Liberado Moisés Varón, dirigente de la USO detenido por protestar contra el Fracking en San Martín

Imágen usofrenteobrero.org

Esmad atacó la comunidad que adelanta un paro cívico contra el fracking

Varios heridos y 9 líderes sociales temporalmente detenidos


 A los golpes y con gases lacrimógenos, un escuadrón del Esmad de la policía arremetió contra la comunidad del municipio de San Martín, departamento del Cesar, donde se adelanta un paro cívico en protesta por los trabajos que la multinacional Conoco Phillips viene haciendo en la región utilizando el Fracking, una técnica de extracción petrolera que la población rechaza por las graves consecuencias que tiene para los cuerpos de agua, el medio ambiente y la salud pública.

La agresión del Esmad, que fue calificada por los directivos de la USO como “brutal”, se produjo contra más de dos mil personas que la noche del miércoles se manifestaban contra el Fracking, con saldo de varias personas heridas, hombre y mujeres, y 9 líderes sociales detenidos, entre ellos Moisés Varón Cárdenas, presidente de la federación sindical Funtramiexco (a la que está afiliada la USO), y miembro activo de la mesa mineroenergética y ambiental que coordina la protesta, quien en las últimas horas fue liberado al no encontrar la Fiscalía cargos en su contra.

Conoco Phillips es una multinacional estadounidense especializada en extraer crudo y gas mediante la fracturación hidráulica de las rocas (Fracking), técnica que requiere enormes cantidades de agua revuelta con arena y más de 20 productos químicos distintos. Actualmente adelanta trabajos para la explotación con esta técnica del pozo Pico Plata Nº 1, ubicado a 8 kilómetros de la cabecera de San Martin, por donde pasan ríos y quebradas que  podrían sufrir severa contaminación y reducción de sus cauces.

La protesta contra el Fracking en San Martín no es nueva. Desde cuando empezaron los trabajos de exploración en el pozo Pico Plata, a principios del año, la comunidad se ha venido movilizando en su contra,

La protesta contra el Fracking en San Martín no es nueva. Desde cuando empezaron los trabajos de exploración en el pozo Pico Plata, a principios del año, la comunidad se ha venido movilizando en su contra, invocando el artículo 79 de la Constitución Nacional que establece que todos los colombianos tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y que a las comunidades se les debe garantizar la participación en decisiones que puedan afectarlo.

El pozo Pico Plata es, según Edwin Castaño, director del área de comunicaciones de la USO, una especie de laboratorio del Fracking en Colombia. Es donde más se ha avanzado en la experimentación de esta técnica, porque también en la región del Catatumbo y en San Vicente de Chucurí, Magdalena Medio, ya se entregaron bloques a empresas petroleras con aval para utilizar el Fracking, entre ellas el propio Ecopetrol. Pero además, su utilidad económica es ínfima para el país.

“La renta petrolera, tal y como está concebida en el contrato con la Conoco Phillips, es completamente desfavorable. Mientras esta multinacional tiene una participación del 98%, el país solo recibe el 2%. Es un asalto a los intereses nacionales, sume en el atraso a nuestro pueblo, e impide el desarrollo y bienestar para los sanmartinenses. Nosotros decimos que petróleo sí, pero no así”,  aseveró Edwin Castaño.

Asimismo, acusa al Gobierno Santos de no ser coherente y ético con lo que predica, pues al tiempo que adelanta un acuerdo de paz con las Farc e instala la mesa de diálogos con el ELN para buscar una solución negociada del conflicto armado, da un tratamiento hostil a las comunidades que defienden su territorio de la devastadora política extractiva que se intenta imponer por medio del Fracking, una tecnología que, por lo dañina, no se admite en varios países de la comunidad europea y en Latinoamérica, y contra la cual la Unión Sindical Obrera tiene serios reparos.

Precisamente en un comunicado hecho público ayer, esta organización sindical exige una moratoria de la aplicación del Fracking y una discusión nacional y regional en torno a la conveniencia de su utilización en Colombia, al tiempo que denunció los atropellos del Esmad contra la protesta de la comunidad de San Martin, y la detención de Moisés Varón.

 

El paro cívico en San Martin


La primera movilización contra el uso del Fracking en San Martín se realizó el 17 de marzo de este año, luego hubo otra el 17 de abril y una tercera el 25 de septiembre; protestas que incluyeron “cacerolazos”, camisetas blancas y movilizaciones multitudinarias, lideradas por la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (Cordatec), la USO, Funtramiexco, y otras organizaciones ambientalistas y sociales.

Ante la resolución de la Alcaldía de la localidad y del gobierno departamental, en el sentido de prohibir las manifestaciones de protesta, en asamblea ciudadana realizada el 19 de octubre en la plaza principal de San Martín, la población se declaró en “rebeldía cívica” y decidió realizar desde el 25 de octubre un paro cívico con carácter pacífico, civilista y democrático; el mismo contra el cual la fuerza pública arremetió la noche del miércoles, con saldo de heridos y detenciones.

El su pliego de peticiones, la comunidad de San Martín exige que el Gobierno Nacional prohíba el Fracking en esta región del César y en consecuencia suspenda toda actividad en el pozo Pico Plata.

El su pliego de peticiones, la comunidad de San Martín exige que el Gobierno Nacional prohíba el Fracking en esta región del César y en consecuencia suspenda toda actividad en el pozo Pico Plata; abrir un debate democrático basado en estudios científicos, a fin de determinar los impactos y consecuencias de la aplicación del Fracking en Colombia; y que los funcionarios públicos que no estén dispuestos a defender los intereses de la comunidad den un paso al costado, refiriéndose al alcalde de la población, entre otros.

De igual manera, pide que se investigue la serie de panfletos anónimos que hacen señalamientos y amenazas contra los miembros de Cordatec y demás líderes de la comunidad que se oponen al Fracking, y pide la protección y acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales defensores de los derechos humanos.

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