Durante la ceremonia de instalación se escucharon testimonios que dieron cuenta del carácter multidimensional del conflicto armado que por más de 50 años desgarró el tejido social de Colombia. Se abordaron experiencias que representaron a múltiples víctimas por medio de la voz de los participantes.
Por Ana María Amado, directora Área Defensa de Derechos ENS.
El pasado 29 de noviembre en Bogotá, al son de gaitas, tambores y una maravillosa melodía que erizó la piel de los asistentes, tuvo lugar un momento histórico: el inicio del mandato de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Excelente noticia para la sociedad colombiana, y un gran reto a la vez para este importante organismo, que en tres años deberá concluir su mandato.
“Caminamos desde la verdad de las víctimas hacia un país que no conocemos”, señaló en la ceremonia de instalación el padre Francisco de Roux, presidente de la CEV, quien socializó las premisas esenciales hacia la paz que se está construyendo en el país.
En su intervención el padre de Roux dijo que “contar” y “escuchar” constituyen los verbos rectores del trabajo que llevará a cabo la CEV, para el cual también resulta esencial la participación de las víctimas, cuyo testimonio será una de las principales herramientas con las que la Comisión construirá el relato que dilucide la verdad y la transforme en un bien público.
De Roux hizo énfasis en la triada inescindible que conforman la CEV, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Esta triada constituye el motor que genera la integralidad del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Su articulación es una condición necesaria para la dignificación de las víctimas y la reconstrucción del tejido social que Colombia ha perdido.
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El presidente de la CEV recalcó la importancia de buscar la verdad en la Colombia profunda a través de la estrategia de las Casas por la Verdad, las cuales se distribuirán por toda la geografía nacional y en el exterior (personas exiliadas). Asimismo destacó que durante el periodo de alistamiento, que terminó el 28 de noviembre, hubo muchos encuentros con múltiples sectores de la población, organizaciones de la sociedad civil, actores del conflicto y las víctimas, quienes realizaron aportes claves y variados.
De Roux finalizó el acto de instalación recalcando el trascendental valor de la verdad, el cual permea todas las capas de la sociedad y necesariamente deberá cimentar el futuro de las generaciones actuales y venideras. Es necesaria la consecución de una verdad que no solo le responda a las víctimas, sino que también sea libre, sincera, sin sesgos, franca.
Sobre los testimonios
Durante la ceremonia de instalación se escucharon testimonios que dieron cuenta del carácter multidimensional del conflicto armado que por más de 50 años desgarró el tejido social de Colombia. Se abordaron experiencias que representaron a múltiples víctimas por medio de la voz de los participantes.
La voz de Aída Quilcué nos recalcó la necesidad de acercarnos a la verdad de las víctimas de los pueblos indígenas; la voz de Luis Eduardo Betancourt nos puso en la piel de las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica y sus líderes; Henry Éder nos ubicó en la experiencia de los empresarios víctimas; Darla González nos llevó a la realidad de las víctimas de la Comunidad LGTBI; Solani Loango nos transportó a las realidades de las víctimas de pueblo afrocolombiano; Miguel Antonio Ricardo nos puso en la perspectiva de las víctimas de despojo de tierras.
El Sargento Carlos Eduardo Mora nos dio su visión sobre las víctimas del Ejército; Édgar Bermúdez expuso la visión de las víctimas de la Policía Nacional; Pastora Mira, como Concejala, trajo la voz de las víctimas de San Carlos, Antioquia; Deisy Aparicio puso de presente la voz del movimiento estudiantil; el clero se manifestó por boca del sacerdote Héctor Fabio Henao; Jaime Parra nos aportó la visión de los excombatientes de la FARC; y Rodrigo Pérez, ex paramilitar, al final expresó su compromiso con la paz.
Desafortunadamente en el acto de instalación de la CEV no se escuchó la voz del sindicalismo. Ausencia que se extrañó entre los asistentes al evento, máxime cuando, según los datos del Sinderh de la ENS, desde enero de 1973 hasta el noviembre de 2018 se registraron al menos 14.805 violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas, de los cuales 3.170 fueron asesinatos (929 de dirigentes sindicales), 406 atentados, 242 desapariciones forzadas, 7.281 amenazas de muerte y 1.900 desplazamientos forzados.
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Lo que corresponde al movimiento sindical
La importancia de que el movimiento sindical participe activamente en la Comisión de la Verdad estriba en que, mediante la verdad, la justicia, el compromiso de no repetición y la reconciliación en la diferencia se podrían restablecer las condiciones para el ejercicio pleno de la libertad sindical, de la negociación colectiva y del derecho a la huelga, sin que ello constituya un grave riesgo para las y los trabajadores sindicalizados, como sigue ocurriendo.
Según el artículo 11 del Decreto 588 de 2017, la CEV busca el esclarecimiento y promoción del reconocimiento de los elementos que resultan clave para garantizar el derecho a la verdad. En el caso del movimiento sindical, tal derecho se les debe garantizar tanto a los sindicalistas como víctimas individuales, como a las organizaciones sindicales, a las cuales se les ha impedido el ejercicio de la libertad de asociación mediante la violencia en todas sus dimensiones. Lo que ha derivado en un ostensible impacto a la democracia.
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Como elementos esenciales del mandato de la CEV frente al movimiento sindical, destacamos diez, a saber:
1- Esclarece y promover el reconocimiento de prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en particular aquellas que reflejen patrones o tengan un carácter masivo con ocasión del conflicto armado, así como la complejidad de los contextos y las dinámicas territoriales en las que éstos sucedieron. Uno de los déficits de verdad ostensibles en el marco de la violencia antisindical lo constituye el esclarecimiento de sus patrones y su sistematicidad.
2- Las responsabilidades colectivas del Estado (incluye al Gobierno y a los demás poderes públicos), de las FARC, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional, que haya tenido alguna participación en el conflicto. Este punto resulta clave para el movimiento sindical, toda vez que en el mandato de la CEV no se excluye a los terceros civiles responsables, como sí sucede en la JEP. Además tiene alcance internacional.
3- El impacto humano y social del conflicto en la sociedad. Incluye el impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y las formas diferenciadas en las que el conflicto afectó a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, y a personas en razón de su religión, opinión o creencias, a las personas en situación de discapacidad, a los pueblos indígenas, a comunidades campesinas, a poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, al pueblo ROM, a la población LGBTI, a los desplazados y exiliados en el exterior, a las y los defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, agricultores, ganaderos, comerciantes y empresarios, entre otros.
Sobre este punto hay que decir que la vulneración de los derechos humanos de las y los sindicalistas tiene un alto impacto individual y colectivo, ya que impide o limita el ejercicio de la libertad sindical (derecho económico, social y cultural) y la defensa de los derechos de las y los trabajadores, más aún en Colombia, que ostenta el primer lugar en el mundo en cuanto a violencia antisindical, la cual ha afectado los índices de sindicalización. Según el censo sindical del Ministerio del Trabajo, en 2017 el grado de sindicalización con relación a la población económicamente activa era del 5,8%, mientras que con relación a la población ocupada era del 6,4%.[3]
4- El impacto del conflicto armado sobre el ejercicio de la política y el funcionamiento de la democracia en su conjunto, incluyendo el impacto sobre los partidos y movimientos políticos y sociales, en particular los de oposición. Resulta evidente el alto impacto del conflicto sobre el ejercicio del derecho a la libertad sindical y la dignidad de las y los trabajadores. Este derecho constituye un eje fundamental para la promoción de la democracia.
5- El impacto del conflicto sobre quienes fueron actores directos como combatientes, y sobre sus familias y entornos. Según las cifras de la ENS, en lo corrido del 2018 se han registrado 31 violaciones cometidas contra mujeres sindicalistas, situación que denota un impacto ostensible en su núcleo familiar.
6- El contexto histórico, los orígenes y las múltiples causas del conflicto, así como los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto, teniendo en cuenta como insumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, entre otros. Dilucidar los patrones de la violencia antisindical necesariamente lleva a pensar en la determinación de sus causas y los factores que facilitaron o contribuyeron a su persistencia.
7- La actuación del Estado, las guerrillas, los grupos paramilitares y diferentes sectores de la sociedad en el desarrollo del conflicto. Uno de los déficits de verdad que podría dilucidar la CEV, es el posible rol que jugó la complicidad empresarial en la comisión de graves violaciones de derechos humanos.
8- El fenómeno del paramilitarismo, en particular sus causas, orígenes y las formas en que se manifestó, su organización y la colaboración que obtuvo en cuanto a su financiación; así como el impacto de sus actuaciones en el conflicto. Según cifras de la ENS, desde 1973 al 2018 los paramilitares aparecen como presuntos responsables en el 52% de los casos.
9- El desplazamiento forzado y despojo de tierras con ocasión del conflicto, y sus consecuencias. El Sinderh de la ENS informa que desde 1973 a 2018, como consecuencia de la violencia antisindical, se presentaron 1.900 desplazamientos forzados. Resulta importante indagar las consecuencias que esta situación ha tenido para la sociedad colombiana y el ejercicio de la libertad sindical.
10- Los procesos de fortalecimiento del tejido social en las comunidades y las experiencias de resiliencia individual o colectiva. Como también los procesos de transformación positiva de las organizaciones e instituciones a lo largo del conflicto. Teniendo en cuenta que el mandato de la CEV se centra en la dignificación de las víctimas, son éstas las que tienen legitimidad para esgrimir propuestas de promoción de la convivencia en los territorios.
Desde la Escuela Nacional Sindical celebramos el inicio formal del mandato de la CEV, con el deseo de que su trabajo contribuya al esclarecimiento de la verdad, la reconciliación y la paz duradera.
Como organización de la sociedad civil ponemos a disposición del movimiento sindical y del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, toda nuestra experiencia y el sistema de información de violencia antisindical, que es único en el país. Es claro que nos encontramos en un momento histórico, frente al cual resulta fundamental la participación activa e incidente del sindicalismo, con las debidas garantías para que esta participación se lleve a cabo eficazmente.
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