El Índice Global de los Derechos de la CSI expone el fracaso del modelo económico mundial. Un nuevo contrato social puede ayudarnos a levantar otro

Imagen de referencia tomada de El Tiempo.com

Esta es la presentación del índice Global de los Derechos de la CSI.

Por Sharan Burrow

En un momento en el que algunos países se aprovechan la crisis de la COVID-19 para intensificar sus ataques contra los trabajadores y trabajadoras, el Índice Global de los Derechos de la CSI 2020 puede ayudarnos a frenar este instinto e incluso revertirlo.

Y debemos hacerlo teniendo en cuenta que el Índice Global de los Derechos 2020 expone la ruptura del contrato social entre trabajadores, Gobiernos y empleadores, registrándose el mayor nivel de violaciones de los derechos de los trabajadores en siete años. La democracia y las libertades están sometidas a constantes ataques.

Gobiernos y empleadores han restringido los derechos de los trabajadores limitando la negociación colectiva, obstaculizando el derecho de huelga y excluyendo a trabajadores de los sindicatos. La situación ha empeorado aún más, con un aumento del número de países que bloquean el registro de sindicatos.

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En nada menos que el 85% de los países se ha vulnerado el derecho de huelga. Se prohibieron huelgas y manifestaciones en Bielorrusia, Guinea, Senegal y Togo, siendo reprimidas con extremada brutalidad en Bolivia, Chile y Ecuador. En Irán e Iraq, se procedió a detenciones masivas durante protestas.

En el 80% de los países se ha vulnerado el derecho de negociación colectiva. Egipto y Honduras se sumaron a esta tendencia a soslayar los derechos de negociación colectiva obstaculizando el registro de sindicatos y despidiendo a representantes de los trabajadores.

Un detalle alarmante es el aumento en el número de países donde se impidió el registro de sindicatos, que ha pasado a 89, frente a 86 en 2019. Sudán disolvió todos los sindicatos y asociaciones del país, y en Bangladés el Departamento de Trabajo rechazó el 46% de las 1.104 solicitudes de registro de sindicatos examinadas entre 2010 y 2019.

El mayor número de países que deniegan o limitan la libertad de expresión viene a demostrar la fragilidad de las democracias, mientras que los países que restringen el acceso a la justicia han seguido siendo inaceptablemente numerosos, tantos como el año anterior.

Turquía y Hong Kong figuran entre los ejemplos más extremos de los 56 países y territorios que denegaron o reprimieron la libertad de expresión, cifra también superior a los 54 contabilizados en 2019.

En un 72% de los países los trabajadores no tuvieron acceso a la justicia, o su acceso estuvo restringido, con casos graves registrados en Bangladés, donde los tribunales de trabajo han acumulado hasta tres años de retraso y nada menos que 18.000 reclamaciones —presentadas por trabajadores— siguen pendientes. En Irán, para marzo de 2020 seguía habiendo 38 activistas detenidos arbitrariamente, muchos de los cuales permanecen encarcelados en prisiones remotas y secretas, siendo víctimas de malos tratos y sin acceso a un abogado.

Líderes sindicales de Indonesia, Corea y Turquía figuran entre los arrestos más destacados en 2020; los trabajadores fueron objeto de arrestos y detenciones arbitrarias en 61 países.

Los peores infractores según el Índice Global de Derechos

La séptima edición del Índice Global de los Derechos clasifica a 144 países en función del grado de respeto hacia los derechos de los trabajadores. El “top ten” de “peores” lo conforman Bangladés, Brasil, Colombia, Egipto, Filipinas, Honduras, India, Kazajstán, Turquía y Zimbabwe.

Honduras se ha incorporado por primera vez, mientras que en el caso de la India la represiva legislación laboral adoptada ha supuesto su reintroducción desde que apareciera por primera vez en 2016. Egipto fue uno de los 10 peores países en 2015, 2017 y 2018, reapareciendo en 2020.

La región de Oriente Medio y Norte de África es la peor del mundo para la gente trabajadora por séptimo año consecutivo, con la persistencia de inseguridad y conflictos en Palestina, Siria, Yemen y Libia, a lo que se suma el hecho de ser la región más regresiva en lo que respecta a la representación de los trabajadores y los derechos sindicales.

Jordania, Pakistán, Sudáfrica, Togo y Venezuela han obtenido una peor calificación en 2020. En cambio varios países han mejorado su posición, entre los que figuran Argentina, Canadá, España, Ghana, Namibia, Sierra Leona y Vietnam.

Hubo trabajadores que perdieron la vida, incluso durante protestas apoyadas por los sindicatos, en nueve países: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Filipinas, Honduras, Iraq y Sudáfrica. Con seis de esos nueve países, América se convierte en el continente más peligroso para los trabajadores. Globalmente, los trabajadores se vieron expuestos a actos de violencia en 51 países.

A esta situación ha venido a sumarse la COVID-19, que ha supuesto el mayor trastorno a la economía mundial en generaciones. Pero vamos a dejarlo claro: los desafíos a los que nos enfrentamos siguen siendo los mismos. La pandemia refleja la convergencia de distintas crisis: desigualdad y desconfianza, la emergencia climática, igualdad para las mujeres, racismo, tecnología, la crisis del multilateralismo.

La perturbación social y económica ha supuesto que en muchos países los trabajadores hayan quedado expuestos a la enfermedad y a la muerte a causa de la represión existente contra los sindicatos y la negativa de los Gobiernos a respetar los derechos y entablar el diálogo social. Dichos países han sido totalmente incapaces de combatir la pandemia de manera efectiva y, con la excusa de las medidas adoptadas para combatir el coronavirus, están promoviendo su agenda contraria a los derechos de los trabajadores.

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Pero justamente aquí es donde el Índice Global de los Derechos de la CSI resulta más efectivo, puesto que no se trata de una simple lista de violaciones: podemos emplearlo para construir el nuevo modelo económico que necesita el mundo cuando se recupere de la pandemia. Deberá ser una economía global resiliente, basada en un nuevo contrato social: un nuevo compromiso con los derechos en el trabajo, inversiones renovadas para garantizar su cumplimiento y el respeto del Estado de derecho, y sentar las bases para la democracia en el lugar de trabajo. Estos son los cimientos para un futuro donde no se deja a nadie atrás.

Este artículo ha sido traducido del inglés y fue publicado originalmente en la página de Equal Times

Sharan Burrow

Sharan Burrow es la Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional y anterior Presidenta del Consejo australiano de Sindicatos.​ Es la primera mujer en convertirse Secretaria General del ITUC desde su fundación en 2006, y fue la segunda mujer en convertirse en Presidenta del ACTU.

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