El alto desempleo juvenil, un atentado a la Paz

Por Carlos Julio Díaz L.
Director General ENS

He escuchado algunas expresiones de preocupación por parte de funcionarios públicos, por la presión que la migración de excombatientes de las FARC reincorporados en el marco del proceso de paz de La Habana va a generar en los centros urbanos. Preocupación válida en la medida en que todos los colombianos debemos rodear solidariamente a quienes dejan las armas para hacer apuestas democráticas civilistas y construir proyectos de vida fundados en actividades económicas lícitas, que aporten al bienestar general.

Pero la mayor preocupación del Gobierno Nacional, y de los gobiernos de las entidades territoriales, no debe ser esa, por cuanto las FARC tienen pensado vincular a la mayoría de sus militantes en proyectos económicos agropecuarios bajo la modalidad solidaria y cooperativa. Un porcentaje mínimo de excombatientes, más los prisioneros recluidos en los centros penitenciarios urbanos, que no son muchos, serán los nuevos ciudadanos que buscarán oportunidades de vida y de trabajo en las ciudades. Y debemos hacer todos los esfuerzos para que las encuentren.

La mayor preocupación debería ser la amenaza a la paz que hoy representa el alto desempleo juvenil. A febrero de 2016 el número de jóvenes desempleados en Colombia llegaba a 1´106.000, una tasa de 15,5%, cuando el promedio nacional es inferior al 9%. El 50% de los desempleados en el país tiene 28 años de edad, o menos. Es decir, de cada dos colombianos que no tienen trabajo, uno es un joven.

Las ciudades con mayor tasa de desempleo juvenil son Cúcuta con 21,5%, Ibagué con 21,4%; Pereira 19,5%; Cali 19,4%, Pasto 18,3%, Medellín 18,2%, Barranquilla 17,4%, Cartagena 17,2%, Manizales 16,9% y Villavicencio 16,1%.

Según cifras publicadas recientemente por el Viceministro de empleo, Francisco Javier Mejía, en Medellín hay 142.000 “ninis” (jóvenes que NI estudian, NI trabajan). Y esta es una ciudad caracterizada por altos niveles de violencia, que involucra en su mayor parte a la población joven.

Vale entonces la pena preguntarse: ¿existe alguna relación entre estos niveles de violencia y el alto desempleo y exclusión de los jóvenes? Mi respuesta es que sí, sin ninguna duda. Probablemente no sea un determinante, pero si es un condicionante, dado que la delincuencia y la economía criminal sí les están brindando oportunidades de “trabajo”, las mismas que no encuentran en el sistema educativo y en la economía productiva.

El trabajo ha sido desvalorizado por la ideología neoliberal, ha perdido su centralidad en la sociedad. Un punto nodal en la agenda sindical es recuperar el sentido existencial del trabajo para la vida humana. El trabajo no solo es un medio de vida y de ingresos, sino el soporte para que un ser humano pueda construir un proyecto de vida. Al negarles esa posibilidad a las nuevas generaciones, estamos asesinando el futuro de la sociedad.

En la pasada conferencia de la OIT, dentro de las conclusiones de la Comisión de Empleo y Trabajo Decente para la Transición a la Paz, se resalta “la importancia del Programa de Trabajo Decente para promover la paz, prevenir las situaciones de crisis que resultan de los conflictos… posibilitar la recuperación y potenciar la resiliencia”. Asimismo, se resalta la necesidad de “adoptar y poner en práctica una estrategia global y sostenible de empleo que impulse el empleo pleno, productivo, libremente elegido y decente para las mujeres y los hombres, teniendo en cuenta el convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)”.

Y termina enfatizando la OIT que “al poner en práctica sus respuestas a las situaciones de crisis, los miembros deberían esforzarse por ofrecer a las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes oportunidades estables de empleo y trabajo decente y de generación de ingresos”.

Dentro de las medidas que se deberían adoptar para crear oportunidades de empleo decente y generación de ingresos se mencionan, entre otras:

a) Programas de inversión.
b) Creación de un entorno propicio para el desarrollo empresarial, incluida la pequeña y mediana empresa.
c) Cooperativas y otras iniciativas de economía social.
d) Iniciativas de desarrollo económico local, prestando atención prioritaria a los medios de vida tanto en las zonas rurales como urbanas.
e) Lucha contra el clientelismo y la corrupción.

Se concluye entonces que este componente del Programa de Trabajo Decente es un derivado de la política económica, como entorno que puede favorecer la inversión y el progreso empresarial para generar empleo y mayores ingresos en la población, especialmente joven.

El contexto macroeconómico para aumentar la productividad y una mayor densidad empresarial que nos permita reducir el desempleo juvenil y la informalidad, se relaciona con el acceso al crédito, tasas de interés de fomento, infraestructura económica y social eficiente, investigación y desarrollo tecnológico, estabilidad cambiaria, precios de garantía para el agro, costos de la energía y la gasolina competitivos, política tributaria equitativa que favorezca la producción y castigue la especulación y, en últimas, con una política industrial con alto contenido de valor agregado y conocimiento.

Lamentablemente la ideología neoliberal dominante en las elites políticas y gubernamentales ha construido un entorno negativo para la creación de oportunidades de empleo y de ingresos; la inestabilidad cambiaria dificulta la inversión de largo plazo; la infraestructura económica tiene un atraso de varias décadas comparado con el resto de América Latina, lo que hace altamente ineficientes las actividades económicas; el sistema de seguridad social está colapsado, lo que aumenta la improductividad laboral.

Asimismo, las brechas en investigación y tecnología son cada vez mayores en relación con los países desarrollados; el agro está por fuera de la preocupación de la política pública; la tributación es altamente inequitativa y generosa con la multinacional primario–exportadora; los costos de la energía y la gasolina están por encima de los promedios internacionales; y la política industrial se ha quedado en meros anuncios.

El mejor ejemplo de la política anti–industrial del entorno macroeconómico en Colombia, son las altas tasas de interés que hacen inviable cualquier inversión productiva agrícola o industrial. La tasa de interés de usura, que es el techo de los intereses que pueden cobrar las entidades financieras por los créditos ordinarios y de consumo, ya supera el 32%. No hay negocio lícito que aguante estos costos financieros. De hecho, la industria manufacturera ha perdido 108 mil empleos en el comparativo trimestral abril–junio del 2016 con respecto al 2015.

La responsable de éste auge especulativo en detrimento de la producción es, una vez más, la política neoliberal de la Junta Directiva del Banco de la Republica. Los tecnócratas que la conforman creen que el desbordamiento de la inflación es causado por el exceso de demanda de la población, pues suponen, de manera falsa, que sus ingresos son demasiado altos, incluido el salario mínimo legal, y vienen elevando la tasa de intervención en el sector financiero y de interés en la economía para contraer, aún más, la ya contraída demanda nacional.

La inflación galopante que nos golpea es por el incremento en los costos de los bienes e insumos que importamos por la mayor devaluación, causada a su vez por el derrumbe del precio del petróleo, y por el impacto del Fenómeno del Niño en los alimentos. Es una inflación de costos, no por exceso de demanda.

Esta equivocada política va a explotar en una crisis mayor. Muchas empresas van a cerrar por los altos costos financieros y un mayor debilitamiento de la demanda agregada, lo que a su vez causará más desempleo y menor demanda, y así hundirnos en un ciclo siniestro que desembocará en mayor violencia social por la negación de oportunidades laborales para los jóvenes de nuestro país, pues solo les estamos dejando el camino de la informalidad, de la ilegalidad y de la criminalidad.

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