Comunicado de prensa de WOLA ante la carta que 6 congresistas de E.U enviaron a Obama sobre la inconveniencia del TLC con Colombia

El Grupo de Trabajo sobre América Latina, la Oficina de Estados Unidos sobre Colombia, y la Oficina de Washington sobre América Latina, dan su bienvenida a la iniciativa de los Congresistas –liderado por los Representantes James McGovern y George Miller– para establecer pasos tangibles que el gobierno de Colombia debe seguir para mejorar los derechos humanos antes que EEUU considere avanzar en el TLC que está pendiente.

“Nosotros damos la bienvenida a la iniciativa de proponer pasos alcanzables y de corto plazo que Colombia puede tomar para mejorar los derechos laborales, proteger las vidas de los sindicalistas y los defensores de derechos humanos, y fortalecer los derechos humanos y el Estado de Derecho” dijo Lisa Haugaard, Directora Ejecutivo del Grupo de Trabajo sobre América Latina.

“Enfatizamos nuestra coincidencia en que el Presidente Obama no debería pedirle al Congreso que apruebe el TLC antes de que Colombia tome las medidas concretas para crear mejoras permanentes en los derechos humanos. Adicionalmente, nosotros exhortamos los esfuerzos para mitigar los impactos potencialmente devastadores del acuerdo sobre grupos vulnerables”, dijo Kelly Nicholls, Directora Ejecutivo de la Oficina de Estados Unidos sobre Colombia.

Colombia es aún uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser sindicalista. 51 sindicalistas fueron asesinados en 2010, más que el año anterior, de acuerdo con la Escuela Nacional Sindical de Colombia (ENS). La gran mayoría de estos crímenes se quedan en la impunidad.

“Sin embargo, los sindicalistas colombianos no son los únicos en peligro”, dijo Kelly Nicholls. “Una ola de violencia de grupos paramilitares y emergentes, la cual se ha intensificado en meses recientes, está poniendo como objetivo a los activistas de derechos a la tierra, los defensores de derechos humanos, y las comunidades afro-colombianas e indígenas”.

El nuevo gobierno colombiano ha adoptado un cambio que es bienvenido en el tono que utiliza para los asuntos sobre derechos humanos, diferente al de la administración de Uribe, quien dejó la presidencia en agosto de 2010. En vez de utilizar una retórica fuerte que pone a los defensores de derechos en peligro real, la Administración de Santos ha bajado el tono, iniciado diálogo sobre asuntos de derechos humanos, y avanzado en legislación para proveer a muchas víctimas de la violencia con reparaciones y el retorno de tierras.

No obstante, esta retórica positiva y la legislación pendiente no se ha traducido en acciones efectivas para enfrentar las violaciones a derechos humanos pasadas y presentes de Colombia. La mayor parte de los 3.000 casos de civiles asesinados supuestamente por el ejército colombiano, la mayoría de ellos entre 2004-2008, están rezagados en las cortes colombianas, poco progreso han tenido. El nuevo gobierno no ha tomado acciones efectivas para frenar la violencia paramilitar en aumento, ni para destruir los vínculos continuos entre los miembros de la fuerzas armadas del país y estos grupos ilegales.

“A menos que haya voluntad política seria para proteger los territorios afro-colombianos e indígenas, la violencia y desplazamiento en contra de estos grupos aumentará”, dijo Gimena Sánchez-Garzoli, responsable para Colombia y los Andes de la Oficina de Washington sobre América Latina. En la actualidad más de 5 millones de colombianos están desplazados, y un número estimado de entre 3-7 millones de hectáreas fueron robadas a los campesinos por grupos armados ilegales, narcos y políticos corruptos, quienes se han beneficiado de la violencia.

Entre los grupos más golpeados están los afro-colombianos y las poblaciones indígenas. Más de 60% de los afro-colombianos que poseen títulos legales de sus tierras están desplazados. Grupos de indígenas están enfrentando una situación peor: 32 grupos tienen menos de 500 miembros vivos de sus comunidades. La extinción cultural y física de las minorías étnicas se debe, en gran parte, a la violencia que se ejerce sobre ellas para desplazarlas de la riqueza mineral, los recursos naturales y la biodiversidad encontrada en sus tierras.

Los miembros del Congreso le hacen un llamado al gobierno colombiano a tomar acción para investigar y condenar la violencia en contra de los sindicalistas y otros defensores de derechos humanos; a demostrar cero tolerancia con las violaciones mayores de derechos humanos por las fuerzas de seguridad pública, y a llevar la legislación laboral colombiana al cumplimiento de los estándares internacionales.

“La retención del TLC es visto como un ‘castigo’ para Colombia, pero está lejos de serlo”, dijo Lisa Haugaard. “Respondiendo directamente a las preocupaciones de nuestros socios de la sociedad civil colombiana, nosotros le pedimos a la administración de Santos que tome las medidas mínimas para asegurar que los sindicalistas colombianos, los defensores de derechos humanos y los líderes comunitarios puedan defender sus derechos y vivir para contarlo”.

Nuestras organizaciones y socios de la coalición en los EEUU y en Colombia tenemos otras preocupaciones serias con respeto a la sustancia del acuerdo de comercio. La más importante se refiera al impacto que el acuerdo tendrá sobre los campesinos pobres y las comunidades de afro-colombianas e indígenas. Después de haber enfrentado décadas de violencia, estas comunidades tienen la probabilidad de ser afectadas duramente por el acuerdo de comercio, el cual está desbalanceado a favor de EEUU. Esta competencia injusta causará reducción de precios, de áreas cultivadas en Colombia y de los ingresos de los campesinos, ya de por sí increíblemente pobres. Un factor complicado en Colombia es que los campesinos afectados pasen a producir cultivos ilícitos, lo que muy probablemente afectará de manera negativa los proyectos de desarrollo alternativo en los cuales EEUU ha invertido cientos de millones de dólares en la última década.

“Antes de moverse hacía adelante con el TLC, el gobierno colombiano —con apoyo de los EEUU— debería diseñar e implementar políticas que mitiguen estos impactos negativos. Esto lo tiene que hacer consultando a la sociedad civil colombiana” dijo Kelly Nicholls.

“Nosotros exhortamos al Presidente Obama para que retenga la consideración del TLC hasta que Colombia demuestre que está en el camino hacía mejoras irreversibles en derechos humanos”, dijo Lisa Haugaard. “Anhelamos el momento en que podamos juntarnos con nuestros socios colombianos y decir que esa meta se ha logrado”.

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