Por José Luciano Sanín Vásquez.
Socio y exdirector de la ENS
Hay una relación estrecha entre trabajo y paz, pero en el momento de definir la agenda las diferencias en los contenidos son notorias. Aunque el logro del trabajo decente y la democratización de las relaciones laborales constituyen fundamentos de la paz, discursos de analistas, empresarios y del propio Gobierno distan mucho de ese alcance.
Algunos señalan que el reto consiste en que el crecimiento económico impulsado por la terminación del conflicto armado genere empleos suficientes para integrar a los excombatientes y a las víctimas del conflicto, apoyados con programas de empleo de choque. En esta perspectiva está el Gobierno, según la Estrategia de Respuesta Rápida a cargo del Ministerio del Posconflicto, en el que se prevén recursos para generar empleos de emergencia y proyectos productivos en cerca de 300 municipios priorizados.
Algunos sectores empresariales, no sin reservas, entienden el desafío como el compromiso de crear puestos de trabajo para excombatientes, eso sí, con estímulos económicos del Estado; mientras otros aspiran a la participación en proyectos de recuperación económica en zonas de conflicto a través de alianzas público-privadas. Varios gremios ven la oportunidad de crear una legislación laboral especial para el campo, y ponen como ejemplo el modelo peruano de agroexportación, basado en grandes inversiones del Estado y en una legislación excepcional con salario mínimo inferior, jornadas flexibles, generalización de contratos temporales y tercerizados, y menores aportes a la seguridad social.
El tema laboral en los acuerdos entre el Gobierno y las Farc está específicamente en el primer punto: “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”, acápite 3.3.5. Formalización laboral rural y protección social’. En este punto se plasma el compromiso de definir un plan progresivo que garantice protección social y derechos de los trabajadores rurales con aplicación de normas laborales consagradas en convenios de la OIT y en la legislación.
Considero que el reto laboral de la paz es fundamentalmente el logro del trabajo decente y la democratización de las relaciones laborales; tomárselo en serio implica reconocer, al menos, dos realidades y actuar sobre ellas. Lo primero es reconocer que es impensable una paz sostenible con los actuales indicadores de desigualdad, en buena medida resultado de la inmensa precariedad laboral; y lo segundo, reconocer que la organización y gestión del trabajo sin representación, participación, diálogo y negociación con los trabajadores y sus organizaciones, no solo incrementa la ya muy alta conflictividad laboral, sino que hace inviable la ampliación de la actividad económica en el país.
Una política pública de trabajo decente con prioridad en las zonas rurales dirigida a reducir la informalidad e ilegalidad laboral, que allí es del 64%, y a mejorar los exiguos ingresos y la baja cobertura de seguridad social, sería un gran aporte para hacer la paz duradera.
Es urgente diseñar medidas para abordar los conflictos laborales, no solo porque el actual marco legal es incapaz de tramitar adecuadamente los miles de conflictos colectivos y el millón y medio de conflictos individuales que se presentan cada año, sino porque como sociedad, en todos los ámbitos y de manera importante en el trabajo, debemos aprender a tramitar las diferencias que se presentan entre trabajadores y empresarios.
Abordar como reto laboral de la paz el logro del trabajo decente y la democratización de las relaciones laborales, conducirá a que la paz tenga contenido para 24 millones de trabajadores colombianos.