Presidente de la CTC habla sobre la agenda de esta central para 2017

Continuando con la consulta al mundo sindical sobre la agenda y los planes que las diferentes organizaciones desarrollarán en este 2017, la Agencia de información conversó con Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, la organización más antigua del sindicalismo colombiano, como quiera que ya sobrepasó los 80 años de existencia.

Morantes habló de la difícil coyuntura laboral y sindical del país, de los principales puntos de la agenda de la CTC este año, del comando Nacional Unitario y las movilizaciones sociales que se vienen, las deudas que el Gobierno tiene con los trabajadores y que aún no ha saldado, de la negativa del presidente Santos a firmar la ley de formalización de las madres comunitarias, de la revocatoria del alcalde de Bogotá, de la reunión de las centrales sindicales con la OCDE en París al final de este mes, entre otros asuntos:

El incremento del salario mínimo en 7% es muy bajo frente a las expectativas que se tenían. ¿Por qué no se pudo concertar un mejor aumento?

En la Mesa de Concertación las centrales sindicales empezamos pidiendo un aumento del 14%. Luego bajamos al 9% y llegamos hasta el 8.5%. Los empleadores subieron del 6.7% al 7%, y no ofrecieron más. Después hubo muchos comentarios en la televisión y la prensa, pero en la mesa no hubo concertación después del 29 de diciembre. Si oímos decir que los empleadores estaban dispuestos a subir medio punto más: al 7.5%, pero el gobierno no hizo nada al respecto, en eso actuó mezquinamente.

Tal como ve la situación, ¿cuáles serán los puntos centrales de la agenda de la CTC este año?

Ya hicimos una reunión y estuvimos analizando la gravedad de la situación que ha generado la Reforma Tributaria, que está causando ruina entre los trabajadores, la clase media y las personas de menos ingresos, especialmente por el bajo incremento que tuvo el salario mínimo. El Gobierno no tuvo en cuenta la afectación de la reforma tributaria a estos sectores, a los cuales está dirigida la política recaudadora. O sea que los más pobres paguen el déficit fiscal. Eso será motivo de movilizaciones por parte nuestra. También este año tendremos el desenlace de los acuerdos de La Habana, que esperamos sea positivo, tiene nuestro apoyo. Pero también decimos que para que la paz sea duradera debe estar presente la justicia social, y esa es la que hasta ahora ha estado ausente en el gobierno de Santos. De todas maneras no tenemos aún un cronograma oficial de actividades, por consiguiente no me atrevo a manifestar nada al respecto.

En el 2016 el Comando Nacional Unitario, integrado por las tres centrales sindicales, estuvo muy activo. ¿Cómo ve su agenda este año?

El CNU va a continuar. Claro que vamos a ver cómo hacemos consensos porque en algunos temas las centrales tenemos diferencias, que impiden que haya unidad para terminar adecuadamente el proceso. Pero hay la intención, las centrales estamos de acuerdo en que tenemos que unirnos para trazar un plan de acción nacional, que estaremos anunciando prontamente. Habrá actividades de protesta de envergadura, especialmente por la carestía de la vida, la Reforma Tributaria, y exigiremos que se repare en parte el perjuicio económico para los trabajadores.

¿Será este el año de la movilización del sindicalismo y otros sectores sociales?

Se presumía que iba a haber una gran movilización para apoyar la paz y la implementación de los Acuerdos de La Habana, y seguramente que la habrá, pero también habrá grandes movilizaciones de protesta por el deterioro de la economía, por las injusticias sociales y la problemática laboral y sindical. Cada vez es más difícil la negociación colectiva en el sector privado y en lo público es una burla.

En la implementación de los acuerdos de paz hay un capítulo relacionado con normativas en el mundo laboral y el trabajo decente, especialmente en el sector rural. ¿El Gobierno les ha indicado a las centrales algo al respecto?

Oficialmente y en concreto no. Ayer tuvimos una reunión en la Comisión de Concertación con la señora Ministra de Trabajo, quien nos presentó algunos planes y proyectos para efecto de resolver los problemas del trabajo decente y la tercerización laboral, a fin de ver qué reformas se hacen al respecto. Pero no está fácil la cosa porque tenemos que contar con la posición de los empleadores, que en ocasiones es divergente y más bien de oposición. Entonces hay que esperar hasta donde se llega en ese tema, cuál será el procedimiento con la tercerización, si efectivamente los inspectores de trabajo podrán actuar en favor del trabajador y en contra de la tercerización.

Este 2017 empieza con dos deudas que el Gobierno aún no ha saldado: lo de la restitución de los recargos nocturnos y lo rebaja de la cuota por el servicio de salud de los pensionados, del 12% al 4%. ¿Cómo ve el desarrollo que puedan tener esos dos temas este año?

El Gobierno y el Congreso conciliaron para que el pago de las horas nocturnas no sea desde las 6 de la tarde sino desde las 8 de la noche. Hemos aceptado esa conciliación en primera instancia para avanzar, y ver en el futuro si podemos que sean desde las 6 de la tarde, que es nuestra aspiración. Ahora, la rebaja de la cuota de salud a los pensionados es algo que debe hacerse en justicia. Son personas que tiene graves dificultades económicas. Una persona que durante toda su vida laboral pagó 4% para la salud, y cuando se jubila se lo suben al 12%, ya con el sueldo recortado. No es justo. Ese tema ya fue aprobado en por las comisiones 7ª del Senado y la Cámara, falta apenas la plenaria, programada para marzo. Pero hay un inconveniente: el Ministro de Hacienda se opone a este proyecto de ley, de modo que así sea aprobado por el Congreso, seguramente va a ser objetado por el Gobierno. Será lo mismo que ha pasado con las compañeras madres comunitarias, a las que el congreso aprobó el derecho a la formalización laboral, pero el presidente Santos se las ha negado.

A propósito, ¿qué opina de esa negativa para con las madres comunitarias?

Nos parece que es un lunar negro en la política laboral colombiana, algo inaudito. En el proceso de paz en el que está Colombia, con Premio Nobel incluso, lo que el país requiere es políticas bien formuladas de justicia social. Que se les niegue justicia a unas compañeras que han trabajado siempre con gran voluntad y eficiencia en medio de la miseria en que viven, que se les niegue los mínimos derechos laborales, no es aceptable por el pueblo trabajador.

La revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, está en la agenda de algunos sectores políticos, sociales y sindicales. ¿Cómo entra en esa agenda la CTC?

La CTC tiene una agenda grande, que es la de los trabajadores, y nos queda muy complicado meternos en todas las cosas que aparezcan, porque, como ocurre frecuentemente, no vamos a ser eficientes en ninguna. En el caso de la revocatoria del alcalde de Bogotá, y de otros alcaldes del país, la CTC no se va a meter como central, esa no es nuestra vocación. Nunca actuamos con candidatos propios para la alcaldía o ese tipo de cosa, aunque sí apoyamos a los candidatos que vemos que pueden prestar un buen servicio a los trabajadores. El señor Peñalosa no fue nuestro candidato, pero en la CTC hay pluralidad de pensamiento eso queda a la conciencia de cada cual. De hecho, hay algunos compañeros que sí están metidos en la campaña revocatoria, sobre todo de los sindicatos que tenemos en el distrito de Bogotá.

A finales de febrero habrá en la ciudad de París una reunión de las centrales sindicales de Colombia con representantes de la OCDE, dentro del proceso que se viene impulsando para que Colombia haga parte de esa organización. ¿Asistirá la CTC?

Vamos a asistir a esa reunión porque nos parece muy importante explicarle a la OCDE la situación de los derechos laborales en Colombia, que es bastante difícil. Hay negación de esos derechos, todavía hay persecución antisindical, ya no con tantos muertos como antes, pero los sindicalistas seguimos amedrentados. Es muy difícil que en la empresa progresen los sindicatos y puedan tener más afiliados; hay miles de dificultades para ejercer el derecho de asociación. Ese más o menos también es el diagnóstico del informe de las oficinas del trabajo de Estados Unidos y Canadá, conocidos recientemente en respuesta a una demanda presentada por el sindicalismo colombiano, la CTC incluida; un informe que no deja bien parado al Gobierno. El pueblo colombiano tiene que defenderse de los TLC, que nos han traído tantos problemas.

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