Boletín Observando la implementación del acuerdo de paz # 4

Estado de los proyectos relacionados con la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en el Congreso de la República:

Aquí tienes un  cuadro con el Estado de la implementación normativa del Acuerdo Final para la Terminación Del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera al 4 de septiembre de 2017, puede descargarlo AQUÍ

Lo importante de cada proyecto

A comisión de conciliación proyecto de acto legislativo sobre monopolio legítimo de la fuerza

El último paso para que la prohibición del paramilitarismo sea norma constitucional es la conciliación entre ambas cámaras del texto definitivo. Atendiendo a la importancia histórica del proyecto que obliga al Estado para que no se vuelvan a expedir normas que facilitaron la consolidación y expansión de grupos de autodefensa en el país, como el Decreto 3398 de 1965 o la ley 48 de 1968, entre otros.

El texto aprobado en el Senado ubica la prohibición al paramilitarismo en el título de los derechos fundamentales, además de la prohibición, también incluye el apoyo y la tolerancia, define claramente la conformación de grupos de autodefensas, paramilitares y establece que deben establecerse tipos penales y sanciones administrativas y disciplinarias. El texto aprobado en la Cámara carece de todas estas precisiones, por tanto, sería recomendable que en la conciliación se adoptara el texto aprobado en Senado.

Aquí puedes leer el Boletín # 3

Aprobada Reforma Política en primer debate en Comisión Primera de Cámara.

Luego de tres semanas y seis sesiones de discusiones fue aprobado este lunes 4 de septiembre en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el proyecto de Reforma Política, el método que se utilizo fue eliminar los artículos sobre los que no existía consenso y adoptar las modificaciones sobre el resto. El resultado fue el siguiente: Se eliminaron de la ponencia los artículos 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 y 20. Se dejaron iguales los artículos 21 y 22 y los artículos 2, 3, 4, 5, 13, 15, 16, 17, 18,19 fueron modificados y se introdujo un artículo nuevo sobre Comisión de Aforados (para investigar y acusar a los servidores públicos que tienen fuero constitucional.

En el boletín de la próxima semana presentaremos un análisis de lo que fue aprobado.

En riesgo las listas en coalición para corporaciones públicas

Uno de los temas más importantes de la reforma política es el de las listas en coalición para corporaciones públicas, asunto que ya está previsto en la Constitución en el artículo 262 “… Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas”. Lo que el proyecto que se está discutiendo busca modificar es que “Dicha habilitación para presentar listas en coalición aplicará de manera inmediata a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo”. Se quiere darle aplicación inmediata porque desde el 2015 se introdujo esta posibilidad y que no se ha podido utilizar porque se discute la necesidad de su reglamentación por ley, al punto que el CNE ha emitido dos conceptos contradictorios al respecto.

Esta regla, a todas luces necesaria y justa para garantizar la existencia de las formaciones políticas minoritarias, se pretende modificar por los partidos mayoritarios, extendiendo la habilitación de coaliciones para todos los partidos, con lo que se reforzarían las agrupaciones políticas más grandes y se desvirtuaría el propósito incluyente de la regla con un límite del 15%.

No se puede olvidar que esta reforma política se discute en el marco de la terminación del conflicto armado, y por tanto deberá contener un conjunto de medidas que permitan fortalecer el pluralismo y la inclusión política, y varias de esas medidas tendrán que dirigirse a garantizar la existencia de las minorías políticas. Cambiar ese propósito de la reforma política no sólo va en contra del Acuerdo Final, sino y sobretodo, en contra de la posibilidad de corregir en parte los múltiples dispositivos que impiden el surgimiento y la existencia del pluralismo político.

Audiencia pública para proyecto de ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz.

Las Comisiones Primeras de Cámara y Senado han citado para el próximo 11 de septiembre a partir de las 2 p.m a una Audiencia Pública sobre el proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Una vez realizada la audiencia, y en un plazo máximo de 15 días, los ponentes de Senado -Horacio Serpa- y Cámara -Hernán Penagos-, deberán radicar el informe de ponencia. Es necesario que se diseñen metodologías para sistematizar las propuestas que en la audiencia presenten las organizaciones de la sociedad civil, así como para el trámite en los debates, de modo que no se genere el mismo trauma por el que ha atravesado el proyecto de Reforma Política.

Proyecto de Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz sigue engavetado y sin ponente.

Continúa en el escritorio del Representante Rodrigo Lara el proyecto de ley que busca crear las 16 Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz, lo que impide que la Comisión Primera de Cámara asigne ponente, poniendo en riesgo la creación de dichas Circunscripciones que son fruto del Acuerdo de Paz. Cabe resaltar que a este proyecto debe dársele trámite antes de que inicie el debate de la JEP, de lo contrario será imposible realizar los preparativos necesarios para las elecciones en estas circunscripciones.

Este estancamiento ha generado que un importante grupo de organizaciones sociales haya solicitado la realización de una Audiencia Pública y esperan tener un encuentro el miércoles 13 de septiembre para exigirle al Congreso y al Gobierno el trámite inmediato de este proyecto, que busca que las zonas más afectadas por el conflicto y la exclusión política cuenten con representación en la Cámara.

Proyecto de Ley sobre Catastro Multipropósito

El Catastro multipropósito es un sistema basado en el predio, orientado a la gestión y el ordenamiento territorial y multisectorial, que contiene los siguientes componentes: 1) Físico: Información geométrica, coordenadas en un marco de referencia común y otros atributos. 2) Económico: Información sobre la estimación del valor catastral. 3) Jurídico: Información del Registro de Instrumentos Públicos. 4) Material: Información de relaciones de hecho que no constituyen derechos reales.

Esta composición del Catastro Multipropósito tiene el fin de articular a diferentes entidades del Estado para facilitar el sondeo, caracterización y definición de los predios del país. Para ello, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, será el responsable de adelantar la gestión del proceso y, con el fin de facilitar su labor, este podrá acceder a la información disponible en otras entidades del Estado con relación a cada uno de los predios que se esté estudiando.

También el Catastro Multipropósito busca dar independencia legal al proceso que crea El Sistema Único Nacional de Información Catastral Multipropósito (SUNIM), el cual almacenará y procesará la información recopilada de todas las entidades del Estado con relación a los predios. A su vez, este estará acompañado de procesos participativos de la ciudadanía que permitan nutrir el SUNIM.

 

Proyecto de Ley sobre adjudicación de baldíos en reservas forestales   

Baldios en reservas forestales

Este proyecto busca suplir el vacío que existe en el Decreto 902 de 2017, con relación a la adjudicación de predios baldíos en reservas forestales, donde no era claro el procedimiento y el método en el que se preservarían dichos predios de la ocupación de pobladores del campo, sin que esto afectase su modo de vida ni fuera en contravía de sus derechos. Para ello, el proyecto de ley busca establecer criterios de sostenibilidad eco-ambiental de los terrenos que podrán ser entregados a los pobladores del campo, mediante la discriminación de los baldíos en zonas A (Recursos hídricos), B (Reserva Forestal) y C (zonas productivas agroforestales).

Siguiendo la clasificación que se encuentra en el proyecto de ley con relación a los baldíos, solamente la Zona C podrá ser entregada para la aplicación de proyectos productivos agroforestales que no afecten la integralidad de los bosques verdes (bosques en conservación por su naturaleza vital). De igual manera, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Sostenible concertará planes con los habitantes, y en el caso de las comunidades étnicas se tomarán y actualizarán los planes de salvaguarda con la concertación entre las partes.

Los beneficiarios serán los campesinos, campesinas, trabajadores y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, priorizando a la población rural victimizada, incluyendo sus asociaciones, las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y la población desplazada, que, a la fecha de expedición de esta ley, lleven ocupando y explotando los predios con una antelación igual o mayor a 5 años. El proceso de adjudicación será el mismo que se establece en el Decreto 902 de 2017.

 

  Proyectos del Centro Democrático “para hacer trisas el Acuerdo” por la vía ordinaria

Alvaro Uribe con parte de su bacada

El Centro Democrático ha radicado en el Congreso de la República cinco proyectos de ley que buscan de alguna forma dar reversa a temas centrales de la implementación del Acuerdo Final de Paz, derogando decretos con fuerza de ley expedidos por el Presidente de la República e uso de las facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso para la implementación del Acuerdo. Estos proyectos son:

  • El proyecto de ley 029 de 2017, el cual deroga el decreto 898 de 2017, por el cual se crea la Unidad de Investigación y Desmantelamiento de Grupos Armados Ilegales Sucesores del Paramilitarismo. Este proyecto ya se encuentra en la Comisión Primera del Senado para su discusión.
  • El Proyecto de ley 030 de 2017 que busca modificar el Decreto 888 de 2017, su contenido establece la reducción de cargos en la Contraloría General de la Nación, específicamente en la Unidad de Vigilancia a los Recursos Destinados a la Implementación del Acuerdo Final. Este proyecto ya se encuentra en la Comisión Primera del Senado para su discusión.
  • El proyecto de ley 030 de 2017, el cual deroga el decreto 902 de 2017, el contenido del proyecto es claro y es dar reversa a la formalización y adjudicación de 10 millones de hectáreas mediante el Fondo de Tierras.
  • El proyecto de ley 031 de 2017, que modifica el decreto 903 de 2017, busca que todos aquellos bienes que no hayan sido incluidos por las FARC-EP en el inventario entregado a las Naciones Unidas, sean objeto de extinción de dominio bajo el delito de lavado de activos, así como crear una comisión de seguimiento en el Congreso para la vigilancia, evaluación y control sobre las acciones competentes a la operación fiduciaria del fondo de víctimas.
  • El proyecto de ley 049 de 2017, el cual modifica el decreto 890 de 2017, establece que en caso de que coexistan beneficiarios de adjudicación de subsidios para vivienda en un mismo territorio focalizado, tendrán prevalencia para el otorgamiento de los subsidios las víctimas, pobres extremos y mujeres cabeza de familia, frente a los desmovilizados o reincorporados a la vida civil.

No avanza la discusión sobre Presupuesto General.

Mauricio Cárdenas, ministro de hacienda

Hace más de un mes que se presentó el proyecto de Presupuesto General y en las diferentes sesiones en las que se han escuchado a Ministros, Directores de Departamentos Administrativos y otras autoridades, las quejas sobre falta de recursos en los distintos sectores son reiteradas, lo mismo ocurre con el presupuesto para la implementación del Acuerdo de Paz. Todavía no hay claridades en los montos y su distribución.

En la sesión realizada el pasado 29 de agosto, donde fueron invitados el Rector de la Universidad del Magdalena y el Director de Planeación, por primera vez pudieron intervenir los Congresistas y una de las principales críticas es el retraso en iniciar los debates, puesto que, en años anteriores ha ocurrido lo mismo y el Gobierno termina por aprobar el presupuesto sin atender los cambios discutidos.

En el desarrollo de la sesión, participaron muy activamente integrantes del Centro Democrático, acusando al proyecto de presupuesto de estar orientado a cumplir con los caprichos de las FARC y señalando que los peores indicadores económicos del país han coincidido con la etapa de implementación del Acuerdo. Rechazaron que se contemplen aumentos en gastos de funcionamiento y no en inversión.

Los Partidos de la Unidad Nacional por su parte, reconocieron la crisis económica por la que atraviesa el país pero respaldan el proyecto, partiendo de la necesidad de austeridad para cumplir con el déficit fiscal.

Frente a las dudas generales que surgieron se aprobaron las siguientes proposiciones:

  1. La creación de una subcomisión para el seguimiento de la inversión en el proyecto contando con la Contraloría.
  2. Citación a los Ministros de Agricultura, Hacienda, Salud y al director de Supersalud a la siguiente sesión para que rindan informe sobre las deudas en sus sectores y los faltantes.
  3. Invitación al Gobernador de Boyacá para que se aclare lo referente al presupuesto del Proyecto de Ley Bicentenario.
  4. Asistencia de la Directora de la Agencia de Renovación del Territorio y la Agencia de Desarrollo Rural para aclarar cuáles son sus funciones en el marco de la implementación.

Las contradicciones del Representante Lara.

El Representante Rodrigo Lara, de Cambio Radical, previendo que para esta legislatura se vendría una Reforma Política y Electoral, dijo durante su discurso de posesión como presidente de la Cámara: “Viene siendo hora de que resolvamos las causas reales del imperfecto funcionamiento del sistema político colombiano” y “Si pretendemos preservar una democracia representativa, los ideales de liberad, respeto a la vida e igualdad, debemos cambiarla” sin embargo, y a pesar de que señaló que en su labor sería independiente de su jefe político, su comportamiento y nuevas afirmaciones demuestran lo contrario.

Aunque declaró públicamente que seguiría dando el debate a favor de la paz y que sería grave dejar la implementación en el limbo, su comportamiento de retirarse durante las discusiones al proyecto de reforma política, no votar, citar plenaria para impedir que se continúe la discusión en comisión, volver sobre debates ya superados, alardear de proposiciones que presentan y luego retiran,  retirarse de los debates que debe dirigir, dejan en entredicho su seriedad parlamentaria y su compromiso con la implementación, como lo aseguró en medios nacionales.

Llamar  “vaca atravesada” a la Reforma Política y que impide que los debates de JEP avancen sin reconocer que él es uno de los principales obstaculizadores del primero y que solo hasta hace unos días dio traslado del proyecto de JEP para que la Comisión le nombrara ponente, es un acto irrespetuoso y desleal, sobre todo después de haberla señalado en sus redes sociales como “Una reforma de gran importancia para mejorar el control político y la calidad del debate legislativo”.

 Cambios en la CSIVI

El Gobierno Nacional reemplazó esta semana a dos de sus tres representantes en la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final). Nombró mediante el decreto 1439 del 30 de agosto de 2017 a José Rodrigo Rivera Salazar (Alto Comisionado para la Paz) y a Guillermo Abel Rivera Flórez (Ministro del Interior) y se mantiene a Rodrigo Pardo Rueda (Alto Consejero para el Postconflicto). Por su parte las FARC no han cambiado a sus representantes Iván Márquez, Jesús Santrich y Victoria Sandino.

En las próximas semanas la CSIVI deberá terminar de discutir y acordar las normas que tendrán que ser presentadas al Congreso para culminar la implementación normativa del Acuerdo Final

Proyecto de Ley por la cual se crea el espacio de participación de los Consejos Territoriales de Planeación en materia ambiental y se dictan otras disposiciones

Angeliza Lozano y Claudia López

En días pasados la Senadora Claudia López, y la Representante Angélica Lozano, ambas del Partido Verde, radicaron un proyecto de ley, que busca generar mecanismos de participación ciudadana para los proyectos y otorgamiento de licencias ambientales para explotación minera y de hidrocarburos, y otras obras que generan impacto ambiental. Para ello el mecanismo propuesto es otorgarle funciones de consulta, monitoreo y evaluación en materia ambiental a los Consejos Territoriales de Planeación.

Aunque este es un tema por fuera de los compromisos y medidas contemplados en el Acuerdo Final, es un asunto que podría ser complementario, pues en el Acuerdo se plantea la reforma de los Consejos Territoriales y Nacional de Planeación, con el fin de asegurar una mayor representatividad y eficacia en la participación ciudadana en todos los asuntos relacionados con su desarrollo. Además, el proyecto busca responder a las múltiples demandas de la ciudadanía y de las organizaciones sociales locales, para alcanzar medidas de protección medioambiental, preservación de las fuentes hídricas, especialmente en los casos de licencias y concesiones mineras. Este debate ha adquirido mayor relevancia en la agenda nacional a raíz de las consultas populares realizadas en diferentes municipios, en los que la ciudadanía ha rechazado proyectos de minería a gran escala.

Otros eventos

Labor de la Corte Constitucional en la implementación normativa del Acuerdo Final – semana del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2017

En el orden del día previsto para las sesiones de Sala Plena de la Corte Constitucional de los días 29 y 30 de agosto de 2017 se encontraba la discusión de las siguientes disposiciones normativas que implementan el Acuerdo Final:

Fecha Expediente Norma – Tema Magistrado(a) Ponente
29/08/2017 RPZ-005 Acto Legislativo 2 de 2017: Estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Luis Guillermo Guerrero Pérez
30/08/2017 RDL-030 Decreto Ley 897/2017: Estructura de la agencia colombiana para la reintegración de personas y grupos alzados en armas. Carlos Bernal Pulido
30/08/2017 RDL-019 Decreto Ley 884/2017: Plan nacional de electrificación rural Diana Fajardo Rivera
30/08/2017 RDL-028 Decreto Ley 895/2017: Sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política Iván Escrucería Mayolo
30/08/2017 RDL-032 Decreto Ley 899/2017: Reincorporación económica y social colectiva e individual de los integrantes de las FARC-EP. Luis Guillermo Guerrero Pérez
30/08/2017 RDL-025 Decreto Ley 890/2017: plan nacional de construcción y mejoramiento de vivienda social rural. Alejandro Linares Cantillo
30/08/2017 RDL-016 Decreto 870/2017: Pago por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación Diana Fajardo Rivera
30/08/2017 RDL-017 Decreto Ley 882/2017: Servicio educativo estatal. Carlos Bernal Pulido
30/08/2017 RDL-020 Decreto Ley 885/2017:  Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia Carlos Bernal Pulido

De estos temas, se sabe que la Corte Constitucional aplazó el debate del Acto Legislativo 2/2017, sobre estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo Final, dado que la Magistrada Cristina Pardo Schlesinger presentó impedimento para conocer del caso y éste no se había resuelto. El análisis de esta norma se programó para el miércoles 6 de septiembre. De las restantes normas sometidas a discusión, la Corte encontró apegado a la Constitución el Decreto Ley 895/2017 que crea el Sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política[1]
El pasado miércoles 30 de agosto se publicó el Comunicado de Prensa No. 41 del 3 de agosto de 2017, en donde se da cuenta de las decisiones adoptadas en relación con:

  1. Decreto Ley 889/2017 que habilita a la Corte a suspender los términos de los procesos ordinarios para que así pueda priorizar el estudio y decisión de los procesos relacionados con la implementación del Acuerdo Final. El tribunal, a través de la Sentencia C-492/2017, M.P. Alberto Rojas Ríos, declaró exequible la norma tras considerar que “ningún parámetro procesal constitucional se opone a que la legislación especial para la paz prevea suspensiones de términos dentro de los diversos procesos judiciales” y verificar que los requisitos formales y sustanciales se encontraban plenamente satisfechos.
  2. Decreto –Ley 896/2017 que crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS). Mediante la sentencia C-493/201, M.P. Alberto Rojas Ríos, se declaró la exequibilidad de la norma, pues en su expedición se respetaron los requisito formales y sustanciales. Respecto de la solicitud de algunos intervinientes de que se declarara la existencia de una omisión legislativa relativa por no regular lo concerniente a los grupos étnicos, la Corte encontró que esto no era necesario pues la norma es de carácter general y “la participación dentro del Programa de sustitución es de carácter voluntario”.

Finalmente, durante la pasada semana el Senado eligió como nuevo magistrado de la Corte Constitucional a José Fernando Reyes, quien entra a ocupar el cargo dejado vacante por Jorge Iván Palacio Palacio y que venía desempeñando en encargo Iván Escrucería Mayolo


[1] Los detalles iniciales de la decisión solo se sabrán cuando sea publicado el respectivo Comunicado de Prensa.

Destacados de la semana

Lara no ha leído bien el proyecto de Reforma Política.

Durante la discusión sobre la adquisición progresiva de derechos de las organizaciones políticas, el Representante Rodrigo Lara señaló que el artículo estaba hecho a la medida de Sergio Fajardo y del exministro Juan Fernando Cristo, quien aspiraría llegar a la presidencia en 2018 sin someterse a una consulta interna del partido Liberal e invitó a votar la proposición del Representante Telésforo Pedraza de eliminar el artículo 4°. A lo que el Presidente de la Comisión le respondió que esta proposición había sido retirada y seguidamente el Ministro del Interior lo invitó a leer completamente el artículo para resolver sus preocupaciones porque el parágrafo transitorio señala que esta norma, en relación con la aplicación de democracia interna en los partidos, empezará a regir desde 2019.

  Angélica Lozano llamó hipócritas a los Representantes.

Representante Angelica Lozano

Hipócritas llamó Angélica Lozano a los representantes de la Comisión Primera que rechazan la eliminación del CNE y creación del CEC, señalando que quienes lo habían rechazado negaban cualquier mal funcionamiento de la autoridad actual, olvidándose de que nada hizo el ente frente a las claras pruebas de financiación por parte de Odebrecht a las campañas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga. Posteriormente presentó la proposición que radicó para la elección de los Magistrados del CEC.

 

Hernán Prada dolido por señalamientos de corrupción a Óscar Iván Zuluaga y justifica el paramilitarismo.

Hernán Prada

Luego de la intervención de la Representante Lozano, Hernán Prada del Centro Democrático expresó que no estaba acostumbrado a que tildaran de corrupto a su jefe y ex candidato presidencial y que a ellos les dolía que lo hicieran porque la financiación de Odebrecht a su campaña no estaba probada, lo que generó risas en el recinto.Así mismo, durante el último debate en Plenaria de la Cámara al proyecto sobre Monopolio del uso de las fuerza por parte del Estado, justificó la creación y existencia de las autodefensas y advirtió a los Representantes que al votar positivo a esta norma estarían ad portas de terminar pagando con sus recursos los costos que al Gobierno le generaran las inminentes demandas.

Agenda legislativa semana del 4 al 8 de septiembre de 2017

Fecha Proyecto/ evento Cámara
4 de septiembre de 2017
9:00 am
Proyecto de Reforma Política y
Electoral
Comisión Primera de Cámara
4 de septiembre de 2017
12:00 pm
Reunión de ponentes del proyecto de presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 Ministerio de Hacienda y Crédito Público
6 de septiembre de 2017
8:00 am
Presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 Salón Elíptico del Senado

Los  7 proyectos pendientes por presentar al Congreso en  87 días que quedan del Fast Track son:

Punto del Acuerdo Final Tipo de proyecto Temas
Punto 1 Ley Estatutaria y Ley Ordinaria Jurisdicción Agraria
Punto 2 Ley estatutaria Garantías para la participación de las organizaciones y movimientos sociales – Garantías para el ejercicio de la protesta social
Punto 2 Ley orgánica Sistema de participación en la planeación Reforma a la ley 152 de 1994 (punto 2.2.6)
Punto 4 Ley Ordinaria Política criminal para el conjunto de la cadena de narcotráfico – tratamiento penal diferenciado para los cultivadores de cultivos de uso ilícito
Punto 5 Ley ordinaria Reforma a la Ley 1448 de 2011 (ley de víctimas)
Punto 6 Ley plan Incorporación de Ajustes al Plan Nacional de Desarrollo
Punto 6 Documento CONPES Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final

 

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