En lo laboral, la reforma a la salud legaliza lo que hoy es ilegal, dicen sindicatos del sector

 

 Distintos veceros del Movimiento Sindical del sector de la salud coinciden en la inconveniencia del proyecto de ley de reforma la salud ya aprobada por el Senado y en trámite en la Cámara de Representantes. De ahí la participación tan activa y masiva que, con el respaldo de las centrales sindicales, han tenido en las últimas jornadas de protesta contra esta reforma.
La califican de inconveniente porque no soluciona los problemas del actual modelo de salud, entre otras razones porque no acaba con la intermediación de las desprestigiadas EPS sino que las maquilla y transforma en gestoras; no resuelve la deuda con los hospitales públicos y entidades privadas; continúan las barreras de acceso al servicio y hace más complejo el derecho a la tutela; y persiste en la inestabilidad y precariedad laboral en el sector.

Este último punto atañe directamente a los trabajadores de la salud, porque, en concepto de los sindicatos, la reforma no solo conserva sino que profundiza la tercerización en el sector y vulnera los derechos de los trabajadores. Es una reforma que persiste la tesis de que la mala situación financiera de los hospitales la motivan los altos costos laborales; tesis de la cual se valieron para menguar las plantas de personal de los hospitales mediante la tercerización por cooperativas de trabajo asociado, y ahora por OPS y contratos sindicales.

El tema no es menor, pues se calcula que más del 70% de los trabajadores de la salud tienen contratos a término fijo o están tercerizados; y muchos de los que tienen vinculación directa están en situación de provisionalidad desde hace años.

Los vaivenes del tema laboral

El tema laboral en la reforma que actualmente cursa en el congreso ha sido de vaivenes. En el proyecto inicial el Gobierno había incluido un capítulo que le daba al Presidente de la República facultades extraordinarias para reformar el régimen laboral y prestacional de los trabajadores de las Empresas Sociales del Estado (ESE). Luego este capítulo se retiró y se propuso un articulado que establecía una nueva categoría para los empleados de la salud: servidores públicos, como también cambios en la forma de pago, dominicales, festivos, recargos nocturnos y en el tema de la disponibilidad.

Ante las críticas que tuvo este articulado, se sacó del texto y se volvió a la propuesta inicial, la de dar facultades al presidente, quien tendría 6 meses para reformar el régimen laboral de las ESE, que es la que finalmente quedó en el texto aprobado por el Senado. Con un párrafo agregado, que dice que la reforma al régimen laboral debe ser concertada con las organizaciones sindicales.

Para Germán Reyes, exparlamentario y presidente de Asmedas Seccional Antioquia, lo que busca esta reforma es limitar la carrera administrativa y legalizar lo que hoy es ilegal: la tercerización de los trabajadores, toda vez que se pasa por la faja las Sentencias C-614/09 y C-701/12 de la Corte Constitucional, los fallos del Consejo de Estado, las intervenciones de la Procuraduría, en el sentido de que los cargos que son misionales deben estar en planta de personal.

“Y estas mismas garantías de estabilidad también las exigimos en los contrato de trabajo en las EPS y las clínicas privadas, donde también hay OPS y contratación por falsos sindicatos”, agregó Reyes, para quien, irónicamente, los trabajadores de la salud tienen más garantías con las normas que hay, que con las que plantea la reforma.

Un punto que causa escozor es el cambio de la categoría laboral. De empleados de la salud pasarían a ser servidores públicos, con lo cual se afecta la  carrera administrativa y los trabajadores oficiales desaparecerían de las plantas de personal. Además la estabilidad queda en ceros, porque primarían los contratos flexibles de acuerdo con la demanda de servicios, que puede ser por días, semanas o meses.

En ese caso es mejor el contrato por OPS, que por lo menos es de 6 meses o un año”, señala Reyes, quien también llamó la atención en que los recargos dominicales ya no serían del 300% sino del 100%, y se limitaría el derecho a la negociación colectiva y a la asociación sindical al poner tope a los fueros sindicales.

Y en cuanto al anexo de que debe ser una reforma laboral concertada con las organizaciones sindicales, en mi concepto ese anexo no amarra nada porque si no hay concertación, como seguramente sucederá, el Gobierno sacará lo que quiera”, agregó el presidente de Asmedas Antioquia.

Lo que opinan los sindicatos del sector

“El gobierno habla de formalización pero sus propuestas contradicen eso. No vamos a aceptar lo del cambio de categoría a servidores públicos porque un servidor puede ser cualquiera y puede contratar por OPS, o ser llamado esporádicamente para una tarea de pocos meses y lo contratan por ese tiempo solamente. Además eso viola el derecho a la sindicalización y a la convención colectiva, puesto que ya no habrá con quien negociarla, no habrá trabajadores oficiales, todo el mundo pasará a ser servidor público”, señaló María Doris González, directora del Departamento de Seguridad Social de la CUT y presidenta encargada del Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social, Sindes, organización que tiene 9 mil afiliados en hospitales públicos del país.

Por su parte Héctor Alirio Alvis, presidente de Anthoc, dijo que no discute el hecho de que el gobierno quiera vincular a los trabajadores de la salud por concurso de méritos de acuerdo con la carrera administrativa. Lo discutible es la forma como lo quiere hacer, pues sería injusto dejar por fuera del sistema a personas que llevan muchos años en provisionalidad o vinculados por OPS, o cooperativas y ahora por contrato sindical.

Estas personas van a tener que someterse a un concurso de méritos y entrar en una lista de elegibles, y así pueden salir del servicio, o quedar en peores condiciones porque se vincularían a término fijo, con contratos de corto tiempo. Es una forma de mantener el clientelismo”, aseguró el señor Alvis, al tiempo que anunció que el sindicalismo del sector está en preparación de una respuesta conjunta al proyecto de reforma que cursa en el Congreso.

Agregó que Anthoc también platea la necesidad de que se aplique a los empleados de la salud el Código Sustantivo del Trabajo, tanto en entidades públicas como privadas. Y de no ser posible, que se establezca un régimen laboral especial, como el que tienen el Magisterio, los jueces y los trabajadores de Ecopetrol.

Y se declaró escéptico de que el Gobierno, que según el proyecto aprobado por el Senado tendría facultades extraordinarias para legislar en el tema de la reforma laboral en la salud, cumpla el compromiso de reunirse con los representantes de los sindicatos del sector y las centrales obreras para concertar dicha reforma. “En el sindicalismo no creemos en esas concertaciones”, anotó el presidente de Anthoc.

A su vez la enfermera y abogada Fanny Zambrano, presidenta  del Sindicato de la Salud de los Trabajadores de Colombia, Sintrasaludcol, organización que tuvo su origen en el grupo Saludcoop y que a principios de este año se convirtió en sindicato nacional de industria, opinó:

“La reforma va a legalizar la informalidad laboral. Vamos a quedar absolutamente desprotegidos. Nos cambian el nombre de trabajadores a servidores, y pasamos a prestar un servicio temporal, sin garantías de estabilidad y salarios dignos. Nos va a tocar trabajar más tiempo con menor sueldo, lo que nos hace esclavos de la profesión, trabajando en 2 y 3 partes para poder tener una calidad de vida digna, sacrificando más el tiempo personal y el de la familia. Además se perpetúa la vinculación por cooperativas y contratos sindicales, lo que limita seriamente la organización sindical, y eso es muy grave”, agregó.

El tema de la formación de los especialistas

 Los dirigentes sindicales consultados por esta Agencia también se refirieron al artículo contenido en el texto de la reforma que aprobó el Senado, que le quita a las Facultades de Medicina de las universidades la exclusividad en la formación y titulación de médicos especialistas, función que ya la podrían tener también los hospitales acreditados y entidades prestadoras de servicios de salud.

“Asmedas considera que esa medida es inadecuada porque pone en riesgo el tema de la calidad de la formación profesional, que se perratea. Nos parece un retroceso bárbaro”, opinó Germán Reyes, presidente de la Asociación en Antioquia.

En el mismo sentido opinó Fanny Zambrano, presidenta de Sintrasaludcol, para quien una medida como esa, aparte de lesionar la calidad de la formación profesional, contribuye a “proletarizar” más a los trabajadores de la salud.

En todo caso, todos los directivos sindicales consultados coincidieron en que desde sus organizaciones van a estar muy vigilantes de todo lo que pase con el proyecto de ley ahora en su paso por la Cámara de Representantes, y anunciaron que seguirán de manera más contundente con sus denuncias y movilizaciones para oponerse al mismo. No tienen otra alternativa porque el gobierno no entiende de otra manera, señalaron.

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