Sorpresa e inconformidad del movimiento sindical ante el decreto de negociación colectiva en sector público

—Algunos reconocen avances, la mayoría dice que es una “burla” del Gobierno—
El Gobierno Nacional expidió ayer jueves el Decreto 1092 que reglamenta la negociación colectiva para los empleados de todas las entidades y organismos del sector público, con la sola excepción de las Fuerzas Militares y la Policía. (Ver su texto completo en enlace: http://www.mintrabajo.gov.co/index.php/mayo-2012/539.html

Y la reacción del movimiento sindical no se hizo esperar. Aunque algunos dirigentes reconocen avances con respecto al Decreto 535, que rigió hasta ayer, la mayoría de los consultados por esta agencia consideró que el decreto no materializa cabalmente la negociación colectiva de los empleados públicos, y por lo mismo no se ajusta a los convenios 151 y 154 de la OIT. Y no faltaron quienes lo calificaron como una “burla” del gobierno al movimiento sindical estatal, una “desagradable” reproducción del Decreto 535, sólo que más maquillado.

Es bueno recordar que este Decreto tiene una accidentada historia: el 24 de mayo del año pasado el gobierno y las centrales y federaciones sindicales estatales concertaron la elaboración su texto, el cual inesperadamente el Gobierno se negó a firmar, aduciendo que requería todavía algunos ajustes, que se comprometió a concertar con el movimiento sindical. Estos ajustes le tomaron un año, hasta ayer, cuando sorpresivamente lo firmó. Sólo que de manera unilateral, rompiendo el proceso de negociación que traía con las centrales y las federaciones sindicales; y lo que, según éstas, es peor: desconociendo aspectos que ya se habían acordado.

Las mayores quejas tienen que ver los límites que establece en los temas que pueden ser materia de negociación, como el salarial, las prestaciones sociales y el régimen disciplinario. Al respecto Francisco Maltés, responsable de asuntos estatales de la CUT señaló: “En el anterior proyecto de Decreto no existía restricción para discutir ningún tema. En este nuevo hay limitaciones en prácticamente todos los temas. Únicamente deja abierta la posibilidad de discutir salarios, pero a renglón seguido dice que la negociación en ningún caso podrá sobrepasar el tope salarial que define el gobierno. Es decir sí, pero no”.

Otra queja tiene que ver con la figura del mediador en el caso de los temas sobre los que no se llegue a un acuerdo. Al respecto la CUT, en un comunicado emitido hoy, dice que habían acordado un tribunal de arbitramento compuesto paritariamente entre trabajadores y nominadores, que escogía de común acuerdo árbitro)y al final las conclusiones de este comité eran de obligatorio cumplimiento para el nominador. Pero esto desapareció del texto del 1092.

Otro hecho que generó rechazo de las organizaciones sindicales, es que se haya firmado a pocos días de iniciarse en Ginebra la Conferencia 101 de la OIT, y a 6 días de la realización del Paro Nacional Estatal del 30 de mayo, cuya principal motivación era precisamente la dilación del Gobierno para firmar este Decreto. De ahí que se interprete como una forma de “sabotear” el paro, y como un mensaje del gobierno a la OIT, en el sentido de que Colombia sí es un país en progreso en cuanto al cumplimiento de los convenios”.

Frente a esto, la CUT en su comunicado reafirmó su voluntad política de realizar el paro del 30 de mayo, y llevar a la Conferencia de la OIT la iniciativa de que Colombia sea incluida en la lista de casos que debe examinar la Comisión de Normas por violación a los convenios 87 y 98.

Por su parte la CGT se mostró menos “dura” con el Decreto, le reconoce algunos avances, pero de todas maneras considera que no cumple con las aspiraciones que se tenían en la materia.

Ronda de reacciones

Domingo Tovar. Presidente de la CUT:

“La expedición del decreto de manera unilateral por parte del gobierno, tiene como primer propósito generar una crisis y desmontar el paro nacional estatal del 30 de mayo. Lo segundo es que desconoce el proceso de concertación entre las centrales obreras y las federaciones estatales; y lo tercero es que no satisface nuestras necesidades, no materializa la negociación colectiva en el sector público en el marco de los convenios 151 y 154 de OIT. En ninguna parte menciona la palabra negociación ni pliego de peticiones, habla de solicitudes. O sea que no hay ningún avance con respecto al Decreto 535”.

Miguel Morantes. Presidente de la CTC:

El Decreto nos coge por sorpresa, cuando lo que esperábamos era una reunión para finiquitar el texto. Hay algunos puntos que estaban en discusión y no fueron resueltos, y exceptúa muchas cosas. Así que nos preocupa que ese decreto no vaya a servir para que sea efectiva la negociación en el sector público. Es más, en algunos casos los directivos de entidades públicas que manejan políticas antisindicales van a tener cómo burlar la negociación”.

Percy Oyola, Presidente de Utradec (Federación sindical estatal de la CGT):

“Es un poco mejor que el Decreto 535, pero no lo que nosotros esperábamos. Mantiene la postura que se ha trazado desde el Ministerio de Hacienda respecto a los elementos que son materia de negociación. Sin embargo, hay que reconocer como avances el que ya no se habla de concertación sino de negociación colectiva, que se reconoce el fuero sindical circunstancial durante el proceso de la negociación, los permisos y garantías sindicales. Nos parece que hay una instancia de mediación que no es del todo satisfactoria, pero avanza en la posibilidad de que si la negociación no se resuelve en arreglo directo, pueda tener un acompañamiento en esa etapa de mediación”.

“Me parece que el gobierno intenta matar dos pájaros con un solo tiro: expedir el decreto para presentarse con una mejor cara ante la elección del director de la OIT y frente a la Conferencia anual de este organismo. Sin embargo creemos que el tema será zanjado realmente en la medida en que avancen los procesos de negociación y que no encontremos tantas dificultades como las hay hoy por parte de los empleadores que representan al Estado”.

“Las razones del paro estatal del 30 de mayo continúan vigentes. No hemos tomado una decisión contraria, porque hay otros problemas que el gobierno debe resolver en un marco de concertación, que tienen que ver con la carrera administrativa y la tercerización laboral en el sector público”.

Carlos Castañeda, Presidente de SUNET (Sindicato sectorial de los trabajadores estatales de la CUT):

“Lo que ve uno claramente es una burla del gobierno al movimiento sindical, que merece una respuesta contundente con el paro del 30 de mayo. Este decreto es una desagradable reproducción del 535, le pone un par de ingredientes para hacerlo parece un poco diferente. Las cosas importantes que habíamos planteado, como la segunda instancia, fue completamente eliminada. Insertaron la figura del mediador, en el entendido que si éste no logra el acuerdo entre las partes, de todas maneras el Estado mantiene su poder unilateral de dirimir el asunto, que es exactamente lo que había en el 535”.

Francisco Maltés. Responsable de Asuntos Estatales de la CUT:

“Con este Decreto el Gobierno rompe de manera unilateral el proceso de concertación que traíamos y desconoce acuerdos que habíamos logrado. De por medio hay dos hechos políticos. Uno es enviarle un mensaje a la OIT en el sentido de que Colombia sí es un país en progreso, y el otro es que el gobierno pretende sabotear el paro del 30 de mayo, pues el decreto, como lo habíamos concertado, era clave en la motivación del paro, máxime cuando sabemos que en varias entidades del Estado donde hay conflictos laborales, en esta última semana los nominadores han venido llamando a los sindicatos para dialogar, incluso a Fecode. En mi opinión, con este Decreto gana el Ministerio de Hacienda, que tiene que ver con los recursos; y pierde el Ministerio de Trabajo, que tiene que ver con lo social desde el punto de vista laboral”.

Jorge Peña. Presidente de Fenaser (Federación sindical estatal de la CTC):

“Es algo mejor que el 535, un avance, pero es desafortunado que el gobierno no haya hecho el esfuerzo de concertarlo más. Se quedó corto en varios aspectos, hace excepciones en puntos que son claves, como es lo relativo a la carrera administrativa y lo del código disciplinario, que no se pueden discutir. Eso hace que el decreto quede bastante limitado. Lo otro que se había discutido bastante era lo del arbitraje, que también se queda corto porque en últimas es el nominador quien toma la última decisión”.

“Quienes estamos en el mundo sindical no necesitamos hacer mucho esfuerzo para entender que este Decreto es un paño de agua tibia para abonar el terreno en la conferencia de la OIT e influir en el paro del 30 de mayo. Así que debemos seguir reclamando que la negociación en el sector estatal sea un derecho pleno de los trabajadores”.

Juan Diego Gómez. Representante en Colombia de la Internacional de Servicios Públicos (ISP):

“Este decreto es un remedo del texto que habíamos concertado el 24 de mayo del 2011. Después hicimos otro esfuerzo de concertación y arribamos a unas fórmulas con el Viceministro de Relaciones Laborales, David Luna, pero esas fórmulas desaparecen del texto final. Lo que quiere decir que es una burla al proceso de concertación. El gobierno no está siendo responsable y serio con los escenarios de diálogo social”.

“Al mirar los contenidos del Decreto, creemos que no es una derogatoria del 535 sino una reproducción de éste, pero con otras palabras, matizado. No hay un cambio de fondo para garantizar y propiciar la negociación colectiva en el sector público. El mecanismo para dirimir las diferencias en la negociación, vuelve y deja al empleador con la facultad de la decisión final; y el que se introduzcan tantas limitantes en los asuntos que pueden ser negociables, vuelve este decreto un canto a la bandera”.

“Consideramos que el decreto no se ajusta al espíritu y el sentido de los convenios 151 y 154 de la OIT. El proyecto de acuerdo que habíamos logrado concertar hace un año, relativamente sí se ajustaba en buena medida a ese espíritu. Por eso creemos que en la conferencia de la OIT nuevamente vamos a tener que poner en discusión esta violación a los derechos de los trabajadores del sector público”.

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