Pese a que el presidente Duque dijo el pasado mes de septiembre que su Gobierno no contemplaba la venta de más acciones de Ecopetrol, “una empresa que todos los colombianos llevamos en el corazón y a la que hay que fortalecer”, según dijo, la semana pasada su Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció que el Gobierno Nacional aspira a vender el 8,9% de las acciones que el Estado tiene en esta empresa, las cuales representan unos $10,7 billones.
Sin conocerse aún la posición de Iván Duque frente a lo dicho por su ministro, el solo anuncio ha generado una gran controversia. “Yo creo que el Presidente Duque está de acuerdo”, agregó Carrasquilla, quien recordó que la Ley 1118 de 2006 –que él mismo presentó a la aprobación del Congreso cuando era Ministro de Hacienda del Presidente Uribe– autorizó a Ecopetrol enajenar el 20% de sus acciones en favor de personas naturales e inversionistas institucionales. Hasta ahora ha enajenado el 11.1%, resta el 8.9%, que es al que ahora le quiere echar mano.
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Por su parte, el nuevo presidente de la Unión Sindical Obrera, USO, Edwin Palma Egea, manifestó su rechazo total. Consideró que la medida ahonda la política de desmembramiento de Ecopetrol, el patrimonio más importante de los colombianos, con el propósito esta vez de tapar el hueco fiscal que la reforma tributaria que aprobó el Congreso en diciembre no consiguió solucionar.
“Esa reforma tributaria no fue para recaudar más impuestos sino para regalarles $8,1 billones a las grandes empresas, nacionales y extranjeras, por la vía de rebajarles el impuesto de renta desde el 33% en 2018, al 30% en el 2021, aparte de otras exenciones, deducciones, descuentos y exclusiones impositivas”, opinó el dirigente sindical.
Anotó que esos $ 8.1 billones de regalo a las empresas saldrán de los $10.7 billones que, se calcula, obtendrá el Gobierno por la venta del 8.9% de las acciones de Ecopetrol. Venta que le pasará factura a las arcas de la Nación, que en la misma proporción dejarán de recibir ingresos por dividendos y regalías.
Según Palma Egea, el Estado perderá unos $600.000 millones cada año por concepto de dividendos, que puede subir al billón de pesos si se suman las regalías, recursos que quedarán en manos del capital privado y no en las arcas del gobierno para impulsar programas sociales. “Mientras se exime a las grandes empresas de buena parte de sus responsabilidades fiscales, los ciudadanos tendremos que pagar más impuestos para suplir ese faltante”, subrayó.
Calificó absurdo que el Gobierno quiera seguir privatizando a Ecopetrol y sus filiales, una empresa estratégica para el país, que garantiza la explotación y abastecimiento de hidrocarburos y es su mayor fuente de ingresos: cada año entrega $13 billones por dividendos y regalías. Todo en beneficio de los Fondo de Pensiones y los ricos del país, que son quienes quedarán en poder de esas acciones, señaló.
Se recuerda que la Ley 1118 de 2006 cambió la naturaleza de Ecopetrol, que dejó de ser empresa industrial y comercial del Estado para convertirse en sociedad anónima por acciones. La primera emisión de acciones la hizo en 2007, las cuales fueron adquiridas por 482.698 pequeños accionistas. En el 2011 hizo la segunda emisión, con la cual el número de accionistas llegó a 521.740, y la enajenación al 11.1%. A raíz del derrumbe del precio internacional del crudo, que pasó de US $146.5 el barril en 2008, a solo US $29 en 2016, hubo desbandada de accionistas. Su número rebajó 291.000.
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Solidaridad y movilización
Defender a Ecopetrol como patrimonio público y evitar que el Gobierno disponga del 8.9% de las acciones que puede enajenar, debe hacer parte de la agenda de la movilización nacional en este año que comienza. Así lo indicó la Junta Nacional de la USO en un comunicado que emitió el pasado fin de semana, en el que hizo un llamado a las fuerzas vivas del país y a las organizaciones sociales y políticas para generar los debates de control político y la movilización activa en defensa de Ecopetrol como empresa estatal.
“Haremos lo que corresponda como organización sindical, pero también llamamos a los amigos que defienden lo público, a las organizaciones sociales y a la oposición política al gobierno Duque, para que nos ayuden a defender a Ecopetrol. Los ciudadanos y trabajadores no daremos el brazo a torcer en ese propósito”, puntualizó Palma Egea.
Aclaró que si bien la huelga es un recurso legítimo para frenar este tipo de medidas, que afectan los intereses económicos de los colombianos, por el momento la USO no ha considerado la huelga como una opción para presionar al gobierno. La idea es trabajar de la mano con otros sectores sociales, políticos y sindicales para buscar una respuesta política y jurídica, como lo han venido haciendo desde el año pasado.
También señaló que la venta del paquete de acciones anunciado no afectaría directamente a los trabajadores de Ecopetrol, dado que la naturaleza jurídica de la empresa no cambia, y existe una convención colectiva firmada por 4 años y medio. “Quienes pierden con la venta son los colombianos en general”, reiteró.
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