-Estamos vendiendo cobre con sangre, dice presidente del sindicato de mina San José-
Ahora que los 33 mineros fueron felizmente rescatados con vida en Chile, y más allá de la alegría que este hecho desató en el mundo entero, cobra renovada importancia el debate sobre las condiciones laborales y de seguridad en que se adelanta la actividad minera en este país, tema éste que desde hace algún tiempo las organizaciones sindicales vienen poniendo en discusión, sin que hasta el momento el gobierno y los empresarios le hayan puesto la debida atención.
Para los sindicatos mineros chilenos la tragedia de la mina San José pone al descubierto, una vez más, que para los empleadores y las autoridades importa más la rentabilidad del negocio que la integridad de los obreros. Sus utilidades son más importantes que la persona humana productora de esa riqueza.
Uno de los que mencionó el tema fue precisamente Mario Sepúlveda, el segundo minero rescatado, quien enfatizó la necesidad de modificar las condiciones de trabajo para que no se repita lo ocurrido con él y los otros 32 mineros atrapados. “El empresario tiene que dar las armas para que los mandos medios hagan cambios en términos laborales”, dijo.
Por su parte Néstor Jorquera, presidente de la Confederación Minera de Chile, que agrupa unos 20 mil trabajadores de la pequeña, mediana y gran minería privada de Chile, dijo que es hora de decir basta a tanto abuso, a que las empresas antepongan sus intereses económicos a la vida de las personas». Aseguró que lo ocurrido con los 33 mineros demostró la falencia de la legislación laboral en su país, donde tanto los legisladores como el ejecutivo están más preocupados en atender a los empresarios que a los trabajadores. El gran problema que los trabajares mineros no cuentan con un buen servicio de seguridad, las minas no están dotadas con instrumentos para poder evacuar a personas atrapadas en caso de que ocurra un accidente”.
Jorquera agregó que las promesas del presidente Sebastián Piñera, incluso la que expresó en las últimas horas en el sentido de garantizar que nunca más en las minas se trabajará en condiciones inseguras e inhumanas, son pura «parafernalia» que no va a cumplir. Prueba de ello, dijo, es la poca voluntad que ha mostrado para ratificar el Convenio 176 de la OIT sobre seguridad y salud en las minas, vigente desde 1998. La ratificación de este convenio no figura en el paquete de iniciativas anunciadas por Piñera en respuesta al accidente que mantuvo sepultados durante 70 días a los 33 mineros de la mina San José.
El Convenio 176, que a la fecha ha sido ratificado por 24 países (sólo por Brasil y Perú en América Latina) obliga a normalizar la suspensión de actividades por motivos de seguridad, y la existencia de dos vías de salida independientes en yacimientos subterráneos, que fueron precisamente cuestiones que fallaron en la mina San José.
“Si un trabajador se encuentra en una mina con condiciones que no le dan seguridad, automáticamente informa y deja de trabajar, y en ese caso está protegido por el Convenio. Pero si eso lo hace hoy en cualquier mina chilena, ahí mismo te despiden”, aseguró Jorquera.
Además de la ratificación del Convenio 176, Jorquera llamó la atención sobre el problema de fondo que, a su juicio, es la débil legislación laboral existente, que impide fortalecer la sindicalización, debilita las huelgas y permite que los trabajadores subcontratados no gocen de los mismos beneficios que los contratados. A su juicio, la minería en chilena está muy jerarquizada, dominada por las grandes empresas, casi todas de capital extranjero, por encima de las medianas y pequeñas empresas. Aseveró que si la tragedia de los 33 mineros hubiese ocurrido en una empresa trasnacional, el asunto hubiese sido diferente, insinuando que se habrían destinado más y mejores recursos para encontrar una solución antes de que la ocurrencia de la tragedia.
En ese sentido la dirigencia sindical también cuestiona el hecho de que le Estado chileno haya cargado con el 70% de los recursos para el rescate de los mineros, que tuvo un costo cercano a los 20 millones de dólares. O sea en una proporción contraria a la manera como se distribuye el recurso minero en Chile, donde casi el 80% del cobre es privado y un poco más del 20% es de CODELCO (estatal). “Es tiempo ya de que los recursos que son del país beneficien a todos los chilenos y no sólo a una decena de grandes empresas transnacionales”, señaló.
Otras voces sindicales
Jesús Mª Gete Olarra, secretario general de la Unión Internacional Sindical de la Metalugia y la Minería, consideró que la tragedia de los 33 mineros no es un hecho aislado ni un accidente fortuito, como se quiere hacer ver desde las diferentes grandes patronales del sector y desde el propio gobiernos. “La falta de inversión en materia de prevención y seguridad laboral, así como las condiciones de sobreexplotación a la que se ven sometidos por presión los trabajadores, son las causas principales que generan la inseguridad en la minería. La flexibilidad laboral no solo es precariedad y desigualdad social, sino también inseguridad para los trabajadores” acotó.
”Cuando los ecos de esta tragedia se diluyan, como tantas otras que han afectado a las familias obreras, se desplegará un nuevo operativo comunicacional donde el gobierno intentará desprenderse de su responsabilidad, al igual que los parlamentarios y el poder judicial, con el objeto de legitimar las nuevas leyes flexibilizadoras que buscan promulgar en los próximos meses”, añadió Gete Olarra.
Por su parte Carmen Espinoza, directora del Programa de Economía del Trabajo, señaló como causa de lo ocurrido la falta de cultura de prevención de las empresas, y también de los trabajadores, que por razones lógicas siempre están pensando en mantener el empleo más que en la seguridad de su trabajo. Además lo atribuyó a la precaria fiscalización de la actividad minera. “Estamos lejos de que las organizaciones sindicales recuperen el rol activo que tenían en el pasado, por falta de información, capacitación y fuerza”, cuestionó Espinoza.
Es de anotar que Chile tiene una tasa de sindicalización del 12,5% de la fuerza laboral, que se considera baja, pero que sin embargo es dos veces más que tasa de sindicalización de Colombia, que no alcanza el 5%.
“El aumento de la sindicalización ayudaría a equilibrar las regulaciones de seguridad, más allá de las sanciones a las empresas”, apuntó a su vez Marco Canales, consejero nacional de la CUT, la principal organización sindical de Chile. “Muchas veces las comisiones de seguridad de las empresas, al no tener un respaldo legal, al no existir sindicato o no tener fuero, terminan siendo despedidos por denunciar las anormalidades que ocurren”, agregó, al tiempo que criticó la total ausencia de dirigentes sindicales y actores sociales en las dos comisiones de expertos que recientemente creó el Gobierno, una para analizar las normas de higiene y seguridad laboral en las minas, y la otra para revisar el Reglamento de Seguridad Minera.
La accidentalidad minera en Chile
Según datos oficiales, en lo que va de 2010 han muerto 31 personas en accidente mineros en todo Chile, 8 de ellos en los últimos 35 días. Y de enero de 2000 a julio de 2010 murieron en accidentes 403 personas en el sector minero chileno, todo por falta de seguridad y fiscalizaciones.
El caso de la misma mina San José es elocuente al respecto. Esta mina, que tiene más de cien años de antigüedad, en las dos últimas décadas fue objeto de varios accidentes fatales, y las fiscalizaciones subsiguientes sólo derivaron en recomendaciones y suspensiones temporales.
En 2003 los trabajadores presentaron un recurso de protección en los tribunales para detener los trabajos en el yacimiento, pero no prosperó. Desde entonces han fallecido 3 trabajadores. Antes del derrumbe del pasado 5 de agosto, en el que quedaron atrapados los 33 mineros, ya había sufrido otros accidentes, razón por la cual estuvo clausurada desde marzo de 2007 hasta el 30 de mayo de 2008, día en que SERNAGEOMIN (equivalente a Ingeominas en Colombia) autorizó su reapertura. Fue cerrada de nuevo el pasado 3 de junio, después de que el minero Gino Cortés, apodado de “El Bichi Borghi” por sus habilidades futbolísticas, perdiera una pierna en un accidente laboral. Y se volvió a abrir pocas semanas antes del derrumbe del 5 de agosto.
Antes de este derrumbe los trabajadores habían avisado de que algo no andaba bien en el yacimiento San José, e incluso su voz de alerta llegó a oídos del propio Ministro de Minería, Laurence Golborne. Pero nadie los escuchó. Al respecto Javier Castillo, presidente del sindicato de la mina San José, señaló: “La forma de ver el trabajo de minero en Chile es con precarización del empleo, sin escuchar la voz de los trabajadores cuando dicen que hay peligro o riesgo”.
En el tema de seguridad minera, Castillo recalcó: «Fuimos tan majaderos que hasta se nos trató de insolentes, hasta de locos, de irresponsables, que cómo se nos ocurría plantear el cierre de la mina, que no se puede trabajar, porque la gente va a quedar cesante. Cuatro días después del accidente en el que perdió la pierna el compañero Gino Cortés, pedimos una reunión al Ministro Golborne, pero una secretaria nos dijo que tenía su agenda copada para atendernos”. Y agregó: «El movimiento sindical se va a aglutinar, y vamos a apostar para que de esta tragedia salga otra forma de ver las relaciones laborales en Chile. Un tema fundamental es que se cumpla la normativa, porque si no, prácticamente estamos vendiendo cobre con sangre”.
Con respecto a la tragedia de los 33 mineros, Cristian Arancibia Valencia, presidente de la Federación Minera de Chile, que representa a más del 85% del sector privado de los trabajadores de planta, dijo que ésta se habría podido evitar sí la empresa y el Estado, mediante sus órganos fiscalizadores, hubieran escuchado a los trabajadores que solicitaban fiscalizaciones.
Y José Chepilla, director de prevención de riesgo de la FMC, comentó irónicamente que pocos días antes de la tragedia participó de un seminario donde entidades de la Región de Atacama, como Sernageomín y la dirección de salud, hablaban de logros, fiscalizaciones y metas para asegurar la integridad de los trabajadores. “En esa oportunidad, también nos quedó claro que al momento de ocurrir accidentes ellos sólo pasan la pelota, una cosa es lo que dicen y otra es lo que hacen”, opinó.
Con 32 años trabajando en minería, gran parte de ella en explotaciones subterráneas, Chepilla manifestó que es posible trabajar en yacimientos seguros, pero que eso dependerá de las inversiones que la empresa esté dispuesta a hacer. Aquí, dijo, claramente la normativa legal que establece que estas minas deben contar como mínimo con un camino auxiliar de salida no fue respetada. “Pero más allá de eso, con el accidente ocurrido a comienzos de julio, donde un compañero perdió una pierna, este yacimiento debió hacer sido cerrrado”, concluyó.
La capacidad de aguante de los chilenos
Para Armando Uribe Arce, profesor de Derecho Minero en la Universidad de Chile y consultor de universidades extranjeras, el drama de los 33 mineros “simboliza la capacidad de perdurar, de aguantar del pueblo chileno. Esa capacidad de aguante es un profundo carácter nacional desde que el país existe”.
Al igual que los dirigentes sindicales, señaló que en Chile la capacidad de regulación y fiscalización por parte del Estado ha sido tremendamente limitada. “Domina el capitalismo de mercado desregulado, sin controles suficientes. Esta ideología impera en Chile con más antigüedad que en otras partes del mundo. Por eso no hay órganos de control con el personal necesario ni las capacidades y facultades para intervenir cuando se viola la seguridad de los mineros, como ocurrió en la Mina San José”.
Y sobre la actuación del ejecutivo durante la tragedia y el posterior rescate de los mineros, señaló: “El empresariado que actúa en Chile procura verse como generoso, como bondadoso, cuando tiene las mismas características de voracidad y rapacidad del capitalismo neoliberal. Y el presidente Piñera y el ministro de Minas Golborne han realizado las gesticulaciones necesarias para que la opinión pública los apruebe. El señor Golborne ha hecho el ridículo con sus llantitos y manifestaciones que me parecen más propias de un actorzuelo que de un ministro. No es una persona seria en sus obligaciones”, puntualizó.