Resumen del mes de agosto de 2018

En el resumen del mes de agosto de 2018 destacamos los siguientes 5 hechos que en materia sindical y laboral ocurrieron en Colombia:

– En carta al Presidente Iván Duque 6 federaciones sindicales internacionales expresan preocupación por asesinatos de líderes sociales en Colombia.

– El sindicalismo frente a la propuesta de facultades extras para subir el salario mínimo.

– En el pliego que negocia con Ecopetrol, la USO defenderá la propiedad pública de la empresa.

– Recomendaciones a la Comisión de la Verdad y a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre violencia antisindical.

– Sindicato minoritario gana votación de huelga en puerto de Buenaventura.

 

28 de agosto

En carta al presidente Iván Duque, 6 federaciones sindicales internacionales expresan preocupación por asesinatos de líderes

  “Nos preocupa que las denuncias por amenazas y asesinatos contra dirigentes sindicales y líderes sociales defensores de Derechos Humanos, no solo no han frenado, sino que se han incrementado, manteniéndose niveles de impunidad alarmantes”, señalan en la carta que enviaron al Presidente Iván Duque las 6 federaciones sindicales internacionales que tienen sindicatos filiales en Colombia.

Recuerdan que si los cuerpos de seguridad del Estado hubiesen atendido denuncias que se hicieron con antelación, se habrían evitado algunos de estos crímenes. Señalan la necesidad de establecer un mecanismo eficaz de protección a los líderes amenazados, y una revisión de los procedimientos investigativos para terminar con la impunidad

Firman la carta: UNI Global Union, Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF),  REL-UITA, Internacional de Servicios Públicos (ISP) e IndustriALL Global Union.

En la carta también recomiendan al Presidente Duque establecer diálogo permanente con los sindicatos más representativos del país, que permita fomentar el trabajo decente y formal, promover la negociación colectiva por rama de actividad, a la luz de los Convenios 87 y 98 de la OIT, ratificados por Colombia.

 

23 de agosto

El Movimiento Sindical frente a la propuesta de facultades extras para subir el salario mínimo

Con sorpresa recibieron las centrales sindicales el proyecto de ley presentado por el senador Álvaro Uribe, que le daría facultades al Presidente para incrementar, por una vez y de manera extraordinaria, el salario mínimo en Colombia.

La CUT señaló que el salario mínimo en Colombia es “altísimamente precario”, pero que el proyecto es innecesario, ya que el escenario constitucional para definir el incremento del salario mínimo es la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPCPSL). Y es riesgoso, porque incluye puntos que podrían utilizarse para dar ventajas tributarias a los empresarios y aumentar impuestos a los trabajadores y la clase media.

La CTC manifestó los mismos temores, en el sentido de que esas facultades extraordinarias las podría aprovechar el Presidente Duque para hacer la reforma tributaria y otras reformas que ha anunciado. También señaló que no se puede dejar de lado la CPCPSL, la instancia a la que corresponde adoptar el incremento del mínimo.

 Y la CGT evaluó la propuesta del senador Uribe como interesante,  ya que mejora los ingresos de los trabajadores y compensaría el aumento del IVA que se dio en el gobierno de Santos. Pidió sí tiempo para estudiar sus implicaciones en la anunciada  reforma tributaria y en los ingresos de los trabajadores.

Por su parte, la Escuela Nacional Sindical señaló que el debate es sobre el fondo de la propuesta, esto es, si Duque aprovechará la norma para adelantar la reforma tributaria que ha propuesto, o ésta se hará en el Congreso en un debate abierto a la ciudadanía.

La Ministra de Trabajo, Alicia Arango, ya convocó a la CPCPSL para que, en esta instancia tripartita, se analice la propuesta del senador Uribe, y de esa manera sirva de referencia para que el Presidente Duque tome decisiones.

 

14 de agosto

En el pliego que negocia con Ecopetrol, la USO defenderá la propiedad pública de la empresa

Cesar Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera, al explicar el alcance del pliego de peticiones que negocia con Ecopetrol, dijo que, más allá de los beneficios económicos y sociales para los trabajadores, y de las reivindicaciones para las comunidades aledañas a los campos petroleros, en esta ocasión el pliego tiene un propósito fundamental: la defensa de Ecopetrol como empresa pública.

Señaló que la USO quiere salirle al paso a la propuesta del Consejo Gremial Nacional, cuyo peso en el Gobierno es ostensible, para que se vendan, total o parcialmente, las acciones de la estatal petrolera.

Loza aseguró que en la mesa de negociaciones la USO defenderá la propiedad pública de Ecopetrol, empresa que en los últimos 10 años le aportó al país recursos por $184 billones por concepto de regalías, impuestos y utilidades. Recordó que en negociaciones anteriores el sindicato contribuyó para que el control de varios pozos petroleros pasara a Ecopetrol, pozos que hoy producen 135 mil barriles diarios de crudo.

En el pliego también propone la modernización de la refinería de Barrancabermeja, e insta a Ecopetrol para que apueste con decisión a las energías limpias y renovables.

Loza desmintió que el pliego petitorio de la USO valga dos billones de pesos, como circuló en algunos medios. Solo vale la décima parte de eso, aseguró. También subrayó la defensa de los derechos de los trabajadores tercerizados, que constituyen el 80% del personal de Ecopetrol, cuyas condiciones son precarias. A raíz de la crisis de los precios del crudo, en 2015 sus salarios se redujeron entre el 25% y el 45%.

Asimismo, la negociación tendrá en cuenta la situación de las comunidades aledañas a las zonas de explotación petrolífera, cuyas condiciones sociales no mejoran.

 

24 de agosto

Recomendaciones a la Comisión de la Verdad y a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre violencia antisindical

El movimiento sindical tiene mucho que aportar y esperar de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en términos de satisfacer sus derechos como víctima colectiva del conflicto colombiano. Y también de la Comisión para la Verdad (CEV) en cuanto al esclarecimiento de la verdad sobre la violencia antisindical y la reparación colectiva.

La JEP y la CEV fueron creadas dentro del Acuerdo de Paz con las FARC, y hacen parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).

Las confederaciones sindicales CTC, CGT y FECODE entregaron a la CEV y la JEP un documento que recoge recomendaciones técnicas y metodológicas para facilitarles el abordaje del caso sindical, las cuales surgieron de un proceso de discusión en el que participaron diversos sindicatos afiliadas a estas confederaciones.

El planteamiento central de estas organizaciones, es que el abordaje del caso sindical debe tener una perspectiva amplia, toda vez que la violencia que padeció el sindicalismo en el marco del conflicto armado no sólo representó vidas perdidas, sino un daño igualmente grave: la afectación de las organizaciones sindicales, de procesos sociales y de la democracia colombiana.

Hasta el 2013 unas 700 organizaciones fueron víctimas de por lo menos un hecho violatorio del derecho a la vida, la libertad o la integridad de alguno de sus afiliados, y 322 sindicatos vieron caer asesinado por lo menos a uno de sus miembros. Además, a los sindicalistas y sus organizaciones se les menoscabaron sus derechos individuales y colectivos a partir de leyes y políticas lesivas.

En esa perspectiva, en su documento las organizaciones sindicales recomiendan al SIVJRNR analizar la violencia antisindical bajo tres enfoques: según los sectores de la economía; según las diferentes regiones donde se dio la violencia, tanto por grupos armados como por empresarios y agentes del Estado; y el enfoque poblacional, que dé cuenta de la violencia desde una perspectiva de edad, género y pertenencia étnica.

Asimismo, recomiendan construir un capítulo especial en términos de las causas y efectos, sus lógicas, patrones, determinadores y beneficiarios de la violencia antisindical; y plantear la reparación colectiva con énfasis en las garantías de no repetición y la superación de las causas estructurales de la violencia, condiciones vitales para la pervivencia de la actividad sindical, la democracia y la paz en Colombia.

De igual manera, la CEV deberá hacer recomendaciones orientadas a deconstruir la estigmatización y la cultura antisindical arraigada en la sociedad, la cual facilitó la violencia y la victimización. Por ejemplo, campañas en medios masivos tendientes a dignificar el movimiento sindical y a derruir los imaginarios en su contra.

Se debe también fortalecer la capacidad de inspección del Ministerio de Trabajo, y que el sector privado y los gremios económicos se comprometan a respetar la actividad sindical, bajo el entendido de que la violencia antisindical favoreció la implementación de modelos y relaciones laborales desventajosas para los trabajadores, como la precarización y la tercerización.

 

30 de agosto

Sindicato minoritario gana votación de huelga en puerto de Buenaventura

Los trabajadores de la Terminal de Contenedores del puerto de Buenaventura (TCBUEN) votaron la huelga en respuesta a la negativa de esta empresa para negociar el pliego que presentó el sindicato SNTT.

Lo más significativo de esta decisión fue que, a pesar de tener solo 87 afiliados, SNTT logró que en la votación participaran 277 de las 380 personas que allí operan, quienes mayoritariamente (el 82%) votaron a favor de la huelga, hecho que obligó a TCBUEN a cambiar su actitud y reunirse con el sindicato para buscar un acuerdo negociado antes del 6 de septiembre, día límite para decretar la hora cero de la huelga.

Esteban Barboza, presidente de SNTT, celebró el triunfo, sobre todo porque la empresa esperaba que los trabajadores sindicalizados no votaran la huelga ya que son minoritarios. El triunfo, dijo, se debió a que el sindicato realizó una campaña con volantes, mítines y voz a voz, explicándoles a los trabajadores que lo ofrecido por la empresa no recogía sus necesidades.

Entre las empresas portuarias de Buenaventura hubo nerviosismo y preocupación, ya que TCBUEN no solo perdería unos $500 millones diarios en caso de huelga, sino porque es un terminal proveedor para los demás puertos, y su parálisis afectaría gran parte del engranaje de Buenaventura,  principal puerto de Colombia sobre el Pacífico.

Otro hecho destacado fue que los trabajadores afiliados a SNTT en los puertos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, y en la Sociedad Portuaria de Buenaventura adelantaron acciones para iniciar una huelga de solidaridad en caso de que las peticiones de los trabajadores de TCBUEN no sean escuchadas y atendidas. De darse, sería la primera huelga de solidaridad en Colombia.

Otro hecho que también tuvo incidencia fue la campaña de denuncia internacional que SNTT realizó en asocio con la ITF (federación sindical internacional de trabajadores del transporte) y con 3F, el sindicato portuario más grande de Dinamarca, sede principal de Maersk, dueña de TCBUEN.


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