Campaña de Organizaciones de la Sociedad Civil piden que Colombia no sea admitida en la OCDE

Diferentes organizaciones sociales, sindicales y ONG lanzaron esta semana una petición –que puede ser firmada por cualquier persona– para que Colombia no sea aceptada en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE.

Las centrales sindicales CUT y CTC, y varias ONG como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cedetrabajo, la Escuela Nacional Sindical, entre otras, le piden al Secretario General de la OCDE y al gobierno colombiano que replanteen el ingreso del país a esta organización, dado que no se cumplen con las condiciones necesarias para ser parte del “Club de las Buenas Practicas”. Al tiempo invitan a los ciudadanos a sumarse a esta iniciativa firmando la petición, la cual está disponible en el enlace: http://bit.ly/2Domsuh

 A Colombia solo le falta la aprobación de 2 de los 23 comités que durante los últimos 5 años han evaluado la petición de ingreso hecha por el gobierno Santos. Los comités de la OCDE que aún tienen pendiente la admisión del país son el de empleo, trabajo y asuntos sociales, y el de asuntos comerciales. La reunión de dichos comités se realizará esta semana, por lo que el gobierno apura la toma de medidas y la realización de múltiples reuniones para impulsar el ingreso.

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Por su parte, la CUT y la CTC también han acudido a Alemania y Francia el fin de manifestar las razones por las cuales no es conveniente el ingresó de Colombia a la OCDE. A finales de febrero delegaciones de estas organizaciones sindicales sostuvieron varias reuniones en el viejo continente, una de ellas con los sindicatos alemanes que ven con preocupación el no cumplimiento de estándares por parte de Colombia.

De la misma manera, la semana anterior el gobierno de Colombia se reunió con empresarios norteamericanos, quienes han venido presionando al gobierno de Estado Unidos para que no dé el visto bueno al ingreso de Colombia. Estos empresarios manifiestan que el gobierno no ha cumplido algunas de los acuerdos en temas como chatarrización, patentes y control de precios a medicamentos.

Falencias de Colombia

Para Daniel Hawkins, director de Investigación de la Escuela Nacional Sindical, Colombia no debería ingresar a la OCDE porque aún hay temas en materia laboral que no se han cumplido. Pone como ejemplo las medidas acordadas en el marco del Plan de Acción Laboral Obama-Santos, firmado para implementar el TLC con Estados Unidos.

En materia de inspección laboral, el sistema de inspección no está dirigido a implementar la ley y a castigar a los empresarios que la violan, dice Hawkins. Muchos de esos inspectores no tienen la autonomía necesaria para castigar a los empresarios que no pagan los salarios adecuados o que implementan prácticas antisindicales, como los pactos y los contratos sindicales.

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Otro de los puntos por los cuales Colombia no debería ingresar a la OCDE, tiene que ver con la corrupción. Hawkins cita un estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que encontró que el 90% de las licitaciones que se hicieron en los municipios y departamentos en 2014, se adjudicaron en procesos con menos de 2 oferentes, lo que muestra la falta de transparencia. Además, muchos de los contratos son asignados a dedo.

El tema de cobertura educativa, inversión en ciencia, tecnología y desarrollo, también son puntos en contra del país. En la última edición de las pruebas Pisa, realizadas por la OCDE, en materia de ciencia Colombia ocupó el puesto número 57, de 70.

En la petición disponible en internet para que las personas que quieran la firmen, se incluyen más razones por las cuales no es viable el ingreso del país a la OCDE. Algunas son:

  • De cada 100 personas ocupadas, 68 son informales y 25 carecen de protección social básica.
  • 48,7% de los trabajadores colombianos ganan menos de un salario mínimo mensual.
  • La tasa de sindicalización apenas llega al 4,6%, y la cobertura de negociación colectiva en el sector privado no pasa del 1,4% de toda la fuerza laboral activa.
  • Existe un 90% de impunidad en homicidios a sindicalistas.
  • Colombia está dentro de los 10 peores países para los trabajadores en el mundo, según el estudio anual de la Confederación Sindical Internacional-CSI.

El costo de pertenecer al “club de los ricos”

Otra desventaja del ingreso de Colombia a la OCDE, son los altos costos que esta decisión acarrea. La OCDE es un club, y como tal todos los años hay que pagarle un derecho de membresía, que la Revista Dinero calcula entre 14 mil y 29 mil millones de pesos, más los gastos de representación del país en cada uno de los 23 comités. Esto sin contar los aportes voluntarios que el país haría.

Finalmente, Colombia tendrá que realizar ajustes en políticas públicas, como aumentar la edad para pensionarse, así como verá disminuida la cooperación para el desarrollo, es decir se reducirán los recursos internacionales destinados a los colombianos pobres, a la protección de los derechos humanos y al medio ambiente, a la generación de capacidades y de ingresos para mejorar la inclusión social y económica de poblaciones históricamente marginadas de regiones más apartadas. El Estado colombiano tendrá que asumir con sus propios recursos la financiación de las necesidades de la población, a sabiendas de los graves problemas de corrupción. Prácticamente, la última ola de cooperación internacional a favor de los colombianos, se destinará a la implementación de los Acuerdos de Paz.

Con el ingreso de Colombia a la OCDE, se supone que el país debe alcanzar mayores niveles de desarrollo (llamados países de renta media alta y en progreso), por lo que, en vez de recibir apoyo, debería ofrecerles cooperación a otros países menos desarrollados. En conclusión, a futuro los habitantes colombianos, inclusive los del Chocó o de La Guajira, tendrán que compartir el pan con los de Haití o los africanos más pobres, con la certeza que seguirán siendo tan pobres como los más pobres de la tierra, sólo que de ser admitidos serán parte del “Club de los Países Ricos”.

De alcanzar la adhesión a la OCDE, la decisión sería condicionada al cumplimiento de algunas recomendaciones, referidas a las garantías de libertad sindical, a la protección de los derechos humanos y de la vida de los sindicalistas, además de las normas comerciales, en el mismo sentido de lo adoptado en la Resolución 2628 del Parlamento de la Unión Europea.

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