Asamblea de la USO se reafirmó en la defensa de Ecopetrol, pero dejó en suspenso fusión con otros sindicatos mineroenergéticos

Con la presencia de cerca de 100 delegados de todas las regiones del país, la Unión Sindical Obrera (USO) realizó la semana pasada su XVIII Asamblea Nacional, su máxima instancia directiva.

En declaraciones para esta agencia, César Loza, presidente de la USO, calificó como positivo el desarrollo y el resultado del evento, que dejó importantes conclusiones y tareas para la organización sindical en su misión de velar por los derechos laborales y el bienestar de las y los trabajadores, y defender a Ecopetrol como el bien público más importante de la nación, una misión que la USO ha mantenido viva desde su fundación, cuando contribuyó al nacimiento de Ecopetrol.

Precisamente la Asamblea de Delegados se inició con un panel en el que, desde diferentes miradas, se analizó la política petrolera, la situación de Ecopetrol y los riesgos que enfrenta en la coyuntura global y del país. También hubo otro panel sobre el proceso de paz y el papel del sindicato en su implementación, el cual contó con la presencia de un delgado de las FARC y dos de la mesa del ELN en Quito, y la intervención de los politólogos León Valencia, de la Fundación Paz y Reconciliación, y Alejo Vargas, profesor de la Universidad Nacional.

Ya en su desarrollo, la Asamblea abordó dos campos temáticos. Uno relacionado con aspectos organizativos y estructurales del sindicato, y el otro con las estrategias de movilización y de acción con sectores políticos, académicos, gremiales, sociales y sindicales por la defensa de Ecopetrol, sin descartar la huelga como parte de las acciones con ese propósito.

En el campo de la organización interna, se hizo reforma de estatutos para ajustar algunos procesos. El más importante fue la extensión a 4 años del periodo de los delegados y las juntas directivas nacional y subdirectivas regionales, esto con el fin de sincronizarlos con los periodos de la CUT, Fecode y el sindicalismo internacional. “Un periodo más extenso permite hacer los procesos de manera más planificada, porque los tiempos actuales son cortos”, señaló el presidente de la USO.

Sin embargo, la Asamblea no dio el paso definitivo hacia la fusión con Sintracarbón y Sintraelecol para conformar un sindicato único de la industria mineroenergética, uno de los puntos que más expectativa había generado. Si bien ratificó la necesidad y la voluntad política de lograr la fusión, la decisión quedó en suspenso, pues se consideró que era apresurada disolver ahora la USO para fusionarlo con los otros dos sindicatos, por lo que se optó por hacer un ejercicio de coordinación entre los tres sindicatos antes de dar el salto a su fusión.

El espacio para ese ejercicio de coordinación sería el SUME (Sindicato Único Minero Energético), una organización insipiente que tiene vida jurídica pero pocos afiliados. La idea es que en su dirección haya representantes de los tres sindicatos, a fin de desarrollar un diálogo político y un plan de acción y socialización con los afiliados de base, para así ganar confianza y avanzar en la construcción del sindicato único. Los representantes de Sintracarbón y Sintraelecol, invitados especiales a la Asamblea, estuvieron de acuerdo con esa decisión, indicó Loza.

Ver video con declaraciones de César Loza:

Acciones en defensa de Ecopetrol

En el tema de la defensa de Ecopetrol como el activo más valioso de la nación, la Asamblea de Delegados de la USO acordó adelantar acciones pertinentes para proteger a la petrolera estatal de la permanente amenaza de privatización.

“Hay amenazas serias sobre la venta de todo el sistema de transporte y logística de Ecopetrol. Hay que articular un plan de acción y movilización para preservar la empresa, porque su privatización no solo impacta a los trabajadores sino todos los colombianos, que van a tener que asumir más reformas tributarias para compensar los recursos que Ecopetrol le genera al fisco”, precisó Loza.

Agregó que, según los cálculos, el país tiene reservas de petróleo para 5 años y dos meses, por lo que se prevé en estos años una agresiva explotación petrolera, que, según la USO, deberá hacerse de manera responsable y amigable con el medio ambiente, y que represente beneficios para las regiones y al país.

En cuanto al tema de la modernización de la refinería de Barrancabermeja, un clamor de la USO y de la comunidad del puerto petrolero, la Asamblea determinó seguir en el Comité Cívico por la defensa de la modernización de la refinería, y en ese contexto no descartó la realización del paro cívico en esta localidad.

También se acordó iniciar la demanda de unidad de empresa del grupo empresarial Ecopetrol, para de esa manera recuperar activos estratégicos para la industria y la economía nacional, como son Propilco, Reficar y CENIT (sistema de transporte de hidrocarburos), aparte de los derechos laborales de los trabajadores.

Se aprobó una moción de rechazo y combate al clientelismo y los actos de corrupción, como los desfalcos de Reficar, Bioenergy y el proyecto Genoma, promovidos por el actual y el anterior gobierno y ejecutados por los últimos tres presidentes de Ecopetrol. Y en tal sentido, exigir a los organismos de control determinar las responsabilidades y tomar las decisiones a que haya lugar.

Sobre tercerización y derecho de huelga

La USO seguirá trabajando por el derecho a la huelga en el sector del petróleo, un tema prioritario para esta organización sindical. Porque ocurre que la legislación sobre huelga tiene más de medio siglo en Colombia, está desactualizada, lo que ha llevado a que más del 70% de las huelgas en el país se declaren ilegales. En el sector petrolero la huelga está prohibida desde 1950, razón por la cual fueron despedidos 248 trabajadores luego de la huelga que la USO lideró en 2004. Años después serían reintegrados.

En el 2014, con la sentencia C-796, la Corte Constitucional precisó que la huelga en el sector petrolero no estaba prohibida sino limitada a no poner en riesgo el normal abastecimiento de combustibles en el país, y le dio al Congreso dos años de plazo para legislar sobre el tema de conformidad con las resoluciones de OIT. Pero el Congreso aún no lo ha abordado, por lo que la Asamblea determinó emprender las acciones necesarias para lograr una legislación que regule el alcance del derecho de huelga en el sector petrolero.

En el tema de la tercerización laboral, un “cáncer” que carcome los derechos laborales y las condiciones de salud y seguridad industrial de los trabajadores, y que hizo “metástasis” en la reciente crisis de los precios del petróleo, la Asamblea de Delegados autorizó a la junta directiva para emprender las acciones jurídicas, políticas y de movilización necesarias contra la abrumadora tercerización en Ecopetrol, y la industria petrolera en general.

Asimismo, la USO emprenderá acciones para representar a los trabajadores de las mal denominadas “actividades no propias del petróleo”, y velará por sus derechos laborales en las negociaciones colectivas. Establecerá como política que en las convenciones colectivas se pacten capítulos que reconozcan y garanticen los derechos de trabajadores tercerizados.

La implementación de la paz

Como se dijo, esta XVIII Asamblea de la USO abordó el análisis del Acuerdo de Paz con las FARC y el proceso de su implementación, e hizo un llamado al movimiento sindical, especialmente al del sector mineroenergético, a participar activamente en esta implementación.

Asimismo, hizo un llamado al ELN y al Gobierno para que prosigan en las negociaciones en la mesa de Quito, y al EPL para que formalice una mesa de diálogo, y de esa manera avanzar en el logro de la paz con toda la insurgencia.

La Asamblea también hizo una valoración de la 2° Asamblea Nacional por la Paz que realizó la USO el año pasado y que logró aglutinar a cerca de 11 mil personas en 12 asambleas regionales previas y una gran asamblea nacional en Bogotá. El asunto central de esas asambleas fue recoger propuestas para que la riqueza petrolera beneficie a los diferentes territorios.

“La riqueza minero energética es necesaria para la economía, pero debe dársele un viraje total al destino de esos recursos para que las regiones sientan que les significa desarrollo y mejora en sus condiciones de vida”, dijo César Loza.