (Banco de Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas), cuyo propietario es Sarmiento Angulo, grupos que tienen inversiones muy importantes en otros sectores económicos, y que van a aprovechar estos recursos para privilegiar a sus propias empresas.
Este tipo de problemas fue lo que encontró la Contraloría General de la Nación al examinar la línea especial de crédito “Colombia Agro Produce”, que lanzó el gobierno para atender la emergencia desatada por el coronavirus”, en donde se identificó “que la mayor parte de las colocaciones quedaron en manos de grandes agroindustriales y comercializadores: “De los $226.000 millones colocados hasta el 8 de abril, $213.566 millones, el 94.4%, ha ido a grandes comercializadores y agroindustriales, $8.300 millones para medianos, y sólo $4.200 millones para pequeños productores, informó la Contraloría delegada”
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Una crisis como la actual, en la que la mayoría de la gente se ha quedado sin ingresos, y en la que la recuperación económica va a ser muy lenta y muy dolorosa (muchas empresas van a quebrar, especialmente en el segmento de las mypimes) y en la que los índices de desempleo se van a incrementar de manera dramática, lo que exige son políticas de mayor intervención del Estado, y no políticas neoliberales de contracción del gasto público.
En esta coyuntura es vital dar cumplimiento al mandato constitucional del derecho al mínimo vital propio de un Estado Social como el nuestro. En este sentido, la Escuela Nacional Sindical y la Bancada Alternativa en el Congreso han propuesto que el Gobierno Nacional le reconozca “un valor equivalente a medio salario mínimo mensual legal ($438.902) para aquellos hogares de los estratos 1, 2 y 3 constituidos por una sola persona, el 86.2% del total de hogares de este tipo, y un salario mínimo mensual legal ($877.803) para hogares con un mayor número de personas, aproximadamente 10´991.180 hogares. Ingreso que debe garantizase por todo el tiempo que dure el confinamiento y por tres meses más después que se levante el confinamiento obligatorio, garantizarles a estos hogares el mínimo vital. Esto tendría un costo fiscal a cargo de todos los colombianos de $8.8 billones al mes, lo que representa menos del 1% del PIB de 2019”.
Adicionalmente, debe haber una política específica para las Mypimes, que no esté mediada por los banqueros, sino implementada directamente por el Estado, para garantizar el pago de las nóminas de estas empresas, para aliviar sus deudas y para financiar su capital de trabajo, con lo cual se protegería a más del 80% del empleo.
En particular, los pequeños y medianos productores del sector agropecuario, y principalmente la economía campesina, deben recibir la más decidida ayuda del Estado, ayuda clave en esta coyuntura para fortalecer la soberanía alimentaria del país y para sustituir los más de 14 millones de toneladas de alimentos que hoy estamos importando. Importaciones que por el alto precio del dólar van a encarecer el valor de la canasta familiar.
Diversos analistas calificados han indicado que el Gobierno puede disponer de recursos suficientes para implementar este mínimo vital y estas ayudas a los sectores empresariales con mayores problemas. Recomiendan un acuerdo con la banca internacional para dejar de pagar deuda por tiempo razonable; utilizar parte de las reservas internacionales en poder del Banco de la República y también créditos de este banco.
También han propuesto suspender temporalmente la implementación de la última reforma tributaria aprobada por el Congreso y promovida por el gobierno, que les rebajó los impuestos a los más ricos con costos fiscales de por los menos $9 billones anuales. Asimismo, implantar temporalmente un impuesto del 4 por mil para las mayores fortunas.
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