En momentos en que, se supone, el país ha entrado en una etapa de respeto al derecho de asociación sindical, e incluso el Gobierno y la misma Procuraduría General emiten mensajes que así lo pregonan, la Caja de Compensación Familiar Colsubsidio despidió a 22 trabajadores que a principio del año formaron un sindicato. Pero no contenta con esto, denunció penalmente a 4 de sus directivos por fraude procesal y falsedad en el documento de conformación del sindicato. El proceso lo tiene un juez de Bogotá, quien determinará la suerte de los directivos sindicales, quienes pueden ir a la cárcel.
Toda esta historia empezó en el mes de marzo, cuando 27 trabajadores de Colsubsidio, asesorados por dirigentes de la CGT, se reunieron para formar Sintracolsubsidio. Pero más demoraron en registrar su organización ante el Ministerio de la Protección Social y comunicarlo a la empresa, que ésta en despedir a 22 de los que suscribieron el acta de creación del sindicato, alegando irregularidades en su inscripción.
Los trabajadores despedidos interpusieron acciones de tutela buscando su reintegro, pero sólo dos lo lograron en primera instancia. Uno fue el fiscal del sindicato, Rodrigo Barrera, a quien otro juez le revocó la decisión en segunda instancia, por lo que continuó despedido, sin importar que en ese momento estuviese enfermo y hospitalizado en una clínica de Duitama, decisión que hoy está siendo revisada por la Corte Constitucional. “Ni siquiera le pasaron la carta de despido, simplemente le dejaron de pagar el salario”, dice César Luque, abogado que defiende a los despedidos.
El otro trabajador reintegrado por tutela fue Óscar Becerra, pero Colsubsidio no lo ubicó en su puesto sino que lo dejó sin oficio. Apeló al artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo que autoriza al empleador pagarle a un trabajador así éste no cumpla funciones. “Lo mandaron para la casa para que los otros trabajadores no vieran que lo reintegraron. Es más, los celadores del hotel de Colsubsidio en Paipa, donde Oscar laboraba, tienen orden de no dejarlo entrar”, agregó Luque, quien además denunció que el presidente del sindicato, Armando Chávez Ríos, recibió anónimos con amenazas, que se extendieron a su esposa y su hija mayor, hechos que fueron denunciados ante la Fiscalía.
La denuncia penal
Colsubsidio decidió denunciar penalmente a 4 directivos del sindicato: el presidente Armando Chávez, el secretario Moisés González, el fiscal Rodrigo Barrera y el Tesorero Ciro Vascos. En la Fiscalía los acusó de fraude procesal y falsedad en la conformación del sindicato, arguyendo que la dirección que aparece como su sede (una oficina de la CGT) no es verídica. “La empresa se pegó de ese formalismo para acusarlos de falsedad”, explicó el abogado Luque.
La otra acusación es más delicada, y tiene que ver con testimonio de cuatro trabajadores firmantes del acta de constitución del sindicato, quienes certificaron en notaría que habían firmado creyendo que era para otra cosa, no para formar un sindicato, que los engañaron. A este respecto, el abogado Luque señala que tanto estos cuatro como los otros 23 firmantes del acta, sabían muy bien que era para fundar el sindicato.
“Lo que ocurrió —agregó— fue que la empresa, a cambio de que dijeran que habían sido engañados, les prometió el reintegro y otras gabelas. Esto se supo porque esos mismos trabajadores, en otra diligencia judicial a la que fueron llamados a declarar, relacionada con la acción de tutela, reconocieron que se retractaron por orientación de Claudia Rodríguez, jefe de Relaciones Laborales de Colsubsidio. La empresa los recompensó para que cambiaran su testimonio y se convirtieran en acusadores de sus compañeros, y ellos lo hicieron para conservar su puesto de trabajo. Yo tengo todas esas pruebas y las vamos a presentar”.
Para el abogado Luque, el hecho de que Colsubsidio haya contratado un prestigioso abogado para llevar el proceso, quiere decir que está dispuesto a meter a la cárcel a estos sindicalistas, “como escarmiento para que nunca más a nadie en esa empresa se le ocurra formar un sindicato”.
Por su parte Percy Oyola, secretario general de la CGT, quien acompañó a los trabajadores de Colsubsidio en los procedimientos y trámites para la conformación del sindicato, lamentó los sucedido y consideró desmedida la reacción de la empresa. Al respecto señaló: “Admito que los compañeros, en su propósito de crear su sindicato, pudieron cometer errores de trámite y documentación. Lamento que la empresa se haya venido lanza en ristre, no sólo contra la organización sindical sino contra sus directivos, buscando penalizarlos. No compartimos ese procedimiento y oportunamente nos pronunciamos sobre el tema. Es un mal precedente, que nos obliga a tomar precauciones en lo concerniente a la documentación y trámites en la creación de un sindicato”.
Críticas al Ministerio y la Fiscalía
En cuanto al papel que en todo este episodio ha jugado el Ministerio de la Protección Social, el abogado Luque señaló: “No ha servido para nada. Hace como siete meses nos llamaron, tanto a la empresa como a los representantes legales del sindicato, pero esta es la hora en que no ha resuelto nada. El inspector que tiene el caso es un funcionario que lo único que hace es cobrar su salario, y está más para defender los intereses de los empresarios que el de los trabajadores”.
Asimismo criticó el papel de la Fiscalía, que en su concepto, se está convirtiendo en persecutora de los dirigentes sindicales. Porque éste no es el único caso de denuncia penal contra sindicalistas por la misma razón. Informó que hay otros 40 trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de las Cajas de Compensación Familiar que han sido citados a la Fiscalía a interrogatorio por lo mismo que los de Colsubsidio: falsedad en documento privado y fraude procesal en la realización de una asamblea.
“Cómo se explica —pregunta el abogado laboralista— que la Fiscalía despliegue todo su aparato investigativo para llevar en poco tiempo ante un juez a unas personas por el simple hecho de formar un sindicato, cuando hay dirigentes políticos que se roban medio país y no les pasa nada. Además personas que llevan 20 y 25 años trabajando en Colsubsidio, y que ahora están inermes porque ni siquiera tienen con qué pagar los honorarios de un abogado. Yo los estoy defendiendo por solidaridad con ellos”.
Manifestó asimismo su extrañeza de que Fiscalía haya actuado con tanta rapidez en este caso, y no haya hecho lo mismo con la denuncia por amenazas al presidente del sindicato y su familia. Recordó que han pasado 6 meses y a éste ni siquiera lo han llamado a declarar, cuando hay un convenio de la OIT para proteger a los sindicalistas amenazados. “Lo que pasa es que internacionalmente se va mal que asesinen a un sindicalista, pero no que lo metan a la cárcel acusado de hechos delictivos”, puntualizó Luque.