En el momento en que se agudiza la crisis desatada por el coronavirus, tanto en campo de la salud como en el de la economía y el empleo, el Comité Nacional de Paro presentó al Gobierno Duque lo que llamó “pliego de peticiones de emergencia”, que recoge las acciones básicas y urgentes que, en su parecer, hoy se requieren para paliar la grave situación de miseria en que se está hundiendo el pueblo colombiano.
En la carta de remisión del pliego de emergencia, el Comité Nacional de Paro le solicita al Presidente Duque una audiencia en el menor tiempo posible, para sustentar los puntos del petitorio. Y pide que se designe una comisión negociadora de alto nivel con poder de decisión para llegar a acuerdos.
El pliego de peticiones recoge 6 ejes básicos, empezando por la “Renta básica de emergencia” para responderles a los trabajadores que han perdido sus ingresos. Una renta de un salario mínimo legal durante 6 meses para beneficio de 30 millones de colombianos. E incluye moratoria en el pago de los servicios públicos durante 4 meses, prohibiendo el corte de los mismos.
El segundo eje es la intervención y financiación del sistema de salud para garantizar la atención y medias de bioseguridad adecuadas durante la pandemia, así como la formalización laboral del personal de la salud, y se les paguen sus salarios a tiempo.
El tercero es la derogatoria de los decretos presidenciales de emergencia que desmejoran la vida económica y social de los trabajadores, decretos que además han tenido un carácter dictatorial, no fueron consultados con los colombianos.
La defensa de la producción nacional agropecuaria e industrial, que garantice la soberanía alimentaria y empleo con derechos laborales, es el cuarto punto. Incluye un programa de compra de la producción agropecuaria con dineros públicos, la condonación de créditos, y el apoyo a las Mypimes con el pago de sus nóminas.
El quinto punto contempla apoyo al sistema educativo para que el valor de las matrículas en las instituciones públicas de educación superior sea cero, y haya subsidios para garantizar la continuidad de los estudios. Y que, a su vez, las universidades privadas flexibilicen sus matrículas. Y el no retorno a las clases presenciales este año, pues el sistema educativo no ofrece las garantías para ello. Posición que tiene el apoyo de Fecode y organizaciones de padres de familia.
El último punto propende por acciones diferenciadas y específicas para garantizar la vida de las mujeres, que cesen los feminicidios y las agresiones. Fomentar medidas de prevención contra la violencia de género.
Fabio Arias, vocero por el sector sindical en el Comité de Paro, explicó que se trata de un pliego de peticiones nuevo porque hay situaciones nuevas, que no estaban consideradas en el pliego nacional que el Comité de Paro presentó al Gobierno el año pasado, tras las multitudinarias marchas de noviembre.
“Este es un pliego de peticiones de emergencia. No hemos renunciado a los ejes temáticos y los 194 puntos que motivaron las movilizaciones de noviembre, y que no tuvieron ninguna respuesta del Gobierno”, aclaró Arias.
La carta al Presidente Duque la firman las organizaciones que integran el Comité Nacional de Paro, esto es: CUT, CGT, CTC, Fecode, USO, la Coordinadora de Organizaciones Sociales, las organizaciones de pensionados, Cumbre agraria, Dignidad agropecuarias, Acrees, Unees, Oniccric, PCN Afrodescendiente, Plataforma de DD.HH, Cincop, Salud en paro, Con las pensiones no, Arte y cultura, Periodismo alternativo, Movimiento de mujeres, Confederación Nacional de Pescadores, Recicladores, Movimiento ambientalista, Comité defensa del páramo, lgtbtiq. Sector transportes, Sector minero-franking.
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Líderes opinan sobre el pliego de peticiones
Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, afirma que el Gobierno no ha querido asumir la obligación frente a la pandemia, como sí la han asumido otros países. Calculó que, para estar a tono con la crisis y el promedio de inversión de otros países, Colombia debe invertir $104 billones, el 10% de su PIB, y solo ha gastado el 2%. También dispone de los recursos de las reservas internacionales.
Según Orjuela, hoy la situación se agrava porque el Gobierno ha desconocido al movimiento sindical, a las organizaciones sociales y al gremio de las pequeñas y medianas empresas. Afirma que ha habido una actitud “oportunista y de mala leche” por parte del Gobierno y el Consejo Gremial, al aprovecharse de las angustias del país para meter o tratar de meter reformas que el pueblo colombiano ha impedido con sus movilizaciones. Como la contratación por horas, las rebajas de los festivos y dominicales, la modificación de los horarios. Al tiempo que se abstiene de legislar sobre el trabajo en casa con garantías laborales.
“Y lo más grave es no haber atendido el pago de las nóminas a las micro y medianas empresas, lo que hubiera evitado 5 millones de despidos. Duque está gobernando sobre la base del entendimiento con el Consejo Gremial y desconoce el movimiento sindical”, anotó el presidente de la CUT.
Por su parte, Carlos García, de la Coordinadora de Organizaciones Sociales (COS), afirma que el costo de la crisis generada por el Covid-19 y el confinamiento, la debe pagar el Estado, no puede descargarse toda sobre los hombros de los trabajadores, arrebatándoles sus derechos y sus conquistas laborales históricas.
“Por eso hay que fortalecer el escenario de la movilización social, en vista de que el Gobierno no ha sido serio en la atención de las exigencias del Comité de Paro”, anotó Carlos García.
También se refirió a la necesidad de derogar los decretos que el gobierno ha expedido en el marco de la pandemia, y han redundado en favor de los empresarios y los banqueros. Muchos de los 140 decretos expedidos lesionan los derechos de los trabajadores.
Sobre el tema de la “renta básica de emergencia”, Fabio Arias, fiscal de la CUT, dijo que es la propuesta más importante del pliego, dada la precariedad económica a la que se ha visto abocada la población colombiana. Señaló que gobiernos de otros países tan neoliberales como Colombia, han entendido la situación y han protegido a la población más vulnerable, y han apoyado a las empresas para preservar el empleo.
“Hay una un clamor de la gente por sobrevivir, llevar un pan a la mesa. En el Congreso de la República no avanzó el proyecto sobre renta básica porque el Centro Democrático y el Partido Conservador maniobraron para que se hundiera”, dijo Fabio Arias.
Se refirió también Arias a la “reforma pensional” que vía decretos de emergencia está introduciendo el Gobierno. En la primera emergencia expidió el decreto 558, que trasladó a Colpensiones 20 mil pensionados con retiro programado en los fondos privados. Lo que significa el traslado de 5 billones a Colpensiones, pero en papeles, que pueden ser redimibles a 5 o 10 años.
“Así que cada vez que los fondos van a tener problemas con sus pensionados, se los van a trasladar a Colpensiones”, señaló Arias, quien también se refirió a la propuesta de la hipoteca inversa, que aún no se ha reglamentado. “Con eso las personas no les dejarán a sus herederos un patrimonio sino una deuda. Es una expropiación”.
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