Magisterio antioqueño acosado por la violencia y la extorsión

—En lo que va de 2010 asesinaron 3 educadores más que en todo el 2009—
—Extorsiones de hasta $800 mil cobran a los educadores—

Las llamadas bandas emergentes fueron señaladas por ADIDA como los actores armados que más presionan a los educadores de Antioquia, no sólo mediante asesinatos, intimidaciones, amenazas y desplazamientos, sino también bajo la nueva modalidad de la extorsión, especialmente en las regiones de Puerto Berrío y Bajo Cauca.

Así lo aseguró Over Dorado, presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, en rueda de prensa que esta agremiación citó para denunciar el incremento de hechos de violencia que afectan seriamente la seguridad personal y la estabilidad laboral de los educadores, y por lo mismo la calidad de la educación que reciben miles de niños y jóvenes del departamento.

En los casi 4 meses que van de 2010 en Antioquia han sido asesinados 5 educadores, 3 más que en todo 2009; en tanto que en el mismo lapso fueron amenazados 56 educadores (19 de ellos en Medellín), lo que significa que en este aspecto se mantiene la tendencia de 2009, año en que un total de 217 educadores recibieron amenazas.

Las 5 educadores asesinados en lo que va de 2010 son: Beatriz Alarcón (Sabaneta, 13 de enero); Gustavo Gil Sierra (Medellín, 20 de marzo); Duvián Rojo Cadavid (Puerto Berrío, 13 de marzo); Arnulfo Torres Sánchez (Itagüí, 13 de abril); y Francisco Valerio Orozco (Cáceres, 16 de abril).

Extorsiones a granel

Un fenómeno que viene en alza y genera alarma en el gremio educador es, según el presidente de ADIDA, el de las extorsiones por parte de las llamadas bandas emergentes (“Los Rastrojos”), principalmente en Puerto Berrío y Caucasia. En estos municipios no sólo extorsionan a los comerciantes y a los finqueros sino que, de un tiempo para acá, también vienen extorsionando a los educadores, en sumas que oscilan entre 200 mil y 800 mil pesos mensuales.

O sea que a los educadores ya no sólo los persiguen por ser sindicalistas sino por ser personas que tienen un ingreso económico. Oficialmente se han denunciado varios casos de extorsión, pero se sabe que son muchos más porque los educadores, por temor, no los denuncian. Esta situación ha motivado el éxodo de educadores en las últimas semanas. 5 fueron trasladados de Puerto Berrío y 7 de Caucasia.

Pero lo más preocupante, denunció Over Dorado, es que las administraciones municipales y las autoridades de policía no hacen nada para contener las amenazas y extorsiones contra los educadores. Lo que se ve —dijo— es que en estas zonas del departamento los actores armados ilegales se pasean como “Pedro por su casa”, y en la práctica ejercen un control social y político sobre la comunidad en general y sobre el magisterio en particular.

En este sentido ADIDA le ha propuesto al Gobierno Nacional que haga una depuración de los miembros de la fuerza pública comprometidos con las bandas ilegales, y acentúe un proceso educativo y formativo en derechos humanos al interior de los cuerpos de seguridad del Estado; como también haga una revisión de lo que está pasando con el proceso de desmovilización y reinserción en las zonas mencionadas, pues los desajustes en este proceso tienen mucho que ver con la violencia y la inseguridad que allí se viven.

Toda esta situación no sólo afecta la libertad de asociación y el trabajo sindical del magisterio, sino también la labor pedagógica en los establecimientos educativos. Tanto así que hoy, por causa de la violencia y la inseguridad, hay 50 instituciones intervenidas por la Secretaría de Educación de Antioquia; y en el departamento hay unas 500 plazas descubiertas de maestros, bien porque éstos las han abandonado por temor o por otras razones; a pesar de que en la Secretaría hay cientos de solicitudes de maestros dispuestos a ir a trabajar a cualquier lugar donde sean destinados.

Asimismo, Over Dorado calificó como grave el tema de la impunidad. Al respecto recordó que entre 1987 y 2008 se presentaron en Antioquia 248 casos de educadores asesinados, que en más del 95% siguen en la impunidad.

Situación del Valle de Aburrá

En la citada rueda de prensa, la dirigencia de ADIDA también denunció que en Medellín y los municipios del Valle de Aburrá la situación también se ha deteriorado. Señalaron que las instituciones educativas y los maestros que sirven en ellas se sienten cada vez más presionados y obligados a aceptar las condiciones de contratación y administración impuestas por las bandas y combos delicuenciales que operan en los barrios; presiones que no sólo afectan los cronogramas y las actividades académicas de los planteles, sino que en muchos casos obligan al desplazamientos forzados de estudiantes y educadores.

Esta situación, según ADIDA, se presenta principalmente en los barrio de la Nororiental, la Noroccidental, el sector de La Sierra, Robledo y en la Comuna 13. Precisamente para analizar a fondo esta problemática, el próximo miércoles 28 de abril se realizará en el Concejo de Medellín un debate en el que intervendrán ADIDA y otras organizaciones sociales que tienen que ver con el tema.

Un caso especialmente preocupante, según Dorado, es Itagüí, donde en lo que va del año, por cuenta de los diferentes combos que se disputan el territorio en este municipio, un educador sindicalizado fue asesinado, 2 fueron amenazados y 220 estudiantes debieron ser trasladados de plantel .educativo.

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