Derecho a la protesta en Colombia en tiempos de Covid-19

Este documento, sobre la protesta en Colombia en tiempos del Covid, ha sido preparado por una alianza de organizaciones que han lanzado una estrategia denominada «Democracia en riesgo». Este grupo está conformado por Corfas, Cinep, Podión, Foro Nacional por Colombia, La Comisión Colombiana de Juristas, la ENS, la Corporación Región, la Casa de la Mujer, Conciudadanía, la MOE y Viva la Ciudadanía.

Precisamente, para hablar del tema de la protesta, este martes 18 de agosto se realizó un conversatorio internacional. Los invitados son: Laura Peñaranda de Estados Unidos, Francesco Penaglia de Chile y Santiago Garcés de Colombia que conversarán con Poly Martínez. La cita es a las 4:30 por las redes sociales de las diferentes organizaciones que hacen parte de la alianza.

Este es el segundo análisis de este tipo que se realiza. El primero había hecho un balance de las acciones realizadas por los mandatarios y del control político implementado por el congreso principalmente.

La represión y vulneración del derecho a la protesta social es un problema de larga data en Colombia. La permanencia en el tiempo de este fenómeno, bastante por encima de lo que ha ocurrido en otros países de América Latina incluso en situaciones de dictadura militar, ha implicado su naturalización y normalización. Ahora, en tiempos de crisis sanitaria, un derecho que ya generaba resistencias en algunos sectores aparece como una locura ante la posibilidad del contagio de la Covid-19. Sin embargo, como veremos, es precisamente en momentos como el que vivimos cuando es esencial defenderlo y garantizarlo.

El derecho a la protesta social es consustancial a cualquier régimen político democrático. Sin este derecho la democracia no existe, pues está directamente vinculado a los derechos de reunión, asociación y expresión, hace parte del ejercicio ciudadano de controlar el ejercicio del gobierno cuando se erige como fuerza que enfrenta la extralimitación de funciones y los abusos del poder y permite que sectores sociales subalternos, que de otra manera no podrían hacerlo, participen en el debate público. En nuestro país, el derecho a la protesta está comprendido en los de manifestación, reunión pacífica y libertad de expresión consignados en los artículos artículos 20 y 37 de la Constitución.

Se podría considerar que este derecho debería pasar a un segundo plano ante la necesidad de disminuir la velocidad de la propagación de la enfermedad. No obstante, lo verdaderamente urgente es encontrar mecanismos de garantizarlo con los debidos protocolos de bioseguridad, pues en el marco de la excepcionalidad que vivimos aumentan los abusos de poder, la extralimitación de funciones y, sobre todo, la marginación y violación de derechos de ciudadanos vulnerables y sectores sociales subalternos.

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Aun más grave, la pandemia se utiliza como excusa para todo tipo de prácticas antidemocráticas, facilitadas por grandes intereses económicos que se movilizan para beneficiarse directamente de la crisis. Esto no es una posibilidad teórica sino una realidad en curso. El gobierno nacional y algunos empresarios ya han llamado a flexibilizar o suspender el derecho a la consulta previa frente a proyectos extractivos argumentando que de cara a la crisis económica “no se puede frenar el desarrollo del país”. De igual forma, los anuncios de privatización de activos estatales por decenas de billones de pesos, las presiones para una reforma laboral precarizadora en el campo y en la ciudad (cotización por horas y jornal rural integral) y otras tantas propuestas de medidas que podrían atentar contra el bienestar social de las mayorías no se han hecho esperar.

A pesar de las dificultades, por necesidad y por convicciones las y los colombianos no han dejado de protestar en la actual coyuntura; de hecho, producto de la emergencia sanitaria y de la cuarentena decretada el 25 de marzo, la conflictividad social en Colombia cobró una dinámica particular. Aunque se esperaba la continuidad del ciclo de movilizaciones iniciado durante el paro de noviembre del año pasado, las nuevas circunstancias implicaron, en un primer momento, la suspensión de grandes movilizaciones. Sin embargo, al tiempo en que las medidas de cuarentena vinieron a agravar las condiciones de desigualdad estructural la conflictividad social se expresó desde el principio de manera contundente. Las protestas sociales, entendidas como acciones colectivas de carácter contencioso, no han cesado ni un solo día, ni siquiera cuando más estrictas han sido las medidas de confinamiento.

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Actores y motivos de las protestas

A continuación, presentamos algunos de los actores sociales que han protagonizado protestas significativas a partir de la coyuntura de la emergencia sanitaria. Como se verá, se trata de actores sociales ubicados en ámbitos de la vida nacional atravesados por crisis de larga data que se vieron agravadas por la emergencia sanitaria y sus implicaciones.

Las y los reclusos de Colombia protestaron a nivel nacional el 21 de marzo, días antes del inicio del confinamiento obligatorio. Exigieron medidas contundentes por parte del Inpec y del gobierno nacional tendientes a impedir que el virus llegara a los centros penitenciarios y a atender el estado de cosas inconstitucional que hace al menos dos décadas persiste en las cárceles colombianas. En La Modelo, las protestas derivaron en una masacre por parte de la guardia que dejó al menos 23 muertos y 80 heridos. El gobierno afirmó que se trataba de un plan de fuga frustrado y declaró la emergencia carcelaria que implicó la militarización de las cárceles y un decreto de excarcelación “minimalista” que no atendió la situación de fondo. Tras estos hechos, y durante cuatro meses, las protestas han continuado ininterrumpidamente exigiendo, entre otros puntos, una genuina excarcelación humanitaria que permita reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios con el objetivo de frenar el contagio de la enfermedad. También han protestado guardianes del Inpec por la falta de garantías de salubridad. La dramática situación carcelaria que en esta coyuntura ha implicado no solo la violación del derecho a la protesta sino la violación del derecho a la vida de decenas de presos, echa un manto de duda sobre la idoneidad del director del Inpec, el brigadier general Norberto Mujica, así como del fiscal general Mario Barbosa, quien concibió la versión cicatera y mezquina de la excarcelación, y de la ministra de justicia Margarita Cabello, quien acogió sus recomendaciones.

Las y los trabajadores de la economía popular o del sector “informal” que representaban antes de la pandemia entre el 47 y 65 por ciento de la población ocupada, así como pobladores urbanos y campesinos han exigido de manera espontánea desde el inicio de la pandemia condiciones básicas de existencia. Vendedores informales, inmigrantes venezolanos, trabajadoras sexuales, repartidores de plataformas digitales, trabajadoras domésticas, obreros de la construcción, entre otra infinidad de ocupaciones y oficios han protestado a través de movilizaciones en la plaza pública, bloqueos de vías e incluso tomas de entidades. Las exigencias han variado: desde ayudas humanitarias puntuales hasta la exigencia de una renta básica de cuarentena que permita navegar la crisis a 32 millones de colombianos en situación de vulnerabilidad y pobreza. También hubo protestas de trabajadores propietarios y comerciantes exigiendo que los dejaran operar, ante la ausencia de un escudo social que permitiera cumplir con el confinamiento obligatorio.

Los trabajadores asalariados también se han visto duramente afectados. Debido a la caída en la oferta y la demanda de bienes y servicios producto de la cuarentena, y a la insuficiencia de las políticas gubernamentales encaminadas a preservar empresas y empleos, cientos de miles de trabajadores formales se han quedado sin trabajo. Los despidos colectivos reportados al Ministerio de Trabajo, así como las terminaciones contractuales por mutuo acuerdo, se han multiplicado. Frente a esta situación, trabajadores asalariados han protestado a las puertas de sus empresas denunciando despidos masivos, la no renovación de contratos de funciones tercerizadas por entidades públicas que implicó la pérdida de empleos, y la modificación unilateral de sus condiciones de trabajo. También se han movilizado diversos sectores por la creación y cumplimiento estricto de protocolos de bioseguridad como garantía esencial para poder trabajar. La situación del personal de la salud durante la pandemia también ha ameritado enérgicas protestas ante la precariedad de las condiciones en las que han tenido que desempeñar sus labores. El adeudo de salarios, la precariedad de las relaciones laborales y la ausencia de remuneraciones dignas son problemáticas constantes en su labor bajo el modelo de salud impuesto por la Ley 100 de 1993. Ni siquiera durante la actual coyuntura ha podido resolverse el adeudo de salarios, lo que lleva a la situación dramática de que exista personal de la salud enfrentando la pandemia mientras se les adeuda hasta 11 meses de remuneraciones. A lo largo y ancho del país, mediante plantones, movilizaciones e incluso caravanas de ambulancias, el personal de la salud ha exigido condiciones de bioseguridad, pago de salarios, mayor celeridad en el giro de recursos por parte de las EPS y de los gobiernos para los hospitales públicos y privados y un nuevo modelo de salud que supere la intermediación privada y la mercantilización del derecho.

Muchos otros actores y motivos han estado presentes en las movilizaciones y todos han sufrido represión. Campesinos se han opuesto a la erradicación forzada de coca y han denunciado el incumplimiento de acuerdos de sustitución concertada de cultivos de uso ilícito; las mujeres transgénero se movilizaron a nivel nacional denunciando los transfeminicidios y la vulneración permanente de sus derechos, estudiantes de universidades públicas han protagonizado campamentos y huelgas de hambre exigiendo matrícula cero ante la avalancha de deserciones por el deterioro de los ingresos familiares; ciudadanos se han movilizado ante el aumento desmedido de las tarifas de los servicios públicos y han protestado por el desalojo forzado de barrios subnormales producto tanto de la piratería urbana como de procesos de ocupación popular. De igual manera, diferentes colectivos en el país han seguido protestando en contra del asesinato de líderes sociales y de firmantes del Acuerdo de Paz.

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La pandemia ha implicado el uso de repertorios de movilización asociados a la necesidad de mantener el distanciamiento físico. Ha habido cacerolazos y jornadas de aplausos desde las ventanas y balcones de Colombia por razones múltiples; en rechazo a la gestión gubernamental frente a la presente crisis, en apoyo al personal de la salud que enfrenta la pandemia y a favor de la medida de aseguramiento contra Uribe Vélez. También hubo caravanas de automóviles en apoyo al expresidente en algunas ciudades de Colombia. Por otra parte, algunos actores sociales han trasladado sus luchas a la virtualidad, como el caso del magisterio que se fue a paro virtual durante dos días para exigir garantías y recursos para la continuidad del año escolar en casa, para rechazar la propuesta de semipresencialidad educativa y para demandar el cumplimiento de acuerdos con el gobierno que fueron producto de luchas previas.

Si bien es cierto que el derecho a la protesta no ha sido suspendido, el ejercicio de dicho derecho se ha visto enrarecido por medidas y declaraciones del gobierno nacional y los gobiernos locales, según las cuales protestar en estas circunstancias es “insensato” e “irresponsable”, mientras que medidas cuestionables de reactivación económica como el Día sin IVA no ameritan siempre los mismos señalamientos. Lo más grave de esto es que los hechos comunes de represión contra la movilización social, que incluso han cobrado vidas, parecen haberse legitimado en el marco de esta atmósfera de sospecha frente a la protesta. Esta sospecha no es nueva, pero se ha visto reforzada por el miedo a la pandemia. También ha habido estigmatización contra opositores políticos por propiciar dinámicas de “clientelismo político” o de “polarización” en el marco de las protestas sociales por ayudas a sectores vulnerables.

Aunque no existe garantía de qué con mayor participación, mayor movilización social y más debate público vayamos a superar la actual crisis transitando hacia un país más justo y democrático, de lo que no cabe duda es de que lo contrario es cierto. Sin dichos elementos, la Colombia post-pandemia será un país en el que el poder económico implique -todavía más- la existencia de un poder fáctico ajeno al control democrático.

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