¿Cuántos trabajadores están sin ingresos por la cuarentena y cuánto cuesta asegurarles su mínimo vital?

El autor nos dice cuánto cuesta asegurar el mínimo vital para todas las personas que están sufriendo por la crisis del coronavirus.

Por Héctor Vásquez Fernández. Analista ENS

La naturaleza del gobierno de Duque queda en evidencia en relación con las medidas tomadas para afrontar la crisis de ingresos que se produce por la cuarentena, y las que tomó no hace mucho con su política de reforma al régimen tributario.

Frente a la reforma tributaria, el propio Ministerio de Hacienda reconocía que las exenciones, descuentos, disminuciones y demás ‘gabelas’ le costarán al país por lo menos $9,4 billones desde el próximo año (Portafolio noviembre 27 de 2019). Beneficio que se concentra en los más ricos y en las empresas completamente dominantes en el mercado nacional.

En cambio, para garantizarles algo a las miles de familias que se quedan sin ingresos por causa de la cuarentena, la inversión del gobierno es apenas de $2 billones, y eso que la mayor parte de esta suma ya estaba prevista en el presupuesto nacional.

En realidad, el aporte nuevo del gobierno es apenas de un billón, consistente en el aporte denominado “ingreso solidario”, por $160.000 millones para 3 millones de familias, $145.000 millones adicionales para 2´392.281 de familias del programa “Familias en Acción”, y el giro adicional por $356.000 millones que recibirán los 204.000 jóvenes inscritos en el programa “Jóvenes en Acción”.

Acatar, como se debe, la cuarentena ordenada por el gobierno nacional y por la mayoría de los mandatarios locales, pone en una condición de desigualdad y exclusión a la mayor parte de la población colombiana, la que depende de los ingresos del trabajo, que no tiene rentas ni ahorros para soportar con dignidad el tiempo que pueda durar el confinamiento; una condición que conocen bien los desempleados y los adultos mayores que no reciben pensión.

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¿Cuántos son los trabajadores y trabajadoras que quedan sin empleo y sin ingresos por causa del confinamiento que implica la cuarentena decretada por el gobierno? En principio no todas las actividades laborales han sido suspendidas, y el propio decreto gubernamental indica en cuáles los trabajadores están autorizados para circular sin las restricciones del resto de personas.

Hay que aclarar, en primer lugar, que hasta ahora ningún empleador está autorizado para hacer despidos o suspensiones colectivas del trabajo por causa del confinamiento. Las autorizaciones las otorgan los inspectores del trabajo, previa solicitud motivada por parte de los empleadores. Sin esta autorización todos los despidos y suspensiones unilaterales del trabajo son ilegales, por tanto, todo empleador está en la obligación de mantener el pago de las nóminas como hasta antes de esta crisis, lo que supone un programa de financiación especial para aquellos empleadores que objetivamente no están en capacidad de hacer estos pagos.

Sin embargo, en Colombia los trabajadores cubiertos por esta protección legal no son la mayoría. La mayoría son informales, que en estos momentos no están trabajando por causa de la cuarentena, y no tienen los ingresos necesarios para cubrir en esta coyuntura sus necesidades básicas.

Esta lista incluye 1´892.950 trabajadores asalariados sin contratos ni protección social (17% de la población total asalariada); 8´817.280 trabajadores por cuenta propia (el 92% de ellos informales), en su mayoría trabajadores de servicios personales, técnicos y reparadores de todo tipo de artefactos, del comercio informal, recicladores, etc. Estos trabajadores no han podido salir a la calle a rebuscarse algún ingreso. Y a los que se agregan los “trabajadores familiares sin remuneración”, 751.000 según el DANE; y los “trabajadores sin remuneración que trabajan en otros hogares”, que son 99.000. En total son unos 11´560.230 las personas que se han quedado sin ingresos por causa de la cuarentena decretada por el gobierno. Y a ellos hay que sumar 3´216.000 desempleados.

Aunque la mayoría de estos trabajadores pertenecen a los niveles 1 y 2 del SISBEN, familias que se benefician con el “plan” aprobado por el gobierno, queda excluida y sin ingresos una proporción muy alta de población que no clasifica en el SISBEN.

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Así las cosas, el Estado Social tiene el deber de garantizarles el acceso a los servicios públicos esenciales por todo el tiempo que dure el encierro, esto es, electricidad, gas, agua y alcantarillado. Para ello todas las administraciones públicas, en todos los niveles, y las propias empresas que prestan estos servicios, deben asumir de manera directa el pago de estas obligaciones.

Los trabajadores informales y los desempleados, y sus familias, necesitan alimentarse y solventar las necesidades básicas de los hogares, por lo cual es deber del Estado garantizarles un ingreso monetario. Proponemos que éste sea equivalente al valor de la línea de pobreza establecida por el DANE, hoy tasa en $267.215, como mínimo vital por 40 días, equivalentes a $356.287.

Ese mínimo vital en total le costaría al Estado $5.3 billones aproximadamente, suma que representa el 0.5% del PIB, el 2% del presupuesto nacional, y la novena parte del pago que este año el Estado debe desembolsar por la deuda pública nacional. Dada la crisis del coronavirus, los pagos de esta deuda deberían suspenderse hasta que haya una completa recuperación económica.

La obligación deriva de la naturaleza de Estado Social contenida en nuestra Constitución Política. La Corte Constitucional ha indicado que la seguridad social es un derecho irrenunciable, y que existe una obligación del Estado de proporcionar garantía a los trabajadores y darles condiciones dignas y justas. Insiste en que “la seguridad social es esencial al ser humano por la naturaleza misma del derecho, por su contenido, en cuanto posibilita la subsistencia de la persona menos favorecida o en un especial estado de debilidad. La persona tiene, asimismo, derivado de su derecho a la vida y de su dignidad, el derecho a la subsistencia…”.

Como se ve, es un derecho que tienen todas las personas en condición de igualdad de oportunidades, y el Estado deberá asumirlo cuando las personas no puedan acceder a las condiciones mínimas de existencia digna” (Sentencia N° T-124/93). Debe garantizarles la subsistencia a todas las personas que por causa de la crisis del coronavirus están en condición de “menos favorecidas o en un especial estado de debilidad”. Asegurarles durante 40 días un ingreso igual al valor de la línea de pobreza.

Ello cuesta $5.6 billones, una suma inferior a los $9 billones que cada año le cuesta al país la rebaja en impuestos que en la última reforma tributaria se les hizo a los ricos. Una reforma que ha significado tener menos recursos para financiar los derechos sociales y económicos de toda la población, y que por lo mismo debe suspenderse inmediatamente. En vez de regalarlos a los más ricos, estos recursos deben destinarse para garantizarle a toda la población sus derechos económicos, sociales y culturales; hoy que por causa de la cuarentena se queda sin empleo y sin recursos.

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